Amigod:

Por si les gusta conocer encuestas,  deduzcan como percibe la realidad el argentino medio

Cordialmente

Hector GR

Estimado Jose Ignacio:

Nos alegra que tengas esas inquietudes que compartimos.

El esfuerzo sera muy grande ya que debemos modificar desde habitos culturales a

intereses politicos fuertemente arraigados en nuestra sociedad y por ello necesitamos

que todos pongan  algun granito de arena en este proyecto de conseguir votos para

llevar una numerosa cantidad de legisladores a los Congresos Nacional y Provinciales

y en consecuencia te invitamos a que te sumes a la actividad que como lo mencionas,

"sera imparable" si todos y no unos pocos colaboramos en el empeño.

De cualquier manera gracias por participar en el grupo yahoo de RECREAR VL

Cordialmente

Hector J. Gomez Riccardi

RECREAR V.L.

Estimado Jose Ignacio:

 

La lista a la que supongo se hace referencia (ex - lista "22" Compromiso, Etica y Accion" que solo

tuvo vigencia hasta el comicio del 6 de Marzo) se adhiere a lo expresado en esta nota porque

RECREAR lo viene proponiendo desde su fundacion y ha organizado encuentros, seminarios y

efectuado presentaciones al Poder Ejecutivo Provincial para impulsar y concretar los cambios que

menciona RLM en este articulo.

 

Asimismo en   http://www.recrearpba.org.ar/   se puede leer la carta fechada 16 de Febrero ppdo.

de RECREAR PBA, dirigida al Gobernador Felipe Sola relacionada tambien con el tema que nos ocupa.

 

Si hubiera algun punto en particular que debiera ser aclarado con mucho gusto lo haremos.

 

Cordialmente

 

Hector J. Gomez Riccardi

RECREAR - VTE. LOPEZ

---

From: José Ignacio Machado [mailto:ignacmachado@...]
Sent: Wednesday, March 23, 2005 4:23 PM
To: Recrear_Vicente_Lopez@...
Subject: Re: [Recrear_Vicente_Lopez] Reforma política

 

Gracias Hugo. Me gustaria conocer tu opinion, y de los otros miembros de esta lista, sobre esta columna de Ricardo López Murphy y Julio Burdman que nos has enviado.

Un saludo cordial.-

"Hugo M. Clémeur" <hmclemeur@...> wrote:

La Nación - Opinión
Martes 22 de Marzo de 2005

Sacar la reforma política del cajón

Por Ricardo López Murphy y Julio Burdman
Para LA NACION

Cumplidos ya casi dos años de gobierno, el debate sobre la reforma
político-electoral parece estancado en la dirigencia. Esto se explica
por dos motivos: porque el propio gobierno, tras innumerables
movimientos y promesas, no impulsó sus propios proyectos, a pesar de
que varios ministros -Alberto Fernández, Gustavo Beliz y Aníbal
Fernández, sucesivamente- habían en su momento tomado ante la
sociedad la responsabilidad de hacerlo; y porque el justicialismo,
que controla el Congreso Nacional, ha "cajoneado" más de un centenar
de proyectos preparados por legisladores de diversas fuerzas, desde
2002 a la fecha.

Pero nosotros no hemos cambiado al respecto: seguimos considerando la
reforma política un aspecto central de nuestra propuesta. Creemos que
la modernización de los partidos y de las prácticas electorales,
guiada por el ideal de la política representativa, eficaz,
participativa y transparente, será el punto de partida para recuperar
nuestras instituciones democráticas: paso indispensable para volver a
soñar con un país unido en su pluralidad, con un Estado nacional
creíble, con verdaderas metas de desarrollo. Por eso, durante este
año lucharemos en todos los foros de debate para sacar del cajón la
reforma político-electoral.

Hoy, la reforma es una verdadera tarea de reconstrucción, porque en
los últimos años se ha deteriorado el marco institucional de la
actividad política y la crisis de representación y credibilidad se ha
profundizado. Los partidos tradicionales están desmembrados, son poco
más que una "cáscara vacía" -como decía nuestra adversaria en la
provincia-, y por ello se han convertido en un peligro para la
gobernabilidad. Las reglas de juego electorales estables
prácticamente han desaparecido, ya que los presidentes de turno
cambian a su antojo y, según su circunstancial conveniencia, las
fechas y los sistemas para seleccionar candidatos. Las facultades
legislativas de los presidentes han avanzado hasta niveles nunca
antes conocidos. Y un galopante clientelismo, por medio de la
asignación discrecional de subsidios entre punteros y piqueteros ha
transformado el voto universal en una cuestión de aparato, sumisión y
financiamiento vía cajas negras estatales.

Por ello, creemos que el proceso reformista de la política tiene que
ponerse en marcha cuanto antes. También, con una política que todavía
se está reacomodando después de su más profunda crisis, somos
partidarios de una modernización amplia pero gradual y surgida de un
gran consenso nacional. No creemos ni en las soluciones mágicas que
luego fracasan por inaplicables, ni en las reformas unilaterales
realizadas por una mayoría circunstancialmente en el poder que las
diseña para beneficiarse, como sucedió en 1994. Los sistemas
políticos modernos son mecanismos complejos y delicados: tampoco
debemos caer, llevados por el entusiasmo, en el facilismo de querer
convertir nuestro sistema electoral en un objeto de cirugía mayor por
medio de una ley general. Estamos trabajando sobre la base de nueve
reformas que afectan al sistema político nacional, que deberían
debatirse y tratarse sucesivamente en diferentes proyectos de ley.
Además de otras tantas peleas que daremos en provincias y municipios.

Los desafíos inmediatos son dos: fortalecer nuestra democracia
representativa perfeccionando y adecuando sus leyes actuales (el
Código Electoral, y las respectivas leyes de partidos políticos,
internas partidarias, y de financiamiento de partidos y campañas
electorales) y, sobre todo, reformando los instrumentos y los
organismos de aplicación vigente. Con cuatro objetivos primarios en
la mira: recomponer la credibilidad y representatividad de los
partidos y sistemas electorales, lograr reglas de juego
transparentes, limitar los superpoderes presidenciales y eliminar el
clientelismo de nuestra vida política.

Las nueve leyes reformistas que proponemos son las siguientes:

Reafiliación a los partidos políticos. Sin depuración de los
padrones, no será posible mejorar la vida interna de los mismos.
Permitiendo que los afiliados antiguos mantengan su historia política
(confirmando su afiliación original) y eliminando a los "truchos"

Reforma de la "lista sábana". Hay que impedir las grandes listas
divorciadas de la gente. Nuestro proyecto es subdividir a los
distritos que, ahora y en el futuro, superen las veinte bancas en la
Cámara de Diputados. Para la provincia de Buenos Aires, proponemos
aplicar las actuales secciones electorales que se utilizan para
legisladores provinciales en los comicios para el Congreso nacional.
Y en la Capital, crear dos distritos: uno al sur y otro al norte de
la avenida Rivadavia (lo que permitirá representar mejor al Sur, hoy
relegado por los barrios más ricos).

Ley de internas partidarias. Tras el atropello que realizó el
justicialismo en 2002-3, debemos pensar en una nueva ley de amplio
consenso. Nuestra propuesta son los comicios obligatorios y
simultáneos pero restringidos al padrón de afiliados, para no
asfixiar a las nuevas fuerzas políticas. Hoy, abrir las internas sólo
perpetuaría a los grandes aparatos enquistados en el poder: somos
partidarios de las internas abiertas pero dentro de diez años.

Creación de un Organismo Electoral Independiente, y su consiguiente
reforma de la justicia electoral. La Argentina es el único país del
mundo donde las elecciones las organiza el Poder Ejecutivo y las
vigilan jueces federales sin competencia específica. Este sistema
funcionó milagrosamente entre 1983 y 2001, pero desde entonces está
al límite de su capacidad.

Nuestro proyecto es convertir a la actual Dirección Nacional
Electoral del Ministerio del Interior, que organiza el acto electoral
y sus escrutinios, en un organismo independiente (sin perder la
experiencia ganada), que también tenga capacidad de auditar y
detectar en tiempo real las violaciones a la legislación sobre
partidos y financiamiento, y no años después, como sucede ahora. Y
poner bajo jurisdicción de una cámara electoral transformada a los
jueces y fiscales electorales.

Esta reforma que proponemos, una de las más complejas, es clave para
lograr que las leyes se apliquen, que se hagan nuevas reformas y que
el sistema no se siga deteriorando.

Pena de cárcel para el desvío de fondos públicos para campañas
electorales. Este aspecto sigue ausente en nuestra legislación sobre
financiamiento ilegal de campañas, que apunta sólo al sector privado
e ignora la cuestión de las "cajas negras" (la denuncia de Gustavo
Beliz). Nuestro proyecto apunta a la identificación con
responsabilidad personal de los desvíos de fondos, con la
intervención de fiscales electorales.

Unificación de fechas electorales para legisladores nacionales.
Venimos enarbolando este proyecto desde hace tiempo y celebramos
coincidir con el oficialismo en este caso. Pero creemos que hay que
reformar el Código Electoral para fijar fechas fijas y dejar la
convocatoria en manos del presidente, y no de los gobernadores.

Limitación de los decretos de necesidad y urgencia. Nuestra propuesta
apunta a restringir su aplicación y dotar de mayor poder de
contrapeso al Poder Legislativo.

Voto electrónico para cargos nacionales. Independientemente de su
aplicación en elecciones provinciales -que apoyamos activamente-,
proponemos una ley que favorezca su aplicación para elecciones de
presidente y legisladores nacionales. Este sistema abarata costos
para los partidos jóvenes y minoritarios, en desventaja frente a las
grandes estructuras de fiscales de los partidos tradicionales.

Asimismo, además de estos proyectos reformistas en el nivel nacional
que defenderemos desde nuestras bancas, en todos los frentes daremos
batalla por otros temas que también harán a una mayor calidad de la
política federal, provincial y local: por la eliminación de la ley de
lemas en todo el país -la combatiremos en todas las provincias donde
esté vigente-, por la creación de escuelas de funcionarios, vitales
para que existan políticas de Estado, encontrando inspiración en el
Servicio Exterior de la Nación; y por control y transparencia del
gasto en la administración, Congreso y legislaturas, con publicidad
total de resultados financieros de cada una de las dependencias y
despachos en Internet.

Ya hemos presentado en el Congreso nacional seis de estos nueve
proyectos, y dentro de un mes los habremos presentado todos. Nuestro
compromiso con la reforma es absoluto y a las pruebas nos remitimos.
Y no dejaremos de bregar para que el proceso se ponga en marcha.
Creemos, como decíamos, que la reforma debe ser gradual y
consensuada, y por ello hemos preparado proyectos diferentes para
cada una de las áreas que necesitan ser repensadas. El tiempo
transcurrido ya ha demostrado que la coalición oficialista, que
circunstancialmente controla los diversos poderes del gobierno, no
está dispuesta a discutir sobre estos temas, o dejar que se discutan.
Eso no va a impedir que la demanda social por la reforma prospere,
tarde o temprano: si ellos no quieren escucharla, será una tarea
pendiente para nosotros.

Ricardo López Murphy es presidente de Recrear. Julio Burdman
pertenece al Centro de Estudios para la Nueva Mayoría.



http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=689448
LA NACION | 22.03.2005 | Página 17 | Opinión




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Amigos y simpatizantes de RECREAR:

Mas sobre reforma politica.

Les paso las ultimas novedades procedentes de RECREAR Pcia. de Bs. As.

Slds

Hector J. Gomez Riccardi

RECREAR V.L.

==========================================================

Adjunto al presente encontrarán tres anteproyectos de ley que la mesa
del  Diálogo Político enviara a la Legislatura provincial para su
tratamiento.
Uno de ellos es el cambio del sistema electoral actual por un 
D´Hont  sin piso. Sobre este punto en particular quiero aclararles
cual ha sido nuestra postura. Como sabrán nuestra propuesta  era
modificar el actual sistema Hare de cocientes para hacerlo mas
efectivo – aun mejorando las representación proporcional que ofrece
el D´Hont - .  En las reuniones de trabajo vimos que  las propuestas
de  aplicar el D´Hont era unánime , considerando  el  desastroso
sistema vigente,  optamos no  frenar el  impulso de cambio y sumarnos
a la iniciativa.  Ahora bien , si el proyecto " duerme en  la
legislatura"  , cosa muy probable,  evaluaremos la posibilidad de 
retomar el avance con nuestra propuesta.   Sobre los otros dos
proyectos  "iniciativa popular y consulta popular" no hemos
participado de las comisiones en donde han surgido, por lo que

estamos analizando los mismos.




