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La próxima semana, seis científicos y un funcionario serán enjuiciados en Italia por homicidio por el terremoto de L'Aquila, en el que hace dos años murieron 309 personas.
El caso ha atraído la atención de medios del mundo porque parece que la que se sentará en el banquillo es la ciencia.
Los siete acusados parecen ser culpables de no predecir el terremoto de 6,3 grados en la escala de Richter que asoló la localidad la noche del 6 de abril de 2009.
Los científicos insisten en que con los medios de que disponen, no pueden prever con precisión dónde va a ocurrir un terremoto, ni siquiera en una zona de gran actividad sísmica.
Unos 5.000 científicos de todo el mundo han firmado una carta en la que apoyan a sus compañeros italianos de cara al juicio.
Según le dijo a la BBC el abogado de uno de los acusados, es posible que su cliente acabe condenado y encarcelado.
"Temo que, como en un terremoto, nada en este caso es predecible. No nos olvidemos que este juicio está teniendo lugar en L'Aquila, donde toda la población ha sido afectada personalmente y está a la esperar de una sentencia que no debería existir", dijo Marcello Milandri.
Los sismólogos pueden evaluar las probabilidades de que un terremoto pueda ocurrir, pero con una enorme falta de precisión sobre sus características.
Los signatarios de la carta piden a las autoridades que se concentren en la protección ante los terremotos en lugar de en perseguir científicos en lo que sienten como un proceso inquisitorial al estilo del que sufrió Galileo.
¿Juicio a la ciencia?
Los fiscales que llevan adelante el caso aseguran que no se trata de un juicio a la ciencia y que son perfectamente conscientes de que no se puede predecir un terremoto.
La población estaba nerviosa por semanas de temblores. Los científicos sólo llamaron a la calma.
Lo que cuestionan es si los acusados, miembros de la Comisión Italiana de Grandes Riesgos, hicieron su trabajo de forma adecuada.
Se trata pues de eso, ¿supieron evaluar los riesgos y los comunicaron con claridad a las autoridades que se servían de su asesoría?
Un inspector local, Lorenzo Cavallo, recordó que "la comisión calmó a la población tras una serie de temblores de tierra". "Después del terremoto, mucha gente comentó que cambiaron de actitud por los consejos de la comisión".
"Es nuestro deber investigar lo que se dijo en cada caso y pasarlo por el filtro de las autoridades legales", afirmó.
Gas radón
Giustino Parisse, periodista que vivía en Onna, una pequeña aldea cercana a L'Aquila, es uno de los que ha impulsado el caso.
Las semanas anteriores al terremoto había habido una serie de temblores. En la víspera, la noche del 5 de abril, varios sismos llegaron a despertar a su familia.
Estaban ansiosos, pero les dijo que volvieran a dormir, que no había necesidad de preocuparse porque eso era lo que habían dicho los científicos.
El día del terremoto de L'Aquila su hija de 16 años y su hijo de 17 murieron por el terremoto, junto a su padre. Todos porque su casa se desplomó.
Parisse le explicó a la BBC que la población estaba nerviosa por los avisos de un científico nuclear, Giampaolo Giuliani, que había dicho que los altos niveles de gas radón sugerían que un terremoto era inminente.
La fiabilidad de ese indicador es algo ampliamente discutido. La mayoría de los expertos creen que no es algo a lo que hacer demasiado caso.
La localidad de L'Aquila quedó devastada.
En aquel momento, el responsable de la agencia de protección civil italiana, Guido Bertolaso, tomó una decisión inusual al pedirle a la Comisión de Grandes Riesgos que viajara a L'Aquila para discutir la situación.
Allí se reunieron durante una hora con el funcionario que ahora también está siendo enjuiciado, Bernardo de Berandinis, quien era vicedirector del departamento de Protección Civil.
Dos de los que se sentarán en el banquillo de los acusados tienen vínculos con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).
El responsable de Relaciones Públicas del INGV, Pasquale de Santis, le dijo a la BBC que el juicio es una distracción, que desde 1998, los sismólogos venían diciendo que el área era de alto riesgo y que la población debía poner en su punto de mira a quienes no hicieron nada por endurecer la regulación de la construcción.
Fondos
Cuestionado sobre el asunto, el alcalde de L'Aquila, Massimo Cialente, dijo tener esperanzas de que el juicio provoque un debate nacional que facilite el conseguir fondos para proteger a su población ante futuros sismos.
Seis días antes del terremoto, Cialente había trasladado a los alumnos de la escuela local porque el edificio había sido dañado por terremotos anteriores. Pero, según denuncia, sin presupuesto para hacerlo porque, afirma, la prevención no es una prioridad.
Quienes impulsan el proceso, dicen que la población de L'Aquila tiene derecho a saber lo que pasó. Muchos esperan que el juicio les dé algo de paz.
Pero quienes firmaron la carta de apoyo a los acusados temen que el caso sirva para disuadir a los científicos de dejar sus laboratorios para trabajar con las autoridades y el público.
John McCloskey, profesor de Geofísica de la Universidad del Ulster, dijo los acusados son científicos que se pasaron la vida produciendo los mapas sísmicos más sofisticados.
Para McCloskey, es un "ultraje" que ahora se enfrenten a un proceso por homicidio. El profesor fue uno de los que firmó la carta. Y su opinion no deja lugar a contemplaciones: "Su cuenta y riesgo son los nuestros".
