Mientras los medios de información se van olvidando del triple crimen de General Rodríguez, ocurrido en agosto de 2008, la fiscalía de Mercedes avanza lenta, silenciosa, pero firmemente en el cajoneo de la causa judicial. A pesar de que existe evidencia concluyente para detener de inmediato a los autores intelectuales del expediente de marras, el fiscal Juan Ignacio Bidone ya ha pactado con el kirchnerismo -apriete personal de por medio- no llegar hasta lo más alto de la causa de marras, sino detener a un par de personajes menores y finalizar allí su desempeño profesional.
    Uno de los sujetos sobre los que pesa evidencia concluyente es Martín Lanatta, mencionado en Tribuna de periodistas antes que en ningún otro medio. Se trata un funcionario inorgánico del Registro Nacional de Armas (Renar), quilmeño y muy cercano al jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández.
    En el marco del triple crimen de General Rodríguez, Lanatta es quien ha citado a los jóvenes "empresarios" que luego aparecieron acribillados en un descampado de esa zona del conurbano bonaerense, al tiempo que gestionó sendos permisos de portación de armas al megadenunciado Sebastián Forza.
    Un dato más que interesante: en estas horas Lanatta estaría trabajando en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el más estricto secreto.


El hombre señalado

    Con CUIT 20-23787091-4, Martín Eduardo Lanatta es un enriquecido empresario -aunque monotributista en la categoría más baja- y posee domicilio fiscal en Covadonga 668 de la localidad de Berazategui. Morrudo, de 1,65 metros de estatura, gusta vestir chaleco tipo "cazador" y utiliza con frecuencia un saco de corderoy con mangas muy largas color verde. Se conduce con tres vehículos: un automóvil Volkswagen "Escarabajo" New Beetle color gris metalizado; una camioneta Ford Ranger cabina simple, con inscripciones de una empresa de la construcción en sus puertas; y un Toyota Corolla gris.
    El currículum de Lanatta lo muestra como una persona inquieta, interesada en actividades muchas veces incongruentes entre sí: "edición de libros y publicaciones", "impresión de diarios y revistas", "servicios jurídicos", "servicios para el orden público y la seguridad", "transmisión de sonido, imágenes y datos", y un tópico que develará parte de la trama detrás del triple crimen: "fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos".
    Como se ha señalado sobradamente desde las virtuales páginas de este medio, Sebastián Forza fue asesinado a causa de oscuros negocios llevados a cabo en sociedad con el kirchnerismo, tal cual admitió el occiso a este cronista -único que pudo entrevistarlo- en mayo de 2008. Posteriormente, su muerte se disfrazó de "ajuste de cuentas mexicano" para desviar la investigación.
    ¿Qué admitió Forza en esa entrevista? aseguró haber hecho negocios turbios relacionados a medicamentos y blanqueo de dinero en sociedad con importantes funcionarios del gobierno, motivo por el cual temía que lo asesinaran. Un dato: jamás habló de efedrina o mexicano alguno.
    En el marco de lo mencionado, no parece casual que Lanatta aparezca relacionado a la industria farmacéutica y menos aún que jamás se lo haya llamado a declarar judicialmente, sobre todo cuando fue mencionado por dos importantes testigos. Cae de maduro que es un protegido desde las más altas esferas del poder.
    Otro dato no menor, mencionado por una de las fuentes consultadas para este artículo: a Lanatta le gustan mucho las armas. "Suele practicar tiro y para con mucha frecuencia en boliche frente al Renar, donde lleva a cabo trámites de registro de armas. Es legítimo usuario de portación de una Glock calibre 40".
    Por si alguno no lo recuerda, un arma del mismo calibre y marca es la que se utilizó para concretar el triple crimen de General Rodríguez.


