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Información Impunidad |
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17feb09 - xii) msjes. | |
| Arg - Las causas por crímenes en contra de la humanidad estarán en el centro de las cuestiones judiciales durante 2009, así como las amenazas e intimidaciones contra abogados. |
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i) Reportaje al abogado Enrique Ponce sobre el juicio oral en San Luis y las amenazas que ha recibido. Ponce explica detalladamente el estado del jucio oral de San Luis. En la causa se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti, ocurrido en septiembre de 1976, las desapariciones de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma, ocurrida en la misma época, y las torturas recibidas por Víctor Fernández, sobreviviente de esas detenciones. Por esos crímenes están acusados los policías Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco y los coroneles retirados Carlos Esteban Plá y Miguel Angel Fernández Gez. Aborda finalmente el problema de las amenazas que ha recibido. Si bien se remontan éstas a una etapa anterior, el 10nov08, el testigo Roberto Arce profirió una serie de amenazas contra el abogado Enrique Ponce entre otras personas. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Filial San Luis (APDH) emitió un comunicado el 12nov08 repudiando estos hechos y expresando su solidaridad con los amenazados. A finales de enero de 2009 una llamada anónima a la casa del periodista Gustavo Heredia advirtió que tanto él como el abogado Enrique Ponce, serían asaltados en busca de información acerca de una causa por crímenes contra la humanidad. "Los están vigilando a los dos", les dijeron. El letrado relata que en la vivienda del periodista se recibieron tres llamadas: dos se cortaron al ser atendidas por una menor y en la tercera, atendida por la mujer, una voz masculina le advertía que los hogares de ambos serían "visitados" por extraños bajo una simulación de robo...
ii) Entrevista a Natalia Andrea Messineo sobre la situación de intimidación a abogados y testigos de las causas por crímenes contra la humanidad en la ciudad de Mar del Plata. Varios de los responsables de estas amenazas se encuentran incursos en un proceso penal a causa de las mismas. Hay que destacar que estas personas tienen una larga trayectoria en la ultraderecha de Mar del Plata, con un claro componente ideológico de origen nacionalsocialista, y su actuación territorial más conocida fue en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Sobre el contexto y desarrollo de esta campaña de amenazas y difamación, Radio Nizkor ha entrevistado a Natalia Andrea Messineo, integrante el equipo jurídico que adelanta los juicios por crímenes contra la humanidad en Mar del Plata. Si bien esta situación intimidatoria se viene dando desde hace varios años, conviene destacar que durante la última semana de este mes de agosto fueron detenidos en Mar del Plata ocho represores de la Base Naval, Prefectura y ESIM, al mismo tiempo que se realizaban audiencias ante el Tribunal Oral Federal Nro. 5 de Buenos Aires que daban cuenta del funcionamiento de los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en la Seccional Cuarta y en La Cueva. A ello se suma el avance producido en las investigaciones penales y la cercanía de los juicios orales en esta ciudad, lo que que marcaría el comienzo de las primeras condenas...
iii) Programa especial sobre la cuestión del asesinato del Secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci, y los crímenes contra la humanidad. Se trata de un programa coproducido por Radio Nizkor y "Propuesta Gremial", programa éste último que se emite cada sábado entre las 09:00 y las 11:00 de la mañana desde Red-TL, en la FM 105.5 de Rosario, Argentina. Marta Figueredo, productora y co-conductora de "Propuesta Gremial", entrevista a Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor, quien trata los siguientes temas: 1) Fundamentación jurídica y doctrinal por la cual no se puede considerar el asesinato de José Ignacio Rucci como crimen contra la humanidad... Todo ello no es óbice para que la familia de Rucci utilice cuantos recursos legales le correspondan en derecho y defienda los mismos ante la justicia argentina. 2) Por qué considera que el actual Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, no está en condiciones éticas, ni morales de solicitar este tipo de investigación, al tiempo que contextualiza y explica la Resolución Final del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, de abril de 2008, en el caso de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) en Mar del Plata, deteniéndose en cómo Moyano perteneció a la CNU y dirigió en Mar del Plata la Juventud Sindical Peronista (JSP). 