CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME FINAL DE LA CVR

Como resultado de sus investigaciones sobre el proceso de violencia
de origen político que se vivió en el Perú entre los años 1980 y
2000, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha llegado a las
siguientes conclusiones:

I. Las dimensiones del conflicto

1. La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el
Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más
intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la
República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y
desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana.

2. La CVR estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la
violencia es de 69,280 personas. Estas cifras superan el número de
pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y
guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente.

3. La CVR afirma que el conflicto abarcó una proporción mayor del
territorio nacional que cualquier otro, provocó enormes pérdidas
económicas expresadas en destrucción de infraestructura y deterioro
de la capacidad productiva de la población y llegó a involucrar al
conjunto de la sociedad.

4. La CVR constata que existió una notoria relación entre situación
de pobreza y exclusión social y probabilidad de ser víctima de
violencia. En el departamento andino de Ayacucho, donde ésta se
inició, se concentra más del 40 por ciento de muertos y desaparecidos
reportados a la CVR. Al sumar a ellas las víctimas consignadas por la
CVR en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y
San Martín se llega al 85 por ciento de las víctimas registradas por
la CVR .

5. La CVR ha constatado que la población campesina fue la principal
víctima de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el
79% por ciento vivía en zonas rurales y el 56 por ciento se ocupaba
en actividades agropecuarias.

6. La CVR ha podido apreciar que, conjuntamente con las brechas
socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la
gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún
prevalecen en el país. Del análisis de los testimonios recibidos
resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto
armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma
materno.

7. La CVR comprueba que, en términos relativos, los muertos y
desaparecidos tenían grados de instrucción muy inferiores al promedio
nacional. Mientras el censo nacional de 1993 indica que solamente 40
por ciento de la población nacional tiene un nivel educativo inferior
a la educación secundaria, la CVR ha encontrado que el 68 por ciento
de las víctimas se encontraba por debajo de ese nivel.

8. La CVR concluye que la violencia impactó desigualmente en
distintos ámbitos geográficos y en diferentes estratos sociales del
país. Si la tasa de víctimas reportadas a la CVR respecto de la
población de Ayacucho hubiera sido similar en todo el país, la
violencia hubiera ocasionado 1 millón 200 mil muertos y
desaparecidos. De esa cantidad, 340 mil hubieran ocurrido en la
ciudad de Lima.

9. La CVR ha constatado que la tragedia que sufrieron las poblaciones
del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino,
pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el
resto del país; ello delata, a juicio de la CVR, el velado racismo y
las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi
dos siglos de nacida la República.

10. La CVR ha hallado que el conflicto puso de manifiesto graves
limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar el orden
público y la seguridad, así como los derechos fundamentales de sus
ciudadanos dentro de un marco de actuación democrático.

11. La CVR asimismo ha encontrado una precaria vigencia del orden
constitucional y el Estado de Derecho, los que en momentos de la
crisis fueron vulnerados.

II. Las responsabilidades del conflicto

A. Sobre el PCP-Sendero Luminoso

12. La CVR ha apreciado que la causa inmediata y fundamental del
desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del
PCP-SL de iniciar la “lucha armada” contra el Estado Peruano, a
contracorriente con la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas y en
momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones
libres.

13. Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y
violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la
cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54
por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Esta cuota
tan alta de responsabilidad del PCP-SL es un caso excepcional entre
los grupos subversivos de América Latina y una de las singularidades
más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la CVR.

14. La CVR ha comprobado que el PCP-SL desplegó extremada violencia e
inusitada crueldad que comprendieron la tortura y la sevicia como
formas de castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la población
que buscaban controlar.

15. La CVR ha encontrado que el PCP-SL fue en contra de las grandes
tendencias históricas del país, poniendo en práctica una férrea
voluntad política se expresó como un proyecto militarista y
totalitario de características terroristas que no conquistó el apoyo
duradero de sectores importantes de peruanos.

16. La CVR considera que la ideología en que el PCP-SL sustentó su
proyecto fue de carácter fundamentalista, centrada en una rígida
preconcepción del devenir histórico, encerrada en una visión
únicamente estratégica de la acción política y por tanto reñida con
todo valor humanitario. Desdeñaba el valor de la vida y negaba los
derechos humanos.

17. La CVR ha constatado que el PCP-SL logró su cohesión interna a
través del llamado Pensamiento Gonzalo que reflejó el culto a la
personalidad de Abimael Guzmán Reynoso, fundador y dirigente de la
organización, a quien se le consideró la encarnación del pensamiento
más elevado en la historia de la humanidad.

18. Para la CVR, el PCP-SL, de acuerdo a su ideología, adoptó una
estrategia que buscó consciente y constantemente provocar respuestas
desproporcionadas por parte del Estado sin tener en cuenta el
profundo sufrimiento que ello ocasionaba a la población por la que
decía luchar.

19. La CVR considera que el PCP-SL llevó la ideología fundamentalista
y la organización totalitaria a sus extremos. En su acción subversiva
se constata una trágica ceguera: ve clases, no individuos. De allí su
falta absoluta de respeto por la persona humana y por el derecho a la
vida, incluyendo la de sus militantes. Exacerbó en ellos una vena
fanática que se convirtió en su sello de identidad.

20. La CVR ha constatado características del PCP-SL que se
desplegaron desde un comienzo a través de “ajusticiamientos”
realizados con sevicia, prohibición de entierros, y otras
manifestaciones delictivas, incluido el uso de “coches-bomba” en las
ciudades.

21. La CVR encuentra asimismo un potencial genocida en proclamas del
PCP-SL que llaman a «pagar la cuota de sangre» (1982), «inducir
genocidio» (1985) y que anuncian que «el triunfo de la revolución
costará un millón de muertos» (1988). Esto se conjuga con
concepciones racistas y de superioridad sobre pueblos indígenas.

22. La CVR ha encontrado que el PCP-SL se aprovechó de ciertas
instituciones del sistema educativo como principal cabecera de playa
y que a través de ellas logró expandir su prédica y captar núcleos
minoritarios de jóvenes de uno y otro sexo en diferentes partes del
país. Si bien ofrecía a los jóvenes una utopía que les brindaba
identidad totalizante, en el fondo los encerraba en una organización
fundamentalista y opresora a través de cartas de sujeción a Abimael
Guzmán Reynoso.

