Editorial I
La bomba de tiempo inflacionaria
Domingo 4 de mayo de 2008 | Publicado en la Edición impresa
El fenómeno inflacionario está adquiriendo en nuestro país dimensiones inquietantes. Por un lado, se ha constituido ya en la principal preocupación de la opinión pública, de acuerdo con distintas encuestas. Por otro, inquieta la falta de un diagnóstico adecuado sobre el problema en el gobierno nacional.
Durante los últimos meses, las autoridades nacionales no han dado claras muestras de enfrentar la inflación por sus causas. Por el contrario, pretendieron limitar el problema a una conspiración de empresarios inescrupulosos que aumentan los precios, al tiempo que buscaron ocultarlo a través de la manipulación del índice del costo de vida. En otras palabras, se buscó terminar con la fiebre inflacionaria rompiendo el termómetro.
La carencia de índices confiables del organismo nacional de estadísticas, el Indec, no impide reconocer un proceso de aumento generalizado de los precios que sólo parece excluir algunos servicios públicos sujetos a congelamientos.
La grosera manipulación de los índices oficiales ya no logra siquiera disimular una inflación que la población percibe en sus consumos diarios y que la dirigencia gremial traduce en sus pedidos de aumentos salariales. Si se observan los datos publicados por los órganos de estadísticas de las provincias de Santa Fe y de San Luis, que se han mantenido ajenas a las presiones del gobierno nacional, los precios minoristas habrían aumentado más de un cuatro por ciento durante marzo último y alrededor del 25 por ciento en los últimos 12 meses. Con altibajos, la tendencia es creciente.
Los efectos del paro agropecuario, a los que el Gobierno adjudica una culpa relevante en los aumentos de marzo, no parecen ser tan importantes a la vista de la incidencia que también tienen los bienes de origen netamente industrial, los alquileres y los servicios personales. El fenómeno inflacionario reconoce razones más profundas y su aceleración fue muy anterior al conflicto rural. Claramente, se identifican causas que se pusieron de manifiesto con más intensidad a partir de 2005.
Como contracara de su poder reactivador, el modelo de tipo de cambio alto lleva en su esencia el germen de la inflación. Este no se manifestó mientras se disponía de abundante capacidad productiva ociosa y no había presiones salariales por efecto del alto desempleo. La crisis de 2001-2002 hacía todavía sentir sus efectos inerciales, y los productores y comerciantes pugnaban por aumentar sus ventas y todavía no pensaban en subir sus precios. La cotización del dólar era sostenida por el Banco Central adquiriendo divisas contra la emisión de pesos. La expansión monetaria tampoco tenía aún efectos inflacionarios, ya que el público estaba dispuesto a absorber más pesos, para recomponer una masa de circulante que había caído a niveles bajísimos cuando la crisis había llevado colectivamente a la gente a transformar la moneda local por moneda extranjera.
Pero esas circunstancias favorables se disiparon y apareció la inflación. Surgieron cuellos de botella en la producción industrial y energética por insuficiencia de inversiones. Las importaciones, obviamente más costosas, comenzaron a crecer rápidamente. Además, las necesidades políticas del Gobierno y los subsidios para compensar congelamientos acrecentaron fuertemente el gasto público, al crear así una mayor presión sobre la demanda. La reacción del Gobierno fue la de incrementar retenciones e introducir controles de precios. Más adelante, cuando esto resultó infructuoso, se pasó directamente a manipular los índices de precios.
Estamos frente a riesgos que ya hemos conocido en el pasado. La inflación genera comportamientos defensivos que pueden llevar a un proceso autoalimentado. La gente prefiere no retener dinero local en su casa o en sus cuentas bancarias, buscando la opción de gastarlo o transformarlo en divisas. La masa monetaria se reduce relativamente y gira a mayor velocidad. Aparecen mecanismos indexatorios explícitos o implícitos, por ejemplo ajustes salariales más frecuentes. Las cuentas fiscales comienzan a sufrir el llamado efecto Olivera-Tanzi, que explica que los gastos acompañan la inflación, mientras que los recursos lo hacen con retraso.
Debe actuarse sobre las causas de la inflación con la mayor diligencia y urgencia posibles. En ese sentido, debe contenerse el gasto público y alentarse la inversión productiva para eliminar las rigideces de oferta que hoy están creando presiones inflacionarias. La recreación de la confianza y de un clima adecuado de inversión requerirá cambios de fondo en la calidad institucional, así como en el discurso confrontativo y en la rápida recomposición de las relaciones políticas y financieras con el resto del mundo. La política cambiaria debería sujetarse a la consigna de evitar una excesiva expansión monetaria, que no alcanza a ser neutralizada totalmente mediante la colocación de letras del Banco Central.
No puede obviarse que la superación de las distorsiones en el sistema de precios exigirá de por sí un sinceramiento que, inevitablemente, originará un salto inflacionario. Es necesario que esta corrección forme parte de un proceso controlado y curativo, y no que se produzca como consecuencia de un desborde, en un escenario de incertidumbre y desorientación.