3) La participación de la CNU en la represión en cuanto integrante de uno de los al menos once grupos de tareas de la Marina de Guerra, concretamente el que operó desde la base de submarinos de Mar del Plata, Grupo de Tareas 6. 4) Pone de relieve que lo que está en el olvido es el asesinato sistemático de sindicalistas que se llevó a cabo en todo el país. Muestra de ello es que, a pesar de representar éstos el porcentaje más alto de víctimas, no existe ninguna causa en los juzgados argentinos encaminada a la investigación de lo que se puede considerar el mayor exterminio de sindicalistas de América Latina y que significó la práctica desaparición de todas las corrientes sindicales denominadas "combativas" y/o clasistas surgidas en el calor de la lucha contra la dictadura de Onganía en todo el país y cuyo objetivo común era la democratización de las estructuras sindicales. 5) Tomando el caso de la Universidad de Mar del Plata, explica cómo la Marina de Guerra controló la represión en el sistema universitario argentino con anterioridad al golpe militar, legalizándolo a partir de la dictadura, e institucionalizándolo, el mismo modelo que el Tribunal Oral de Mar del Plata investigó en esa Universidad. Tal modelo se aplicó en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), donde actuó el Grupo de Tareas 5, que operó desde la base de Río Santiago. En la Universidad Nacional de Buenos Aires (UNBA) y en el Ministerio de Educación, actuó el Grupo de Tareas 3 a cargo del Jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Armada; de éste dependían el GT 3.3 de la ESMA y el 3.4 que operaba desde el edificio del Comando en Jefe de la Armada. Lo mismo ocurrió en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca con el Grupo de Tareas 1, que operó desde la Comandancia Naval de la Flota de Mar en Puerto Belgrano. Toda la dirección de la política universitaria se llevaba desde la Jefatura del Servicio de Inteligencia Naval de la Marina Guerra con sede en Puerto Belgrano, dirigida desde principios de 1974 hasta principios de 1977 por el Capitán de Navío Lorenzo de Montmollin, quien era por tanto responsable de todos los grupos de tareas y quien dependía del Almte. Massera. 6) Por último, Gregorio Dionis proporciona un análisis de la finalidad de la campaña de imagen puesta en marcha a través del "Caso Rucci", el cual es utilizado como "operación sociológica" para tratar de detener los juicios por crímenes contra la humanidad en jurisdicción ordinaria, explicando cómo se organiza una campaña de esta naturaleza y cómo se ha desarrollado hasta la fecha. Desde este punto de vista, el "caso Rucci" se utiliza de forma instrumental y para tratar de polarizar la opinión pública en un falso dilema que sirva a estos intereses y que puede formularse así: si Ud. considera que el asesinato de José Ignacio Rucci no fue un crimen contra la humanidad es porque Ud. apoya la guerrilla setentista y, especialmente, a Montoneros...
iv) Estado de los juicios por crímenes contra la humanidad en Argentina hasta 2008 y principios de 2009. El próximo 10 de febrero comenzará el juicio oral contra el ex general Jorge Olivera Rovere, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército durante el último gobierno de facto. Será juzgado por el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal y se estima que durará seis meses. El mismo día, el Tribunal Oral Federal de Formosa iniciará el juicio oral contra quien fuera gobernador de esa provincia entre 1976 y 1981, el general Juan Carlos Colombo, procesado por los delitos de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas. El caso “Colombo” es el primero por delitos de lesa humanidad en llegar a juicio oral en aquella provincia y es un desprendimiento de una causa mayor, donde hay una veintena de imputados, caratulada “Carrillo, Fausto Augusto”. En tanto, se fijó para el 23 de febrero próximo el comienzo el juicio oral contra el ex militar Víctor Enrique Rei, que se encuentra detenido, acusado de sustracción y ocultación de un menor, y estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6 de la Capital Federal. Y para el 25 de marzo está prevista la primera audiencia por el caso “Floreal Avellaneda”, ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. Los imputados en esta causa son Osvaldo Jorge García, César Amadeo Fragni, Raúl Horacio Harsich, Alberto Angel Aneto y Santiago Riveros. Los juicios hasta el 2008
