Panorama político nacional de los últimos siete días

 

Parasitismo

y violencia

 

 

En biología un parásito es un animal o planta

que vive a expensas de otro organismo o dentro de él.

Parasitismo es una interacción biológica entre dos organismos,

en la que uno de los organismos (el parásito)

consigue la mayor parte del beneficio de una relación

estrecha con otro, que es el huésped u hospedador.

El parasitismo puede ser  considerado un caso particular de predación. 

 

Enciclopedia Mills, Biología

 

No es habitual que Elisa Carrió y Eduardo Duhalde coincidan en sus diagnósticos. En los últimos días lo hicieron, al menos sobre un punto: "La Argentina sufre una inusitada escalada de violencia que tuvo un inicio verbal pero que recientemente ha acentuado aspectos alarmantes de violencia física". La frase pertenece a la líder de la Coalición Cívica, y está inscripta en una misiva que Carrió se dispone a entregar a embajadores acreditados ante el Estado argentino. Por su lado, para explicar el mismo fenómeno  Duhalde apuntó al estilo de Néstor Kirchner: “Su lenguaje bélico repercute y llega a la base de la sociedad”.

La violencia se expresa de muchas maneras. Una, notoria para todo el mundo, es la inseguridad cotidiana traducida en asaltos, violaciones, secuestros, asesinatos. Los disparos  que empujaron al veterano crack futbolístico Fernando Cáceres a una sala de terapia intensiva  volvieron a iluminar esta semana esa desesperante escena que se reitera y suscitaron críticas de personalidades de diferentes ámbitos.

Otro indicador de tensión: los piquetes se multiplican, se encienden y van avanzando hacia la incandescencia. El  Centro de Estudios Nueva Mayoría  lleva a una estadística de los cortes de calles y rutas. En los primeros 9 meses de 2009 se contabilizaron 2.050, es decir una media de 170 cortes por mes, algo más de cinco por día.  Cuando los registros lleguen hasta  noviembre, seguramente expondrán un marcado incremento de esas cifras. Lo que las estadísticas no reflejan, sin embargo, es la densidad y la tensión de los piquetes de las últimas semanas.

Sucede que, a partir del lanzamiento del plan oficial que dispone subsidiar cooperativas de trabajo, comenzó una durísima lucha por los recursos que abarca a las fuerzas de los intendentes (a quienes, según el  manual oficial, se les entregará el manejo de esos subsidios) y a las de las organizaciones sociales piqueteras, que reclaman  el control autónomo de  esos fondos y esa modalidad de subsidio. Paralelamente, dentro del universo de las organizaciones sociales, se  verifica una competencia  entre las que funcionan como apéndices  del dispositivo kirchnerista  y las que se mueven con autonomía.  Aquellas  creen tener  una red de protección determinada por  el  tejido  del oficialismo que, en el peor de los casos, les permitirá sobrevivir como satélites de los intendentes; las segundas, en cambio, están convencidas de que serán completamente marginadas.  

La Corriente Clasista y Combativa (CCC), por ejemplo, es una de las organizaciones más fuertes y extendidas (se calcula que tiene más de 50.000 adherentes, está representada en casi todo el país, respaldó activamente la lucha del campo contra la resolución 125) y es opositora al gobierno. Su principal dirigente, Juan Carlos Alderete, amenazó con “romperle la cabeza a los intendentes” al defender el reclamo de administrar parte del plan nacional de creación de cooperativas sociales. "Esto se corrige o terminamos todos en cana, pero no se puede soportar más este manoseo".  El líder piquetero alude a las complicaciones de los miembros de la CCC ( y de otras corrientes autónomas) para acceder al plan oficial. El corte de la Avenida 9 de Julio por 30 horas, a principios de la semana que concluye, fue una manifestación de ese tipo de conflicto.

Los líderes de la CCC se preparan para momentos de mayor tensión. En cualquier caso,  su crítica a los procedimientos por los cuales el gobierno maneja  los recursos sociales  no se limitan al tema de las cooperativas de trabajo subsidiadas. Alderete se reunió largamente  en la semana con monseñor Jorge Casaretto, cabeza de la Pastoral Social de la Iglesia argentina. La significativa entrevista  incluyó un comunicado conjunto en el que ambos dirigentes expresaron "la preocupación y el compromiso de profundizar esfuerzos comunes para afrontar una situación social que alcanza a niveles de emergencia nacional, como la profundización del narcotráfico y las adicciones en los barrios, en niños y jóvenes".  Ambos rechazaron "la utilización política de la pobreza y la indigencia" y expresaron "gran preocupación por la falta de políticas para el empleo y el desempleo que crece a niveles alarmantes, sobre todo en grandes sectores de jóvenes de entre 18 y 25 años y en grandes franjas de desocupados que no consiguen trabajo y que por edad no pueden jubilarse o pensionarse". La CCC rechazó, obviamente,  "el uso clientelista de planes de empleo a través de cooperativas sociales que son distribuidas entre los intendentes del conurbano. Coincidimos con el obispo Casaretto –agregó Alderete-  en que la ayuda a la niñez debía ser universal y no debe financiarse por la Anses. No se deben seguir tocando los fondos de los jubilados, y ellos deberían recibir el 82% móvil de su salario como prioridad”.

