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Panorama Nacional

¿Cómo será esta vez?
Por Alejandro Olmedo Zumarán
Mi pasado como deportista me impidió imaginar las tragedias que ocurren en nuestro país. Sin embargo no vivía en una burbuja.
 
Cuando hace unos años comencé a estudiar derecho en la Universidad de Buenos Aires, mejor dicho en los restos de lo que era la Universidad de Buenos Aires, comprendí que el poder delegado en la autoridad que nos gobierna, tenía como condición ciertos valores entre los cuales no debían faltar la idoneidad, honestidad, capacidad, sabiduría, experiencia y por sobre todo la absoluta convicción en quién ejerciera la primera magistratura. Quien la ejerciera debía priorizar el bien común por sobre intereses personales.
Estos valores y condiciones han sido y son violados por nuestros gobernantes desde hace décadas y nosotros como pueblo hemos abdicado de exigirlas por una única condición: que el gobernante de turno mantuviera un supuesto éxito económico que como mucho, en el pasado, ha durado ocho años para derivar sistemáticamente en una crisis económica mayor donde los más perjudicados han sido siempre los que menos tienen.
Simultáneamente los amigos del poder, en conocimiento de información que le era negada a los hombres y mujeres comunes, se acomodaron a la situación, sacaron ventaja, y se enriquecieron en forma desmedida.
La prueba contundente en la actualidad está a la vista. Tenemos un gobierno envuelto, quizá como ninguno, en casos de corrupción, que ha superado incluso al segundo período de Menem, quien fue reelegido por un pueblo al cual cada vez resultaba más fácil comprar.
Hoy enfrentamos bandas de inescrupulosos gobernantes, que nos someten a indignidades variadas, con ausencia creciente de las garantías constitucionales, garantías que son violadas sistemáticamente.
La Nación esta sumida en uno de sus momentos más degradantes y decadentes. Nuestra querida Argentina corre serios riesgos de caer en una anarquía total.
Tomemos en cuenta cualquier situación al azar y comprobaremos que la crisis nos invade en todos los niveles.
El escándalo en los aeropuertos, donde miles de personas no pueden tomar el avión que los llevará a destino, sin una explicación, hoy esta recorriendo el mundo entero. Cabe aquí la reflexión ¿quién querrá venir a la Argentina, a la vista de esta falta de respeto en el cumplimiento del contrato entre quienes compran y pagan los pasajes de avión y la empresa a cuyo cargo esta transportarlos?
La gente que venía en tren desde Mar del Plata que quedó varada varias horas en medio de la nada peligrando su seguridad, algunos dicen que los vasos de agua se vendían a 6 pesos, sin comida y lo peor sin que nadie le explicara el por qué.
La lucha del Jefe de Gobierno Porteño contra los delincuentes que cortan calles y rutas quienes redoblan su apuesta, amenazando con seguir coartando el derecho constitucional de circular libremente por el territorio de la Nación. Al parecer a esta altura y luego de que el poder central ha permitido esta conducta delictiva durante años, la misma se ha convertido en un derecho y el delito es detenerlos como ahora pretenden los fiscales porteños.
La prohibición de exportar fuel oíl y la presión mafiosa sobre las empresas petroleras para que bajen el precio del combustible, mientras nada se escucha sobre bajar la tasa del IVA o la eliminación del impuesto al cheque.
Qué se puede decir de los accidentes automovilísticos, 22 muertos por día. Una sociedad que prioriza el incumplimiento de la ley aún a costa de sacrificar vidas.
La corrupción y los funcionarios públicos que, enquistados en ella, aseguran que todo lo que se dice y constata es mentira. Los argumentos esgrimidos por funcionarios del gobierno, desde la presidenta y sus lazarillos, en contra de los Estados Unidos ante la aparición de una valija con 800000 dólares, traída por funcionarios pertenecientes al círculo íntimo del ex-presidente, son de novela, máxime cuando se acaba de confirmar que esos fondos tenían por destino la campaña presidencial del actual gobierno.
En las provincias ocurre lo mismo. En Tucumán, se comenta que el gobernador está vendiendo el patrimonio de esa provincia para reconvertir edificios históricos como el de Rentas y el del Banco Provincia en centros comerciales.
Recordemos cuando hace unos meses las elecciones para elegir al gobernador de Córdoba, mostraron una situación lamentable y patética.
Por dónde escarbemos encontraremos, decadencia y corrupción. Transparencia Internacional nos califica con 2,9 sobre un rango de 10 puntos.
Los amigos del poder son expertos en sostener cínicamente las mentiras que insisten en instalar. La caradurez de algunos ministros que incluso hoy niegan la crisis energética, da lástima, hasta la presidenta reconoció la magnitud de esta crisis, sorprendiendo a quienes nunca la hubiéramos imaginado en ese papel.
¿"Dedito Índice Levantado" reconociendo algo de todo lo malo que ha hecho su consorte? Quien diría...
Días atrás, en el barrio de Belgrano, presencié cuando una persona tomaba el agua que corría por la calle.
Obviamente que hay gente que consume y que ve incrementado su poder adquisitivo. En la Argentina sucede siempre lo mismo, los que acrecientan su poder adquisitivo son los que más tienen, los que se acomodan al paradigma económico del gobierno de turno. En los 90 fueron unos, ahora son otros, hasta podemos ver que los acomodados de antes lo son también ahora. Los que nunca se acomodan son los más pobres, eternos excluidos del sistema.
Mientras los años transcurren, dejamos pasar oportunidades, fabricamos más indigencia, ignorancia y corrupción mediante la aplicación de planes vetustos que han fracasado en todo el mundo.
Hemos llegado a un estadío donde la ciudadanía en su gran mayoría no comprende ni puede saber hacia donde nos lleva este grupo de políticos, arraigados al poder, como el yuyito en la hiedra.
¿Como será esta vez la crisis?, ¿cuándo estallará?, ¿cuántas víctimas producirá?, ¿seremos capaces de reconstruir tanto disparate, ineptitud, desatino, analfabetismo, inseguridad, corrupción?, ¿alguien confiará en la Argentina para invertir? ¿Con que incentivo, teniendo a la vista políticos ricos y una población cada vez más empobrecida y sin educación?.
El camino esta en volver a la República, poniendo un orden de prioridades, armonizando los intereses individuales, motor del progreso, con la asistencia educativa y alimenticia donde haga falta. Es imperioso controlar, participar y pedir explicaciones a los funcionarios de lo que hacen y no hacen.
A ellos les delegamos el poder, con la condición de que mantengan el respeto por las instituciones, la honestidad en su gestión y la competencia necesaria para administrar con transparencia las responsabilidades a su cargo priorizando el bien común y no los intereses personales.
Esto sólo será posible si volvemos a los principios de la constitución alberdiana de 1853, de lo contrario nada cambiará.
alejandroolmedozumaran@...
Gentileza en exclusiva para NOTIAR

