La aprobación de las reformas del Consejo de la Magistratura en la Cámara de Diputados, merced a una contundente mayoría oficialista, ha puesto nuevamente en el centro de la escena la cuestión de la hegemonía. Por lo general, los comentarios, justificaciones y análisis críticos centrados en este problema suelen aludir a las características personales del presidente Kirchner, al sentido decisionista del ejercicio de la autoridad, a su ánimo polémico y al uso constante de la confrontación con adversarios y enemigos.
No tendría excusas quien negase la importancia de estos rasgos del comportamiento en un país de tradición personalista como la Argentina. Sin embargo, esos atributos se entienden mejor si los proyectamos sobre el cuadro de una hegemonía institucional subyacente, en la Argentina, a la estructura normativa derivada de nuestra Ley Fundamental.
Se trata, en suma, de un régimen real del poder que pone en tensión dos fórmulas políticas; la fórmula prescriptiva de la Constitución Nacional, invocada por aquellos que sufren un daño infligido a los bienes jurídicos de la república representativa federal, se desdobla así en una fórmula operativa tan eficaz como persistente.
Tres pilares sostienen esa fórmula operativa. El predominio incontestable de los cargos ejecutivos, la subordinación de una mayoría legislativa a esos dictados y un ordenamiento decisionista que, desde el ápice del rol del presidente, desciende hacia los gobernadores, intendentes y legisladores. En una palabra, es la república al revés. La votación con que culminó el debate en torno del Consejo de la Magistratura es ejemplar al respecto. A partir de una situación aparentemente frágil, el Gobierno conquistó al cabo una holgada mayoría gracias al mecanismo de la cooptación. Como es sabido, se cooptaron peronistas de antigua obediencia duhaldista en tierras bonaerenses y legisladores ubicados en los rangos de la oposición.
El combustible que puso en marcha la cooptación de adhesiones y el lubricante que la mantiene velozmente en ruta es el superávit fiscal. Esta es una novedad de fuste. Nunca el unitarismo encubierto de nuestro régimen federal funcionó con semejante excedente de fondos; jamás, en el curso de un largo período de penuria fiscal, el Poder Ejecutivo dispuso de tanto dinero genuino para distribuir premios y castigos entre los gobernadores. De esta manera, la doble subordinación de los gobernadores al presidente y de los legisladores a las órdenes y presiones de aquéllos estremece el nervio más sensible de las relaciones entre gobierno y oposición.
Para que en una república democrática tenga vigencia la oposición legal es preciso que ésta no dependa de los recursos gubernamentales. Para la fórmula operativa de una democracia hegemónica como la que estamos analizando, esos elementos disponibles para llevar a cabo ayudas presupuestarias e inversiones son la piedra de toque que asegura disciplina y, en última instancia, sumisión legislativa.
Se abre paso entonces una paradoja que está haciendo temblar los cimientos de la Unión Cívica Radical. El buen ejercicio del federalismo señalaría que un partido de oposición refuerza su perfil de alternativa legítima de gobierno en la medida en que disponga de un número importante de gobernadores e intendentes. Nuestra viciosa práctica indicaría, en cambio, que el federalismo de sucursales provinciales, dependientes de la casa matriz del Ejecutivo Nacional, es una barrera que impide a esos gobernadores actuar libres y sin ataduras.
Si predominase un funcionamiento correcto del federalismo, bastaría con aplicar el esquema incorporado a la reforma constitucional de 1994 de la coparticipación federal, pero como esa distribución fiscal entre Nación y provincias no ha sido normada desde hace doce años por ninguna ley especial, mientras las transferencias directas y el uso discrecional del poder presupuestario están a la orden del día, los gobernadores permanecen, en rigor, a la espera de la voluntad del Príncipe para aumentar su dotación de recursos y participar en el reparto de la inversión. Con lo que (aparente absurdo que no es tal) los gobernadores pertenecientes a un partido de oposición, en lugar de asegurar la autonomía de esa organización en el Congreso, la debilitan y confunden ante los electores propios y ajenos.
Complicado pronóstico, pues, para el futuro de la oposición legal. En términos de la praxis institucional de la república al revés, la hegemonía es fuerte a primera vista. ¿Significan acaso estas conclusiones tentativas que esa dominación impuesta al sistema político tiene una impronta equivalente en el sistema social?
Nada de eso. Si el sistema político padece una preocupante atonía, el sistema social, que se manifiesta mediante facciones movilizadas según los conflictos del momento, sigue mostrando sus uñas y dientes. Pocos están dispuestos a abdicar, en efecto, del arma de la acción directa sobre el espacio público.
En gran medida, las demandas emanadas del sistema social no son opositoras, en el sentido previsto por las reglas y principios de una república representativa, sino contestatarias: las facciones que manifiestan el descontento han asumido la protesta violenta contra lo que se considera establecido como una suerte de conducta habitual.
El doloroso conflicto con el gobierno de Uruguay, provocado por la instalación frente a la ciudad de Gualeguaychú de dos fábricas de celulosa de papel, no deja de ser paradigmático. Si por un lado el Poder Ejecutivo ha hecho gala de su hegemonía en el Congreso y en las provincias, por el otro no es capaz como quisiera de amortiguar el impacto de la movilización de los vecinos presuntamente afectados en un futuro próximo por la contaminación de esas fábricas.
El contraste no deja de ser significativo: la oposición legal no ha podido hasta el momento doblegar la voluntad hegemónica; la contestación social, encarnada en la ocasión en un minoritario grupo de vecinos aledaños al río Uruguay, ha logrado poner, en cambio, entre paréntesis la voluntad soberana del Poder Ejecutivo en materia de política exterior. Vale la pena comparar la unificación del campo de las decisiones que se ha producido en Uruguay en contraste con la erosión que ese modelo decisorio está sufriendo en nuestro país.
Esta circunstancia da que pensar, porque lo cierto es que una hegemonía que no alcanza a consolidar su flanco social es una hegemonía a medio hacer. Los límites, por consiguiente, existen, pero el componente dramático del caso estriba en el hecho de que esos límites no los establece la oposición política, sino la contestación social. Por eso, para no pocos observadores el péndulo argentino parece oscilar entre la ambición hegemónica de los gobiernos y los arrestos anárquicos de la sociedad. En el medio de ambos extremos –ya que los puentes bloqueados se han puesto de moda– nos falta levantar otro puente mucho más trascendente que, con esfuerzo sostenido en el mediano y largo plazo, apuntale una oposición republicana con raíces sociales y liderazgos confiables.
Por Natalio R. Botana
Para LA NACION
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