23. La CVR ha constatado que la prédica del PCP-SL pudo tener
aceptación fugaz, en razón de la incapacidad del Estado y de las
élites del país para responder a las demandas educativas de una
juventud frustrada en sus esfuerzos de movilidad social y de
aspiración de progreso.

24. La CVR ha encontrado que el PCP-SL secundó las tesis maoístas y
convirtió a las zonas rurales en el escenario principal del
conflicto. Sin embargo, no tomó en cuenta las necesidades y
aspiraciones económicas del campesinado, ni sus organizaciones
propias ni sus especificidades culturales, y convirtió, más bien, a
los campesinos en masa que debía someterse a la voluntad del partido.
La disidencia individual en la masa llevó a asesinatos y
aniquilamientos selectivos, y la disidencia colectiva condujo a
masacres y arrasamientos de comunidades enteras.

25. La CVR ha establecido que la presencia del PCP-SL en los andes y
la respuesta contrasubversiva del Estado revivió y militarizó viejos
conflictos intra e intercomunales. Catalogó como “enemigos de clase”
a los sectores relativamente más conectados al mercado o a las redes
e instituciones regionales o nacionales, y decretó su destrucción. Su
“guerra campesina” contra el Estado se convirtió en muchos casos en
enfrentamientos entre campesinos.

26. La CVR ha constatado que la violencia extrema practicada por el
PCP-SL en las localidades rurales de los andes se extendió también a
los centros urbanos. Lima y otras ciudades fueron también escenario
complementario y sufrieron sabotajes, asesinatos selectivos, paros
armados y actos terroristas, especialmente bajo la modalidad de
coches-bomba. Desde un principio, pero más aún en la segunda mitad de
la década de 1980 y principios de los años 90, Lima resultó ser
además un importante centro de reclutamiento para el PCP-SL.

27. La CVR señala que la concepción ideológica del PCP-SL implicaba
la destrucción del “viejo Estado” desde sus cimientos, ello los llevó
al asesinato de autoridades, especialmente locales: alcaldes,
gobernadores, tenientes gobernadores, jueces de paz. Pero también
autoridades nacionales: ministros, parlamentarios y otros
representantes de los poderes del Estado. El 12 por ciento de las
víctimas fatales reportadas a la CVR que fueron causadas por el
PCP-SL eran autoridades. Además, incurrió en el asesinato masivo de
dirigentes sociales, hombres y mujeres, dirigentes comunales,
alcaldes varas, dirigentes campesinos, sindicales, barriales,
magisteriales y de organizaciones de mujeres.

28. La CVR por la generalidad y sistematicidad de estas prácticas,
señala que miembros del PCP-SL, y en especial su dirección nacional y
su denominada jefatura, tienen directa responsabilidad por la
comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de ataques armados
contra la población civil, cometidos a gran escala o bien como parte
de una estrategia general o planes específicos. Del mismo modo, estas
conductas constituyen, a juicio de la CVR, graves infracciones a los
Convenios de Ginebra, cuyo respeto era obligatorio para todos los
participantes en las hostilidades. La perfidia con la que actuó el
PCP-SL en el terreno, escudándose en la población civil, evitando el
uso de distintivos y atacando a traición, entre otros métodos
similares como el recurso a acciones terroristas, constituyó un
calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones brutales de las
fuerzas del orden contra la población civil, incrementando en una
forma extraordinaria los sufrimientos de las comunidades en cuyos
territorios se llevaban a cabo las hostilidades.

29. La CVR encuentra la más grave responsabilidad en los miembros del
sistema de dirección del PCP-SL por el conflicto que desangró a la
sociedad peruana, por los siguientes elementos:

30. Por haber dado inicio a la violencia en contra del sentimiento
abrumadoramente mayoritario de la población; por haber planteado su
lucha contra la democracia peruana con una estrategia sanguinaria;
por las prácticas violentas de ocupación y control de territorios
rurales y poblaciones campesinas, con un alto costo en vidas y en
sufrimiento humano; por su política de genocidio mediante actos de
provocación al Estado; por su decisión de proclamar el llamado
equilibrio “estratégico” que acentuó el carácter terrorista de sus
acciones.

31. La CVR hace notar la profunda irresponsabilidad y menosprecio del
PCP-SL hacia sus propios militantes, a quienes se les inducía a matar
y morir de la manera más cruel y sanguinaria, mientras que sus
dirigentes máximos, especialmente Abimael Guzmán Reynoso, permanecían
en Lima, exentos de riesgos físicos y privaciones, prácticamente
durante todo el conflicto. Esta incongruencia se expresó de la manera
más patente cuando, tras ser capturado, Abimael Guzmán Reynoso,
abandonó casi inmediatamente la tesis del “equilibrio estratégico” y
solicitó al gobierno un “acuerdo de paz” junto con un reconocimiento
explícito y sumamente elogioso al gobierno dictatorial de Alberto
Fujimori y Vladimiro Montesinos.

32. La CVR expresa su pesar por los miles de jóvenes que resultaron
seducidos por una propuesta que constataba los profundos problemas
del país y proclamaba: «la rebelión se justifica». Muchos de ellos,
con voluntad de transformar esa realidad injusta, no advirtieron que
el tipo de rebelión que planteaba el PCP-SL implicaba el ejercicio
del terror y la implantación de un régimen totalitario. Quedaron así
encuadrados en una organización absolutamente vertical, y totalitaria
que les inculcaba el desprecio por la vida, castigaba las
discrepancias y exigía plena sumisión. Muchos de ellos murieron
inútil y cruelmente. La CVR llama al país a impulsar las reformas
institucionales necesarias para que proyectos terroristas y
totalitarios no encuentren nunca más eco alguno entre los jóvenes.

33. La Comisión constata constatar que a diferencia de otros países
de América Latina por esa misma época, entre 1980 y 1992 el conflicto
armado interno se desarrolló mientras imperaba en el Perú un régimen
democrático, con elecciones libres, libertad de prensa y el sistema
político más inclusivo de nuestra historia contemporánea. El PCP-SL y
el MRTA se autoexcluyeron de manera unilateral del sistema
democrático y socavaron más bien con sus acciones armadas el régimen
político democrático instaurado en 1980.