Que la discusión no es un ejercicio académico, sino que está inscripta en el ciclo de “inusitada violencia” que  se señala desde la política lo prueba la advertencia con que Alderete cerró una de sus declaraciones de estos días: “"No nos vamos a dejar pegar porque creemos que nuestro reclamo es justo. Estamos cansados de tanta humillación”, dijo; y agregó: “Estamos preparados,  como en 2001, cuando dijimos: Vengan a reprimir, pero va a haber muertos de los dos lados”.

Suponer que pueda haber más acciones de violencia calificada ha dejado de ser una actitud de gente alarmista, para volverse,  más bien, una señal de realismo: esas cosas ya están ocurriendo. En Jujuy lo comprobó en carne propia el senador  radical Gerardo Morales. En Moreno, gran Buenos Aires, lo comprobó el  viernes, un dirigente gremial de los subterráneos, Néstor Segovia. El 6 de noviembre en una acción aparentemente coordinada, mientras una partida policial  intentaba desalojar a la familia del sindicalista  y reprimía a sus hijos, un grupo de civiles se dedicaba a destruir el comedor infantil que su familia administraba en el humilde barrio. Segovia señaló a esos civiles como activistas de la UTA. El forma parte del movimiento de trabajadores de subterráneo, que enfrentado con la conducción oficial de la UTA, quiere construir un gremio autónomo. El gobierno, a través del ministerio de Trabajo, sostiene la posición de la conducción de UTA, un sindicato adherido a la CGT de Hugo Moyano.

El gobierno está escoltado por la violencia: alguna surge suscitada por sus políticas; otra, es impotente para contenerla.

¿A cual de las dos categorías pertenece el bloqueo a las plantas impresoras y a las playas de distribución de diarios y revistas nacionales que protagonizaron los camioneros de Moyano? A la luz de la actitud de confrontación con el periodismo que sostiene el gobierno, tanto la asociación que reúne a los editores como la mayoría de las fuerzas de la oposición consideraron que estaba presente la mano  del gobierno detrás de los ataques. Aunque tardó en reaccionar, el oficialismo habló por boca del ministro de Interior,  Florencio Randazzo,  quien calificó  de "descabellado" que algunos hayan interpretado que la protesta de camioneros que ayer impidió la salida en horario de los diarios Clarín y La Nación, fue generada por una mano negra del Gobierno  para entorpecer la libertad de prensa". 

En cualquier caso, la  Policía Federal -que no responde a Randazzo, es cierto,  sino al ministerio de Seguridad-  o no estaba en el lugar o fue poca, o fue ineficaz para detener esos piquetes amenazantes que  consiguieron reiteradamente retrasar la aparición de los matutinos aunque no pudieron impedirla totalmente.

La asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa que se desarrolla por estos días en Buenos Aires observa “con preocupación” las agresiones contra los medios: el modelo de la Venezuela de Hugo Chavez funciona para todo el mundo como metro patrón de esas políticas violentas.

La sociedad civil observa con una mezcla de perplejidad y hastío lo que ocurre.  El 28 de junio se pronunció masivamente en oposición a un gobierno que había querido medir su fuerza en un “plebiscito”. Cuatro meses después, ese gobierno actúa como  si hubiera ganado el comicio llevándose por delante procedimientos  y manejando los recursos públicos como si se tratase de bienes de su  propiedad. ¿Cuál es el poder del gobierno?

Evidentemente su poder no  se apoya en  la última votación. Tampoco en la opinión pública: todas las mediciones  muestran que hoy la popularidad del gobierno es más baja aún que la de junio, ronda los 20 puntos. ¿Es el peronismo el que lo sostiene? No el de Santa Fé, que responde más bien a Carlos Reutemann y Jorge Obeid; ni el de Córdoba, que sigue a Juan Schiaretti o a José Manuel de la Sota; tampoco el de Salta (sea el peronismo federal de Juan Carlos Romero, o el  del joven gobernador Juan Manuel Urutubey, que busca su camino con cierta autonomía); tampoco el de Entre Ríos, donde el presidente del PJ, Jorge Busti, puso proa al peronismo disidente; por cierto no el peronismo que en Chubut responde al gobernador Das Neves, ni el de San Luis, donde los hermanos Rodríguez Saa, claros opositores, fijan la línea. En fin, el peronismo no es, claramente, la fuente del poder de Kirchner; hoy, podría decirse, el peronismo  que no tomó aun suficiente distancia del mandato K, está pensando cómo hacerlo en los tiempos venideros.