Pertenece a la causa del Primer Cuerpo de Ejército y se realizó ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal. Se condenó a Juan Carlos Lapuyole y a Carlos Enrique Gallone, y se absolvió a Miguel Angel Timarchi. Se encontraba imputado Cristino Nicolaides, entre otros, y el juicio se realizó ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Se condenó a Juan Carlos de Marchi, Julio Barreiro, Horacio Losito y Raúl Reynoso, y se absolvió a Carlos Piriz. Seguida contra Luciano Benjamín Menéndez y otros, ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba. Se condenó a Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Jorge E. Acosta, Luis A. Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz, Oreste V. Padován y Ricardo Lardone, por el secuestro, desaparición, torturas y asesinato de cuatro personas: Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, que militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Radicada ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Actualmente se celebra el juicio oral y público, en el que se juzga la actuación del ex jefe del batallón militar donde funcionó el centro clandestino "La Escuelita", Enrique Braulio Olea; del ex jefe de Inteligencia de esa unidad, Mario Alberto Gómez Arenas, de su par del Comando de la Sexta Brigada, Oscar Reinhold, y del ex mayor Luis Alberto Farías Barrera. También están imputados el ex médico militar Hilarion de Pas Sosa, los ex oficiales de Inteligencia Jorge Molina Escurra y Adolfo San Martín y el ex suboficial de inteligencia, Francisco Oviedo. Radicada ante el Tribunal Oral Federal de San Luis. Se está realizando el juicio, en el que se juzga la actuación de dos ex militares (Carlos Esteban Plá y Miguel Fernández Gez) y de tres ex policías (David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco). Radicada ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Se dictó sentencia condenatoria a Luciano Benjamín Menéndez y a Antonio Bussi, por la desaparición de Guillermo Claudio Vargas Aignasse, quien a la fecha de su secuestro tenía 35 años, era licenciado en Física y ejercía como senador de esa provincia, en representación del Partido Justicialista. Pertenecía a una agrupación dentro de su partido denominada FANET, Federación de Agrupaciones Nacionales de Estudiantes de Tucumán. Ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal. Se condenó a los tres acusados. Los oficiales de la Fuerza Aérea Comes y Mariani fueron juzgados por los sucesos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, conocido como “Mansión Seré”, y que estaba bajo el control en el que permanecieron en cautiverio varias personas, algunas de las cuales lograron fugarse: Guillermo M. Fernández; Daniel E. Rossomano; Claudio Tamburrini y Carlos Alberto García. Barda era un teniente coronel que estaba acusado por la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio de Analía Magliaro y de Jorge Candeloro, así como por el secuestro y torturas a Marta García de Candeloro. Ante el Tribunal Oral Federal N° 5. Se condenó al ex capital del Ejército Enrique Berthier y a los apropiadores Osvaldo Rivas y a María Gómez Pinto, por el hecho cometido en perjuicio de María Eugenia Sampallo Barragán. En agosto de 2006, Julio Héctor Simón fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal a 25 años de prisión, por la detención ilegal y los tormentos infligidos a José Poblete y Gertrudis Hlaczik, y por la ocultación de una menor, hija del matrimonio. En septiembre de 2006, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales y costas, por la detención ilegal, tortura y homicidio en relación con seis desapariciones. El 9 de octubre de 2007, el ex capellán de policía Christian Federico Von Wernich fue condenado por el Tribunal oral Federal Nº 1 de La Plata a prisión perpetua, por su participación en siete homicidios, 42 secuestros y 31 casos de tortura. Von Wernich había sido capellán de policía de la Provincia de Buenos Aires –encabezada por Ramón Camps– y tenía bajo su control numerosos centros de tortura en la provincia. Una de las principales acusaciones contra el sacerdote fue que abusaba de su condición como ministro de la iglesia y del sacramento de la confesión para colaborar con los militares. El juez federal Ariel Lijo condenó –en diciembre de 2007- a 25 años de prisión al ex jefe del Ejército y del Tercer Cuerpo Cristino Nicolaides, por los secuestros y las desapariciones de cinco miembros de Montoneros entre 1979 y 1980, cuando esa agrupación lanzó la operación "contraofensiva" ante el gobierno militar. La sentencia también alcanzó a Pascual Guerrieri, Carlos Fontana, Waldo Roldán, Luis Arias Duval, Santiago Hoya, Juan Carlos Gualco y Julio Simón (alias "el Turco Julián").