B. Sobre el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)

34. En 1984, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) inició a
su vez una lucha armada contra el Estado y es responsable del 1.5% de
las víctimas fatales que fueron reportadas a la CVR. A diferencia de
SL y en forma similar a otras organizaciones armadas latinoamericanas
con quienes mantuvo vínculos, el MRTA reivindicaba sus acciones y sus
miembros usaban distintivos para diferenciarse de la población civil,
se abstuvo de atacar a la población inerme y en algunas coyunturas
dio muestras de estar abierto a negociaciones de paz. Sin embargo, el
MRTA incurrió también en acciones criminales , recurrió a asesinatos,
como en el caso del Grl. Enrique López Albújar, a la toma de rehenes
y a la práctica sistemática del secuestro, crímenes que violan no
sólo la libertad de las personas sino el derecho internacional
humanitario que el MRTA afirmaba respetar. Cabe resaltar también que
el MRTA asesinó a disidentes de sus propias filas.

35. En balance, durante la década de 1980 el discurso y las acciones
del MRTA contribuyeron a crear un clima en el cual el uso de la
violencia PRETENDIO SER O APARECER aparecía como un recurso político
legítimo, favoreciendo en última instancia el accionar y expansión de
Sendero Luminoso. Y en la década de 1990, especialmente a partir de
su frustrada toma del Congreso y de la toma de la residencia del
embajador japonés en diciembre de 1996, el MRTA favoreció la
legitimación de la política contrasubversiva autoritaria y
militarizada del gobierno de Alberto Fujimori.

III. La responsabilidad de los gobiernos y de los poderes y aparatos
del Estado

36. La CVR constata que Fernando Belaúnde Terry y Alan García Pérez
ganaron la presidencia en elecciones libres y directas por los
ciudadanos. También lo hizo Alberto Fujimori en 1990. Sin embargo, a
partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, Fujimori se
convirtió en un gobernante autoritario, que buscó permanecer en el
poder consolidando una autocracia corrupta.

37. La CVR hace notar que, a pesar de la subversión armada del PCP-SL
y del MRTA, y de ser notoriamente deficitaria en muchos aspectos, la
democracia respetó la separación de poderes y la libertad de
expresión, celebró tres elecciones presidenciales y parlamentarias,
cuatro elecciones municipales nacionales y elecciones regionales en
1989. Ninguna de ellas fue cuestionada.

38. La CVR constata no obstante, que quienes gobernaron el Estado en
ese período carecieron de la comprensión necesaria y del manejo
adecuado del conflicto armado planteado por PCP-SL y el MRTA. Existió
un interés por poner en marcha la Constitución de 1979, por
desarrollar el país y por hacer que la relación entre gobernantes y
gobernados fuese expresión del Estado de Derecho. Sin embargo, tanto
el gobierno del presidente Belaúnde como el del presidente Alan
García erraron al no aplicar una estrategia integral, vale decir
social, política, económica, militar, psicosocial, de inteligencia y
de movilización del conjunto de la población para hacer frente de un
modo eficaz y dentro de sus propios marcos democráticos a la
subversión armada y al terrorismo.

A. La actuación de las Fuerzas Policiales

39. La CVR señala que las fuerzas policiales tenían el deber de
enfrentar a los grupos subversivos que vulneraban los derechos
fundamentales de los ciudadanos y reconoce la esforzada y sacrificada
labor que sus miembros realizaron durante los años de violencia.
Asimismo, rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de
valerosos efectivos que perdieron la vida o quedaron discapacitados
en cumplimiento de su deber.

40. La CVR considera que la formación contrasubversiva recibida hasta
entonces por las fuerzas del orden había tenido como referente a
movimientos guerrilleros según el modelo castrista o, en el mejor de
los casos, a grupos armados semejantes a los que por esos años
actuaban en otros países de América Latina. Esta fue una razón
principal de su dificultad para enfrentar a un enemigo vesánico, que
se confundía entre la población civil y era diferente a aquellos
grupos subversivos.

41. La CVR señala que las fuerzas de la policía tuvieron que
responder a la agresión del PCP-SL y, después, del MRTA en
condiciones logísticas precarias, sin entrenamiento adecuado ni
rotación suficiente de efectivos. Cuando recibieron la
responsabilidad de conducir las acciones de lucha contrasubversiva en
Ayacucho, no contaron con un apoyo adecuado del gobierno.

42. La CVR considera que la limitaciones de los servicios de
inteligencia policiales no permitieron tener una visión adecuada de
lo que acontecía. Esto, sumado al desconocimiento de la naturaleza
del PCP-SL, provocó que se menospreciara la magnitud del fenómeno en
curso. Así, en lugar de enviar a los agentes más preparados y
eficientes de cada institución, se mantuvo la práctica común en las
organizaciones policiales de enviar a elementos no idóneos a zonas
alejadas como forma de castigo.

43. La CVR ha constatado que una vez declarado el estado de
emergencia en Ayacucho, en octubre de 1981, la intervención del
destacamento policial contrainsurgente denominado los sinchis hizo
crecer las violaciones a los derechos humanos, generó resentimientos
y distanció a la policía de la población.

44. La CVR señala que tanto las dificultades de coordinación para
sumar esfuerzos entre los tres institutos policiales, cuanto la
corrupción en altos oficiales y en unidades estratégicas fueron
factores externos al conflicto mismo que impidieron un mejor
desempeño policial en los años en que la subversión aún era débil.
Por ello, a pesar de los relativos logros obtenidos durante 1982 con
la captura de subversivos, especialmente en las ciudades, hubo dos
acontecimientos que mostraron que la subversión había excedido las
capacidades de las FFPP: el asalto al centro penitenciario de
Huamanga por el PCP-SL y el repliegue de los puestos policiales en el
campo a lo largo de 1982 .

45. La CVR ha constatado que con el ingreso de las FFAA a Ayacucho y
la posterior implantación de los Comandos Político-Militares (CPM) en
las zonas declaradas en estado de emergencia, se impuso la
subordinación policial a las FFAA, quedando sujeta a las funciones
establecida por los jefes militares, por encima de sus propios
comandos y de las autoridades civiles. En este contexto y a medida
que la ofensiva militar avanzó, agentes de los tres institutos
policiales que actuaron en las zonas de emergencia incurrieron en
graves violaciones a los derechos humanos.