Proyecto de Iniciativa Popular:

HONORABLE LEGISLATURA:

Someto a consideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto de
Ley tendiente a regular el instituto de Iniciativa Popular previsto
en el
artículo 67 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
La democracia es, como se conoce popularmente, la forma de
gobierno en donde el poder reside en el pueblo, definición que
connota que la
soberanía reside en la ciudadanía. Dicho Estado hace efectivo su
poder a
través de la sanción y ejecución de normas y resoluciones, las cuales
son
producto de los representantes que los ciudadanos de la nación han
escogido
para que ejerzan las funciones de gobierno.
Cuando es el pueblo el que delibera, decide y gobierna
hablamos de democracia directa. Esta forma de democracia solo ha
existido parcialmente en Atenas y en algunos cantones suizos,
imposibilitándose su uso por el crecimiento demográfico de las

ciudades y la dilatación resolutoria que esta metodología decisoria

trae aparejada.
Producto de estos motivos y otros, la forma más utilizada de
democracia es la indirecta o representativa, dónde el poder continúa
residiendo en el pueblo pero este elige representantes para que
gobiernen en nombre de toda la sociedad.
Así es como nuestra constitución establece como forma de
gobierno un régimen democrático y representativo, manifestando la
misma carta que "el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio

de sus representantes"
(Art. 22). Y coherentemente con ese principio establece en su Art. 37
que "Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos
políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que
se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y
obligatorio".
Nótese que en la forma de gobierno implementada la soberanía
reside en el pueblo, pero que ello no sería más que un eufemismo si
no existiera concreción de dicho principio. Y este principio se vuelve
cierto a partir del sufragio universal e igual, y es a través del mismo y de
sus dos atributos por donde pasa la justicia y legitimidad de la modalidad de
gobierno que nos hemos dado.
Como todos los habitantes son iguales ante la ley y por ende
todos poseen los mismos derechos y las mismas obligaciones, la
representación se vuelve vital para mantener la existencia del tipo de sistema
político otorgado por los constituyentes a esta nación.
Para llegar a la democracia representativa muchas son las
discusiones y batallas que se han dado. A pesar de ello, y habiendo
comprendido la mayoría del género humano, que la democracia
representativa es la forma más viable y legítima de expresión popular, esta ha sufrido
y sufre tensiones entre mandante y mandatario. Por lo tanto, procurando
acercar más el ejercicio del poder al pueblo se han incorporado las formas de
democracia semidirecta.
Considerando que el voto universal es un logro histórico e
irrenunciable y que la única manera de implementarlo es a través de
la democracia indirecta, pujamos porque el pueblo pueda plasmar sus
inquietudes u opiniones a través de estas herramientas y mantenga, así, con la cosa
pública una relación más estrecha, manifestando su voluntad mas
frecuentemente sin que esta esté totalmente remitida a escoger un representante.
La Constitución Nacional ha acogido este criterio reconociendo
es sus Art. 39 la iniciativa popular:"Los ciudadanos tienen el
derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados.
El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce
meses."....
En correspondencia con esta la Constitución Provincial en su
Art. 67 inc. 1 instituye también la misma figura: "Los electores
tienen el derecho de iniciativa para la presentación de proyectos de ley, con
excepción de los referidos a reforma constitucional, aprobación de tratados y
convenios, presupuesto, recursos, creación de municipios y de órganos
jurisdiccionales"...
La iniciativa popular es un procedimiento de democracia
semidirecta que establecen algunas constituciones por medio del cual
el pueblo está facultado para intervenir en la formación de las leyes.
Creemos que los mecanismos de democracia semidirecta son
indispensables si es que se quiere lograr una auténtica participación
de la ciudadanía en la vida política. Constituyen, además, una forma de
educación y elevación popular ya que el continuo tratamiento de temas específicos
por parte de la ciudadanía estimula en ella la preocupación por conocer
los temas fundamentales para lograr una mayor perfección de la sociedad.
Como consecuencia de lo manifestado y teniendo en cuenta lo
dispuesto por el Art. 211 de la Constitución Provincial, se propone
incorporar a la Ley Orgánica de las Municipalidades un capítulo destinado a
reconocerle los ciudadanos de los distintos municipios las mismas posibilidades
de participación ciudadana que en el ámbito provincial y nacional se
reconocen, y en la forma en que sus respectivos Consejos Deliberantes lo
reglamenten.
A diez años de la reforma Constitucional en la provincia de
Buenos Aires, creemos que la reglamentación del Art.67 es
eminentemente necesaria para brindar a los bonaerenses una participación más
activa, logrando que los preceptos constitucionales se concreten en derechos
con posibilidad de ser ejercidos.
El proyecto manifiesto aquí es fruto del consenso hallado a
través de la Mesa del Diálogo Provincial, la cual es un componente
del Programa Rector para la Reforma Política de la Provincia de Buenos
Aires. El mismo fue creado con el objeto de instrumentar un proceso de
transformación del sistema político provincial orientado a mejorar y transparentar
su funcionamiento.
Los fines de dicho Programa son, entre otros, mejorar la
calidad de las Instituciones, contribuir a reducir la brecha de
representatividad entre ciudadanos y representantes, la obtención de
un mayor control ciudadano, y la promoción de la participación ciudadana.
Establece el Decreto N° 1786 de creación del Programa
Rector para la Reforma Política que "las actividades que se realicen
durante su desarrollo garantizarán una participación amplia, efectiva,
crítica, creativa y respetuosa de las opiniones ajenas por parte del conjunto
del pueblo, de modo que se reflejen fielmente las concepciones en las que
hay concordancia, así como también los diferentes puntos de vista,
respecto a la reforma política que permitan por un lado, consolidar la democracia;
y por otro instrumentar un proceso de transformación del sistema político
provincial orientado a mejorar y transparentar su funcionamiento".
Así es que producto del consentimiento de los representantes de los
partidos políticos de la provincia reunidos en este ámbito y por las razones
expuestas solicitan la sanción del presente proyecto de Ley.

Dios Guarde de Vuestra Honorabilidad


LA PLATA,

EL HONORABLE SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONAN CON FUERZA DE,

L E Y

INICIATIVA POPULAR
Título I
Objeto y Finalidad

Artículo 1: Establécese el régimen que regula al instituto de
Iniciativa
Popular previsto en el artículo 67 de la Constitución de la Provincia
de
Buenos Aires.

Capítulo I

Del instituto de la Iniciativa Popular

Artículo 2: La Iniciativa Popular es el instituto por el cual los
electores presentan al Poder Legislativo proyectos de ley, con excepción de los
referidos a reforma constitucional, aprobación de tratados y
convenios,presupuesto, recursos, creación y/o supresión de municipios y de
órganos jurisdiccionales.

Título II
De la Iniciativa Popular

Artículo 3: Los electores de la Provincia de Buenos Aires, que se
encuentren habilitados para sufragar, podrán ejercer el derecho de Iniciativa
Popular para presentar proyectos de Ley ante cualquiera de las Cámaras de la
Legislatura Provincial.

Artículo 4: La Iniciativa Popular requerirá la firma de un número de
ciudadanos no inferior al 1,5 % (uno y medio por ciento) del total
del Padrón electoral utilizado en la elección inmediatamente anterior realizada
en la Provincia.
Cuando la materia de la Iniciativa Popular sea de alcance regional,
el requisito del porcentual se cumplirá considerando únicamente la lista
de electores del total de los distritos electorales que componen dicha
región, sin tener en cuenta la cantidad de distritos que prevé el párrafo
anterior.

Artículo 5: La Iniciativa Popular deberá presentarse por escrito y
contendrá:
a) La petición redactada en forma de proyecto de ley y en términos
claros;
b) Una exposición de motivos fundada;
c) Un escrito de presentación en dónde conste la elección de la
Cámara de origen; el plazo para la recolección de firmas, el que no deberá ser
mayor a doce (12) meses; nombre, apellido, número y tipo de documento, y
domicilio real del o los promotores de la iniciativa (los cuáles no podrán se
menos de tres); descripción de los gastos y origen de los recursos que se
ocasionen previo a presentar el proyecto de Iniciativa Popular.
d) Las planillas para la recolección de firmas serán bajo declaración
jurada. Las mismas deberán contener casilleros para la firma, la
aclaración del nombre, apellido, número y tipo de documento y domicilio real.
Toda planilla de recolección de firmas deberá contener un resumen impreso
del proyecto de ley presentado y la mención del o los promotores de la
iniciativa.
e) Estudio de la viabilidad económica del proyecto;

Artículo 6: La propuesta de convocatoria de adherentes a una
Iniciativa Popular deberá ser presentada ante la Junta Electoral de

la Provincia de Buenos Aires, por no menos de 3 (tres) electores que reúnan las
condiciones requeridas por el artículo 3; y la presentación deberá contener los
requisitos previstos por el artículo 5 de la presente Ley.
Las firmas de los promotores en el escrito de presentación
estarán certificadas por ante funcionario judicial o escribano
público.

Artículo 7: La Junta Electoral deberá expedirse sobre el cumplimiento
de los requisitos fijados en los artículos precedentes dentro de los diez
(10) días corridos posteriores a la presentación de la propuesta de
convocatoria de adherentes. Cumplidos los requisitos, la Junta dictará una resolución
oficializando la Iniciativa Popular, y designando los lugares en los
distintos partidos en que se lleve a cabo la recepción de adhesiones en los
cuáles los funcionarios de la misma certificarán las firmas. La Junta Electoral
podrá habilitar a otros funcionarios públicos a tales efectos, lo cuál
deberá hacerse saber en la misma resolución.

Artículo 8: La Junta Electoral, dentro de los veinte (20) días
corridos posteriores a la oficialización, deberá notificar al Poder Ejecutivo
y las Presidencias de ambas Cámaras del Poder Legislativo de la Provincia,
la puesta en marcha de la recepción de adhesiones a la Iniciativa Popular, y lo
dará a publicidad para conocimiento de la ciudadanía.

Artículo 9: Cumplido el plazo establecido para la recolección de las
firmas, las mismas deberán presentarse por el o los promotores, dentro de los
cinco (5) días siguientes ante la Junta Electoral, la que verificará por
los medios que considere adecuados la autenticidad de las firmas en un plazo no
mayor a los 20 (veinte) días hábiles, prorrogables por resolución fundada del
Tribunal con competencia electoral.

Cuando dicha verificación sea realizada mediante muestreo, el tamaño
del mismo no puede ser inferior al 0,5 % (cero coma cinco por ciento) de las
firmas presentadas. En caso de impugnación de firma, acreditada la falsedad,
se desestimará la misma del cómputo de firmas para el proyecto de
Iniciativa Popular. Sin perjuicio de las demás acciones penales a que diere
lugar, la planilla de adhesiones es documento público. En caso de verificarse
que el 5 % (cinco por ciento) o más de las firmas presentadas sean falsas, se
desestimará el proyecto de Iniciativa Popular.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, podrán
certificar la autenticidad de las firmas todos los autorizados por la normativa
electoral vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 10: La Iniciativa Popular deberá ser presentada ante la Mesa
de Entradas de la Cámara propuesta por los promotores como originaria.
En caso de no haberse efectuado la opción, la Junta Electoral determinará por
sorteo la Cámara de origen. La Comisión que le dé tratamiento, en un plazo de
20 (veinte) días hábiles deberá dictaminar sobre la admisibilidad formal
de la iniciativa, debiendo intimar a los promotores a subsanar los defectos
formales en los que se hubiese incurrido. Cumplido el dictamen, el proyecto de
ley continuará con el trámite previsto por el reglamento de la
Legislatura provincial.

Artículo 11: El rechazo del proyecto de Iniciativa Popular, no
admitirá recurso alguno.

Artículo 12: La Legislatura deberá sancionar o rechazar todo proyecto
de Ley de Iniciativa Popular dentro del plazo de 12 (doce) meses.

Habiendo transcurrido el plazo de 11 (once) meses de estado
parlamentario sin que el proyecto tenga despacho de comisión, el Presidente debe
incluirlo en el orden del día de la sesión ordinaria siguiente.

Artículo 13: Reuniendo el proyecto de ley de Iniciativa Popular la
firma de más del 15 % (quince por ciento) del electorado y habiendo
transcurrido 12 (doce) meses sin que la Legislatura haya tratado el proyecto, el
Poder Ejecutivo deberá por Decreto convocar a Consulta Popular.

Artículo 14: Queda prohibido aceptar o recibir para el financiamiento
de todo proyecto de ley que se impulse mediante la Iniciativa Popular:

a) Aportes privados anónimos, con excepción de lo producido por
colectas populares para las que la contribución máxima autorizada será de
pesos cincuenta ($ 50) por persona.
b) Aportes de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales o
provinciales; sociedades anónimas con participación estatal; empresas
concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias
y/o municipios.
c) Aportes de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de
azar.
d) Aportes de gobiernos o entidades extranjeras con fines de lucro.
e) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales,
patronales, profesionales, o cámaras empresariales.
f) Aportes de iglesias o entidades vinculadas a diferentes cultos.
g) Contribuciones superiores a pesos treinta mil pesos ($ 30.000).


Artículo 15: Incorporase como Capítulo XVI de la Ley Orgánica de las
Municipalidades -Decreto-Ley 6769/58- el siguiente:

CAPÍTULO XVI
DE LAS FORMAS DE DEMOCRACIA SEMI-DIRECTA

Artículo 287: Se reconoce como instituto de democracia semidirecta en
el ámbito de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, de
conformidad con
lo dispuesto en los artículos 67° y 211° de la Constitución
Provincial, el derecho de Iniciativa Popular.

Artículo 288: Los electores que se encuentren inscriptos en el padrón
electoral del distrito y los que se encuentran inscriptos en el
padrón de extranjeros, a la fecha de la presentación que se trate, podrán
ejercer el derecho de Iniciativa Popular para la presentación de proyectos de
Ordenanza ante el Departamento Deliberativo.

Artículo 289: La Iniciativa Popular requerirá la firma de un número
de ciudadanos no inferior al 1,5 % (uno y medio por ciento) del total
del Padrón electoral utilizado en la elección inmediatamente anterior realizada
en el distrito para cargos municipales.

