Este 18 de septiembre se cumplen dos años de la desaparición forzosa de Jorge Julio López, quien fuera testigo en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz. Durante todo este tiempo no se avanzó prácticamente en nada en encontrar a los responsables de la desaparición forzosa de Julio. Esto evidencia la impunidad con la que los genocidas de ayer se manejan hoy. El gobierno nacional, pretende enjuiciar solamente a un centenar de genocidas para poder así dar un nuevo punto final para finalizar con el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio de los años 70. Genocidio del cual fueron cómplices las fuerzas represivas del Estado, la burocracia sindical, políticos, funcionarios, jueces, fiscales, la iglesia y los empresarios. Y es que justamente, el genocidio de los 70, fue un genocidio de clase. Los empresarios, ya sean nacionales o extranjeros, de la Sociedad Rural o de la Unión Industrial Argentina, fueron quienes llamaron y participaron activamente del genocidio contra la clase trabajadora, los estudiantes, los luchadores populares y contra todo ese activismo que ponía en cuestionamiento a todo el orden social y económico capitalista y que luchaba por un futuro mejor para el conjunto del pueblo trabajador. El gobierno de los DDHH pretende acabar con el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio, porque aquellos empresarios que ayer dirigieron el genocidio de estado, hoy día disfrutan de los formidables beneficios que aquella matanza organizada les permitió obtener.

Así es que hoy continúan utilizando al mismo aparato represivo, el cual se mantiene intacto. Por eso es que el gobierno no va a fondo con el juicio y castigo a todos los responsables de aquella barbarie, porque el gobierno y toda la clase capitalista, necesita de ese mismo aparato represivo para poder frenar las luchas obreras y populares, como bien se puede demostrar en los emblemáticos casos del conflicto de los trabajadores del casino, los cuales sufrieron represiones sistemáticas por parte de la Policía Federal y la Prefectura Naval Argentina, misma suerte corrieron los trabajadores de Mafissa, los cuales, en un descomunal y espectacular operativo fueron desalojados por más de 500 efectivos de Infantería, Caballería y el Grupo Especial de Operaciones "Halcón”, más recientemente tenemos la militarización de la Fabrica FATE, la represión hacia los trabajadores desocupados y la detención de los trabajadores de Luz y Fuerza en Córdoba con métodos clásicos de los grupos de tareas de la década del 70.

Las crisis política desatada por el conflicto entre las patronales del campo y el gobierno demuestran que tanto el gobierno como los empresarios necesitan imperiosamente del aparato represivo y de esa “mano de obra desocupada” para poder seguir manteniendo todos sus privilegios, sobre el padecimiento y la explotación de millones de trabajadores que salen a luchar por sus reivindicaciones y son repelidos por ese aparato represivo que se mantiene intacto. El 95% de los genocidas están libres, 400 jueces y fiscales de la dictadura se mantienen en funciones, mas de 9 mil agentes del proceso permanecen en actividad. El gobierno mantiene más de 5000 presos políticos por luchar y pretende que nos reconciliemos con las fuerzas genocidas. Por todo esto planteamos:

 

“Los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño de los demás y del engaño propio y lo seguirán siendo mientras no aprendan a discernir, detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase”

Vladímir I. Lenin

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