El Gobierno trabaja por estos días en un proyecto para crear una base de datos unificada que concentre, en un solo organismo, toda la información -filiatoria, migratoria, fiscal y jurídica- de la población.

La iniciativa contempla un proceso de renovación de los DNI de los más de 36 millones de argentinos, lo que tendrá un costo estimado en 160 millones de dólares, que deben pagar entre el Estado y la ciudadanía.

Ya hay un proyecto de decreto redactado que está a la firma del presidente Néstor Kirchner. Este contempla la constitución de una comisión que se encargará de revisar los contratos de las empresas que trabajan (Ciccone Calcográfica) o trabajaron (Siemens) en temas documentarios para determinar así la propiedad de los registros ya existentes, que hoy están en poder de las compañías.

No hubo una definición al respecto aún, pero en el caso de Ciccone Calcográfica podría repetirse una situación similar a la acontecida con Siemens, que derivó en un juicio millonario contra el Estado.

Una vez rubricado el decreto, la comisión hará un llamado a licitación para dar forma al megarregistro informático. Y como paso posterior se licitarán las máquinas necesarias para que el Estado adquiera la capacidad para imprimir los nuevos DNI de la población.

El ministro del Interior y autor del proyecto, Aníbal Fernández, advirtió que el Estado cubriría los costos de aquellos ciudadanos que no puedan pagar por la renovación de los documentos. Fernández recibió a LA NACION en su despacho de la Casa Rosada y concedió una entrevista para explicar el proyecto.

-¿Cuál es el objetivo de tener unificados todos los datos de los argentinos?

-Va a ofrecer una cantidad de ventajas. Una es el padrón. Lo daría automáticamente. No se gastaría un centavo más. El segundo punto es Migraciones. No son seguros hoy el ingreso ni la salida de las fronteras del país. Lo principal es que creemos que hay documentos apócrifos caminando en el país.

-¿Qué costos tendría el proyecto en términos generales, con la licitación de máquinas y demás?

-Antes del tema costos, la comisión debe abocarse a estudiar todos los contratos que están dando vueltas en el Estado relacionados con temas documentarios. La comisión va a tener que estudiar qué es lo que puede ser utilizado.

-¿Se le va a pagar a Siemens por los derechos de la base de datos que confeccionó?

-No sé. En algún momento tiene que definirse eso. Mientras tanto, ese expediente tiene que arrojar que hay cosas que le pertenecen al Estado. En todos los convenios que estén dando vueltas uno tiene que saber exactamente qué alcance tienen.

-¿Se hará esto tanto con Siemens como con Ciccone Calcográfica?

-Con todos los convenios. No hago nombres propios. Todos los convenios que puedan tener alguna relación con temas documentarios o bases de datos existentes. Se va a ver qué se tiene. Si lo que tengo es mío, lo uso.

-Sigue sin explicar el costo que tendrá esto. Se hablaba de un proyecto que costaría 1500 millones de pesos...

-Eso no es así. Si las empresas que vinieron a vernos hablan de 4 dólares para el precio de los dos documentos, en 40 millones de personas son 160 millones de dólares.

-¿Pero el dinero saldrá de la gente que tenga que hacer los documentos?

-No. Una parte deberá salir del Estado. El Estado deberá hacerse cargo de quienes no puedan pagarlo.

-¿Por qué como parte del proyecto se hace necesaria la renovación de los documentos?, ¿cómo se justifica esto?

-Porque vamos a sacar los documentos apócrifos. Estamos convencidos de que hay muchos documentos apócrifos en la calle. Y la mejor manera de eliminarlos es el reemplazo. Para los que no tienen el dinero para pagarlo, deberá ser el Estado el que corra con eso, y para los que lo deban pagar buscaremos alternativas que le den ventajas al documento, para que tenga sentido su reemplazo. Renovando el documento, el ciudadano tendrá algunas ventajas. El secreto es que el Estado incentive la utilización de la base de datos para que los que puedan pagar lo cambien porque les convenga.

- ¿Y cuáles son las ventajas de tener un documento nuevo?

-No sé; habrá que estudiarlas. Las posibilidades de seguridad en los bancos y en otras cosas... Un montón de cosas que hoy no son posibles por no tener una base de datos única.

-¿Será obligatorio el recambio?

-No es que mañana ponemos un cartel que dice que estás obligado y andá a cambiarlo. Estamos tratando de que no sea así, de que sea una cosa voluntaria.

-En definitiva, ¿se va a buscar que toda la población renueve los DNI?

-Seguro.

-¿Diría que es un proyecto prioritario en medio de la crisis?

-Este es un proyecto de fondo, que es mucho más importante que si fuera prioritario. Prioritario parecería que fuera de la coyuntura. El Estado lo tiene que hacer. Tiene tiempo. Un día tiene que empezarlo.

Por Lucas Colonna
De la Redacción de LA NACION

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