46. La CVR concluye que la lucha contra la subversión reforzó en
miembros de la policía prácticas autoritarias y represivas
preexistentes. La tortura en interrogatorios y las detenciones
indebidas que habían sido frecuentes en el trato con la delincuencia
común, adquirieron un carácter masivo durante la acción
contrasubversiva. [La CVR ha constatado que las violaciones más
graves a los derechos humanos por parte de agentes militares fueron:
ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas,
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre estos, la
CVR condena particularmente la práctica extendida de violencia sexual
contra la mujer. Todos estos actos constituyen una deshonra para
quienes fueron sus perpetradores directos y para quienes, en su
condición de superiores jerárquicos, los instigaron, permitieron o
encubrieron con mecanismos de impunidad.]

47. La CVR constata que durante la segunda mitad de la década de
1980, la unificación de las fuerzas policiales, el seguimiento de sus
labores desde el Ministerio del Interior; y la fusión de distintas
unidades operativas en la Dirección de Operaciones Especiales (DOES),
contribuyeron a una mejor coordinación de acciones para la lucha
contrasubversiva. Pese a ello, el sector no atendió ni reforzó lo
suficiente a la DIRCOTE, unidad que había adquirido experiencia a
partir de su trabajo concentrado en Lima.


48. La CVR ha encontrado indicios que vinculan individualmente a
efectivos de las fuerzas policiales al mal llamado “Comando Rodrigo
Franco”, del que no se ha podido determinar si era una organización
centralizada o una especie de franquicia empleada por actores
diversos, no necesariamente articulados entre ellos.

49. La CVR puede afirmar que el distanciamiento entre la policía y
las poblaciones tendió a agudizarse conforme se desenvolvía el
conflicto armado interno. Este hecho facilitó el arraigo de una mala
imagen del policía como perpetrador o, en el caso de las zonas
cocaleras, como corrupto vinculado al narcotráfico.

50. La CVR constata que a partir de 1985 las fuerzas policiales
llegaron a tener un conocimiento más acertado de la organización y
formas de acción de los grupos subversivos. El trabajo de
inteligencia operativa de la DINCOTE (antes DIRCOTE) logró las
impecables capturas de los principales dirigentes subversivos,
destacando las de Víctor Polay Campos el 9 de junio de 1992 y de
Abimael Guzmán Reynoso el 12 de septiembre del mismo año. Estas
capturas constituyeron un aporte fundamental para conseguir la
derrota estratégica de la subversión y el terrorismo.

51. La CVR constata que, a partir del golpe del 5 de abril de 1992,
la PNP fue sometida a los planes del SIN y subordinada al poder
militar, con un recorte significativo de sus facultades, una
distorsión de sus funciones institucionales y una cúpula involucrada
en la red de corrupción del régimen, manejada por Vladimiro
Montesinos

B. La actuación de las Fuerzas Armadas

52. La CVR señala que las FFAA, por decisión del gobierno
constitucional mediante decreto supremo expedido el 29 de diciembre
de 1982, tenían el deber de enfrentar a los grupos subversivos que
desafiaban el orden constitucional de la República y vulneraban los
derechos fundamentales de los ciudadanos,

53. La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los
efectivos de las FFAA realizaron durante los años de violencia y
rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos
efectivos que perdieron la vida o quedaron discapacitados en
cumplimiento de su deber.

54. La CVR ha encontrado que las FFAA aplicaron una estrategia que en
un primer periodo fue de represión indiscriminada contra la población
considerada sospechosa de pertenecer a PCP-SL. En un segundo período,
esa estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando
numerosas violaciones de derechos humanos.

55. La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la
actuación de miembros de las FFAA no sólo involucró algunos excesos
individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas
generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos
humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como
transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario.

56. La CVR concluye que, en este marco, los Comandos
Político-Militares (CPM), erigidos en autoridad estatal máxima de las
zonas de emergencia, pueden tener la responsabilidad primaria por
estos crímenes. El Poder Judicial debe establecer el grado exacto de
responsabilidad penal de quienes ejercieron los CPM, ya sea por haber
ordenado, incitado, facilitado o encubierto estos hechos, o bien por
haber omitido el deber fundamental de ponerles coto.

57. La CVR ha constatado que las violaciones más graves a los
derechos humanos por parte de agentes militares fueron: ejecuciones
extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos
crueles, inhumanos o degradantes. Entre estos, la CVR condena
particularmente la práctica extendida de violencia sexual contra la
mujer. Todos estos actos constituyen una deshonra para quienes fueron
sus perpetradores directos y para quienes, en su condición de
superiores jerárquicos, los instigaron, permitieron o encubrieron con
mecanismos de impunidad.

58. La CVR señala que al momento de su intervención en la lucha
contra la subversión, las FFAA tenían preparación y equipamiento para
enfrentar un eventual conflicto convencional (conflicto externo).
Durante los primeros años de su intervención (1983-85), carecieron de
adecuado trabajo de inteligencia sobre la organización, el perfil de
los militantes y la estrategia del PCP-SL. Por decisión de la
autoridad civil, su objetivo fue terminar rápidamente el conflicto,
sin tomar en cuenta el costo en vidas humanas. Se plantearon
recuperar el dominio territorial, suponiendo que la población se
dividía entre poblados leales al Estado peruano y poblados
subversivos o zonas rojas, sin advertir que estas últimas no eran
homogéneas y contenían por lo general sectores sobre los cuales el
PCP-SL se imponía por la coacción e incluso el terror.

59. Para la CVR, aunque la intervención militar golpeó duramente la
organización y la capacidad operativa de PCP-SL, produjo también una
secuela de violaciones masivas de los derechos humanos y convirtió al
bienio 1983-84 en el más letal del conflicto fundamentalmente en
Ayacucho. Peor aún, la estrategia resultó contraproducente, pues la
represión indiscriminada en las zonas rurales postergó la ruptura
entre PCP-SL y los sectores más pobres del campesinado, y no evitó la
expansión de las acciones armadas a otras zonas del país.