Artículo 290: La Iniciativa Popular deberá presentarse por escrito y
contendrá:

a) La petición redactada en forma de proyecto de Ordenanza y en
términos claros;
b) Una exposición de motivos fundada;
c) Un escrito de presentación en dónde conste el plazo para la
recolección de firmas, el que no deberá ser mayor a doce (12) meses;
nombre, apellido, número y tipo de documento, y domicilio real del o los
promotores de la iniciativa (los cuáles no podrán se menos de tres); descripción de
los gastos y origen de los recursos que se ocasionen previo a presentar
el proyecto de Iniciativa Popular.
d) Las planillas para la recolección de firmas serán bajo declaración
jurada. Las mismas deberán contener casilleros para la firma, la
aclaración del nombre, apellido, número y tipo de documento y domicilio real.
Toda planilla de recolección de firmas deberá contener un resumen impreso
del proyecto de Ordenanza presentado y la mención del o los promotores de
la iniciativa.
e) Estudio de la viabilidad económica del proyecto;

Artículo 291: La propuesta de convocatoria de adherentes a una
Iniciativa Popular deberá ser presentada ante la Junta Electoral de la Provincia
de Buenos Aires, por no menos de 3 (tres) electores que reúnan las
condiciones requeridas por el artículo 288; y la presentación deberá contener los
requisitos previstos por el artículo 290 de la presente Ley.
Las firmas de los promotores en el escrito de presentación estarán
certificadas por ante funcionario judicial o escribano público.

Artículo 292: La Junta Electoral deberá expedirse sobre el
cumplimiento de los requisitos fijados en los artículos precedentes

dentro de los diez (10) días corridos posteriores a la presentación de

la propuesta de convocatoria de adherentes. Cumplidos los requisitos,

la Junta dictará una resolución oficializando la Iniciativa Popular, y

designando los lugares, dentro del partido, en los que se lleve a cabo

la recepción de adhesiones en los cuáles los funcionarios de la misma

certificarán las firmas. La Junta Electoral podrá habilitar a otros

funcionarios públicos a tales efectos, lo cuál deberá
hacerse saber en la misma resolución.

Artículo 293: La Junta Electoral, dentro de los veinte (20) días
corridos posteriores a la oficialización, deberá notificar al Departamento
Ejecutivo y Deliberativo de la municipalidad del partido donde se ha propuesto la
Iniciativa Popular, al Poder Ejecutivo y las Presidencias de ambas
Cámaras del Poder Legislativo de la Provincia, la puesta en marcha de la
recepción de adhesiones, y lo dará a publicidad para conocimiento de la ciudadanía.

Artículo 294: Cumplido el plazo establecido para la recolección de
las firmas, las mismas deberán presentarse por el o los promotores, dentro de los
cinco (5) días siguientes ante la Junta Electoral, la que verificará por
los medios que considere adecuados la autenticidad de las firmas en un plazo no
mayor a los 20 (veinte) días hábiles, prorrogables por resolución fundada del
Tribunal con competencia electoral.

Cuando dicha verificación sea realizada mediante muestreo, el tamaño
del mismo no puede ser inferior al 0,5 % (cero coma cinco por ciento) de las
firmas presentadas. En caso de impugnación de firma, acreditada la falsedad,
se desestimará la misma del cómputo de firmas para el proyecto de
Iniciativa Popular. Sin perjuicio de las demás acciones penales a que diere
lugar, la planilla de adhesiones es documento público. En caso de verificarse
que el 5 % (cinco por ciento) o más de las firmas presentadas sean falsas, se
desestimará el proyecto de Iniciativa Popular.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, podrán
certificar la autenticidad de las firmas todos los autorizados por la normativa
electoral vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 295: Alcanzado el porcentaje exigido, la Junta Electoral así
lo declarará y remitirá la Iniciativa Popular al Concejo Deliberante,
notificando al Departamento Ejecutivo. En caso de que no alcanzare el porcentaje,
la Junta Electoral dictará resolución declarando inválida la iniciativa
impulsada, notificando a las autoridades municipales. En ambos casos se
notificará al Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras Legislativas de la Provincia.

Artículo 296: El rechazo del proyecto de Iniciativa Popular, no
admitirá recurso alguno.

Artículo 297: El proyecto de Ordenanza deberá tener ingreso por el
Departamento Deliberativo, debiéndosele dar expreso tratamiento
dentro del término de 12 (doce) meses a partir de su presentación. Ingresado el
proyecto, el mismo tramitará de conformidad al procedimiento establecido en
cada Distrito para la sanción de las Ordenanzas.
Quedan excluidos de este sistema los proyectos de Ordenanzas
referidos a la aprobación de convenios, cuestiones presupuestarias y recursos.

Artículo 298: Reuniendo el proyecto de ley de Iniciativa Popular la
firma de más del 15 % (quince por ciento) del electorado y habiendo
transcurrido 12 (doce) meses sin que el Departamento Deliberativo haya tratado el
proyecto, el Departamento Ejecutivo deberá por Decreto convocar a Consulta Popular.

Artículo 299: Queda prohibido aceptar o recibir para el
financiamiento de todo proyecto de Ordenanza que se impulse mediante la

Iniciativa Popular:

h) Aportes privados anónimos, con excepción de lo producido por
colectas populares para las que la contribución máxima autorizada será de
pesos cincuenta ($ 50) por persona.
i) Aportes de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales o
provinciales; sociedades anónimas con participación estatal; empresas
concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias
y/o municipios.
j) Aportes de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de
azar.
k) Aportes de gobiernos o entidades extranjeras con fines de lucro.
l) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales,
patronales,profesionales, o cámaras empresariales.
m) Aportes de iglesias o entidades vinculadas a diferentes cultos.
n) Contribuciones superiores a pesos treinta mil pesos ($ 30.000).

Proyecto de Consulta Popular:


HONORABLE LEGISLATURA

Someto a consideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley
tendiente a regular el derecho a la consulta popular, previsto en el
Art. 67 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
Esta institución es aquella mediante la cual se realiza una pregunta
de carácter general sobre un asunto de trascendencia provincial y/o
local, que el gobernador o intendente, según el caso, somete a consideración del
pueblo para que este se pronuncie formalmente al respecto.
Usualmente para designar el proceso de consulta popular se
utiliza las palabras referéndum o plebiscito. Respecto de ambos se
puede decir que pertenecen a los llamados procedimientos de democracia directa
que son las disposiciones constitucionales y legales que otorgan a la ciudadanía
la facultad de participar en la toma de decisiones públicas colectivas
al margen de los órganos de gobierno o en colaboración con ellos, según el
caso. Estos mecanismos también son denominados formas de democracia semidirecta.
Plebiscito proviene del latín plebiscitum término con el que
se denominaba la ley que la plebe establecía en la antigua Roma a
propuesta de su Tribuno. Actualmente con este concepto se alude al procedimiento
de convocar al cuerpo electoral para que ratifique o rectifique una
decisión política.
El referéndum, por su parte, es en pronunciamiento del cuerpo
electoral sobre un texto legislativo, o sobre cualquier aspecto que
se refiera a la normatividad jurídica. Los tipos de referéndum empleados en la
experiencia internacional son: a) el referéndum consultivo, cuyo
resultado es,tomado como una simple encuesta de opinión, que puede o no tener
consecuencias jurídicas y que se diferencia del plebiscito por la materia o el
contenido;

 b) el referéndum obligatorio, requerido para implementar una ley o una
reforma constitucional; y

c) el referéndum vinculante, cuya convocatoria no es
obligatoria pero cuyos resultados tienen efectos jurídicos.
Sabido es que la democracia directa es imposible en la práctica por
ello la democracia representativa, es hoy, la base fundamental de
nuestrademocracia. Sin embargo a partir de fuertes críticas que fueran
desarrolladas
se incorporaron en las reformas constitucionales tanto, de la Nación
como de la provincia de Buenos Aires, las instituciones de democracia
semidirecta que de alguna manera han permitido oxigenarla.

Así, la Constitución Nacional reconoce la consulta popular es su Art.
40 estableciendo lo siguiente:
"El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a
consultapopular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser
vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá
en ley y su promulgación será automática.
El Congreso o el Presidente de la Nación, dentro de sus respectivas
competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En
este caso el voto no será obligatorio.
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y
oportunidad de la consulta popular".

Como antecedente nacional se puede mencionar el decreto 2274/84, en
virtud del cual se convocó a nuestra ciudadanía a consulta no
vinculante, acerca del conflicto con Chile en la zona del canal de Beagle.

Por su parte, la Carta Magna Provincial acoge el principio de
consulta popular en su Art. 67 incs. 2, 3, y 4:
"2. Todo asunto de especial trascendencia para la Provincia, podrá
ser sometido a consulta popular por la Legislatura o por el Poder
Ejecutivo, dentro de las respectivas competencias. La consulta podrá ser
obligatoria y vinculante por el voto de la mayoría absoluta del total de los
miembros de cada Cámara.
3. Todo proyecto de ley podrá ser sometido a consulta popular, para
su ratificación o rechazo, por el voto de la mayoría absoluta del total
de los miembros de cada Cámara. Ratificado el proyecto se promulgara como
ley en forma automática.
4. La ley reglamentaria establecerá las condiciones, requisitos,
materias y procedimientos que regirán para las diferentes formas de consulta
popular. "

Como expresamos supra, la democracia representativa es la base
fundamental de la democracia contemporánea pero, sin dejar ésta de
lado se le añaden a la misma nuevas instituciones, como es la consulta popular,
que la perfecciona y la trasforma en una democracia más plena, mas
participativa.
Así, la participación ciudadana representa la posibilidad de corregir
los desequilibrios de la representación política y social.

Considerando que la democracia participativa es una fase superior de
la democracia representativa en la evolución de la democracia creemos
que a través de la consulta popular los ciudadanos pueden expresarse
convirtiéndose así en agentes políticos directos, al margen, pero junto a la acción
política de los partidos políticos. La participación es en una democracia la
pieza fundamental y la representación no ha opacado en la misma tal
característica, puesto que el régimen es participativo en su origen, esto es, al
momento del sufragio.
Allí donde hayan de tomarse decisiones que afecten a la colectividad,
la participación ciudadana se convierte en el mejor y más legítimo
método para hacerlo, garantizando el autogobierno colectivo y, por ende,
aumentando la gobernabilidad.
La participación es un valor clave de la democracia. Y esa posición
se legitima en relación con tres conjuntos de efectos positivos.
Primero, la participación crea hábitos interactivos y esferas de deliberación
pública que resultan claves para la consecución de individuos autónomos. Segundo,
la participación hace que la gente se haga cargo, democrática y
colectivamente, de decisiones y actividades sobre las cuales es importante ejercer un
control dirigido al logro del autogobierno y al establecimiento de
estabilidad y gobernabilidad. Tercero, la participación tiende, igualmente, a crear
una sociedad civil con fuertes y arraigados lazos comunitarios creadores
de identidad colectiva, esto es, generadores de una forma de vida
específica construida alrededor de categorías como bien común y pluralidad.
Para que los principios de democracia e igualdad no sean solo
declaraciones formales y porque creemos que la democracia debe ser sustancial es
necesario incorporar formas de democracia semidirectas ante los avatares
sufridos por la democracia representativa. En ese sentido, el Gobierno de la
provincia de Buenos Aires sancionó el Decreto n° 1786 en el que estableció la
creación del Consejo de Reforma Política de la provincia de Buenos Aires y el
Programa Rector para la Reforma Política.
El Programa Rector se instituyó con el objeto de instrumentar un
proceso de transformación del sistema político provincial orientado a mejorar y
transparentar su funcionamiento.
El primer componente que contempla el Programa Rector para la Reforma
Políticapara su implementación es el de la creación de la "Mesa del Diálogo
para la Reforma Política de la Provincia de Buenos Aires" que tiene por
objeto facilitar canales de participación y deliberación a todos los actores
de la sociedad en el territorio de la Provincia, como así también, generar
mecanismos efectivos de diálogo entre los actores políticos, sociales
y los partidos políticos que permitan la construcción de consensos en torno
a las metas y alcances de la reforma, posibilitando que toda la ciudadanía
conozca las características del proceso y tome conocimiento de sus contenidos
específicos.
El proyecto manifiesto aquí es fruto del consenso hallado a través de
la Mesa del Diálogo Provincial, la cual posibilitó la puesta en práctica de
las virtudes más loables de una democracia como son la discusión, la
deliberación y la tolerancia a la diversidad de opinión.
Es así que producto del consentimiento de los representantes de los
partidos políticos de la Provincia reunidos en este ámbito y por las razones
expuestas solicitan la sanción del presente proyecto de Ley.

Dios guarde de vuestra honorabilidad.

LA PLATA,

EL HONORABLE SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONAN CON FUERZA DE,


L E Y

CONSULTA POPULAR

Título I
Objeto y Finalidad

Artículo 1: Establécese el régimen que regula al Instituto de
Consulta Popular
previsto en el artículo 67 de la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires.

Capítulo I

Del instituto de la Consulta Popular

Artículo 2: La Consulta Popular es el instituto por el cual el Poder
Legislativo o el Poder Ejecutivo, requieren la opinión del electorado
sobre decisiones de sus respectivas competencias. El voto puede ser
obligatorio o no y el resultado vinculante o no.

Título II
De la Consulta Popular

Artículo 3: La convocatoria a Consulta Popular deberá contener:
a) la decisión puesta a consideración del electorado;
b) la pregunta que ha de responder el electorado, formulada de manera
afirmativa;
c) la fecha en la que se realizará la Consulta Popular;
d) el carácter de obligatorio o no del voto y -por ende- de
vinculante o no del resultado.

Capítulo I
De la Consulta Popular vinculante

Artículo 4: La convocatoria a Consulta Popular vinculante deberá
tratarse en una sesión especial de la Legislatura y ser aprobada con el voto de
la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara.

Artículo 5: El Poder Ejecutivo si desea darle carácter de obligatoria
y vinculante a su consulta deberá remitirla a cualquiera de las Cámaras
para que la Legislatura le de tratamiento y proceda a su aprobación, para la
que se requerirá la mayoría expresada en el artículo anterior. En el caso
que fuera aprobada por mayoría simple, el Poder Ejecutivo podrá realizar la
misma con el carácter de no obligatoria ni vinculante.