v) Juicios a represores: Cristina se manifestó en contra de la creación de un fuero especial La Presidenta consideró hoy que "la creación de un fuero especial sería lo que buscarían aquellos que persiguen invalidar los juicios en materia de derechos humanos" en el país. Y recalcó "la necesidad de que sean juzgados y castigados todos aquellos que han violado derechos humanos". La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de visita en España, consideró hoy que "la creación de un fuero especial sería lo que buscarían aquellos que persiguen invalidar los juicios en materia de derechos humanos" en el país, y recalcó "la necesidad de que sean juzgados y castigados todos aquellos que han violado derechos humanos". Durante su visita a la Casa América de Madrid, la mandataria explicó que "hay un escenario de fuerte retraso y demora en los juicios en materia de derechos humanos" en Argentina, pero aclaró que esa situación "viene de unos cuantos años, porque estamos a 25 años de democracia", y destacó la anulación de las llamadas ’Leyes del Perdón’ durante la presidencia de Néstor Kirchner. Ante la consulta sobre la posibilidad de establecer un fuero especial para el juzgamiento a represores, la jefa de Estado sostuvo que "la creación de un fuero especial sería lo que buscarían aquellos que persiguen invalidar los juicios en materia de derechos humanos". En ese punto, recordó "el famoso ’Camarón’" constituido por tres jueces durante la década de 1970, el cual "fue catalogado de absolutamente inconstitucional porque violaba un principio esencial del derecho penal internacional como es el del juez natural". La presidenta reconoció "la angustia que todos tenemos, la sensación de injusticia por la demora de estos juicios". Sin embargo, enfatizó que "lo peor que podría pasar es crear instrumentos legislativos que precisamente permitieran a quienes están acusados y están siendo juzgados, el argumento para presentarse ante foros internacionales, alegando que se los saca del juez natural y de principios básicos del derecho penal occidental". En ese caso, los abogados de los acusados podrían "plantear la nulidad de las causas, inclusive plantearlas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin necesidad siquiera de recurrir a ningún juez internacional como pudiera ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Cristina mencionó también que "una de las claves que se está dando en la demora de los juicios es el tema de las pruebas, apelaciones y demás". "Se plantearon -continuó la presidenta- algunos proyectos formulados por la oposición. Se pretendía que las pruebas en un juicio pudieran valer en otro juicio, algo que es imposible, porque una de las claves que hace al derecho de defensa y del debido proceso es que cada acusado pueda controlar adecuadamente las pruebas por las cuales se fundamenta la acusación contra él", dijo. Por último, expresó que "no hay argentino ni persona en el mundo que pueda dudar acerca de la convicción del gobierno del presidente Néstor Kirchner y de esta presidenta, en la necesidad de que sean juzgados y castigados todos aquellos que han violado derechos humanos en la República Argentina.
vi) Termina la feria judicial y se reinician los juicios a los represores. Cuatro nuevos juicios orales contra represores de la última dictadura acusados por crímenes de lesa humanidad se iniciarán tras la feria judicial que concluye el lunes. Los dos primeros procesos comenzarán el martes 10 de febrero y por ahora se trata de los únicos cuatro juicios por estos delitos imprescriptibles con fecha de inicio confirmada en el 2009. Otras 27 causas ya cuentan con pedido de elevación a juicio pero aún no se ha fijado fecha, mientras otras 150 se encuentran en instrucción, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). En el porteño Tribunal Oral Federal 5 comenzará el juicio contra el ex general Jorge Olivera Róvere, que llega libre al juicio en el que está acusado de 24 privaciones ilegales de libertad y dos homicidios. Eso delitos fueron cometidos cuando era jefe de la subzona Capital del Primer Cuerpo de Ejercito, como segundo del ya fallecido Guillermo Suárez Mason, y junto a él serán juzgados cuatro de sus subordinados: los ex jefes de áreas Teófilo Saa, Felipe Alespeiti, Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez. El mismo martes 10, el Tribunal Oral Federal de Formosa iniciará el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en esa provincia contra quien su fuera gobernador entre 1976 y 1981, el general Juan Carlos Colombo. Está procesado por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas. También, se encuentra libre porque fue excarcelado por el mismo fallo de casación que ordenó la liberación, finalmente no concretada, de Alfredo Astiz. Para el 23 de febrero está previsto el comienzo el juicio oral contra el gendarme Víctor Enrique Rei, quien llegó a ser subjefe de inteligencia de esa fuerza, y se encuentra detenido, acusado de sustracción y ocultación de hijo de los desaparecidos Liliana Fontana y Pedro Sandoval. Para el 25 de marzo, en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, está prevista la primera audiencia por el caso "Floreal Avellaneda", uno de los más estremecedores revelados en el histórico contra los comandantes en jefe de la dictadura. Se trata de un joven militante comunista de 14 años que fue secuestrado durante un allanamiento en la vivienda familiar junto a su madre y cuyo cuerpo, maniatado y empalado, fue hallado en costa uruguaya. Por este crimen están imputados los generales Santiago Riveros y Jorge Osvaldo García, los coroneles Horacio Harsich y César Fragni y el policía Alberto Aneto, de la comisaría de Villa Martelli, donde la madre escuchó por última vez a su hijo.