 

Nunca solucionarán el problema porque ellos son el problema
Por Pablo Dócimo
A lo largo del tiempo, en nuestro País, se fueron sucediendo Presidentes militares y civiles, Radicales y Peronistas; muchos más Ministros de Economía con distintos planes económicos e innumerables Legisladores, pero las crisis se sucedieron una tras otra.
 
Es evidente que todavía nadie pudo encontrar la solución, a pesar de que cada vez que escuchamos hablar a alguno de ellos parecería que, según su óptica, realizan un perfecto diagnostico del panorama, como si en vez de ser quienes tendrían que solucionar los problemas fuesen perfectos analistas políticos.
Pero lamentablemente, mientras no se ataquen a las verdaderas razones de nuestros males, nunca vamos a encontrar la solución.
El primero de ellos, el que podríamos denominar como el “ABC” de la cuestión, y del cual nuestros mandatarios forman parte, es el gigantesco sistema burocrático administrativo del Estado. Un Estado que cuenta con A) muchos más empleados de los que tendría que tener, B) una ineficiencia notable, y C) un derroche excesivo de recursos económicos y propicio para crear un terreno harto fértil para fomentar hechos de corrupción de todo tipo y color.
En segundo lugar, nuestro país cuenta con uno de los sistemas impositivos más perversos del mundo, donde encontramos impuestos realmente distorsivos, como por ejemplo el IVA del 21% y otros que se pagan varias veces y de distintas formas, como Ingresos Brutos y Ganancias, siguiendo con una extensa lista de obligaciones provinciales y municipales.
Todas estas “contribuciones” fiscales, no hacen otra cosa que encarecer los productos o servicios, produciendo un lógico deterioro en el poder adquisitivo y tentar a la evasión a quienes deben pagar. Toda esta ineficacia redundará, inevitablemente, en el Endeudamiento del Estado, que es, en definitiva, la forma más eficaz de determinar la evolución económico social de un País.
 