Artículo 6: El proyecto de Consulta Popular al que se le haya
otorgado carácter de obligatorio y vinculante, que fuese aprobado por simple
mayoría, sin reunir las mayorías aludidas en el artículo cuarto, producirá
efectos como consulta no obligatoria ni vinculante. En este caso y de acuerdo con
la votación realizada en la Cámara que corresponda se procederá a la
adecuación pertinente al discutirse el proyecto.

Artículo 7: La Consulta Popular que se tramite ante la Legislatura
Provincial, una vez aprobada por la Cámara de origen pasará a la otra para su
tratamiento, y si esta también lo aprueba, se considerará promulgada
automáticamente y sepublicará por el Presidente de la última Cámara que lo hubiese
aprobado.
La Consulta Popular se regirá subsidiariamente por las disposiciones
pertinentes para la formación de las leyes.

Artículo 8: Cumplido el trámite en la Legislatura Provincial se
comunicará al Poder Ejecutivo con la aclaración de si reúne o no el carácter de
obligatoria y vinculante, quien deberá convocar al electorado de la Provincia
para que se expida sobre la consulta.

Artículo 9: En todo asunto o proyecto de ley sometido a Consulta
Popular vinculante, el voto del electorado será obligatorio conforme a la
normativa electoral vigente.

Artículo 10: Toda Consulta Popular vinculante será válida y eficaz
cuando los votos emitidos superen el 50 % (cincuenta por ciento) del total de
votos válidos emitidos en la elección inmediatamente anterior realizada en
la provincia. A estos efectos serán tenidos en cuenta los votos en
blanco.

Artículo 11: Cuando una Consulta Popular vinculante obtenga la
mayoría de los votos afirmativos, se convertirá automáticamente en Ley, la que
deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires
dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la proclamación del resultado
del comicio por la autoridad electoral.
Cuando una Consulta Popular vinculante obtenga un resultado negativo,
no podrá ser reiterada sino después de haber transcurrido un lapso de 2 (dos)
años desde la realización de la consulta. Tampoco podrá repetirse la
consulta durante el mismo lapso.

Artículo 12: El Poder Legislativo mediante una ley especial podrá
someter a Consulta Popular vinculante todo proyecto de ley para su

ratificación o rechazo por el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros
de cada Cámara.

Artículo 13: No podrán ser materia de Consulta Popular vinculante los
proyectos referidos a reforma constitucional, aprobación de tratados
o convenios, presupuesto, creación y/o supresión de municipios y
órganos jurisdiccionales.

Artículo 14: Ratificado el proyecto se promulgará en forma automática
y su publicación deberá ordenarse por el Presidente de la Cámara que
hubiese prestado sanción definitiva a la ley especial de consulta. Se
consideraráratificado el proyecto cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 10 de la presente. En caso de que el mismo no sea ratificado
no podrá ser tratado nuevamente por la Legislatura dentro de un lapso de 2
(dos) años desde la realización de la consulta. Tampoco podrá repetirse la
consulta durante el mismo lapso.

Artículo 15: El tratamiento de todo proyecto de ley especial sobre
Consulta Popular vinculante se regirá por las disposiciones de los artículos
8, 9, 10 y 11 de la presente.


Capítulo II
De la Consulta Popular no vinculante

Artículo 16: Puede ser sometido a Consulta Popular no vinculante,
todo asunto y/o proyecto de ley de interés general para la Provincia, mediante la
decisión de cualquiera de las Cámaras, la cual deberá ser aprobada
por el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes en ella. En
este tipo de Consulta, el voto del electorado no será obligatorio.

Artículo 17: Puede ser sometido a Consulta Popular no vinculante,
todo asunto de especial trascendencia para la Provincia, mediante decreto
decidido en acuerdo general de Ministros del Poder Ejecutivo provincial y
refrendado por todos ellos. En este tipo de Consulta, el voto del electorado no será
obligatorio.

Artículo 18: Cuando un proyecto de Ley sometido a Consulta Popular no
vinculante, obtenga el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los
votos válidos emitidos, deberá ser tratado por la Legislatura provincial,
quedando automáticamente incorporado al plan de labor parlamentaria de la
Cámara de Diputados de la sesión siguiente a la fecha de proclamación del
resultado del comicio por la autoridad electoral.


Capítulo III
De las disposiciones comunes

Artículo 19: La Ley o el decreto de convocatoria a Consulta Popular
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires,
en aquellos medios que garanticen su difusión en la Provincia.

Dictada la convocatoria, todos los puntos sometidos a Consulta
Popular deberán difundirse en forma clara y objetiva.

Artículo 20: Los partidos políticos reconocidos, estarán facultados
para realizar campañas de propaganda exponiendo su posición con relación
al asunto de la Consulta, conforme a las normas que regulan la materia.
Asimismo, los partidos políticos podrán designar Fiscales que participen del acto
eleccionario, para lo cual deberán atenerse a las previsiones de la
Ley 5.109 y sus modificatorias.

Artículo 21: La Consulta Popular deberá realizarse dentro de un plazo
no
inferior a 60 (sesenta) días y no superior a 120 (ciento veinte) días
corridos
desde la fecha de publicación de la Ley o decreto de convocatoria en
el
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 22: Serán de aplicación supletoria a las consultas
convocadas
conforme los procedimientos establecidos en esta Ley, la normativa
electoral
vigente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en tanto no se
oponga a
la presente.

El Tribunal con competencia electoral de la Provincia de Buenos Aires
intervendrá en todo lo relativo al comicio.

Artículo 23: Incorporase como Capítulo XVI de la Ley Orgánica de las
Municipalidades -Decreto-Ley 6769/58- el siguiente:

CAPÍTULO XVI
DE LAS FORMAS DE DEMOCRACIA SEMI-DIRECTA

Artículo 300: Se reconoce como instituto de democracia semidirecta en
el
ámbito de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, de
conformidad con
lo dispuesto en los artículos 67° y 211° de la Constitución
Provincial, el
derecho de Consulta Popular.

Artículo 301: Dentro de sus respectivas competencias, el Departamento
Ejecutivo y el Departamento Deliberativo, podrán someter a Consulta
Popular
todo asunto que se considere de trascendencia para el Municipio.

Artículo 302: La convocatoria a Consulta Popular deberá contener:
e) la decisión puesta a consideración del electorado;
f) la pregunta que ha de responder el electorado, formulada de manera
afirmativa;
g) la fecha en la que se realizará la Consulta Popular;
h) el carácter de obligatorio o no del voto y -por ende- de
vinculante o
no del resultado.

De la Consulta Popular vinculante

Artículo 303: La convocatoria a Consulta Popular vinculante deberá
tratarse en
una sesión especial del Concejo Deliberante y ser aprobada con el
voto de la
mayoría absoluta del total de los miembros integrantes del mismo.

Artículo 304: El Departamento Ejecutivo si desea darle carácter de
obligatoria
y vinculante a su consulta deberá remitirla al Concejo Deliberante
para que
éste le de tratamiento y proceda a su aprobación, para la que se
requerirá la
mayoría expresada en el artículo anterior. En el caso que fuera
aprobada por
mayoría simple, el Departamento Ejecutivo podrá realizar la misma con
el
carácter de no obligatoria ni vinculante.

Artículo 305: El proyecto de Consulta Popular al que se le haya
otorgado
carácter de obligatorio y vinculante, que fuese aprobado por simple
mayoría,
sin reunir las mayorías aludidas en el artículo 303, producirá
efectos como
consulta no obligatoria ni vinculante. En este caso y de acuerdo con
la
votación realizada en el Concejo Deliberante se procederá a la
adecuación
pertinente al discutirse el proyecto.

Artículo 306: Cumplido el trámite en el Concejo Deliberante se
comunicará al
Departamento Ejecutivo con la aclaración de si reúne o no el carácter
de
obligatoria y vinculante, quien deberá convocar al electorado del
distrito
para que se expida sobre la consulta.

Artículo 307: En todo asunto o proyecto de Ordenanza sometido a
Consulta
Popular vinculante, el voto del electorado será obligatorio conforme
a la
normativa electoral vigente.

Artículo 308: Toda Consulta Popular vinculante será válida y eficaz
cuando los
votos emitidos superen el 50 % (cincuenta por ciento) del total de
votos
válidos emitidos en la elección inmediatamente anterior realizada en
el
distrito. A estos efectos serán tenidos en cuenta los votos en blanco.

Artículo 309: Cuando una Consulta Popular vinculante obtenga la
mayoría de los
votos afirmativos, se convertirá automáticamente en Ordenanza, la que
deberá
ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires
dentro de
los 10 (diez) días hábiles posteriores a la proclamación del
resultado del
comicio por la autoridad electoral.
Cuando una Consulta Popular vinculante obtenga un resultado negativo,
no podrá
ser reiterada sino después de haber transcurrido un lapso de 2 (dos)
años
desde la realización de la consulta. Tampoco podrá repetirse la
consulta
durante el mismo lapso.

Artículo 310: El Departamento Deliberativo mediante una Ordenanza
especial
podrá someter a Consulta Popular vinculante todo proyecto de
Ordenanza para su
ratificación o rechazo por el voto de la mayoría absoluta del total
de los
miembros integrantes del Concejo Deliberante.

Artículo 311: No podrán ser materia de Consulta Popular vinculante
los
proyectos de Ordenanza referidos a la aprobación de convenios,
cuestiones
presupuestarias, recursos y los originados mediante Iniciativa
Popular.

Artículo 312: Ratificado el proyecto se promulgará en forma
automática y se
publicará por el Presidente del Concejo Deliberante. Se considerará
ratificado
el proyecto cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 308
de la presente. En caso de que el mismo no sea ratificado no podrá
ser tratado
nuevamente por el Concejo Deliberante dentro de un lapso de 2 (dos)
años desde
la realización de la consulta. Tampoco podrá repetirse la consulta
durante el
mismo lapso.

Artículo 313: El tratamiento de todo proyecto de Ordenanza especial
sobre
Consulta Popular vinculante se regirá por las disposiciones de los
artículos,
306, 307, 308 y 309 de la presente.

De la Consulta Popular no vinculante

Artículo 314: Puede ser sometido a Consulta Popular no vinculante,
todo asunto
y/o proyecto de Ordenanza de interés general para el Municipio,
mediante la
decisión del Concejo Deliberante, la cual deberá ser aprobada por el
voto de
la mayoría absoluta de los miembros presentes en ella. En este tipo
de
Consulta, el voto del electorado no será obligatorio.

Artículo 315: Puede ser sometido a Consulta Popular no vinculante,
todo asunto
de especial trascendencia para el Municipio, mediante Decreto del
Departamento
Ejecutivo. En este tipo de Consulta, el voto del electorado no será
obligatorio.

Artículo 316: Cuando un proyecto de Ordenanza sometido a Consulta
Popular no
vinculante, obtenga el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los
votos
válidos emitidos, deberá ser tratado por el Concejo Deliberante.

De las disposiciones comunes

Artículo 317: La Ordenanza o el Decreto de convocatoria a Consulta
Popular
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de
Buenos Aires y
en aquellos medios que garanticen su difusión en el Municipio.

Dictada la convocatoria, todos los puntos sometidos a Consulta
Popular deberán
difundirse en forma clara y objetiva.

Artículo 318: Los partidos políticos reconocidos, estarán facultados
para
realizar campañas de propaganda exponiendo su posición con relación
al asunto
de la Consulta, conforme a las normas que regulan la materia.
Asimismo, los
partidos políticos podrán designar Fiscales que participen del acto
eleccionario, para lo cual deberán atenerse a las previsiones de la
Ley 5.109
y sus modificatorias.

Artículo 319: La Consulta Popular deberá realizarse dentro de un
plazo no
inferior a 60 (sesenta) días y no superior a 120 (ciento veinte) días
corridos
desde la fecha de publicación de la Ordenanza o Decreto de
convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 320: Serán de aplicación a las consultas convocadas conforme
los
procedimientos establecidos en esta Ley, la normativa electoral
vigente en el
ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en tanto no se oponga a la
presente.

El Tribunal con competencia electoral de la Provincia de Buenos Aires
intervendrá en todo lo relativo al comicio.