Socios del silencio

    Poco antes de ser asesinado, Sebastián Forza sufrió una serie de amenazas por parte de un personaje señalado vastamente por este periódico: Ibar Esteban Pérez Corradi, un joven "empresario" de 31 años, mencionado por la embajada de Estados Unidos como nexo entre narcotraficantes y laboratorios medicinales.
    Ante la AFIP, Pérez Corradi declara tener como actividad principal la de "servicios de financiación y actividades financieras", y como secundaria el "asesoramiento, dirección y gestión empresarial". Asimismo, compartió en su momento una suerte de sociedad con Forza, en la cual este último ponía su fuerza de trabajo y el primero financiaba las operaciones con dinero contante y sonante en una lúgubre oficina del pasaje King de esta Capital Federal.
    La sociedad se disolvió en 2007 -de la peor manera- y Pérez Corradi logró algo insólito: no ser investigado por la Justicia a pesar de que Forza lo había denunciado penalmente en dos oportunidades por amenazas de muerte. Quien escribe estas líneas aportó oportuna evidencia en ese sentido ante la fiscal Ana Yacobucci, en septiembre de 2008, pero nada hizo la funcionaria al respecto.
    Corradi y Lanatta son partes fundamentales del rompecabezas que puede ayudar a resolver el triple crimen, junto a otras dos personas, Jorge Adrián Cabrera y Pablo Héctor Quaranta. El gran problema es que jamás pudieron ser relacionados entre sí. Hasta hoy.
    Luego de un exhaustivo análisis y cruzamiento de información -que duró varias semanas-, Tribuna de periodistas ha encontrado interesantes relaciones entre todos, directa e indirectamente. Veamos.
    En los registros de la AFIP, Pérez Corradi figura como presidente de una sociedad anónima llamada C&C Building, dedicada a la "construcción de obras civiles y comerciales". En este emprendimiento, con un capital social declarado de 50.000 pesos, está asociado con Jorge Adrián Cabrera, quien se desempeña como director suplente. Además es propietario de Odin Concept S.R.L. junto a Pablo Héctor Quaranta.
    Asimismo, en la Inspección General de Justicia hay registros de una sociedad llamada Elvesta Argentina SA, dedicada a la "venta de ropa salvo de cuero y tejidos de punto". Allí, según consta en el acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 1 del 8 de febrero de 2008, se designó a Jorge Adrián Cabrera como Presidente y a Martín Lanatta como Director Suplente. El domicilio social de Elvesta está ubicado en Pola 2477 de esta Capital Federal. Esto demuestra que Cabrera es el nexo directo entre Lanatta y Corradi.
    En buen romance, se trata del "eslabón perdido".

Concluyendo

    Los mencionados no son los únicos que debe investigar -y citar- la Justicia. La lista es bastante más extensa y por demás interesante. Primeramente, existe una sociedad llamada Homeland Brokers Security SA, constituida el 30 de noviembre de 2007 que jamás ha sido puesta bajo la lupa de los investigadores.
    Los alcances de sus prestaciones son sugestivas: "prestación de servicios de asesoría y consultoría integral a empresas o clientes particulares relacionadas con la seguridad en redes de información y comunicaciones; asesoramiento en salvataje de personal y bienes en situación siniestral y/o preventiva; seguridad en la protección de la propiedad intelectual; detección de fraudes, resolución de conflictos con toma de rehenes, secuestros extorsivos, narcóticos y lavado de dinero; Comerciales: Mediante la compra, venta, importación y exportación de materiales para usos especiales: chalecos antibalas, escudos, cascos balísticos, municiones, explosivos, cartuchos especiales, granadas de irrupción y todo otro equipo o elemento relacionado con la seguridad individual o de empresas, inclusive material de uso bélico liviano o pesado de acuerdo con las reglamentaciones vigentes".
    Sus socios son Eduardo Ariel Menchi, Miguel Ángel Colella -comisario retirado-, Ricardo Alberto Escudero y el mencionado Martín Lanatta. Todo cierra.
    Finalmente, a la lista de sospechosos, hay que agregar los siguientes nombres:
    -Rubén Romano: denunciado por la ministra de Salud, Graciela Ocaña, como responsable de maniobras ilícitas en el gerenciamiento de obras sociales y el PAMI. Forza aseguró a este cronista que Romano quería matarlo por haberse desvinculado de la sociedad entre ambos. Ocaña admitió lo mismo.
    -Marcelo Abasto: amenazaba a Forza porque este le debía dinero. Según fuentes cercanas al fallecido empresario, las presiones de Abasto eran sumamente violentas.
    -Néstor Vázquez: ex superintendente de Servicios de Salud.
    -Ricardo M. Rodríguez: amigo de Martín Lanatta, es dueño de una quinta donde habrían estado los tres "empresarios" antes de ser asesinados.
    -Walter Maffini: vinculado a Forza y otros jóvenes "empresarios", es quien buscaba en clínicas y hospitales frascos vacíos de medicamentos para rellenarlos con agua y alcohol.
    -Sr. Cabañas: es el "padrino" de casi todos los jóvenes que abrieron droguerías "truchas" en los últimos años.
    Lo antedicho es parte de una trama maldita que en estas horas frena lo más alto del poder kirchnerista. La evidencia es concluyente, lo sabe el fiscal de Mercedes, Juan Bidone, también lo sabía en su momento la fiscal Ana María Yacobucci, quien se desprendió del expediente cuando descubrió que importantes funcionarios oficiales aparecían en el hecho (1).
    Sólo queda el trabajo del periodismo independiente. Por ahora.

