Preocupa a legisladores nacionales juicio político a magistrada de
Misiones

En un proyecto de declaración, trece legisladores nacionales
expresaron su preocupación por la "posible utilización de los
mecanismos de juicio político y de destitución de magistrados para
avasallar la independencia" del Poder Judicial en Misiones.


Ellos son los diputados representantes de otras provincias, como
Susana García, Claudio Lozano, Mario Negri, Eduardo Macaluse,
Leonardo Gorbacz, Adrián Pérez, Pablo Tonelli, Marta Maffei, Eduardo
Di Polina, María América González, Francisco Ferro, Juan Carlos L.
Godoy y Patricia Panzoni.


Fundamentos

En los fundamentos del proyecto señalan que en las últimas semanas se
conocieron varios pedidos de destitución de jueces de todas las
instancias, promovidos por sectores cercanos al oficialismo.

Según fue informado a la opinión pública, en fecha reciente la Cámara
de Representantes admitió el pedido de juicio político contra la
doctora Marta Catella. La denuncia se basaría en un voto suyo en un
pedido iniciado por el intendente de San Vicente, Luis Benítez.

El intendente Luis Benítez había sido destituido por el Concejo
Deliberante de San Vicente. Contra esta decisión, Benítez interpuso
recurso de apelación ante el STJ (de conformidad con lo previsto en
la ley provincial 257), el cual fue rechazado por mayoría. Catella
votó a favor del rechazo de la apelación, al analizar el fondo de la
cuestión.

Luego de dictada la sentencia, Benítez presenta un incidente de
nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la producción de la
prueba, ya que no fue notificado de ello en forma debida y no pudo
ejercer su derecho de defensa. Todas estas actuaciones Benítez las
hizo con el patrocinio de asesores del Gobernador, continúa el
argumento de los diputados nacionales.

Y prosigue que el STJ hace lugar a este pedido. Catella entendió que
efectivamente Benítez no había sido notificado en forma debida de la
incorporación de la prueba, y consideró que esta falta de
notificación afectó su derecho de defensa en juicio, de debido
proceso, y de igualdad entre las partes (ya que el Concejo
Deliberante sí se pronunció sobre la prueba incorporada), y vota por
la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la incorporación de
la prueba. Posteriormente, se inhibe de resolver la cuestión de
fondo, pues ya se había pronunciado sobre el asunto con anterioridad.

Los legisladores nacionales indicaron también que "contra toda
lógica, Benítez presenta el pedido de juicio político contra la
doctora. Catella, manifestando que falló en forma contradictoria.
Resulta a todas luces evidente que no existe contradicción alguna,
porque en el recurso de apelación integró la mayoría que votando
sobre el fondo de la cuestión, rechazando la apelación, y en el
pedido de nulidad hizo lugar a la nulidad peticionada por un vicio en
el procedimiento, no resolvió sobre el fondo. De lo contrario, cada
vez que un juez haga lugar a un recurso de reposición, estaría
votando contradictoriamente y sería pasible de ser destituido".

Consideraron que "resulta llamativa y causa especial inquietud la
promoción del juicio político luego que durante el proceso electoral,
la Dra. Catella se haya pronunciado en diversas oportunidades en
contra de los intereses del partido de gobierno, como también lo hizo
en otras oportunidades en su función jurisdiccional".

"Otro caso informado públicamente que causó gran conmoción, tiene que
ver con el proceso de destitución iniciado contra el juez penal que
investinvestigaba el homicidio de una mujer, en el que se encontraría
involucrado el hijo de una diputada muy cercana al Gobernador. A días
de vencer el plazo que tenía el juez para elevar a juicio oral o
sobreseer a los involucrados, el Presidente del Jurado de
Enjuiciamiento le quita el expediente (de forma irregular, según lo
informado por los medios de comunicación) con la excusa de que tenia
un pedido de destitución y habrían dejado vencer el plazo, para que
el juez pueda resolver la cuestión en tiempo oportuno, con la posible
finalidad de garantizar la impunidad del crimen".

Los legisladores nacionales también expresan que estos casos
difundidos por distintos medios de comunicación, "causan profunda
preocupación por las graves denuncias de la irregular utilización del
procedimiento de destitución de magistrados y de juicio político, que
amenaza seriamente la independencia del Poder Judicial de la
Provincia de Misiones.

Indican que los mecanismos constitucionales previstos para separar de
su cargo a jueces de todas las instancias tienden a garantizar el
buen funcionamiento de uno de los Poderes del Estado, como es el
Poder Judicial. Sin embargo, "causa alarma su posible utilización con
fines de corte netamente político, como actualmente ocurre en casos
fuertemente sospechados de parcialidad, como los comentados
brevemente".

La decisión de la Cámara de Representantes de avanzar en el juicio
político contra la Ministra del Superior Tribunal de Justicia, Dra.
Marta Catella, por garantizar el derecho constitucional de defensa en
juicio, "carece de todo sustento jurídico y comporta una invasión del
poder político en el ámbito de decisión judicial".

Explican que en este sentido, el juicio político no procede para
evaluar la responsabilidad de los jueces por la interpretación
jurídica que contengan sus sentencias. Lo contrario, implica una
persecusión de los Magistrados, vedada por las Constituciones
Nacional y Provicial.

Manifestaron que también "causa alarma el apartamiento del juez
Alarcón del caso en el que investigaba un homicidio en el que estaría
involucrado una persona muy cercana al poder político, y la irregular
extracción del Expediente de su ámbito de decisión, impidiendo de
esta forma al magistrado que resuelva en tiempo la situación procesal
de los sospechados".

La independencia judicial es uno de los pilares básicos del sistema
democrático, y por ello "rechazamos y condenamos todo intento
tendiente a apartar de las causas al juez natural y perseguir
políticamente a jueces que en cumplimiento de su función se hayan
pronunciado en contra de los intereses del poder político de turno".

Agregan que distintas organizaciones, como CELS, ADC, CIPPEC, Poder
Ciudadano, INECCIP, Fundación Sur, ACIJ, FARN, entre otras,
manifestaron su preocupación por el avance del juicio político contra
la Dra. Catella, porque "se trata de la interpretación judicial del
derecho en una sentencia y pone en peligro la independencia judicial".

Por las razones expuestas, solicitaron la aprobación del presente
proyecto, los diputados Susana García, Claudio Lozano, Mario Negri,
Eduardo Macaluse, Leonardo Gorbacz, Adrián Pérez, Pablo Tonelli,
Marta Maffei, Eduardo Di Polina, María América González, Francisco
Ferro, Juan Carlos L. Godoy y Patricia Panzoni.