Proyecto de Ley Sistema Electoral

HONORABLE LEGISLATURA:

Someto a consideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto
de Ley tendiente a modificar la fórmula electoral utilizada en la
Provincia
de Buenos Aires, plasmada en los artículos 109 y 110 de su
correspondiente
Ley Electoral Nº 5109 y la sustitución de la misma por el método
D´Hondt.
Este proyecto de ley no pretende poner en discusión el sistema
electoral
vigente en la Provincia El concepto de sistema electoral hace
referencia a
distintos métodos usados para elegir autoridades Ejecutivas y
legislativas en
los países donde se aplica el régimen democrático representativo.
El criterio que mejor define a qué tipo básico pertenece tal o cual
sistema electoral es fundamentalmente el principio de representación
al cual
aspira (principio mayoritario y/o principio de proporcionalidad).
El principio acogido por la constitución provincial en el art. 60 es
el de la
proporcionalidad. : "La proporcionalidad de la representación será la
regla en
todas las elecciones populares para integrar cuerpos colegiados, a
fin de dar
a cada opinión un número de representantes proporcional al número de
sus
adherentes, según el sistema que para la aplicación de este principio
determine la ley." Los sistemas de representación proporcional (como
los de
representación proporcional por lista, representación proporcional
personalizada, voto único transferible) son aquellos en los cuales
los cargos
se reparten de manera proporcional entre los partidos de acuerdo a su
caudal
electoral.
Este sistema de representación ha adquirido en nuestra provincia
jerarquía constitucional y por ende es inmodificable a través de una
ley. Lo
que se pretende modificar es la fórmula electoral, es decir, el
método o
fórmula matemática por medio del cual los votos se transforman en
bancas.
La fórmula elegida y utilizada, en la actualidad, es la del cociente
electoral. Por medio de esta se establece un cociente electoral o
cuota mínima
de votos que los partidos deben superar para participar en la
asignación de
las bancas. Este cociente se obtiene dividiendo la totalidad de los
votos
válidos por un determinado divisor. Superado este número, los
partidos
políticos reciben tantas bancas como veces quepa el cociente
electoral en el
número de votos obtenidos.
En el sistema electoral vigente, y con la utilización del cuociente,
encontramos que hay secciones electorales de la provincia de Buenos
Aires que
están sub. y sobre representadas, así como también que en las
secciones
electorales "chicas" -en relación a la cantidad de candidatos que se
eligen-
el cuociente electoral afecta a las minorías.
Creemos que la modificación de los mencionados artículos, con la
correspondiente substitución de fórmulas colaboraría a paliar estos
problemas.
En su Art. 61 la ley electoral establece que: "la Legislatura dictará
la ley electoral, ésta será uniforme para toda la Provincia "..
La modificación pretendida consta de cambiar el sistema utilizado
actualmente por la formula electoral D´Hondt. La misma utiliza una
serie de
divisores que va desde el número uno hasta aquel otro número por el
que la
suma total alcance a ser divisible. Esta serie se utiliza para
dividir
consecutivamente la cantidad total de votos obtenidos por cada
partido. La
asignación de las bancas se efectúa de acuerdo a los mayores
resultados
obtenidos tras las divisiones realizadas y hasta completar la
cantidad de
bancas disponibles.
Para tal modificación se requiere que la legislatura dicte la ley
correspondiente.
Somos concientes de que la modificación del Régimen electoral
requerirá de modificaciones estructurales más profundas pero es
preciso
señalar que la reforma política es un tema dinámico y que está
forzado a la
sucesión de distintas reformas legales que se ajusten a las
necesidades
concretas de nuestra provincia
El proyecto manifiesto aquí es fruto del consenso unánime hallado a
través de la Mesa del Diálogo Provincial. Ésta es un componente del
Programa
Rector para la Reforma Política de la Provincia de Buenos Aires el
cual fue
creado con el objeto de instrumentar un proceso de transformación del
sistema
político provincial orientado a mejorar y transparentar su
funcionamiento.
Los fines de dicho Programa son, entre otros, mejorar la calidad de
las Instituciones, contribuir a reducir la brecha de
representatividad entre
ciudadanos y representantes, la obtención de un mayor control
ciudadano, y la
promoción de la participación ciudadana.
La Mesa del Diálogo tiene por objeto facilitar canales de
participación y deliberación a todos los actores de la sociedad en el
territorio de la Provincia, como así también, generar mecanismos
efectivos de
diálogo entre los actores políticos, sociales y los partidos
políticos que
permitan la construcción de consensos en torno a las metas y alcances
de la
reforma, posibilitando que toda la ciudadanía conozca las
características del
proceso y tome conocimiento de sus contenidos específicos.
Así es que producto del consentimiento de los representantes de los
partidos
políticos de la provincia reunidos en este ámbito y por las razones
expuestas
solicitan la sanción del presente proyecto de Ley.

Dios Guarde de Vuestra Honorabilidad


La Plata,


El Honorable Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires
sancionan con fuerza de:

LEY

ARTÍCULO 1º: Modificase los artículos 109, 110, 111 y 121 de la Ley
Nº 5.109
T.O. Decreto Nº 997/93 y modificatorias Leyes Nº 11.733, Nº 11.833 y
Nº
12.312 -Ley electoral de la Provincia de Buenos Aires-, los que
quedarán
redactados de la siguiente manera:

ARTÍCULO 109º: Hecha la suma general de los votos computados de cada
Sección o Distrito Electoral, deducidos los votos en blanco y
anulados, y las
del número de sufragios que haya obtenido cada una de las boletas de
los
partidos o candidatos, clasificando éstas según la denominación con
que fueron
oficializadas, la Junta Electoral procederá del modo y en el orden
siguiente:

a) El total de los votos obtenidos por cada lista será dividido por
uno
(1), por dos (2), por tres (3) y así sucesivamente hasta llegar al
número
total de los cargos a cubrir.

b) Las fracciones resultantes, con independencia de la lista de que
provengan, serán ordenadas de mayor a menor en número igual al de los
cargos a
cubrir.

c) A cada lista le corresponde tantos cargos como veces sus
fracciones
figuren en el ordenamiento indicado en el inciso b), siguiendo el
orden de
colocación en que aparezcan los candidatos en la lista.


ARTÍCULO 110º: Si hubiere dos o más fracciones iguales, la banca se
atribuirá
a la que tenga el mayor número de votos en total. Si hubiera igual
cantidad de
votos, se resolverá por sorteo que a tal fin deberá practicar la
Junta
Electoral.

ARTÍCULO 111º: La Junta proclamará y diplomará a los que en orden de
colocación corresponda, dentro del número de electos asignados a la
lista
respectiva, con excepción de aquellos cuya impugnación o renuncia
hubiera
aceptado. En éste supuesto se proclamará al siguiente en orden de
colocación.

ARTÍCULO 121º: Cuando se trate de la renovación total de los Concejos
Deliberantes o Consejos Escolares, la duración de los mandatos será
determinada por sorteo que practicará la Junta Electoral en el acto
de la
proclamación de los electos de manera que cada partido pierda, en la
primera
renovación, la mitad de su representación.

Si la suma de los resultados de la división por dos, no equivaliera a
la mitad
del total de los Concejales o Consejeros Escolares, se completará ese
número
adjudicando un mandato más de dos (2) años al de la lista que hubiera
tenido
menor fracción al adjudicar la representación.

ARTÍCULO 2º: De Forma.

Amigos y simpatizantes de RECREAR:

Mas sobre reforma politica.

Les paso las ultimas novedades procedentes de RECREAR Pcia. de Bs. As.

Slds

Hector J. Gomez Riccardi

RECREAR V.L.

==========================================================

Adjunto al presente encontrarán tres anteproyectos de ley que la mesa
del  Diálogo Político enviara a la Legislatura provincial para su
tratamiento.
Uno de ellos es el cambio del sistema electoral actual por un 
D´Hont  sin piso. Sobre este punto en particular quiero aclararles
cual ha sido nuestra postura. Como sabrán nuestra propuesta  era
modificar el actual sistema Hare de cocientes para hacerlo mas
efectivo – aun mejorando las representación proporcional que ofrece
el D´Hont - .  En las reuniones de trabajo vimos que  las propuestas
de  aplicar el D´Hont era unánime , considerando  el  desastroso
sistema vigente,  optamos no  frenar el  impulso de cambio y sumarnos
a la iniciativa.  Ahora bien , si el proyecto " duerme en  la
legislatura"  , cosa muy probable,  evaluaremos la posibilidad de 
retomar el avance con nuestra propuesta.   Sobre los otros dos
proyectos  "iniciativa popular y consulta popular" no hemos
participado de las comisiones en donde han surgido, por lo que

estamos analizando los mismos.




Proyecto de Iniciativa Popular:

HONORABLE LEGISLATURA:

Someto a consideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto de
Ley tendiente a regular el instituto de Iniciativa Popular previsto
en el
artículo 67 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
La democracia es, como se conoce popularmente, la forma de
gobierno en donde el poder reside en el pueblo, definición que
connota que la
soberanía reside en la ciudadanía. Dicho Estado hace efectivo su
poder a
través de la sanción y ejecución de normas y resoluciones, las cuales
son
producto de los representantes que los ciudadanos de la nación han
escogido
para que ejerzan las funciones de gobierno.
Cuando es el pueblo el que delibera, decide y gobierna
hablamos de democracia directa. Esta forma de democracia solo ha
existido parcialmente en Atenas y en algunos cantones suizos,
imposibilitándose su uso por el crecimiento demográfico de las

ciudades y la dilatación resolutoria que esta metodología decisoria

trae aparejada.
Producto de estos motivos y otros, la forma más utilizada de
democracia es la indirecta o representativa, dónde el poder continúa
residiendo en el pueblo pero este elige representantes para que
gobiernen en nombre de toda la sociedad.
Así es como nuestra constitución establece como forma de
gobierno un régimen democrático y representativo, manifestando la
misma carta que "el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio

de sus representantes"
(Art. 22). Y coherentemente con ese principio establece en su Art. 37
que "Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos
políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que
se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y
obligatorio".
Nótese que en la forma de gobierno implementada la soberanía
reside en el pueblo, pero que ello no sería más que un eufemismo si
no existiera concreción de dicho principio. Y este principio se vuelve
cierto a partir del sufragio universal e igual, y es a través del mismo y de
sus dos atributos por donde pasa la justicia y legitimidad de la modalidad de
gobierno que nos hemos dado.
Como todos los habitantes son iguales ante la ley y por ende
todos poseen los mismos derechos y las mismas obligaciones, la
representación se vuelve vital para mantener la existencia del tipo de sistema
político otorgado por los constituyentes a esta nación.
Para llegar a la democracia representativa muchas son las
discusiones y batallas que se han dado. A pesar de ello, y habiendo
comprendido la mayoría del género humano, que la democracia
representativa es la forma más viable y legítima de expresión popular, esta ha sufrido
y sufre tensiones entre mandante y mandatario. Por lo tanto, procurando
acercar más el ejercicio del poder al pueblo se han incorporado las formas de
democracia semidirecta.
Considerando que el voto universal es un logro histórico e
irrenunciable y que la única manera de implementarlo es a través de
la democracia indirecta, pujamos porque el pueblo pueda plasmar sus
inquietudes u opiniones a través de estas herramientas y mantenga, así, con la cosa
pública una relación más estrecha, manifestando su voluntad mas
frecuentemente sin que esta esté totalmente remitida a escoger un representante.
La Constitución Nacional ha acogido este criterio reconociendo
es sus Art. 39 la iniciativa popular:"Los ciudadanos tienen el
derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados.
El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce
meses."....
En correspondencia con esta la Constitución Provincial en su
Art. 67 inc. 1 instituye también la misma figura: "Los electores
tienen el derecho de iniciativa para la presentación de proyectos de ley, con
excepción de los referidos a reforma constitucional, aprobación de tratados y
convenios, presupuesto, recursos, creación de municipios y de órganos
jurisdiccionales"...
La iniciativa popular es un procedimiento de democracia
semidirecta que establecen algunas constituciones por medio del cual
el pueblo está facultado para intervenir en la formación de las leyes.
Creemos que los mecanismos de democracia semidirecta son
indispensables si es que se quiere lograr una auténtica participación
de la ciudadanía en la vida política. Constituyen, además, una forma de
educación y elevación popular ya que el continuo tratamiento de temas específicos
por parte de la ciudadanía estimula en ella la preocupación por conocer
los temas fundamentales para lograr una mayor perfección de la sociedad.
Como consecuencia de lo manifestado y teniendo en cuenta lo
dispuesto por el Art. 211 de la Constitución Provincial, se propone
incorporar a la Ley Orgánica de las Municipalidades un capítulo destinado a
reconocerle los ciudadanos de los distintos municipios las mismas posibilidades
de participación ciudadana que en el ámbito provincial y nacional se
reconocen, y en la forma en que sus respectivos Consejos Deliberantes lo
reglamenten.
A diez años de la reforma Constitucional en la provincia de
Buenos Aires, creemos que la reglamentación del Art.67 es
eminentemente necesaria para brindar a los bonaerenses una participación más
activa, logrando que los preceptos constitucionales se concreten en derechos
con posibilidad de ser ejercidos.
El proyecto manifiesto aquí es fruto del consenso hallado a
través de la Mesa del Diálogo Provincial, la cual es un componente
del Programa Rector para la Reforma Política de la Provincia de Buenos
Aires. El mismo fue creado con el objeto de instrumentar un proceso de
transformación del sistema político provincial orientado a mejorar y transparentar
su funcionamiento.
Los fines de dicho Programa son, entre otros, mejorar la
calidad de las Instituciones, contribuir a reducir la brecha de
representatividad entre ciudadanos y representantes, la obtención de
un mayor control ciudadano, y la promoción de la participación ciudadana.
Establece el Decreto N° 1786 de creación del Programa
Rector para la Reforma Política que "las actividades que se realicen
durante su desarrollo garantizarán una participación amplia, efectiva,
crítica, creativa y respetuosa de las opiniones ajenas por parte del conjunto
del pueblo, de modo que se reflejen fielmente las concepciones en las que
hay concordancia, así como también los diferentes puntos de vista,
respecto a la reforma política que permitan por un lado, consolidar la democracia;
y por otro instrumentar un proceso de transformación del sistema político
provincial orientado a mejorar y transparentar su funcionamiento".
Así es que producto del consentimiento de los representantes de los
partidos políticos de la provincia reunidos en este ámbito y por las razones
expuestas solicitan la sanción del presente proyecto de Ley.

Dios Guarde de Vuestra Honorabilidad


LA PLATA,

EL HONORABLE SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONAN CON FUERZA DE,

L E Y

INICIATIVA POPULAR
Título I
Objeto y Finalidad

Artículo 1: Establécese el régimen que regula al instituto de
Iniciativa
Popular previsto en el artículo 67 de la Constitución de la Provincia
de
Buenos Aires.

Capítulo I

Del instituto de la Iniciativa Popular

Artículo 2: La Iniciativa Popular es el instituto por el cual los
electores presentan al Poder Legislativo proyectos de ley, con excepción de los
referidos a reforma constitucional, aprobación de tratados y
convenios,presupuesto, recursos, creación y/o supresión de municipios y de
órganos jurisdiccionales.