Christian Sanz

(1) Este periodista declaró en la fiscalía de Yacobucci pero no fue llamado jamás a ratificar por los fiscales de Mercedes, aún cuando se ofreció evidencia concluyente, la cual fue finalmente entregada por otros medios. Asímismo, a pesar de que se aseguró a este medio que habría inminentes detenciones en mayo de 2009, nada ocurrió y los fiscales terminaron por refrendar el parate del expediente judicial.

    El día 2 de mayo de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia en el caso "Kimel vs República Argentina", donde, en lo que aquí interesa, y recogiendo el previo y expreso reconocimiento del Estado argentino, estableció que los tipos penales previstos en los artículos 109 y 110 del Código Penal -calumnias e injurias- no respetan el principio de legalidad (la clara enunciación de las acciones típicas a los fines que los ciudadanos puedan adecuar su conducta a la ley) y que, por ende, son anticonvencionales, habiendo ordenado a nuestro país que en un plazo razonable adecue el derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal forma que "las imprecisiones reconocidas por el Estado (...) se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica y, consecuentemente, no afecten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión".
    La CIDH señaló que: "Los representantes indicaron que la figura de injurias 'se refiere a una conducta absolutamente indeterminada', toda vez que 'la expresión deshonrar como la de desacreditar a otro, no describe conducta alguna'. Por ello consideraron que 'no existe un parámetro objetivo para que la persona pueda medir y predecir la posible ilicitud de sus expresiones sino, en todo caso, se remite a un juicio de valor subjetivo del juzgador'. Agregaron que la figura de calumnias 'resulta también excesivamente vaga'... . En razón de lo anterior y teniendo en cuenta las manifestaciones formuladas por el Estado Argentino acerca de la deficiente regulación penal de esta materia, la Corte Interamericana considera que la tipificación penal correspondiente contraviene los artículos 9 y 13.1 de la Convención Interamericana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma".
    El contundente y terminante pronunciamiento de la CIDH, es vinculante y obliga al Estado argentino y sus órganos, dentro de los cuales se encuentra el Poder Judicial y también la Jefatura de Gabinete de Ministros.
    El artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que: "Los estados parte en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean parte". Juan Carlos Hitters ("Criterios establecidos por los órganos jurisdiccionales de los sistemas interamericano y europeos", La Ley 2003-D, 1373) ha referenciado que: "En este aspecto coincidimos con Germán Bidart Campos y con Susana Albanese en los vinculantes efectos que tienen para los jueces del derecho interno las opiniones y decisiones de los órganos interamericanos del Pacto de San José, pues si los estados se reservaran el derecho a interpretar las recomendaciones de la Comisión, para aplicarlas en el ámbito doméstico según las circunstancias de cada caso concreto, estarían desvirtuando el sistema internacional de derechos humanos al que se han afiliado y en el que asumieron sus obligaciones".
    Es así que, continuar el procesamiento de ciudadanos por la presunta infracción a los artículos 109 y 110 del Código Penal, en los términos en que los mismos actualmente se encuentran redactados, implicaría el juzgamiento sobre la base de tipos penales que han sido declarados anticonvencionales, y que el propio Estado argentino así lo ha reconocido, y que diera lugar a la condena internacional aludida, en la Causa "Kimel vs. República Argentina".
    El mismo Hitters ("Los tribunales supranacionales" La Ley 2006-E, 817) dice que: "Cabe reiterar que esa responsabilidad arranca de actos u omisiones de cualquier poder u órgano estadual, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana y otros tratados, apareciendo en forma inmediata un ilícito internacional".
    Corresponde en consecuencia declarar la anticonvencionalidad de los artículos 109 y 110 del Código Penal por resultar violatorios de los artículos 9 y 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sobreseer a todos los periodistas imputados por estos delitos por manifiesta atipicidad del hecho (artículo 341 del CPPN).-
    Retomando la cuestión acerca de la libertad de prensa, derecho consagrado a nivel constitucional y supranacional en nuestro país, la prensa (en sentido amplio) y los periodistas tienen la facultad de hacer uso de aquel derecho, como se ha plasmado en distintas Convenciones internacionales a las que la República Argentina ha adherido.
    En cuanto al delito de calumnias e injurias y a partir del fallo ´Kimel, referenciado precedentemente, que resultara condenatorio de la Republica Argentina, tras su allanamiento a la pretensión del recurrente, se ha privilegiado el derecho a la libertad de prensa y de expresión por sobre el del honor., tan es así, que los recientes fallos de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente el recaído en las causas caratulada "Patitó José Ángel c/diario La Nación" de fecha 24 de junio de 2008, ya ha despejado el entuerto habido hasta entonces, y consecuentemente receptado la doctrina que desde ahora en más corresponderá aplicar, y que condujera al Poder Ejecutivo Nacional a enviar al Honorable Congreso de la Nación el pasado 10 de septiembre de 2009 a través del mensaje 1243 suscripto por su Jefe de Gabinete, Dr. Aníbal Domingo Fernández, y el Ministro de Justicia, Dr. Julio Alak, el anteproyecto para "despenalizar" los delitos de calumnias e injurias.