60. La CVR señala que, en agosto de 1989, las FFAA aprobaron la
sistematización de una estrategia contrasubversiva. La nueva
estrategia distinguía en los teatros de operaciones poblaciones
amigas, neutrales y enemigas, y no tenía como objetivo principal el
control territorial sino la eliminación de las OPA (Organizaciones
Político-Administrativas) o comités populares senderistas; ganar a la
población y aislar a la fuerza militar del PCP-SL. La estrategia
produjo resultados decisivos, como alentar la reacción del
campesinado contra el poder senderista y la masificación de los
Comités de Autodefensa, que cambiaron las relaciones entre FFAA y
campesinado.

61. La CVR constata que en esta etapa las violaciones de derechos
humanos fueron menos numerosas, pero más deliberadas o planificadas
que en la etapa anterior. Aparecieron, además, escuadrones de la
muerte cuya actividad llevó a que el Perú ocupara en esos años el
primer lugar en el mundo en desapariciones forzadas de personas.

62. CVR señala que la nueva estrategia fue aprovechada por un grupo
de oficiales que, a su vez, diseñó planes para una posible
interrupción castrense del proceso político. Parte de esos planes
autoritarios serían retomados posteriormente para el golpe de 1992.
Dichos proyectos antidemocráticos expusieron a las FFAA a dos grandes
trastornos institucionales: a) el uso de un modelo de política
contrasubversiva y la imagen de una fuerza armada victoriosa para
justificar el golpe de Estado de 1992, y b) una tregua con el
narcotráfico al definir al PCP-SL como enemigo principal, que debía
ser aislado del campesinado cocalero. En algunos casos, y sobre todo
a partir del ascenso de Vladimiro Montesinos, esa tregua se convirtió
en alianza.

63. La CVR concluye que la captura de Abimael Guzmán y la
desarticulación del PCP-SL y el MRTA no lograron evitar que la ética,
el prestigio e incluso el bienestar y la eficiencia de las FFAA
quedaran seriamente mellados por una cúpula que unió su suerte al
gobierno dictatorial. Este proceso de descomposición estuvo
caracterizado por la actividad del Grupo Colina, la persecución de
oficiales disidentes, así como la organización de un sistema de
corrupción, chantaje y espionaje político dentro de las propias FFAA
bajo la dirección de Vladimiro Montesinos.

64. La CVR ha encontrado que las FFAA fueron capaces de extraer
lecciones durante el proceso de violencia, las que le permitieron
afinar su estrategia de manera que ésta fuera más eficaz y menos
propensa a la violación masiva de derechos humanos. Este aprendizaje
se revela ostensiblemente en el descenso de víctimas por acción de
agentes del Estado precisamente en los años más intensos del
conflicto armado interno (1989-1993), mientras que durante esos
mismos años el PCP-SL desplegaba una desbordante violencia terrorista
contra los pueblos quechua y asháninka y también contra la población
urbana. Ese aprendizaje, junto con la proliferación de los Comités de
Autodefensa, la inteligencia operativa policial, y el respaldo de la
ciudadanía, permite explicar la derrota del PCP-SL.

C. Sobre la actuación de los comités de autodefensa

65. La CVR estima que desde muy temprano, sectores del campesinado
más pobre, aquellos que según los cálculos del PCP-SL debían haber
sido sus aliados principales, se levantaron contra un proyecto que no
compartían y se les imponía por la fuerza. Comunidades como
Uchuraccay y otras de las alturas de Huanta se encuentran entre los
ejemplos más conocidos. En algunos casos de modo espontáneo, en otros
por iniciativa de las FFAA, los productores agrarios del valle del
río Apurímac formaron los primeros Comités de Autodefensa (CADs), que
posteriormente se multiplicaron, propinándole su primera derrota
estratégica al PC-SL en las áreas rurales.

66. La CVR reconoce el derecho de los campesinos a la autodefensa en
el contexto excepcional planteado por la agresión senderista.
Constata, al mismo tiempo, que en un número significativo de casos la
formación de Comités de Autodefensa se produjo por la presión y el
amedrentamiento de las FFAA y/o de otros CADs. En ocasiones, los CADs
fueron más allá de tareas de autodefensa y resultaron, de acuerdo a
los hallazgos de la CVR, responsables de crímenes que deben ser
sancionados .

67. La CVR reconoce, sin embargo, que los CADs fueron un factor muy
importante en el desenlace del conflicto armado interno y rinde
homenaje a los ronderos caídos en defensa de sus comunidades y del
país. Resalta, asimismo, que una vez terminado el conflicto armado no
se convirtieron en sicarios del narcotráfico, ni pusieron su
experiencia militar al servicio de otros actores implicados en
actividades ilícitas. La inmensa mayoría de miembros de los CADs se
ha reintegrado a sus comunidades, y el país sigue teniendo una deuda
con ellos. El Decreto Legislativo 741 promulgado a fines de 1991, y
su posterior reglamentación, sólo les reconoce indemnizaciones a
partir de la promulgación de la ley, y ha beneficiado a un reducido
número de deudos.

IV. EL PROCESO POLÍTICO Y LOS GOBIERNOS

68. La CVR, antes de detenerse en sus conclusiones específicas sobre
los gobiernos, debe diferenciar los años que van entre 1980 y 1992,
tramo que transcurrió bajo regímenes civiles electos
democráticamente, del tramo final de nuestro mandato, que va de 1992
al año 2000 – donde un gobierno que nació de un golpe de estado,
organizó, pese a las elecciones que ganó, un régimen autoritario que
quiso prorrogarse como dictadura. Ese cambio de régimen tiene una
incidencia directa sobre las responsabilidades de las máximas
autoridades del Estado en torno a las violaciones a los derechos
humanos, pues la centralización del poder incide en la relación más
directa en principio entre el Presidente de la República y los grupos
que operan encubiertos por el poder para perpetrar esas violaciones.

69. La CVR considera que, dado el desarrollo de los hechos, marcado
por la creciente violencia del PCP-SL, era inevitable que el Estado
utilizara sus fuerzas armadas para hacerle frente y recurriera a
declarar estados de emergencia, que eran una posibilidad considerada
por la Constitución vigente para afrontar situaciones de grave
riesgo. La CVR deplora, sin embargo, que los gobiernos que así lo
decidieron, no tomasen las previsiones para impedir los atropellos a
los derechos fundamentales de la población, atropellos posibles de
acuerdo con el tipo de intervención que es propio de los cuerpos
militares, mucho más cuando voceros calificados de ellos advirtieron
públicamente sobre la alta probabilidad de una represión
indiscriminada.