Título II
De la Iniciativa Popular

Artículo 3: Los electores de la Provincia de Buenos Aires, que se
encuentren habilitados para sufragar, podrán ejercer el derecho de Iniciativa
Popular para presentar proyectos de Ley ante cualquiera de las Cámaras de la
Legislatura Provincial.

Artículo 4: La Iniciativa Popular requerirá la firma de un número de
ciudadanos no inferior al 1,5 % (uno y medio por ciento) del total
del Padrón electoral utilizado en la elección inmediatamente anterior realizada
en la Provincia.
Cuando la materia de la Iniciativa Popular sea de alcance regional,
el requisito del porcentual se cumplirá considerando únicamente la lista
de electores del total de los distritos electorales que componen dicha
región, sin tener en cuenta la cantidad de distritos que prevé el párrafo
anterior.

Artículo 5: La Iniciativa Popular deberá presentarse por escrito y
contendrá:
a) La petición redactada en forma de proyecto de ley y en términos
claros;
b) Una exposición de motivos fundada;
c) Un escrito de presentación en dónde conste la elección de la
Cámara de origen; el plazo para la recolección de firmas, el que no deberá ser
mayor a doce (12) meses; nombre, apellido, número y tipo de documento, y
domicilio real del o los promotores de la iniciativa (los cuáles no podrán se
menos de tres); descripción de los gastos y origen de los recursos que se
ocasionen previo a presentar el proyecto de Iniciativa Popular.
d) Las planillas para la recolección de firmas serán bajo declaración
jurada. Las mismas deberán contener casilleros para la firma, la
aclaración del nombre, apellido, número y tipo de documento y domicilio real.
Toda planilla de recolección de firmas deberá contener un resumen impreso
del proyecto de ley presentado y la mención del o los promotores de la
iniciativa.
e) Estudio de la viabilidad económica del proyecto;

Artículo 6: La propuesta de convocatoria de adherentes a una
Iniciativa Popular deberá ser presentada ante la Junta Electoral de

la Provincia de Buenos Aires, por no menos de 3 (tres) electores que reúnan las
condiciones requeridas por el artículo 3; y la presentación deberá contener los
requisitos previstos por el artículo 5 de la presente Ley.
Las firmas de los promotores en el escrito de presentación
estarán certificadas por ante funcionario judicial o escribano
público.

Artículo 7: La Junta Electoral deberá expedirse sobre el cumplimiento
de los requisitos fijados en los artículos precedentes dentro de los diez
(10) días corridos posteriores a la presentación de la propuesta de
convocatoria de adherentes. Cumplidos los requisitos, la Junta dictará una resolución
oficializando la Iniciativa Popular, y designando los lugares en los
distintos partidos en que se lleve a cabo la recepción de adhesiones en los
cuáles los funcionarios de la misma certificarán las firmas. La Junta Electoral
podrá habilitar a otros funcionarios públicos a tales efectos, lo cuál
deberá hacerse saber en la misma resolución.

Artículo 8: La Junta Electoral, dentro de los veinte (20) días
corridos posteriores a la oficialización, deberá notificar al Poder Ejecutivo
y las Presidencias de ambas Cámaras del Poder Legislativo de la Provincia,
la puesta en marcha de la recepción de adhesiones a la Iniciativa Popular, y lo
dará a publicidad para conocimiento de la ciudadanía.

Artículo 9: Cumplido el plazo establecido para la recolección de las
firmas, las mismas deberán presentarse por el o los promotores, dentro de los
cinco (5) días siguientes ante la Junta Electoral, la que verificará por
los medios que considere adecuados la autenticidad de las firmas en un plazo no
mayor a los 20 (veinte) días hábiles, prorrogables por resolución fundada del
Tribunal con competencia electoral.

Cuando dicha verificación sea realizada mediante muestreo, el tamaño
del mismo no puede ser inferior al 0,5 % (cero coma cinco por ciento) de las
firmas presentadas. En caso de impugnación de firma, acreditada la falsedad,
se desestimará la misma del cómputo de firmas para el proyecto de
Iniciativa Popular. Sin perjuicio de las demás acciones penales a que diere
lugar, la planilla de adhesiones es documento público. En caso de verificarse
que el 5 % (cinco por ciento) o más de las firmas presentadas sean falsas, se
desestimará el proyecto de Iniciativa Popular.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, podrán
certificar la autenticidad de las firmas todos los autorizados por la normativa
electoral vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 10: La Iniciativa Popular deberá ser presentada ante la Mesa
de Entradas de la Cámara propuesta por los promotores como originaria.
En caso de no haberse efectuado la opción, la Junta Electoral determinará por
sorteo la Cámara de origen. La Comisión que le dé tratamiento, en un plazo de
20 (veinte) días hábiles deberá dictaminar sobre la admisibilidad formal
de la iniciativa, debiendo intimar a los promotores a subsanar los defectos
formales en los que se hubiese incurrido. Cumplido el dictamen, el proyecto de
ley continuará con el trámite previsto por el reglamento de la
Legislatura provincial.

Artículo 11: El rechazo del proyecto de Iniciativa Popular, no
admitirá recurso alguno.

Artículo 12: La Legislatura deberá sancionar o rechazar todo proyecto
de Ley de Iniciativa Popular dentro del plazo de 12 (doce) meses.

Habiendo transcurrido el plazo de 11 (once) meses de estado
parlamentario sin que el proyecto tenga despacho de comisión, el Presidente debe
incluirlo en el orden del día de la sesión ordinaria siguiente.

Artículo 13: Reuniendo el proyecto de ley de Iniciativa Popular la
firma de más del 15 % (quince por ciento) del electorado y habiendo
transcurrido 12 (doce) meses sin que la Legislatura haya tratado el proyecto, el
Poder Ejecutivo deberá por Decreto convocar a Consulta Popular.

Artículo 14: Queda prohibido aceptar o recibir para el financiamiento
de todo proyecto de ley que se impulse mediante la Iniciativa Popular:

a) Aportes privados anónimos, con excepción de lo producido por
colectas populares para las que la contribución máxima autorizada será de
pesos cincuenta ($ 50) por persona.
b) Aportes de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales o
provinciales; sociedades anónimas con participación estatal; empresas
concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias
y/o municipios.
c) Aportes de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de
azar.
d) Aportes de gobiernos o entidades extranjeras con fines de lucro.
e) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales,
patronales, profesionales, o cámaras empresariales.
f) Aportes de iglesias o entidades vinculadas a diferentes cultos.
g) Contribuciones superiores a pesos treinta mil pesos ($ 30.000).


Artículo 15: Incorporase como Capítulo XVI de la Ley Orgánica de las
Municipalidades -Decreto-Ley 6769/58- el siguiente:

CAPÍTULO XVI
DE LAS FORMAS DE DEMOCRACIA SEMI-DIRECTA

Artículo 287: Se reconoce como instituto de democracia semidirecta en
el ámbito de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, de
conformidad con
lo dispuesto en los artículos 67° y 211° de la Constitución
Provincial, el derecho de Iniciativa Popular.

Artículo 288: Los electores que se encuentren inscriptos en el padrón
electoral del distrito y los que se encuentran inscriptos en el
padrón de extranjeros, a la fecha de la presentación que se trate, podrán
ejercer el derecho de Iniciativa Popular para la presentación de proyectos de
Ordenanza ante el Departamento Deliberativo.

Artículo 289: La Iniciativa Popular requerirá la firma de un número
de ciudadanos no inferior al 1,5 % (uno y medio por ciento) del total
del Padrón electoral utilizado en la elección inmediatamente anterior realizada
en el distrito para cargos municipales.

Artículo 290: La Iniciativa Popular deberá presentarse por escrito y
contendrá:

a) La petición redactada en forma de proyecto de Ordenanza y en
términos claros;
b) Una exposición de motivos fundada;
c) Un escrito de presentación en dónde conste el plazo para la
recolección de firmas, el que no deberá ser mayor a doce (12) meses;
nombre, apellido, número y tipo de documento, y domicilio real del o los
promotores de la iniciativa (los cuáles no podrán se menos de tres); descripción de
los gastos y origen de los recursos que se ocasionen previo a presentar
el proyecto de Iniciativa Popular.
d) Las planillas para la recolección de firmas serán bajo declaración
jurada. Las mismas deberán contener casilleros para la firma, la
aclaración del nombre, apellido, número y tipo de documento y domicilio real.
Toda planilla de recolección de firmas deberá contener un resumen impreso
del proyecto de Ordenanza presentado y la mención del o los promotores de
la iniciativa.
e) Estudio de la viabilidad económica del proyecto;

Artículo 291: La propuesta de convocatoria de adherentes a una
Iniciativa Popular deberá ser presentada ante la Junta Electoral de la Provincia
de Buenos Aires, por no menos de 3 (tres) electores que reúnan las
condiciones requeridas por el artículo 288; y la presentación deberá contener los
requisitos previstos por el artículo 290 de la presente Ley.
Las firmas de los promotores en el escrito de presentación estarán
certificadas por ante funcionario judicial o escribano público.

Artículo 292: La Junta Electoral deberá expedirse sobre el
cumplimiento de los requisitos fijados en los artículos precedentes

dentro de los diez (10) días corridos posteriores a la presentación de

la propuesta de convocatoria de adherentes. Cumplidos los requisitos,

la Junta dictará una resolución oficializando la Iniciativa Popular, y

designando los lugares, dentro del partido, en los que se lleve a cabo

la recepción de adhesiones en los cuáles los funcionarios de la misma

certificarán las firmas. La Junta Electoral podrá habilitar a otros

funcionarios públicos a tales efectos, lo cuál deberá
hacerse saber en la misma resolución.

Artículo 293: La Junta Electoral, dentro de los veinte (20) días
corridos posteriores a la oficialización, deberá notificar al Departamento
Ejecutivo y Deliberativo de la municipalidad del partido donde se ha propuesto la
Iniciativa Popular, al Poder Ejecutivo y las Presidencias de ambas
Cámaras del Poder Legislativo de la Provincia, la puesta en marcha de la
recepción de adhesiones, y lo dará a publicidad para conocimiento de la ciudadanía.

Artículo 294: Cumplido el plazo establecido para la recolección de
las firmas, las mismas deberán presentarse por el o los promotores, dentro de los
cinco (5) días siguientes ante la Junta Electoral, la que verificará por
los medios que considere adecuados la autenticidad de las firmas en un plazo no
mayor a los 20 (veinte) días hábiles, prorrogables por resolución fundada del
Tribunal con competencia electoral.

Cuando dicha verificación sea realizada mediante muestreo, el tamaño
del mismo no puede ser inferior al 0,5 % (cero coma cinco por ciento) de las
firmas presentadas. En caso de impugnación de firma, acreditada la falsedad,
se desestimará la misma del cómputo de firmas para el proyecto de
Iniciativa Popular. Sin perjuicio de las demás acciones penales a que diere
lugar, la planilla de adhesiones es documento público. En caso de verificarse
que el 5 % (cinco por ciento) o más de las firmas presentadas sean falsas, se
desestimará el proyecto de Iniciativa Popular.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, podrán
certificar la autenticidad de las firmas todos los autorizados por la normativa
electoral vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 295: Alcanzado el porcentaje exigido, la Junta Electoral así
lo declarará y remitirá la Iniciativa Popular al Concejo Deliberante,
notificando al Departamento Ejecutivo. En caso de que no alcanzare el porcentaje,
la Junta Electoral dictará resolución declarando inválida la iniciativa
impulsada, notificando a las autoridades municipales. En ambos casos se
notificará al Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras Legislativas de la Provincia.

Artículo 296: El rechazo del proyecto de Iniciativa Popular, no
admitirá recurso alguno.

Artículo 297: El proyecto de Ordenanza deberá tener ingreso por el
Departamento Deliberativo, debiéndosele dar expreso tratamiento
dentro del término de 12 (doce) meses a partir de su presentación. Ingresado el
proyecto, el mismo tramitará de conformidad al procedimiento establecido en
cada Distrito para la sanción de las Ordenanzas.
Quedan excluidos de este sistema los proyectos de Ordenanzas
referidos a la aprobación de convenios, cuestiones presupuestarias y recursos.

Artículo 298: Reuniendo el proyecto de ley de Iniciativa Popular la
firma de más del 15 % (quince por ciento) del electorado y habiendo
transcurrido 12 (doce) meses sin que el Departamento Deliberativo haya tratado el
proyecto, el Departamento Ejecutivo deberá por Decreto convocar a Consulta Popular.

Artículo 299: Queda prohibido aceptar o recibir para el
financiamiento de todo proyecto de Ordenanza que se impulse mediante la

Iniciativa Popular:

h) Aportes privados anónimos, con excepción de lo producido por
colectas populares para las que la contribución máxima autorizada será de
pesos cincuenta ($ 50) por persona.
i) Aportes de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales o
provinciales; sociedades anónimas con participación estatal; empresas
concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias
y/o municipios.
j) Aportes de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de
azar.
k) Aportes de gobiernos o entidades extranjeras con fines de lucro.
l) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales,
patronales,profesionales, o cámaras empresariales.
m) Aportes de iglesias o entidades vinculadas a diferentes cultos.
n) Contribuciones superiores a pesos treinta mil pesos ($ 30.000).