Haz lo que digo y lo que no hago.

    Sin perjuicio de señalar que el gobierno habría asumido con pesar la necesidad de impulsar la reforma de este delito de calumnias e injurias, tal vez para mitigar los efectos del autoritario proyecto de Ley de Medios Audiovisuales, aprobado por la fuerza y presumible cohecho, lo cierto es que debió acompañarlo por una suerte de amnistía para todos los casos de periodistas que en la actualidad se encuentran encausados por este absurdo delito, anticonvencional e inconstitucional.
    En efecto; si el gobierno Argentino ciertamente ha asumido este compromiso internacional a partir de una condena contra el país, es justo que permita desandar sus efectos en causas aún en trámite en torno a periodistas y medios por imperio de una amnistía, que además reduciría la carga jurisdiccional que pesa en los tribunales y que frente a esta situación, carecería de todo sentido.
    De todos modos nos consta que difícilmente el gobierno haga lo que debe, y a las pruebas nos remitimos. El actual Jefe de Gabinete, Dr. Aníbal Domingo Fernández, a la sazón firmante de la "partida de defunción" del delito de calumnias e injurias a través del mensaje 1243 aludido supra, es impulsor a título personal de numerosas causas (querellas) por calumnias e injurias, al igual que sus asesores, entre ellos el Juez integrante del Tribunal Oral de Mar del Plata, Dr. Roberto Atilio Falcone. Dichas causas están primordialmente dirigidas a políticos de la oposición y periodistas, lo que denota el ánimo adverso que el protagonista de esta nota tiene respecto de la libertad de expresión y de los periodistas. Veamos.

(Como puede verse, al director Ejecutivo de este periódico lo ha querellado en dos oportunidades a falta de una)
 

La mentira tiene patas cortas

    Llevado por la inseguridad y desconfianza, por su capacidad de ser aceptado tal cual es, el Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Domingo Fernández no hesita en la tentación de adornar aquí y allá la historia y sus habilidades de forma que cause una impresión favorable en la sociedad. Mentir es un recurso fácil de valer sin tener que pasar por esfuerzos ni penurias, aunque el precio que se corre es la posibilidad de ser descubierto, y la conducta desvelada ir en contra del emisor desprestigiándolo ante los que quería influir o aparentar.
    La persona honesta y sincera no tiene que patrullar la versión que da de sus intrigas porque fluyen naturalmente de su memoria, en cambio el mentiroso contumaz debe controlar qué versión da de su relato de vez en vez para que resulte coherente con la escuchada por cada persona ante la que ha presumido.
    Cuanto más se miente más difícil es controlar lo que se dice, recayéndose en incoherencias difíciles de remontar aún para la persona más hábil.
    Por ello nos asombra la capacidad de mentir que posee el actual Jefe de Gabinete de Ministros, que en los albores del envío del mensaje 1243 para despenalizar el delito de calumnias e injurias el pasado 10 de septiembre de 2009, y que el mismo rubricó con su firma, sostuvo ante algunos medios que era un proyecto necesario. y bla bla bla. y por el otro lado no reveló que el tiene un prontuario de querellas contra políticos y periodistas por el delito en cuestión, ya que queda mal que un funcionario público que sirve al país, tenga una conducta pública y una privada claramente opuesta. De hecho resulta disvalioso poseer una conducta tan antifuncional y mendaz.