70. La CVR es consciente que todo este actuar de los Gobiernos estaba
condicionado, tanto en su debilidad como en su improvisación, por las
fallas profundas del Estado:

Su insuficiente cobertura territorial y densidad institucional;
Su falta de preparación para enfrentar un conflicto de esas
características;
La desconfianza que le provocaban significativos sectores de sus
propios ciudadanos y;
Una creciente incapacidad para someterse a los marcos
constitucionales y legales de los que acababa de dotarse el país a
través de la Constitución de 1979.
71. La CVR debe rendir por eso su homenaje a los dirigentes y
militantes de los partidos políticos democráticos, que ofrendaron su
vida o sufrieron maltrato por cumplir con honestidad con sus deberes
públicos. Nos referimos tanto a los militantes y familiares de los
partidos que gobernaron, así como a los que tuvieron responsabilidad
parlamentaria o en las regiones y municipios. Debe destacarse
especialmente a las autoridades locales de los lugares más afectados
por la violencia, que mantuvieron la presencia del Estado peruano
muchas veces a costa del máximo sacrificio. Ellos deben ser un
ejemplo para todos en esta nueva etapa de búsqueda de democracia.

72. La CVR debe constatar, al mismo tiempo, una muy grave
responsabilidad de los gobiernos de esos años, así como de los
partidos que tuvieron representación en el Parlamento, los gobiernos
locales y, entre 1989 y 1991, los gobiernos regionales. En los
primeros doce años del conflicto, la Policía y las Fuerzas Armadas se
hicieron cargo del combate a la subversión a partir de instrumentos
legales aprobados por gobiernos civiles y dentro del marco de una
legislación antiterrorista promulgada por un Congreso elegido
democráticamente.

73. .La CVR ha recogido amplia evidencia de cómo en el combate a los
grupos subversivos se cometieron gravísimas y masivas violaciones a
los derechos humanos, lo que afecta en primer lugar a los gobiernos,
que eran los responsables del conjunto de la acción del Poder
Ejecutivo, del cual dependen las fuerzas del orden. Además de ello,
los gobiernos civiles electos incurrieron en la más grave
responsabilidad al desatender las denuncias de violaciones de
derechos humanos o, en muchos casos, al garantizar la impunidad para
los responsables de las mismas.

74. La CVR encuentra que el primer punto de inflexión institucional
en la abdicación de la responsabilidad democrática por parte de los
gobiernos con la creación por dispositivo legal de los Comandos
Político Militares. Ellos subordinaron en la práctica al poder civil
en las zonas declaradas en estado de emergencia, pues ellos
terminaron asumiendo no sólo la conducción militar sino también
política de la lucha contrasubversiva .

75. La CVR constata que la ley colocaba a militares y policías que
actuaban en provincias declaradas en estado de emergencia bajo la
competencia de la justicia militar, lo que favoreció la impunidad de
los agentes del Estado responsables de violaciones a los derechos
humanos. Del mismo modo el carácter permanente de una situación de
excepción en cada vez más provincias, debilitó la democracia y creó
un clima propicio para las violaciones a los derechos humanos, así
como un sentido común de la población y las autoridades civiles de
esas zonas, de que el poder reposaba en la autoridad militar.

76. La CVR considera que la abdicación de la autoridad democrática
culminó con la legislación antisubversiva aprobada después del golpe
de abril de 1992. De acuerdo a ella, los jefes de los CPM no sólo
coordinaban y supervisaban sino “conducían” las acciones en los
campos no-militares. Ese paquete legislativo cambió el Sistema de
Defensa Nacional, la ley del Servicio de Inteligencia Nacional y la
ley de situación militar. Esta última permitió que los comandantes
generales de las FF.AA. permanecieran en sus cargos aún después de su
fecha de retiro. La nueva legislación incluía además penas y
procedimientos que violaban las garantías del debido proceso, así
como la Constitución y tratados internacionales de los cuales el Perú
era firmante: penas mínimas desproporcionadas, nuevas figuras legales
como terrorismo agravado y traición a la patria, tribunales y jueces
sin rostro, entre otros. Este nuevo marco legal fue uno de los
pilares del régimen surgido a partir del golpe de Estado de abril de
1992.

A. Indiferencia y demanda de dureza

77. La CVR ha constatado con pesar que los gobiernos civiles no
estuvieron solos en esta concesión al uso indiscriminado de la fuerza
como medio de combate contra la subversión. Por el contrario, la
proclividad de dichos gobiernos a la solución militar sin control
civil estuvo en consonancia con un considerable sector de la sociedad
peruana, principalmente el sector urbano medianamente instruido,
beneficiario de los servicios del Estado y habitante de zonas
alejadas del epicentro del conflicto. Este sector miró
mayoritariamente con indiferencia o reclamó una solución rápida,
dispuesta a afrontar el “costo social” que era pagado por los
ciudadanos de las zonas rurales y más empobrecidas.

B. El gobierno de Acción Popular

78. La CVR expresa su reconocimiento especial a todas las víctimas
pertenecientes al partido Acción Popular, muchas de las cuales fueron
autoridades locales que permanecieron en sus puestos a pesar de la
intensidad de la violencia. La CVR resalta, también, el esfuerzo
realizado por el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry por
preservar el sistema democrático, las elecciones locales y generales
y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil transición a
un régimen democrático en medio del peor conflicto armado interno de
la historia republicana del país.

79. La CVR reconoce que el partido Acción Popular tuvo que enfrentar
la subversión un escenario difícil por la complejidad del Estado
sobredimensionado legado por el gobierno militar, por la debilidad de
un sistema de partidos sin vida democrática significativa, por
relaciones cívico-militares marcadas por la distancia y la
desconfianza y por la existencia de una izquierda de gran tamaño y
radicalidad.

80. La CVR recuerda que en ese contexto, el presidente Belaúnde
propuso diversas políticas de frente, que sólo fueron aceptadas por
su aliado, el Partido Popular Cristiano. Los demás partidos optaron
por mantener sus propios perfiles. Ese desacuerdo complicó
enormemente las posibilidades de una respuesta unitaria a la amenaza
subversiva.