Proyecto de Consulta Popular:


HONORABLE LEGISLATURA

Someto a consideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley
tendiente a regular el derecho a la consulta popular, previsto en el
Art. 67 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
Esta institución es aquella mediante la cual se realiza una pregunta
de carácter general sobre un asunto de trascendencia provincial y/o
local, que el gobernador o intendente, según el caso, somete a consideración del
pueblo para que este se pronuncie formalmente al respecto.
Usualmente para designar el proceso de consulta popular se
utiliza las palabras referéndum o plebiscito. Respecto de ambos se
puede decir que pertenecen a los llamados procedimientos de democracia directa
que son las disposiciones constitucionales y legales que otorgan a la ciudadanía
la facultad de participar en la toma de decisiones públicas colectivas
al margen de los órganos de gobierno o en colaboración con ellos, según el
caso. Estos mecanismos también son denominados formas de democracia semidirecta.
Plebiscito proviene del latín plebiscitum término con el que
se denominaba la ley que la plebe establecía en la antigua Roma a
propuesta de su Tribuno. Actualmente con este concepto se alude al procedimiento
de convocar al cuerpo electoral para que ratifique o rectifique una
decisión política.
El referéndum, por su parte, es en pronunciamiento del cuerpo
electoral sobre un texto legislativo, o sobre cualquier aspecto que
se refiera a la normatividad jurídica. Los tipos de referéndum empleados en la
experiencia internacional son: a) el referéndum consultivo, cuyo
resultado es,tomado como una simple encuesta de opinión, que puede o no tener
consecuencias jurídicas y que se diferencia del plebiscito por la materia o el
contenido;

 b) el referéndum obligatorio, requerido para implementar una ley o una
reforma constitucional; y

c) el referéndum vinculante, cuya convocatoria no es
obligatoria pero cuyos resultados tienen efectos jurídicos.
Sabido es que la democracia directa es imposible en la práctica por
ello la democracia representativa, es hoy, la base fundamental de
nuestrademocracia. Sin embargo a partir de fuertes críticas que fueran
desarrolladas
se incorporaron en las reformas constitucionales tanto, de la Nación
como de la provincia de Buenos Aires, las instituciones de democracia
semidirecta que de alguna manera han permitido oxigenarla.

Así, la Constitución Nacional reconoce la consulta popular es su Art.
40 estableciendo lo siguiente:
"El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a
consultapopular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser
vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá
en ley y su promulgación será automática.
El Congreso o el Presidente de la Nación, dentro de sus respectivas
competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En
este caso el voto no será obligatorio.
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y
oportunidad de la consulta popular".

Como antecedente nacional se puede mencionar el decreto 2274/84, en
virtud del cual se convocó a nuestra ciudadanía a consulta no
vinculante, acerca del conflicto con Chile en la zona del canal de Beagle.

Por su parte, la Carta Magna Provincial acoge el principio de
consulta popular en su Art. 67 incs. 2, 3, y 4:
"2. Todo asunto de especial trascendencia para la Provincia, podrá
ser sometido a consulta popular por la Legislatura o por el Poder
Ejecutivo, dentro de las respectivas competencias. La consulta podrá ser
obligatoria y vinculante por el voto de la mayoría absoluta del total de los
miembros de cada Cámara.
3. Todo proyecto de ley podrá ser sometido a consulta popular, para
su ratificación o rechazo, por el voto de la mayoría absoluta del total
de los miembros de cada Cámara. Ratificado el proyecto se promulgara como
ley en forma automática.
4. La ley reglamentaria establecerá las condiciones, requisitos,
materias y procedimientos que regirán para las diferentes formas de consulta
popular. "

Como expresamos supra, la democracia representativa es la base
fundamental de la democracia contemporánea pero, sin dejar ésta de
lado se le añaden a la misma nuevas instituciones, como es la consulta popular,
que la perfecciona y la trasforma en una democracia más plena, mas
participativa.
Así, la participación ciudadana representa la posibilidad de corregir
los desequilibrios de la representación política y social.

Considerando que la democracia participativa es una fase superior de
la democracia representativa en la evolución de la democracia creemos
que a través de la consulta popular los ciudadanos pueden expresarse
convirtiéndose así en agentes políticos directos, al margen, pero junto a la acción
política de los partidos políticos. La participación es en una democracia la
pieza fundamental y la representación no ha opacado en la misma tal
característica, puesto que el régimen es participativo en su origen, esto es, al
momento del sufragio.
Allí donde hayan de tomarse decisiones que afecten a la colectividad,
la participación ciudadana se convierte en el mejor y más legítimo
método para hacerlo, garantizando el autogobierno colectivo y, por ende,
aumentando la gobernabilidad.
La participación es un valor clave de la democracia. Y esa posición
se legitima en relación con tres conjuntos de efectos positivos.
Primero, la participación crea hábitos interactivos y esferas de deliberación
pública que resultan claves para la consecución de individuos autónomos. Segundo,
la participación hace que la gente se haga cargo, democrática y
colectivamente, de decisiones y actividades sobre las cuales es importante ejercer un
control dirigido al logro del autogobierno y al establecimiento de
estabilidad y gobernabilidad. Tercero, la participación tiende, igualmente, a crear
una sociedad civil con fuertes y arraigados lazos comunitarios creadores
de identidad colectiva, esto es, generadores de una forma de vida
específica construida alrededor de categorías como bien común y pluralidad.
Para que los principios de democracia e igualdad no sean solo
declaraciones formales y porque creemos que la democracia debe ser sustancial es
necesario incorporar formas de democracia semidirectas ante los avatares
sufridos por la democracia representativa. En ese sentido, el Gobierno de la
provincia de Buenos Aires sancionó el Decreto n° 1786 en el que estableció la
creación del Consejo de Reforma Política de la provincia de Buenos Aires y el
Programa Rector para la Reforma Política.
El Programa Rector se instituyó con el objeto de instrumentar un
proceso de transformación del sistema político provincial orientado a mejorar y
transparentar su funcionamiento.
El primer componente que contempla el Programa Rector para la Reforma
Políticapara su implementación es el de la creación de la "Mesa del Diálogo
para la Reforma Política de la Provincia de Buenos Aires" que tiene por
objeto facilitar canales de participación y deliberación a todos los actores
de la sociedad en el territorio de la Provincia, como así también, generar
mecanismos efectivos de diálogo entre los actores políticos, sociales
y los partidos políticos que permitan la construcción de consensos en torno
a las metas y alcances de la reforma, posibilitando que toda la ciudadanía
conozca las características del proceso y tome conocimiento de sus contenidos
específicos.
El proyecto manifiesto aquí es fruto del consenso hallado a través de
la Mesa del Diálogo Provincial, la cual posibilitó la puesta en práctica de
las virtudes más loables de una democracia como son la discusión, la
deliberación y la tolerancia a la diversidad de opinión.
Es así que producto del consentimiento de los representantes de los
partidos políticos de la Provincia reunidos en este ámbito y por las razones
expuestas solicitan la sanción del presente proyecto de Ley.

Dios guarde de vuestra honorabilidad.

LA PLATA,

EL HONORABLE SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONAN CON FUERZA DE,


L E Y

CONSULTA POPULAR

Título I
Objeto y Finalidad

Artículo 1: Establécese el régimen que regula al Instituto de
Consulta Popular
previsto en el artículo 67 de la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires.

Capítulo I

Del instituto de la Consulta Popular

Artículo 2: La Consulta Popular es el instituto por el cual el Poder
Legislativo o el Poder Ejecutivo, requieren la opinión del electorado
sobre decisiones de sus respectivas competencias. El voto puede ser
obligatorio o no y el resultado vinculante o no.

Título II
De la Consulta Popular

Artículo 3: La convocatoria a Consulta Popular deberá contener:
a) la decisión puesta a consideración del electorado;
b) la pregunta que ha de responder el electorado, formulada de manera
afirmativa;
c) la fecha en la que se realizará la Consulta Popular;
d) el carácter de obligatorio o no del voto y -por ende- de
vinculante o no del resultado.

Capítulo I
De la Consulta Popular vinculante

Artículo 4: La convocatoria a Consulta Popular vinculante deberá
tratarse en una sesión especial de la Legislatura y ser aprobada con el voto de
la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara.

Artículo 5: El Poder Ejecutivo si desea darle carácter de obligatoria
y vinculante a su consulta deberá remitirla a cualquiera de las Cámaras
para que la Legislatura le de tratamiento y proceda a su aprobación, para la
que se requerirá la mayoría expresada en el artículo anterior. En el caso
que fuera aprobada por mayoría simple, el Poder Ejecutivo podrá realizar la
misma con el carácter de no obligatoria ni vinculante.

Artículo 6: El proyecto de Consulta Popular al que se le haya
otorgado carácter de obligatorio y vinculante, que fuese aprobado por simple
mayoría, sin reunir las mayorías aludidas en el artículo cuarto, producirá
efectos como consulta no obligatoria ni vinculante. En este caso y de acuerdo con
la votación realizada en la Cámara que corresponda se procederá a la
adecuación pertinente al discutirse el proyecto.

Artículo 7: La Consulta Popular que se tramite ante la Legislatura
Provincial, una vez aprobada por la Cámara de origen pasará a la otra para su
tratamiento, y si esta también lo aprueba, se considerará promulgada
automáticamente y sepublicará por el Presidente de la última Cámara que lo hubiese
aprobado.
La Consulta Popular se regirá subsidiariamente por las disposiciones
pertinentes para la formación de las leyes.

Artículo 8: Cumplido el trámite en la Legislatura Provincial se
comunicará al Poder Ejecutivo con la aclaración de si reúne o no el carácter de
obligatoria y vinculante, quien deberá convocar al electorado de la Provincia
para que se expida sobre la consulta.

Artículo 9: En todo asunto o proyecto de ley sometido a Consulta
Popular vinculante, el voto del electorado será obligatorio conforme a la
normativa electoral vigente.

Artículo 10: Toda Consulta Popular vinculante será válida y eficaz
cuando los votos emitidos superen el 50 % (cincuenta por ciento) del total de
votos válidos emitidos en la elección inmediatamente anterior realizada en
la provincia. A estos efectos serán tenidos en cuenta los votos en
blanco.

Artículo 11: Cuando una Consulta Popular vinculante obtenga la
mayoría de los votos afirmativos, se convertirá automáticamente en Ley, la que
deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires
dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la proclamación del resultado
del comicio por la autoridad electoral.
Cuando una Consulta Popular vinculante obtenga un resultado negativo,
no podrá ser reiterada sino después de haber transcurrido un lapso de 2 (dos)
años desde la realización de la consulta. Tampoco podrá repetirse la
consulta durante el mismo lapso.

Artículo 12: El Poder Legislativo mediante una ley especial podrá
someter a Consulta Popular vinculante todo proyecto de ley para su

ratificación o rechazo por el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros
de cada Cámara.

Artículo 13: No podrán ser materia de Consulta Popular vinculante los
proyectos referidos a reforma constitucional, aprobación de tratados
o convenios, presupuesto, creación y/o supresión de municipios y
órganos jurisdiccionales.

Artículo 14: Ratificado el proyecto se promulgará en forma automática
y su publicación deberá ordenarse por el Presidente de la Cámara que
hubiese prestado sanción definitiva a la ley especial de consulta. Se
consideraráratificado el proyecto cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 10 de la presente. En caso de que el mismo no sea ratificado
no podrá ser tratado nuevamente por la Legislatura dentro de un lapso de 2
(dos) años desde la realización de la consulta. Tampoco podrá repetirse la
consulta durante el mismo lapso.

Artículo 15: El tratamiento de todo proyecto de ley especial sobre
Consulta Popular vinculante se regirá por las disposiciones de los artículos
8, 9, 10 y 11 de la presente.


Capítulo II
De la Consulta Popular no vinculante

Artículo 16: Puede ser sometido a Consulta Popular no vinculante,
todo asunto y/o proyecto de ley de interés general para la Provincia, mediante la
decisión de cualquiera de las Cámaras, la cual deberá ser aprobada
por el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes en ella. En
este tipo de Consulta, el voto del electorado no será obligatorio.

Artículo 17: Puede ser sometido a Consulta Popular no vinculante,
todo asunto de especial trascendencia para la Provincia, mediante decreto
decidido en acuerdo general de Ministros del Poder Ejecutivo provincial y
refrendado por todos ellos. En este tipo de Consulta, el voto del electorado no será
obligatorio.

Artículo 18: Cuando un proyecto de Ley sometido a Consulta Popular no
vinculante, obtenga el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los
votos válidos emitidos, deberá ser tratado por la Legislatura provincial,
quedando automáticamente incorporado al plan de labor parlamentaria de la
Cámara de Diputados de la sesión siguiente a la fecha de proclamación del
resultado del comicio por la autoridad electoral.


Capítulo III
De las disposiciones comunes

Artículo 19: La Ley o el decreto de convocatoria a Consulta Popular
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires,
en aquellos medios que garanticen su difusión en la Provincia.

Dictada la convocatoria, todos los puntos sometidos a Consulta
Popular deberán difundirse en forma clara y objetiva.

Artículo 20: Los partidos políticos reconocidos, estarán facultados
para realizar campañas de propaganda exponiendo su posición con relación
al asunto de la Consulta, conforme a las normas que regulan la materia.
Asimismo, los partidos políticos podrán designar Fiscales que participen del acto
eleccionario, para lo cual deberán atenerse a las previsiones de la
Ley 5.109 y sus modificatorias.

Artículo 21: La Consulta Popular deberá realizarse dentro de un plazo
no
inferior a 60 (sesenta) días y no superior a 120 (ciento veinte) días
corridos
desde la fecha de publicación de la Ley o decreto de convocatoria en
el
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 22: Serán de aplicación supletoria a las consultas
convocadas
conforme los procedimientos establecidos en esta Ley, la normativa
electoral
vigente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en tanto no se
oponga a
la presente.

El Tribunal con competencia electoral de la Provincia de Buenos Aires
intervendrá en todo lo relativo al comicio.

Artículo 23: Incorporase como Capítulo XVI de la Ley Orgánica de las
Municipalidades -Decreto-Ley 6769/58- el siguiente:

CAPÍTULO XVI
DE LAS FORMAS DE DEMOCRACIA SEMI-DIRECTA

Artículo 300: Se reconoce como instituto de democracia semidirecta en
el
ámbito de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, de
conformidad con
lo dispuesto en los artículos 67° y 211° de la Constitución
Provincial, el
derecho de Consulta Popular.