Concluyendo

    El afán por impresionar que identifica por completo la idiosincracia del Jefe de Gabinete, se da de bruces con la situación expuesta. Si impulsa una norma determinada, debe ser la primera persona en cumplir con lo que pregona. Siempre el ejemplo rige y reina.
    Resulta entonces reprochable que, en lugar de acompañarse este proyecto con el simultáneo desistimiento de las querellas en cuestión, que reduzca las causas, la litigiosidad y la carga jurisdiccional en torno a las mismas como las que se intenta despenalizar (calumnias e injurias) se diga con palabras lo que los hechos no reflejan.
    Como la sed de mérito nunca se sacia con la mentira cada vez está la persona más descarriada e insatisfecha y más encuentra motivos para curarse con la medicina que le agrava.
    Hay que jugar limpio Señor Aníbal Fernández, sea serio, natural y coherente y haga lo que dice que hay que hacer. El punto de partida es el ejemplo.

Carlos Forte

    Contar la historia de un buque tiene sentido sólo si se percibe la trascendencia social que la misma contiene. El buque Amalia del Bene fue construido por el hoy desaparecido Fondo para la Marina Mercante. Para construirlo, Naviera Del Bene solicitó un préstamo de US$30 millones, cuando el costo hubiese sido US$8 millones. Quienes manejaban el Fondo junto a las empresas convenían con el astillero que lo construía mayores costos, y obtenían así una financiación a tasa preferencial para otras actividades.
    Los créditos nunca fueron pagados, y los resultados negativos fueron cargados a la cuenta de nuestras espaldas. El buque navego un año y medio y luego desapareció "legalmente" gracias a la Justicia Nacional. Hoy el buque pertenece a la empresa privada Del Bene SACIF, que nunca lo abonó. Esta empresa se encuentra manejada por Fluviomar SA y opera en nuestra hidrovía.
    Fluviomar SA se asocia con la paraguaya Conosur que transporta hidrocarburos para Petropar, Petróleos Paraguayos. El presidente de Fluviomar Andrés René Guzmán, es el titular de Conosur. Fluviomar-Conosur, muy comprometida en sus finanzas, hipoteca el buque Amalia del Bene, para luego venderlo a la norteamericana Ocean Bulker en US$17 millones, con el compromiso de volverlo a comprar tiempo después en US$25 millones. Fluviomar realiza la operación con el objeto de obtener fondos para apuros financieros. Fluviomar nunca cumplió con Ocean Bulker y fue demandada hace unos meses en Estados Unidos por presunta defraudación y estafa a través de la venta fraudulenta de una embarcación, que nunca salió de patrimonio Fluviomar porque estaba hipotecado.
    La deuda de Fluviomar a distintas compañías llega a ¡US$ 150 millones!


El rescate de Cristina, bendición para Fluviomar

    Gracias a los acuerdos bilaterales que firma Cristina Kirchner con su par venezolano, Fluviomar se asocia a PDVSA -Petróleos de Venezuela-, para formar una mega naviera bautizada Fluvioalba. La alianza Fluviomar-PDVSA rescata a Fluviomar de una quiebra técnica y convierte a Fluvioalba dominante en el transporte de hidrocarburos en la hidrovía Río de la Plata y del río Uruguay, así como en la hidrovía Paraguay-Paraná, conformado por Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia.
    El acuerdo que firma Cristina es "para la logística, distribución y transporte entre Fluviomar SA y PDVSA Naval". La alianza estratégica para PDVSA no solo permite el control de la Hidrovía Paraguay-Paraná, a través del transporte de petróleo y sus derivados sino que ata a Petropar a ser provisionada por PDVSA en el 100% de su gas oil, y a contratar los fletes a una sola naviera en Paraguay: Conosur. "Impresionante" y en palabras de Chávez "con ello Venezuela tendrá cada vez más presencia en el Cono Sur".
    El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela informa que se firmó "el Memorándum de Entendimiento entre PDVSA y Fluviomar SA, sobre logística, distribución y transporte para establecer una alianza estratégica en logística internacional y con experiencia en transporte marítimo, fluvial, ferroviario y terrestre, en la región de influencia de la Cuenca del Río de la Plata, río Uruguay e hidrovía Paraguay - Paraná, para facilitar la presencia de PDVSA en los países del Mercosur".
    Mientras Cristina firma los acuerdos millonarios que jamás hace públicos, que otorgan negocios fuera de la ley y entrega nuestro futuro a intereses foráneos y a empresarios espurios, Fluviovía no paga salarios ni realiza aportes previsionales. Ni la tripulación del protagonista de esta historia, el buque Amalia del Bene, ni las tripulaciones de los otros buques de Fluviovía, ni personal alguno de Fluviovía, tienen asegurado su porvenir, porque Cristina asegura el futuro de funcionarios y empresarios corruptos y negocios de países amigos, otorgando posiciones dominantes, práctica prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia, Ley de la Nación 25.156, a empresas incumplidoras de sus obligaciones legales, sospechadas de corrupción y de fraude, envueltas en escándalos y maniobras financieras con la anuencia de funcionarios del estado.