EL ESTADO NACIONAL ES COMO UNA GRAN EMPRESA DEL ESTADO
 
Si el Estado nacional se endeuda, es por que sencillamente hay un déficit, por lo tanto algo funciona mal. Esto, dicho en otras palabras, significa que los egresos son mayores que los ingresos.
Es indiscutible que absolutamente todas las empresas estatales eran deficitarias, y esto se debe a tres razones: A) Exceso de personal, B) Ineficiencia en el servicio y C) Despilfarro de recursos.
Estos tres problemas que tenían las empresas estatales, son extensivos, en nuestro País, a todo lo relativo al Estado, ya sea una dependencia del Anses, pasando por cualquier Concejo Deliberante, Congresos Provinciales, municipios, Afip, Rentas, etc.
En cierta manera, el Estado nacional, funciona como cualquier empresa del Estado, o sea que es una “Gran Empresa Estatal”; por consiguiente, tendremos los inconvenientes antes señalados, exceso de personal, ineficiencia en el servicio y despilfarro de recursos.
Nuestro País, como dijimos, posee uno de los sistemas impositivos más perversos del mundo, tal es así que cualquier persona de clase media, aporta, directa o indirectamente, el 40% de sus ingresos a impuestos.
El mediático recaudador de impuestos, Santiago Montoya, sostiene que el problema de nuestro País es la evasión, y esto no es así de ninguna manera. Entonces, ¿donde radica el problema? Precisamente, que en nuestro país el Estado gasta más de lo que recauda.
Cada vez que alguien enciende la luz, abre una canilla, utiliza una hornalla, o habla por teléfono, está aportando impuestos; ni hablar del que compra un paquete de cigarrillos, consume una bebida alcohólica o carga combustible en su auto, incluso el chico que está en una esquina limpiando vidrios, cuando juntó unas monedas y compra un sándwich, paga impuestos.
 
CONCLUSIÓN
 
El señor Santiago Montoya, en primer lugar, debería reconocer que tenemos un Estado parasitario, del cual él y toda su repartición forman parte.
Para comenzar a solucionar el problema, deberíamos, en primer término, eliminar el personal de más existente en todo lo que al Estado respecta, luego, deberían ser eficientes en sus obligaciones, y por último, no derrochar los recursos con los que cuentan.
Por supuesto que a esta problemática también deberíamos agregar una reforma impositiva, para que, finalmente, el Estado recaude lo que realmente corresponde, de una forma eficaz, y destinarlo correctamente donde realmente deba ser destinado, y no a la gran burocracia administrativa a la que estamos sometidos.
De ser así, el impacto sería muy notorio, ya que en primer término, al tener menos carga tributaria, cualquier producto reduciría hasta en un 20% su valor. En segundo lugar, al aportar menos impuestos, se podrá destinar ese dinero en consumo de bienes y servicios, por último, estos dos factores se potenciarán mutuamente, generando un impacto significativo en la economía, generando un circulo virtuoso.
Estos son los verdaderos males que nos aquejan, pero nuestros dirigentes siguen empeñados en decirnos que somos un país sometido, oprimido, hostigado por el FMI, el Banco Mundial y las empresas multinacionales, en vez de aplicar una economía moderna, abierta, que aliente a las inversiones y genere empleo, con un sistema impositivo justo y equitativo que distribuya los ingresos de una manera ordenada, transparente y sin despilfarro, a través de un Estado eficiente y que responda de una manera efectiva a las necesidades de la gente.
Como podemos apreciar, no es muy difícil solucionar el problema “general” en la Argentina, que está compuesto, básicamente, por el déficit del Estado y el perverso sistema impositivo, pero casualmente, quienes tendrían que solucionarlo, los políticos, son parte del problema.
Gentileza para NOTIAR