Artículo 301: Dentro de sus respectivas competencias, el Departamento
Ejecutivo y el Departamento Deliberativo, podrán someter a Consulta
Popular
todo asunto que se considere de trascendencia para el Municipio.

Artículo 302: La convocatoria a Consulta Popular deberá contener:
e) la decisión puesta a consideración del electorado;
f) la pregunta que ha de responder el electorado, formulada de manera
afirmativa;
g) la fecha en la que se realizará la Consulta Popular;
h) el carácter de obligatorio o no del voto y -por ende- de
vinculante o
no del resultado.

De la Consulta Popular vinculante

Artículo 303: La convocatoria a Consulta Popular vinculante deberá
tratarse en
una sesión especial del Concejo Deliberante y ser aprobada con el
voto de la
mayoría absoluta del total de los miembros integrantes del mismo.

Artículo 304: El Departamento Ejecutivo si desea darle carácter de
obligatoria
y vinculante a su consulta deberá remitirla al Concejo Deliberante
para que
éste le de tratamiento y proceda a su aprobación, para la que se
requerirá la
mayoría expresada en el artículo anterior. En el caso que fuera
aprobada por
mayoría simple, el Departamento Ejecutivo podrá realizar la misma con
el
carácter de no obligatoria ni vinculante.

Artículo 305: El proyecto de Consulta Popular al que se le haya
otorgado
carácter de obligatorio y vinculante, que fuese aprobado por simple
mayoría,
sin reunir las mayorías aludidas en el artículo 303, producirá
efectos como
consulta no obligatoria ni vinculante. En este caso y de acuerdo con
la
votación realizada en el Concejo Deliberante se procederá a la
adecuación
pertinente al discutirse el proyecto.

Artículo 306: Cumplido el trámite en el Concejo Deliberante se
comunicará al
Departamento Ejecutivo con la aclaración de si reúne o no el carácter
de
obligatoria y vinculante, quien deberá convocar al electorado del
distrito
para que se expida sobre la consulta.

Artículo 307: En todo asunto o proyecto de Ordenanza sometido a
Consulta
Popular vinculante, el voto del electorado será obligatorio conforme
a la
normativa electoral vigente.

Artículo 308: Toda Consulta Popular vinculante será válida y eficaz
cuando los
votos emitidos superen el 50 % (cincuenta por ciento) del total de
votos
válidos emitidos en la elección inmediatamente anterior realizada en
el
distrito. A estos efectos serán tenidos en cuenta los votos en blanco.

Artículo 309: Cuando una Consulta Popular vinculante obtenga la
mayoría de los
votos afirmativos, se convertirá automáticamente en Ordenanza, la que
deberá
ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires
dentro de
los 10 (diez) días hábiles posteriores a la proclamación del
resultado del
comicio por la autoridad electoral.
Cuando una Consulta Popular vinculante obtenga un resultado negativo,
no podrá
ser reiterada sino después de haber transcurrido un lapso de 2 (dos)
años
desde la realización de la consulta. Tampoco podrá repetirse la
consulta
durante el mismo lapso.

Artículo 310: El Departamento Deliberativo mediante una Ordenanza
especial
podrá someter a Consulta Popular vinculante todo proyecto de
Ordenanza para su
ratificación o rechazo por el voto de la mayoría absoluta del total
de los
miembros integrantes del Concejo Deliberante.

Artículo 311: No podrán ser materia de Consulta Popular vinculante
los
proyectos de Ordenanza referidos a la aprobación de convenios,
cuestiones
presupuestarias, recursos y los originados mediante Iniciativa
Popular.

Artículo 312: Ratificado el proyecto se promulgará en forma
automática y se
publicará por el Presidente del Concejo Deliberante. Se considerará
ratificado
el proyecto cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 308
de la presente. En caso de que el mismo no sea ratificado no podrá
ser tratado
nuevamente por el Concejo Deliberante dentro de un lapso de 2 (dos)
años desde
la realización de la consulta. Tampoco podrá repetirse la consulta
durante el
mismo lapso.

Artículo 313: El tratamiento de todo proyecto de Ordenanza especial
sobre
Consulta Popular vinculante se regirá por las disposiciones de los
artículos,
306, 307, 308 y 309 de la presente.

De la Consulta Popular no vinculante

Artículo 314: Puede ser sometido a Consulta Popular no vinculante,
todo asunto
y/o proyecto de Ordenanza de interés general para el Municipio,
mediante la
decisión del Concejo Deliberante, la cual deberá ser aprobada por el
voto de
la mayoría absoluta de los miembros presentes en ella. En este tipo
de
Consulta, el voto del electorado no será obligatorio.

Artículo 315: Puede ser sometido a Consulta Popular no vinculante,
todo asunto
de especial trascendencia para el Municipio, mediante Decreto del
Departamento
Ejecutivo. En este tipo de Consulta, el voto del electorado no será
obligatorio.

Artículo 316: Cuando un proyecto de Ordenanza sometido a Consulta
Popular no
vinculante, obtenga el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los
votos
válidos emitidos, deberá ser tratado por el Concejo Deliberante.

De las disposiciones comunes

Artículo 317: La Ordenanza o el Decreto de convocatoria a Consulta
Popular
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de
Buenos Aires y
en aquellos medios que garanticen su difusión en el Municipio.

Dictada la convocatoria, todos los puntos sometidos a Consulta
Popular deberán
difundirse en forma clara y objetiva.

Artículo 318: Los partidos políticos reconocidos, estarán facultados
para
realizar campañas de propaganda exponiendo su posición con relación
al asunto
de la Consulta, conforme a las normas que regulan la materia.
Asimismo, los
partidos políticos podrán designar Fiscales que participen del acto
eleccionario, para lo cual deberán atenerse a las previsiones de la
Ley 5.109
y sus modificatorias.

Artículo 319: La Consulta Popular deberá realizarse dentro de un
plazo no
inferior a 60 (sesenta) días y no superior a 120 (ciento veinte) días
corridos
desde la fecha de publicación de la Ordenanza o Decreto de
convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 320: Serán de aplicación a las consultas convocadas conforme
los
procedimientos establecidos en esta Ley, la normativa electoral
vigente en el
ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en tanto no se oponga a la
presente.

El Tribunal con competencia electoral de la Provincia de Buenos Aires
intervendrá en todo lo relativo al comicio.


Proyecto de Ley Sistema Electoral

HONORABLE LEGISLATURA:

Someto a consideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto
de Ley tendiente a modificar la fórmula electoral utilizada en la
Provincia
de Buenos Aires, plasmada en los artículos 109 y 110 de su
correspondiente
Ley Electoral Nº 5109 y la sustitución de la misma por el método
D´Hondt.
Este proyecto de ley no pretende poner en discusión el sistema
electoral
vigente en la Provincia El concepto de sistema electoral hace
referencia a
distintos métodos usados para elegir autoridades Ejecutivas y
legislativas en
los países donde se aplica el régimen democrático representativo.
El criterio que mejor define a qué tipo básico pertenece tal o cual
sistema electoral es fundamentalmente el principio de representación
al cual
aspira (principio mayoritario y/o principio de proporcionalidad).
El principio acogido por la constitución provincial en el art. 60 es
el de la
proporcionalidad. : "La proporcionalidad de la representación será la
regla en
todas las elecciones populares para integrar cuerpos colegiados, a
fin de dar
a cada opinión un número de representantes proporcional al número de
sus
adherentes, según el sistema que para la aplicación de este principio
determine la ley." Los sistemas de representación proporcional (como
los de
representación proporcional por lista, representación proporcional
personalizada, voto único transferible) son aquellos en los cuales
los cargos
se reparten de manera proporcional entre los partidos de acuerdo a su
caudal
electoral.
Este sistema de representación ha adquirido en nuestra provincia
jerarquía constitucional y por ende es inmodificable a través de una
ley. Lo
que se pretende modificar es la fórmula electoral, es decir, el
método o
fórmula matemática por medio del cual los votos se transforman en
bancas.
La fórmula elegida y utilizada, en la actualidad, es la del cociente
electoral. Por medio de esta se establece un cociente electoral o
cuota mínima
de votos que los partidos deben superar para participar en la
asignación de
las bancas. Este cociente se obtiene dividiendo la totalidad de los
votos
válidos por un determinado divisor. Superado este número, los
partidos
políticos reciben tantas bancas como veces quepa el cociente
electoral en el
número de votos obtenidos.
En el sistema electoral vigente, y con la utilización del cuociente,
encontramos que hay secciones electorales de la provincia de Buenos
Aires que
están sub. y sobre representadas, así como también que en las
secciones
electorales "chicas" -en relación a la cantidad de candidatos que se
eligen-
el cuociente electoral afecta a las minorías.
Creemos que la modificación de los mencionados artículos, con la
correspondiente substitución de fórmulas colaboraría a paliar estos
problemas.
En su Art. 61 la ley electoral establece que: "la Legislatura dictará
la ley electoral, ésta será uniforme para toda la Provincia "..
La modificación pretendida consta de cambiar el sistema utilizado
actualmente por la formula electoral D´Hondt. La misma utiliza una
serie de
divisores que va desde el número uno hasta aquel otro número por el
que la
suma total alcance a ser divisible. Esta serie se utiliza para
dividir
consecutivamente la cantidad total de votos obtenidos por cada
partido. La
asignación de las bancas se efectúa de acuerdo a los mayores
resultados
obtenidos tras las divisiones realizadas y hasta completar la
cantidad de
bancas disponibles.
Para tal modificación se requiere que la legislatura dicte la ley
correspondiente.
Somos concientes de que la modificación del Régimen electoral
requerirá de modificaciones estructurales más profundas pero es
preciso
señalar que la reforma política es un tema dinámico y que está
forzado a la
sucesión de distintas reformas legales que se ajusten a las
necesidades
concretas de nuestra provincia
El proyecto manifiesto aquí es fruto del consenso unánime hallado a
través de la Mesa del Diálogo Provincial. Ésta es un componente del
Programa
Rector para la Reforma Política de la Provincia de Buenos Aires el
cual fue
creado con el objeto de instrumentar un proceso de transformación del
sistema
político provincial orientado a mejorar y transparentar su
funcionamiento.
Los fines de dicho Programa son, entre otros, mejorar la calidad de
las Instituciones, contribuir a reducir la brecha de
representatividad entre
ciudadanos y representantes, la obtención de un mayor control
ciudadano, y la
promoción de la participación ciudadana.
La Mesa del Diálogo tiene por objeto facilitar canales de
participación y deliberación a todos los actores de la sociedad en el
territorio de la Provincia, como así también, generar mecanismos
efectivos de
diálogo entre los actores políticos, sociales y los partidos
políticos que
permitan la construcción de consensos en torno a las metas y alcances
de la
reforma, posibilitando que toda la ciudadanía conozca las
características del
proceso y tome conocimiento de sus contenidos específicos.
Así es que producto del consentimiento de los representantes de los
partidos
políticos de la provincia reunidos en este ámbito y por las razones
expuestas
solicitan la sanción del presente proyecto de Ley.

Dios Guarde de Vuestra Honorabilidad


La Plata,


El Honorable Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires
sancionan con fuerza de:

LEY

ARTÍCULO 1º: Modificase los artículos 109, 110, 111 y 121 de la Ley
Nº 5.109
T.O. Decreto Nº 997/93 y modificatorias Leyes Nº 11.733, Nº 11.833 y
Nº
12.312 -Ley electoral de la Provincia de Buenos Aires-, los que
quedarán
redactados de la siguiente manera:

ARTÍCULO 109º: Hecha la suma general de los votos computados de cada
Sección o Distrito Electoral, deducidos los votos en blanco y
anulados, y las
del número de sufragios que haya obtenido cada una de las boletas de
los
partidos o candidatos, clasificando éstas según la denominación con
que fueron
oficializadas, la Junta Electoral procederá del modo y en el orden
siguiente:

a) El total de los votos obtenidos por cada lista será dividido por
uno
(1), por dos (2), por tres (3) y así sucesivamente hasta llegar al
número
total de los cargos a cubrir.

b) Las fracciones resultantes, con independencia de la lista de que
provengan, serán ordenadas de mayor a menor en número igual al de los
cargos a
cubrir.

c) A cada lista le corresponde tantos cargos como veces sus
fracciones
figuren en el ordenamiento indicado en el inciso b), siguiendo el
orden de
colocación en que aparezcan los candidatos en la lista.


ARTÍCULO 110º: Si hubiere dos o más fracciones iguales, la banca se
atribuirá
a la que tenga el mayor número de votos en total. Si hubiera igual
cantidad de
votos, se resolverá por sorteo que a tal fin deberá practicar la
Junta
Electoral.

ARTÍCULO 111º: La Junta proclamará y diplomará a los que en orden de
colocación corresponda, dentro del número de electos asignados a la
lista
respectiva, con excepción de aquellos cuya impugnación o renuncia
hubiera
aceptado. En éste supuesto se proclamará al siguiente en orden de
colocación.

ARTÍCULO 121º: Cuando se trate de la renovación total de los Concejos
Deliberantes o Consejos Escolares, la duración de los mandatos será
determinada por sorteo que practicará la Junta Electoral en el acto
de la
proclamación de los electos de manera que cada partido pierda, en la
primera
renovación, la mitad de su representación.

Si la suma de los resultados de la división por dos, no equivaliera a
la mitad
del total de los Concejales o Consejeros Escolares, se completará ese
número
adjudicando un mandato más de dos (2) años al de la lista que hubiera
tenido
menor fracción al adjudicar la representación.

ARTÍCULO 2º: De Forma.