Los recursos del Estado –la caja y algunas palancas- son las que sostienen aún el poder de Néstor Kirchner y le permiten  apelar a cierto manejo de “la calle”, que sin embargo debe disputar, no ya (o no todavía) con grandes mayorías cívicas como las que se movieron junto al campo en 2008, o antes aún, en las manifestaciones que acompañaron a Juan Carlos Blumberg por el tema de la seguridad, sino  con sectores de las organizaciones sociales y del movimiento obrero  que el gobierno no alcanza a cooptar ni a colonizar.

Si bien se mira,  la lógica del poder de Kirchner  durante estos seis años  residió en  la concentración, el hipercentralismo.  Todas las fuerzas e instituciones que se asociaron con él  o se adecuaron a su estilo de mando,  se han ido debilitando paulatinamente, mientras el centro crecía y se inflaba. La relación entre el poder central y las provincias es la mejor ilustración de esa dialéctica predadora: el poder central  engordó su caja mientras las provincias perdían recursos y  veían crecer sus déficit. Ahora -¡gran concesión!- se les permite endeudarse para  tapar los huecos.

Hasta el sindicalismo que optó por acompañar a Kirchner, debe constatar hoy que ha retrocedido en los alcances de la organización de los trabajadores, a cambio de salvar algunas fuentes de recursos (que por otra parte es Hugo Moyano el que efectivamente controla, empleando la misma lógica centralizadora). Con la mitad de la fuerza de trabajo alejada de su órbita porque está  ubicada en la economía informal, de la mitad restante los sindicatos  hoy sólo cuentan con delegados y comisiones internas en la cuarta parte de las empresas pequeñas y medianas  y en poco más de la mitad de las firmas mayores. Y en muchísimas de estas  sienten en la nuca el aliento de corrientes  autónomas, rebeldes o retobadas que cuestionan  a las conducciones.

El poder K ha debilitado las instituciones. La Argentina tiene erosionados los instrumentos legales para el ejercicio por parte del Estado del legítimo monopolio de la fuerza. Por eso, hoy, ese territorio (el del uso de la fuerza) está siendo ocupado por otros agentes: desde  el crimen organizado y el narcotráfico hasta grupos que ensayan sus propias  “fuerzas de autodefensa“ ; de ahí que un dirigente empresario de la jerarquía de Luis Pagani, el  número uno de ARCOR y de la Asociación Empresaria Argentina, puede decir, sin exagerar que “reina la anarquía”. Ese desorden cohabita con  el  fortalecimiento del  reducido centro del poder.

Sectores del empresariado que, hasta algunos meses atrás, acompañaban y sostenían al gobierno, empezaron a revisar esa actitud, en gran medida después de observar  la pasividad con que el oficialismo reaccionó frente a la expropiación por parte de Hugo Chávez de la  siderúrgica que el grupo Techint había erigido en Venezuela y, más tarde, la agresividad con que los Kirchner enfrentaron a  las empresas de medios, en primer lugar al Grupo Clarín. Ahora, la actitud del empresariado parece bien reflejada por una frase del presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez en la reunión marplatense de IDEA: “Más vale vivir de pie que morir de rodillas”. Dicho de otro modo: de rodillas, se muere.

El poder del gobierno –ya no de consenso, ni sostenido por la opinión pública; fuertemente respondido en el seno del peronismo- ha avanzado desquiciando a los partidos y a las instituciones. Por eso hoy, cuando los conflictos  se expanden, éstos no se pueden canalizar  adecuadamente por instituciones  debilitadas y tienden a desplegarse  violentamente, a través de la acción directa. La debilidad institucional también se ha provocado en el campo de las instituciones que deberían contener y disciplinar ese fenómeno. Lo resumió con precisión Milagro Sala, la jefa del grupo Tupac Amaru y, al decir de muchos, la gobernadora paralela de Jujuy: “Yo existo porque el Estado no existe”.

Para afrontar la crisis y la violencia en aumento, la cuestión a la que es preciso encontrar una respuesta práctica es esta: cómo dotar de fuerza a las instituciones para hacerlas capaces de contener lo que se desborda, de sostener lo que se cae, de hacer ascender lo que se hunde.

A los violentos desafíos que imponen la impotencia o las estrategias  del poder,  la sociedad sólo puedo hacerles frente apelando a  mover su propia fuerza tranquila, haciéndola pesar en la balanza. No hay mejor respaldo para las instituciones. Si bien se mira, ese fue el camino a través  del cual el Senado consiguió poder  (y el vicepresidente pudo ser árbitro) a la hora de derogar la resolución 125. Se trata de reconstruir el Estado y su fuerza institucional y política, curándolo del parasitismo. 

                                                                               Jorge Raventos