81. La CVR encuentra que el conflicto armado interno fue considerado
por varios meses como un problema marginal que había tomado por
sorpresa al Estado y a todas las fuerzas políticas del país. Una vez
que el incremento del número de acciones subversivas armadas lo
volvió inocultable, el gobierno de AP y la oposición perdieron un
valioso tiempo en atribuir las responsabilidades de los hechos, a
partir de sus propias agendas políticas . Debe señalarse que ese
tiempo perdido en diagnósticos errados o interesados fue crucial para
el asentamiento del PCP-SL en diversas áreas del campo ayacuchano,
sin una respuesta estatal organizada por el gobierno.

82. La CVR constata que el gobierno optó por enfrentar al PCP-SL con
las fuerzas policiales y con medidas de excepción que se prorrogaron
ininterrumpidamente. Las limitaciones de las fuerzas policiales,
divididas en tres instituciones sin coordinación entre ellas,
desprovistas de equipamiento básico y sin el respaldo de una política
contrasubversiva coherente generaron, en poco tiempo, un rechazo de
la población que fue trasladado hacia el gobierno. Éste, ante la
actividad cada vez más violenta de SL, optó por ceder la conducción
de la lucha antisubversiva a las FFAA a fines de 1982.

83. La CVR considera que la decisión adoptada por el gobierno de AP
inició un proceso de militarización que duró más de una década y que
tuvo graves consecuencias para el país. Con el establecimiento de
comandos político-militares y ante la inoperancia del poder político
para contribuir en la lucha contrasubversiva en los campos
no-militares, se produjo una subordinación de hecho de las
autoridades civiles locales a las estrategias contrasubversivas de
las FFAA.

84. La CVR ha establecido que los comandos político-militares y la
intervención de las FFAA se realizaron sin tomar las previsiones
indispensables por parte de la autoridad civil para salvaguardar los
derechos fundamentales de la población, permitiéndose en consecuencia
numerosas violaciones de los derechos humanos de manera sistemática
y/o generalizada.

85. La CVR concluye que el gobierno de Acción Popular toleró estas
violaciones de derechos humanos, haciendo caso omiso de las numerosas
denuncias por diversas fuentes gubernamentales y de la sociedad
civil. Tal es el caso de matanzas como las de Putis, Pucayacu,
Cabitos, entre las más notorias. Asimismo, durante ese período de
gravísima violencia, el parlamento con mayoría gobiernista no nombró
ninguna comisión investigadora. La única comisión fue nombrada por el
Ejecutivo para investigar la matanza de ocho periodistas en la
comunidad de Uchuraccay, donde la CVR ha constatado que murieron,
además, 135 campesinos quechuas en el transcurso del año posterior a
la masacre, la mayoría a manos de Sendero Luminoso.

86. La CVR encuentra que esa injustificada tolerancia del gobierno de
AP hacia los atropellos a los derechos fundamentales de la
ciudadanía, se sustentaba en la intención y la expectativa de acabar
con la subversión en el corto plazo, sin considerar su costo en vidas
humanas. Dicha política fue ratificada por la Ley 24150 promulgada en
1985.

87. La CVR encuentra responsabilidad política en el gobierno de
Acción Popular por su tolerancia con las violaciones de derechos
humanos cometidas por parte del Estado, principalmente contra la
población indígena, la más desprotegida y marginada del país, y halla
en ella una lamentable muestra de esos hábitos de discriminación y
racismo existentes en la sociedad peruana.

88. Las cifras de la CVR revelan que entre 1983 y 1984 se produjo la
mayor cantidad de muertes anualizadas de todo el conflicto, causadas
por las campañas de asesinatos del PCP-SL y la cruenta respuesta
oficial, que según los cálculos de la CVR dejaron 19,468 víctimas
fatales, es decir, 28 por ciento del total estimado para todo el
conflicto armado interna. Estas cifras que pasaron casi
imperceptibles para el resto del país, debido a las graves fracturas
étnicas de nuestra sociedad.

C. El gobierno del Partido Aprista Peruano

89. La CVR expresa su reconocimiento especial a todas las víctimas
pertenecientes al Partido Aprista Peruano, muchas de las cuales
fueron autoridades locales que permanecieron en sus puestos a pesar
de la intensidad de la violencia. La CVR resalta, también, el
esfuerzo realizado por el gobierno del presidente Alan García Pérez
por preservar el sistema democrático, las elecciones locales y
generales y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil
situación en medio del peor conflicto armado interno de la historia
republicana del país.

90. La CVR considera que, al asumir el doctor Alan García Pérez el
gobierno en julio de 1985, impulsó una serie de políticas sociales
para reorientar la estrategia contrasubversiva en marcha. El objetivo
explícito fue derrotar a la subversión mediante políticas de
desarrollo dirigidas a los campesinos y a las regiones más pobres. El
nuevo gobierno asumió como propias las críticas a la actuación de las
FFAA que se venían haciendo desde el periodo gubernamental previo.

91. La política de respeto a los derechos humanos y de denuncia de
las violaciones de los mismos se expresó, por ejemplo, en las
sanciones aplicadas a los jefes militares responsables de la matanza
de Accomarca (agosto 1985). El gobierno buscó así el control civil
sobre la acción militar. Creó, asimismo, una Comisión de Paz y llevó
adelante iniciativas en el campo de la unificación policial y la
creación del Ministerio de Defensa.

92. La CVR considera, sin embargo, que la llamada “masacre de los
penales” ocurridas los días 18 y 19 de junio de 1986 en los centros
penitenciarios de Lurigancho y El Frontón marcó un punto de quiebre
en el esfuerzo del gobierno del APRA por imponer desde el poder civil
un nuevo esquema de respeto de los derechos humanos por las fuerzas
del orden. La CVR constata que a partir de los sucesos mencionados,
las FF.AA. actuaron con mayor autonomía en su accionar
contrasubversivo, sin que el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo
las proveyeran de un marco legal para ello.

93. La CVR encuentra grave responsabilidad política en el gobierno
del APRA en relación con estos casos, sin perjuicio de otras
responsabilidades que de manera individual sean determinadas en otras
instancias judiciales nacionales o internacionales.