vii) Encuentran internado en grave estado a Felipe Romero, un ex jefe de la Triple A. Efectivos de Interpol encontraron esta noche internado en grave estado a Felipe Romeo, ex director de la revista El Caudillo -órgano de difusión de la Triple A- quien estaba prófugo desde 2007 en una causa que investiga crímenes cometidos por esa organización terrorista. Romeo permanece en el Hospital Fernández, donde ingresó el domingo en estado de coma. "El paciente, de 70 años, está con respirador artificial, con signos de un accidente cerebrovascular y antecedentes de insuficiencia renal, por lo que su estado es severísimo", dijo el director de la región sanitaria I, Néstor Pérez Baliño, en declaraciones a la agencia Télam. El ex líder de la Triple A Romeo era buscado en la causa que investiga el juez Norberto Oyarbide por el delito de asociación ilícita y al menos ocho homicidios cometidos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Al respecto, fuentes de Interpol precisaron que "desde hace tiempo veníamos realizando tareas de inteligencia, por directivas del juez Oyarbide, sobre la familia de Romeo y sabíamos que se encontraba en Florianópolis, Brasil, hasta que por los movimientos de sus familiares, establecimos que fue internado en el Hospital Fernández en estado sumamente crítico". "Una vez que lo ubicamos, cotejamos las huellas digitales del paciente con las del expediente y el trámite dio resultados positivos", explicaron. Las fuentes, asimismo, dijeron desconocer por dónde ingresó Romeo al país, aunque estiman que pudo haber sido por algún paso no declarado o con otra identidad, ya que no existen registros en los pasos fronterizos de su ingreso. Romeo fue director de la revista "El Caudillo", órgano de difusión de la "Triple A" que dirigía José López Rega, cuyo eslogan era "el mejor enemigo es el enemigo muerto". Y permanecía prófugo de la Justicia desde 2007, cuando el juez Oyarbide, en el marco de la causa que tiene a su cargo sobre los crímenes de la Triple A, ordenó su captura. En la misma causa, fue detenido en España y luego extraditado a la Argentina el ex subcomisario de la Policía Federal Rodolfo Eduardo Almirón, por delitos de lesa humanidad cuando se desempeñaba como jefe de operaciones de la organización paramilitar Triple A. También fue detenido Juan Ramón Morales, uno de los jefes operativos de la Triple A y ex custodio de López Rega; y el policía Miguel Rovira, quien se entregó por propia voluntad.
El juicio comenzará el martes y se dividirá en dos etapas. La primera se concentrará en el ex subjefe del Primer Cuerpo del Ejército y la segunda a cinco jefes de área de Capital Federal. El Tribunal Oral Federal 5 anticipó que no se permitirá el ingreso de la prensa al recinto , en contraposición con lo dispuesto por la Corte. El ex subjefe del Primer Cuerpo de Ejército, Jorge Olivera Róvere, comenzará a ser juzgado la semana próxima acusado de cuatro homicidios, un centenar de casos de privación ilegal de la libertad y un caso de tormentos, durante la dictadura militar. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal Cinco y se concretará desde el martes 10 de febrero en una primera etapa para Olivera Róvere -de 83 años-, y en una segunda -a partir de mayo o junio- a cinco jefes de área de Capital Federal por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Róvere fue segundo de Carlos Guillermo Suárez Mason al frente del Primer Cuerpo de Ejército y se desempeñó como jefe de la subzona Capital Federal durante la dictadura. El juicio oral y público se enmarca dentro de la megacausa Primer Cuerpo de Ejército y contará con más de cien casos, entre ellos el homicidio del legislador uruguayo Zelmar Michelini y la desaparición del escritor y periodista Haroldo Conti. El Tribunal porteño también entiende en la otra gran causa que investiga los crímenes cometidos en la ESMA, pero el ex capitán Alfredo Astiz y una veintena de represores deberán esperar a que transcurran entre seis y nueve meses, tiempo estimado para que concluya el proceso contra Róvere y sus subalternos. Bajo la carátula 14216/03 "Suárez Mason, Carlos y otros sobre privación de la libertad, homicidios, etc", el tribunal integrado por los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado comenzará las audiencias el martes 10 de febrero en los Tribunales de Comodoro Py, programadas para los días martes, miércoles y jueves. Olivera Róvere será juzgado por la privación ilegal de la libertad y homicidios de Raúl Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo de Schroeder y William Alen Whitelaw, todos dirigentes uruguayos. Además se lo acusa de la privación ilegal de la libertad en 116 casos y una seguida de tormentos a Elpidio Eduardo Lardies. Los delitos que se le imputan fueron cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaban en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que incluye la mayoría de campos de detención de la provincia de Buenos Aires, Capital y parte de La Pampa. En