El Gobierno está aún a tiempo de tomar medidas correctivas. Pero deberá admitir que cada dilación transformará a la inflación en una bomba de tiempo con efectos incontrolables.
Durante los últimos meses, las autoridades nacionales no han dado claras muestras de enfrentar la inflación por sus causas. Por el contrario, pretendieron limitar el problema a una conspiración de empresarios inescrupulosos que aumentan los precios, al tiempo que buscaron ocultarlo a través de la manipulación del índice del costo de vida. En otras palabras, se buscó terminar con la fiebre inflacionaria rompiendo el termómetro.
La carencia de índices confiables del organismo nacional de estadísticas, el Indec, no impide reconocer un proceso de aumento generalizado de los precios que sólo parece excluir algunos servicios públicos sujetos a congelamientos.
La grosera manipulación de los índices oficiales ya no logra siquiera disimular una inflación que la población percibe en sus consumos diarios y que la dirigencia gremial traduce en sus pedidos de aumentos salariales. Si se observan los datos publicados por los órganos de estadísticas de las provincias de Santa Fe y de San Luis, que se han mantenido ajenas a las presiones del gobierno nacional, los precios minoristas habrían aumentado más de un cuatro por ciento durante marzo último y alrededor del 25 por ciento en los últimos 12 meses. Con altibajos, la tendencia es creciente.
Los efectos del paro agropecuario, a los que el Gobierno adjudica una culpa relevante en los aumentos de marzo, no parecen ser tan importantes a la vista de la incidencia que también tienen los bienes de origen netamente industrial, los alquileres y los servicios personales. El fenómeno inflacionario reconoce razones más profundas y su aceleración fue muy anterior al conflicto rural. Claramente, se identifican causas que se pusieron de manifiesto con más intensidad a partir de 2005.
Como contracara de su poder reactivador, el modelo de tipo de cambio alto lleva en su esencia el germen de la inflación. Este no se manifestó mientras se disponía de abundante capacidad productiva ociosa y no había presiones salariales por efecto del alto desempleo. La crisis de 2001-2002 hacía todavía sentir sus efectos inerciales, y los productores y comerciantes pugnaban por aumentar sus ventas y todavía no pensaban en subir sus precios. La cotización del dólar era sostenida por el Banco Central adquiriendo divisas contra la emisión de pesos. La expansión monetaria tampoco tenía aún efectos inflacionarios, ya que el público estaba dispuesto a absorber más pesos, para recomponer una masa de circulante que había caído a niveles bajísimos cuando la crisis había llevado colectivamente a la gente a transformar la moneda local por moneda extranjera.
Pero esas circunstancias favorables se disiparon y apareció la inflación. Surgieron cuellos de botella en la producción industrial y energética por insuficiencia de inversiones. Las importaciones, obviamente más costosas, comenzaron a crecer rápidamente. Además, las necesidades políticas del Gobierno y los subsidios para compensar congelamientos acrecentaron fuertemente el gasto público, al crear así una mayor presión sobre la demanda. La reacción del Gobierno fue la de incrementar retenciones e introducir controles de precios. Más adelante, cuando esto resultó infructuoso, se pasó directamente a manipular los índices de precios.
Estamos frente a riesgos que ya hemos conocido en el pasado. La inflación genera comportamientos defensivos que pueden llevar a un proceso autoalimentado. La gente prefiere no retener dinero local en su casa o en sus cuentas bancarias, buscando la opción de gastarlo o transformarlo en divisas. La masa monetaria se reduce relativamente y gira a mayor velocidad. Aparecen mecanismos indexatorios explícitos o implícitos, por ejemplo ajustes salariales más frecuentes. Las cuentas fiscales comienzan a sufrir el llamado efecto Olivera-Tanzi, que explica que los gastos acompañan la inflación, mientras que los recursos lo hacen con retraso.
Debe actuarse sobre las causas de la inflación con la mayor diligencia y urgencia posibles. En ese sentido, debe contenerse el gasto público y alentarse la inversión productiva para eliminar las rigideces de oferta que hoy están creando presiones inflacionarias. La recreación de la confianza y de un clima adecuado de inversión requerirá cambios de fondo en la calidad institucional, así como en el discurso confrontativo y en la rápida recomposición de las relaciones políticas y financieras con el resto del mundo. La política cambiaria debería sujetarse a la consigna de evitar una excesiva expansión monetaria, que no alcanza a ser neutralizada totalmente mediante la colocación de letras del Banco Central.
No puede obviarse que la superación de las distorsiones en el sistema de precios exigirá de por sí un sinceramiento que, inevitablemente, originará un salto inflacionario. Es necesario que esta corrección forme parte de un proceso controlado y curativo, y no que se produzca como consecuencia de un desborde, en un escenario de incertidumbre y desorientación.
El Gobierno está aún a tiempo de tomar medidas correctivas. Pero deberá admitir que cada dilación transformará a la inflación en una bomba de tiempo con efectos incontrolables.
Enviar correo