 

Imprescindible despido de la jueza Elena de Liberatori

En 2003, el por entonces juez Mariano Bergés, denuncia a la jueza Elena Liberatori por dictar sentencias contrarias a la ley, pero en la Cámara ella consiguió que ese dictamen fuese revocado. Sin embargo ella decidió insistir con el prevaricato.
 POR EDGAR MAINHARD | 17/01/2008 | 10:23
 
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Con un desmedido afán de protagonismo mediático y una llamativa mala fe en sus decisiones -ya es evidente que sus fallos no son producto de la ignorancia-, la jueza Elena Liberatori de Aramburu ayuda a explicar por qué la Ciudad es, día a día, una metrópolis en la que desciende la calidad de los servicios que, como contrapartida de sus impuestos, reclaman los contribuyentes.
La jueza Elena Liberatori de Aramburu considera que es mejor que nada cambie. Egoísta hasta los tuétanos, la magistrada vive como todo funcionario de jerarquía: en un limbo, goza de una situación de privilegio, que le conceden y pagan los contribuyentes, a cambio de que ella dicte Justicia.
Sin embargo, imitando a muchos pésimos gobernantes, Elena Liberatori de Aramburu cree que ella se encuentra en su limbo personal sin necesidad de dar cuenta de sus actos, y entonces decide frenar cualquier cambio, reinterpreta las leyes a su voluntad y decide demostrar quién manda en la Ciudad.
La jueza Elena Liberatori de Aramburu se ha convertido en una extraordinaria socia de los sindicalistas: ellos defienden el statu-quo vigente, sus privilegios exacerbados, ¿y qué ofrecen? Una Ciudad desmejorada, que estafa a diario a miles de contribuyentes porque no les ofrece nada a cambio de cobrar más impuestos para, por ejemplo, pagarle los sueldos a la jueza Elena Liberatori de Aramburu y financiar la obra social que administran mal los sindicalistas. Un desastre.
Con Elena Liberatori de Aramburu, al igual que con los sindicalistas, nunca habrá meritocracia, nunca se premiará a los más eficientes, y nunca la carrera de funcionario público tendrá posibilidades de incorporar a los más capaces. Ellos actúan porque temen que, en ese caso, probablemente no conservarían sus puestos.
Pero hay conceptos muy graves en las absurdas decisiones de la jueza, acerca de la que hay que comenzar a preguntarse sobre su idoneidad para permanecer en el cargo.
Bajo ninguna circunstancia puede considerarse que un contrato laboral en la administración pública puede asimilarse a una relación laboral permanente o efectiva.
Por cierto que es una aberración porque si esto es así, los 2.400 empleados deberían ser pasados a planta permanente, y definir quién y cómo se les pagará. Pero hay algo más grave aún: ¿son esos 2.400 empleados los más idóneos para ocupar los cargos en forma permanente, tal como lo imagina la jueza Liberatori?
Entonces, la magistrada invade ya el ámbito no solamente de la Justicia en lo Laboral sino la calificación de los recursos humanos de la Ciudad, para convertirse en quien decide quiénes y cómo gestionarán la metrópolis en la que ella es solamente, y por suerte para todos, una magistrada.
La jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad Elena Liberatori ordenó ayer la reincorporación de 2400 empleados estatales cuyos contratos no fueron renovados por decisión del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
Bajo el supuesto de que quienes cobran un contrato laboral provisorio se encuentran “material y emocionalmente afectados”, y por eso deberían ser reincorporados es un concepto que conlleva a la eliminación del despido, o al menos a su limitación más extraordinaria.
Liberatori establece, entonces, el vínculo laboral a perpetuidad, y sin necesidad de una legislación sino por la interpretación de una jueza que, sin embargo, para acceder a la difícil remoción de su cargo sí necesitó de una legislación.
Es curioso que sindicatos como la sección Capital, de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la que salió gente como Germán Abdala, jamás reclamen por la honorabilidad de su trabajo, por la calidad del servicio, por la meritocracia en su función de manera tal que resulte motivo de orgullo la función pública.