Daños colaterales

    Los políticos en la Argentina desde hace décadas impulsan negocios para sus intereses por sobre el interés de la Nación, por sobre el ciudadano. La destrucción de dignidad y ciudadanía se continua cualquiera sea el nombre del modelo. El negocio de la destrucción de la Marina Mercante Argentina comienza con los decretos de la democracia 1772/91 y el 817/92, aun vigentes. Gracias a ellos durante años buques antes argentinos navegaron sin ajustarse a convenios internacionales ni normas de la OIT, y permitieron enarbolar pabellones extranjeros en nuestras naves. Los derechos de miles de trabajadores argentinos de las hidrovías y del mar, fueron literalmente borrados. La falta de justicia y el compromiso de los mas altos estamentos jurídicos que avalan todo tipo de ilegalidades, hacen que aunados a legisladores se haya pisoteado la Constitución Nacional y con ello todas las garantías del ciudadano en pos de mas dinero y poder del status quo político.
    La corrupción institucional permite que se vendan buques hipotecados. El Registro Nacional de Buques es quien "otorga nacionalidad a los buques y asegura el tráfico jurídico mediante la publicidad registral, funciones que se encuentran acabadamente diferenciadas entre sí, pero profundamente entrelazadas. La primera de ellas se materializa con la inscripción en la Matrícula Nacional. Esta inscripción, además de otorgar la nacionalidad argentina, autoriza el uso del Pabellón Nacional y sujeta al buque a las leyes de la República. La otra, es la que tiene por objeto el registro del dominio y sus distintas afectaciones, función directamente vinculada al orden jurídico, para resguardarlo y dar seguridad y eficacia a las transacciones que se realicen sobre buques, teniendo en mira la importancia de los valores económicos en juego. Esta es la función de policía de la propiedad, que va más allá de los fines administrativos, redundando directamente en los intereses de los particulares y evitando que se produzcan alteraciones en el orden jurídico. Nuestro país tiene una larguísima tradición en materia de registro de la propiedad naval, siendo de destacar que los principios que se procuran generalizar universalmente para la matriculación de los buques, incorporados en un convenio específico y a la Convención sobre Derecho del Mar, concluidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas, están comprendidos desde hace mucho tiempo en los procedimientos del Registro Nacional de Buques". ¿Cómo se vendió el buque Amalia Del Bene hipotecado?


La explicación: corrupción y mas corrupción

    No sólo los buques quedan sujetos a las leyes de la Nación, sino también los empresarios, los funcionarios y los Presidentes, que no sólo firman acuerdos bilaterales, sino convenciones internacionales. Entre estas convenciones firmadas por el Ejecutivo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, con fuerza de Ley (ley 26.097) y compromete internacionalmente a nuestro Estado. En el Preámbulo de la Convención se encuentran los fundamentos que llevan a los mandatarios a firmar la misma, entre ellos:
    "Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,
    Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero,
    Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados, .
    . Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley, .
    ... Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces, .
    La democracia depende de una gestión clara, pública, que no silencie denuncias, que genere dignidad y seguridad a sus ciudadanos. En un Estado cuyos representantes han roto todos los frenos inhibitorios morales en pos de su enriquecimiento personal, la Convención contra la Corrupción pareciera solo una declaración que no plasma hechos y realidades que la Argentina vive día a día reflejada en la pobreza y en el ranking de corrupción intencional que detenta. No existe preocupación alguna de los presidentes de turno y sus funcionarios por la pobreza generada desde la corrupción.
    Los Kirchner y sus funcionarios colaboradores deberán ser juzgados y enviados a cárceles comunes junto a los genocidas de ayer pues su política de robo y destrucción a la Patria es otra clase de genocidio.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante- Investigador