una segunda etapa, prevista para mayo o junio, el tribunal comenzará a juzgar al general de brigada Teófilo Saa, teniente coronel Felipe Alespeiti, los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez y al general de división Rodolfo Whener por su responsabilidad como jefes de área en la zona Capital. Se espera que Róvere, que se encuentra actualmente excarcelado y con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, asista al inicio del juicio, ya que hasta el momento la querella no fue notificada de ninguna circunstancia que se lo impida. El CELS es uno de los querellantes en el juicio a Róvere y cinco militares y a su vez patrocina a las familias de los legisladores uruguayos asesinados Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de Graciela Mellibosvsky, desaparecida en septiembre de 1976. En cuanto a la cantidad de testigos, el fiscal Félix Crous presentó al Tribunal una extensa lista con testimonios de familiares de las víctimas, compañeros de cautiverio, vecinos y personas que aportan información sobre los hechos. El tribunal que tendrá a su cargo el juicio, ha anticipado que no se permitirá el ingreso de la prensa al recinto, en contraposición con lo dispuesto oportunamente por una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de mediados del año pasado. El juez Gordo había impedido en el mes de noviembre de 2008, el ingreso de camarógrafos y fotógrafos al juicio al coronel (r) Alberto Pedro Barda y solamente permitió la toma de imágenes por circuito cerrado de televisión, de la lectura de la sentencia que el magistrado permitió la toma de imágenes por circuito cerrado de televisión, de la lectura de la sentencia que el magistrado realizó.
ix) Bignone, a juicio oral por delitos de lesa humanidad en la dictadura. El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral la causa que involucra al dictador Reynaldo Bignone, procesado por el secuestro de médicos y profesionales de la salud del Hospital Posadas, de Haedo, durante la última dictadura militar. Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el magistrado remitió al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) el legajo en el que Bignone, el coronel médico Agatino Di Benedetto, el brigadier general Hipólito Mariani y los represores Luis Muiña y Argentino Ríos, están procesados por delitos de "lesa humanidad". En el expediente que tramita Rafecas se investiga el secuestro, en 1976, de 36 profesionales, en su mayoría médicos y enfermeras del Posadas, de los cuales Jacobo Chester, Jorge Roitman y Julio César Quiroga continúan desaparecidos. El magistrado acreditó, además, la existencia de un centro clandestino de detención y torturas en el mismo predio del hospital que funcionaba en la residencia del director, en un ámbito conocido como "El Chalet" el que fue reconocido por las víctimas. De las constancias del expediente se desprende que Bignone, por entonces general de división, comandó personalmente la "toma" del centro de salud dos días después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A fines de 2007 Rafecas dictó el procesamiento del dictador al encontrarlo responsable de la privación ilegal de la libertad de quince personas ocurridas entre el 28 y el 29 de marzo en el marco de un "inaudito operativo militar". El "copamiento" del Hospital Posadas se enmarcó en un procedimiento del que participaron tanques y camiones del Ejército con soldados con armas largas que anticiparon la llegada de Bignone a bordo de un helicóptero. El desmedido procedimiento fue ordenado en base a "rumores" que señalaban que, ese hospital era un "centro de atención de supuestos subversivos" algo que "los mismos representantes de la dictadura, empezando por Bignone terminaron reconociendo que era falso e infundado", explicó a Télam una fuente allegada a la investigación. Los procesamientos dictados por Rafecas fueron confirmados por la Sala I de la Cámara Federal al igual que el embargo de un millón de pesos que decretó el magistrado sobre los bienes de Bignone quien en su indagatoria reconoció que las detenciones fueron "breves y sólo para identificar al personal". Al ratificar lo resuelto por el magistrado, sus superiores destacaron la "paradoja" de que en "una institución al servicio de la salud funcionó un centro clandestino de detención, en el cual lejos de velarse por la vida se sometió a los cautivos a un régimen de terror". Esta nueva elevación a juicio oral es la octava que ordena Rafecas quien ya puso a disposición del TOF5 todos los elementos para el juzgamiento de los delitos de "lesa humanidad" cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como "Club Atlético", "el Banco", "El Olimpo", y "Automotores Orletti", entre otros. En esos expedientes se procesaron a decenas de represores y se juzgaron hechos que damnificaron a alrededor de 800 víctimas de delitos de "lesa humanidad" cometidos en esos centros clandestinos a los que Rafecas parangonó con los "campos de concentración" del nazismo.