Mezquinos en sus intereses, pequeños en su enfoque, ellos sólo se aferran a extorsionar a los contribuyentes e incrementar sus derechos, a cuento de los muy discutibles 'derechos adquiridos' que reivindican los burócratas cuando se sienten tambalear.
La Ciudad tiene 120.000 empleados y si todos cumplieran su tarea con niveles de exigencia similares a los que se aplican en el sector privado, probablemente con esos 120.000 hasta podría cubrirse una fuerza policial propia.
Es conocido que la mayoría de todos los contratados son favores que los gobernantes le realizan a quienes los han acompañado en el ascenso al poder y esperan que sigan colaborando con ellos.
La jueza Liberatori ordenó que los empleados cuyos contratos no hubieran sido renovados fueran incluidos en el censo que promete realizar Mauricio Macri, que comenzará a realizarse el 1° de marzo próximo.
Es ridículo, pero además demuestra que la jueza Liberatori intenta ubicarse del lado de ATE, en la puja sindical que hoy existe en la Ciudad. ATE festeja que, gracias a Liberatori, pudo conseguir lo que no pudo el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), que había levantado una medida de fuerza de 72 horas para sentarse a negociar con Macri.
ATE pretende instalar que no hay nada que negociar y que los jefes de Gobierno de la Ciudad son tan prisioneros de los herederos de Abdala como lo eran de la Casa Rosada, y que la autonomía es papel higiénico.
En verdad, ATE quiere demostrar que es posible la dictadura sindical, ya que ese gremio se jacta de no tolerar la burocracia sindical como Sutecba.
Es grotesco que sea el secretario adjunto de ATE-Capital, Rodolfo Arrechea, quien acusa de autoritarismo a Macri por la decisión de no renovar contratos provisorios. Es peligroso que el sindicato considere que el trabajo bajo contrato temporario establece un vínculo permanente.
Ahora el gobierno tendrá que incorporar a los trabajadores cesanteados hasta tanto la Cámara de Apelaciones se expida, en un plazo que demandará entre 20 y 30 días", según explicó el procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli.
Mauricio Macri, en tanto, se encuentra furioso por el asesoramiento judicial que ha recibido él mismo hasta la fecha. Hay algunas cabezas que rodarán más adelante en este conflicto, probablemente luego de conocerse el resultado de la apelación que tratará la sala de feria, previa vista a la fiscal Daniela Ugolini.
ATE instó a los trabajadores a que concurran hoy a sus empleos, con la resolución de la jueza Liberatori en mano, a fin de recuperar sus empleos.
El secretario de Comunicación de ATE, Hernán Vázquez, prometió una movilización hacia Diagonal Norte y Florida.
Y aparecieron en escena los que gobernaron mal la Ciudad durante los últimos años. Irresponsables como Raúl Fernández (hoy legislador por Encuentro Progresista), Diego Kravetz (¿no es el que fue acusado de conducta muy irregular por integrantes de HIJOS que le prestaron el dinero de sus indemnizaciones cobradas al Estado?), y obviamente Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires), quien opinó: "Macri va a tener que acostumbrarse a ser controlado".
Por cierto que tiene razón. Pero hasta la masacre ocurrida en República Cromañón, Ibarra tampoco estaba acostumbrado a ser controlado.
No es cierto el concepto del diario La Nación: "En la novel justicia porteña, creada en 2000, la magistrada se ha erigido en una adalid de los más débiles. Con sus fallos se puso, cada vez que pudo, en defensa de los más necesitados".
No es una cuestión de quién es el más necesitado porque hay otros muchos miles de porteños que necesitan trabajo, y probablemente sean más eficientes que los contratados despedidos.
Resulta importante que Macri obtenga conclusiones positivas para su gestión del conflicto en curso, y pueda destrabar "la máquina de impedir". Si no lo consigue, su futuro político se enturbiará. Si lo consigue, habrá iniciado una gestión interesante.
 


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