x) Videla, cerca del juicio oral por 30 homicidios. La Cámara Federal confirmó un nuevo procesamiento contra el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, esta vez, por su presunta responsabilidad en 30 homicidios cometidos en centros clandestinos de detención que funcionaron en la órbita del I Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar. Quedó así más cerca de enfrentar un juicio oral por estos hechos. El fallo, firmado por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, también atribuye al jefe de la primera junta militar la responsabilidad en 571 secuestros y 268 casos de torturas. Videla está preso en Campo de Mayo desde octubre de 2008, cuando el juez federal Norberto Oyarbide le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria. Entonces, fue enviado a la cárcel por dos causas: una que investiga el presunto plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos durante la dictadura y otra por el secuestro de dos empresarios en 1976. Los crímenes del I Cuerpo de Ejército son investigados en una amplia causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas, que fue reabierta tras la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. De acuerdo con el fallo de Farah y Ballestero, Videla tiene responsabilidad en estos delitos porque "estaba en la cima de la cadena de mandos desde que se ideó el plan de represión ilegal" y desde ese lugar "se dieron las órdenes para su ejecución y se dispusieron todos los medios del Estado para lograrlo". Los camaristas afirmaron, además, que esas órdenes tenían el objeto de "asegurar la máxima impunidad a través de la clandestinidad". Con este fundamento, ordenaron que Videla quedara detenido porque de lo contrario "podría entorpecer el curso de la investigación".
xi) Comunicado de repudio a la actuación judicial en la Causa CCD ARANA. Repudiamos la resolución del fallo emitido por los camaristas Guillermo Tragant, Angela Ledesma y Eduardo Riggi revocando la negativa de las excarcelaciones que había ordenado la Cámara Federal de La Plata. Es falaz, irreflagrable que los ex Jerarcas capos de la Policia bonaerense, ex comisario de la Policía Bonaerense Miguel Kearney, alias "el Inglés, ex jefe del Destacamento de Arana; y sus subordinados Rubén Oscar Páez, Jesús Bernabé Corrales, Mario Sita, Raúl Machuca y Jorge Lencina puedan respetar la espera de debido proceso en libertad cuando nunca mas respetaron el informar lo acontecido en el campo de concentración a los familiares que buscan a sus seres queridos, omitieron dar datos de los lugares donde acribillaron a balazos y quemaron los cuerpos de militantes populares y centralmente no acatan el proceso democratico, su Constitución ni sus leyes parejas para todos sus ciudadanos. La ex Policia del Gral Camps no fue… sino sigue siendo actualmente actora contra la ciudadania. Tambien repudiamos al accionar del Fiscal Romero Victorica al no apelar porque es parte responsable de la ausencia de la justicia en nuestro pais. Solicitamos en modo urgente que ambos fiscales y el Fiscal Raul Plee cumplan con sus obligaciones y apelen la medida procesal dispuesta por los personeros corporativistas que no quieren observar que el mundo del derecho cambio radicalmente y que hay que cumplir con que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser juzgados en la calle, un lugar para profugarse. ¿O no aprendimos aun? Buenos Aires, 15 de enero de 2009
xii) Dejan en libertad a cuatro policías de la bonaerense imputados en el caso Pozo de Arana. Sin escándalo político ni grandes repercusiones, cuatro ex policías bonaerenses que estaban presos por violaciones de los derechos humanos en el centro clandestino de detención conocido como el Pozo de Arana, en La Plata, fueron excarcelados por la Cámara de Casación Penal. En ese lugar, por donde pasaron por lo menos 186 detenidos durante la dictadura, fue sometido a tormentos el testigo Jorge Julio López, de quien no se tienen noticias desde 2006, y allí fue visto por última vez Raúl Bonafini, el hijo de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. También fueron llevados allí los estudiantes detenidos en la denominada Noche de los Lápices. Según la Conadep, en el Pozo de Arana los cadáveres de los detenidos eran quemados con gasoil y neumáticos. En el predio, las autoridades hallaron en diciembre pasado 10.000 restos de huesos humanos carbonizados y un paredón de fusilamiento. Los acusados que ahora recuperaron la libertad, según dijeron a LA NACION fuentes judiciales, son el ex jefe del centro clandestino de detención, ex comisario de la policía bonaerense Miguel Kearney -conocido como "el Inglés"-, y los oficiales Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales, ex jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones platense, respectivamente. Según fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos, también fue liberado el ex oficial Jorge Daniel Lencina. El fallo fue firmado el 17 de diciembre por los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, Guillermo Tragant, Angela Ledesma y Eduardo Riggi. Argumentaron que "mantener la actual situación de encierro vulneraba los límites para el encarcelamiento preventivo, en tanto se contrapone a las reglas de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad e intervención mínima a las que debe responder" el sistema. Es decir que llevan detenidos demasiado tiempo sin ser juzgados. Páez y Corrales llevaban presos un año y siete meses. "Indigna el fallo: no hay ningún elemento legal para sostenerlo porque estamos dentro de los parámetros legales", dijo Eduardo Rezes, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos. De todos modos, la resolución no generó reacciones tan drásticas como las ocurridas cuando, también en diciembre, la Sala II del tribunal firmó un fallo similar que beneficiaba a Alfredo Astiz, a Jorge Acosta ("el Tigre") y a otros 19 procesados por la causa ESMA. Aquella medida no se concretó porque fue apelada por el fiscal Raúl Pleé y ahora el asunto está en manos de la Corte Suprema. Reacciones diferentes Ese fallo fue considerado entonces por la presidenta Cristina Kirchner "una vergüenza para el sistema judicial" y desató una polémica entre el Congreso y la Justicia acerca de quién era responsable por la demora en juzgar a los acusados por violaciones de los derechos humanos. En aquella ocasión, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, amenazó con enjuiciar a los camaristas de Casación. Ahora, a pesar de que su oficina es querellante en la causa, no apeló la excarcelación. Los acusados de haber violado los derechos humanos en el Pozo de Arana estaban presos merced a un fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata que les había denegado las excarcelaciones, pero ahora esa medida fue revisada porque los camaristas entendieron que no había riesgos de fuga ni obstrucción a la Justicia. El juez federal de La Plata Arnaldo Corazza, que se había opuesto a las excarcelaciones, no tuvo más remedio que disponer las libertades, bajo una caución de 75.000 pesos. El ex comisario Kearney se desempeñó como jefe del destacamento policial de Arana entre el 8 de febrero de 1977 y el 17 de enero de 1979. El ex comisario Páez fue jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata durante la dictadura y está acusado de torturas y homicidios. El ex comisario Corrales fue segundo jefe de la Brigada a partir de 1978 y cumplió otros cargos en la policía bonaerense. La Brigada de Investigaciones de La Plata y el Destacamento de Arana dependían de Miguel Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua. Un centro de tortura y muerte Unos 200 disparos en un paredón de fusilamiento y 10.000 restos óseos carbonizados hallados en diciembre pasado dan fe de lo que era el Pozo de Arana, el centro clandestino que funcionó en esa localidad, en las afueras de La Plata, durante la dictadura militar. En el Destacamento Policial de Arana -dependía de la Brigada de Investigaciones platense de la policía de la provincia de Buenos Aires- funcionaba, durante la dictadura, la Sección Cuatrerismo. Se lo conocía como Pozo de Arana, Puesto Zorzal o El Campito. La Justicia ha recibido testimonios de decenas de sobrevivientes que aseguraron que "entre mayo de 1976 y marzo de 1978 estuvieron detenidas-desaparecidas al menos 186 personas, de las cuales 95 fueron liberadas, 68 continúan desaparecidas y de 23 no se conoce su destino". Así consta en un informe de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentado en el Juicio por la Verdad. En Arana funcionaba una maternidad clandestina: seis mujeres estaban embarazadas y sólo una recuperó su libertad junto a su hija, dice el informe. En el trabajo fueron identificados, además, 72 represores y cómplices vinculados a los hechos ocurridos en Arana. Antecedentes CAUSA ESMA Excarcelación suspendida En diciembre, la Sala II de la Cámara de Casación había excarcelado a Alfredo Astiz y a otros 20 represores de la ESMA porque llevaban mucho tiempo presos sin condena. Pero el fiscal Raúl Pleé apeló y la medida se suspendió. Ahora debe decidir la Corte Suprema de Justicia. REACCION OFICIAL Juicio político Entonces la Presidenta dijo que el fallo le causaba vergüenza y el secretario de Derechos Humanos anunció que pediría el juicio político de los magistrados que firmaron esa sentencia. CAUSA ARANA Otro resultado Esta vez sí quedaron libres cuatro ex oficiales de la policía bonaerense, acusados de graves delitos. No hubo apelaciones que impidieran la ejecución de la sentencia. |
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