94. La CVR considera el encubrimiento de la matanza de Cayara
ocurrida en mayo de 1988, como paradigmático de la nueva la actitud
del partido de gobierno frente la actuación de las FF.AA. en la lucha
contrasubversiva. La comisión investigadora conformada en el Senado
de la República, presidida por el parlamentario del PAP Carlos
Enrique Melgar, dictaminó que la matanza no había ocurrido, mientras
que la minoría de dicha comisión y un fiscal aseguraban lo contrario.
El dictamen, no obstante, fue aprobado por la mayoría aprista. Las
investigaciones de la CVR confirman la matanza de Cayara y encuentran
responsabilidad política en el PAP por colaborar en el encubrimiento
de dicha masacre.

95. La CVR constata el gobierno del APRA puso en marcha un proceso de
reorganización de las tres instituciones policiales existentes,
atendiendo a reclamaciones sobre la crisis de corrupción e
ineficiencia. Ello derivó en lo que más adelante sería la policía
nacional. El Partido Aprista tuvo un especial interés en controlar a
la policía a través del ministerio del Interior. En el proceso se
crearon nuevas unidades como la DOES, preparada para la lucha
contrasubversiva y se fortaleció el trabajo de inteligencia contra el
terrorismo.

96. La CVR estima que la aguda crisis económica y política que vivió
el Perú a partir de 1988 favoreció el desarrollo de las agrupaciones
subversivas y a la vorágine de violencia. El fracaso del programa
económico y el inicio de la hiperinflación llevó a una situación de
grave inestabilidad en el país. Desde el fallido intento de
estatización de la banca, el gobierno perdió el respaldo de los
grupos empresariales y financieros del país. Las marchas y
contramarchas en las políticas económicas agudizaron la tensión
social existente, agravada por servicios básicos colapsando. El
PCP-SL aprovechó esos espacios de descontento para iniciar sus
propias marchas de protesta hasta en la misma capital.

97. La CVR ha recogido testimonios que sugieren la existencia de
policías vinculados a actividades de escuadrones de la muerte y
comandos paramilitares utilizados contra presuntos subversivos. Una
serie de sucesos, como la aparición del Comando Rodrigo Franco, el
enfrentamiento en Molinos, el ataque del PCP-SL al puesto policial de
Uchiza, la vacancia de cargos municipales en 1989 y el escape de los
emerretistas del penal Castro Castro en 1990, entre otros,
potenciaron la imagen de desgobierno y caos en el país. Al mismo,
tiempo, sin embargo se llevaron a cabo tres elecciones nacionales
entre noviembre de 1989 y junio de 1990. El descontento de las FFAA
fue grande, produciéndose hasta un intento de golpe de Estado. La CVR
concluye que, al producirse la crisis, el gobierno perdió el control
de la política contrasubversiva, salvo en algunas áreas del trabajo
policial que fueron muy exitosas como la del GEIN que, a la postre,
rendiría los mayores frutos en cuanto a capturas de líderes
subversivos.

D. Los gobiernos de Alberto Fujimori

98. La CVR ha constatado que las elecciones presidenciales de 1990 se
produjeron en medio de una crisis generalizada y del incremento de la
acción subversiva. El desprestigio de los partidos y la pérdida de
confianza en las organizaciones políticas facilitaron el triunfo de
un independiente, el ingeniero Alberto Fujimori, ex-Rector de la
Universidad Nacional Agraria. Rápidamente reveló rasgos de
personalidad que se expresarían en sus dos períodos gubernamentales:
el menosprecio a la democracia. En ningún momento construyó una
organización política que lo respalde . Para enfrentar los dos
grandes problemas que heredaba –crisis económica y avance de la
subversión- encargó los asuntos económicos a grupos de tecnócratas, y
asumió como suya la estrategia antisubversiva de las Fuerzas Armadas
perfilada a finales de la década de 1980. Igualmente, convocó a
operadores de inteligencia militar; el más conocido: Vladimiro
Montesinos. Con su apoyo, el nuevo régimen comenzó a fortalecer el
Servicio de Inteligencia Nacional y se aseguró la lealtad de las
cúpulas militares para convertirlas en pilares de su gestión .

99. La CVR concluye que el golpe de estado del 5 de abril de 1992
significó el colapso del Estado de Derecho y mostró además la
debilidad del sistema de partidos; el golpe contó con el apoyo de la
mayoría de la opinión pública. En medio de la ofensiva urbana del
PCP-SL, sectores importantes de todos los estratos sociales, se
mostraron dispuestos a trocar democracia por seguridad y a tolerar
las violaciones a los DDHH como el costo necesario para terminar con
la subversión.

100. La CVR ha constatado que a partir de 1992 la nueva estrategia
contra-subversiva puso énfasis en la eliminación selectiva de las
organizaciones político-administrativas (OPA) de los grupos
subversivos. Vinculado a Vladimiro Montesinos actuó un escuadrón de
la muerte denominado “Colina”, responsable de asesinatos,
desapariciones forzadas y masacres con crueldad, ensañamiento. La CVR
posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto
Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN
tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones
forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte
denominado “Colina”.

101. La CVR sostiene que la DINCOTE, gracias a la experiencia
acumulada desde fines de la década anterior y el énfasis puesto en el
trabajo de inteligencia, mostró por esa misma época facetas más
constructivas y eficaces, que desembocaron en la captura de Víctor
Polay, principal dirigente del MRTA, y en la de Abimael Guzmán y
miembros del Buró Político del Comité Central del PCP-SL, el 12 de
setiembre de 1992. La CVR concluye que las capturas de los líderes
máximos del PCP-SL y el MRTA no fueron usadas por el gobierno para
acelerar la derrota de la subversión sino para obtener réditos
electorales.

102. Asimismo, entonces, la CVR señala la utilización dada al
operativo Chavín de Huántar. Como se sabe, en diciembre de 1996 un
comando del MRTA secuestró centenares de civiles que asistían a una
recepción en la residencia del embajador japonés. La CVR expresa su
repudio a esa acción terrorista que mantuvo cautivos durante más de
cuatro meses a decenas de personas. Reconoce, asimismo, el derecho
del Estado a rescatar a los rehenes allí recluídos y saluda el
heroísmo y la eficiencia de los comandos que culminaron con éxito el
operativo de rescate y rinde homenaje a los miembros del Ejército
fallecidos en dicha acción, así como al Dr. Carlos Giusti. Condena,
sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales que se habrían
producido, injustificadas por tratarse de personas rendidas, y
comparte asimismo el rechazo de la opinión pública a las imágenes de
Alberto Fujimori paseándose por sobre los cadáveres desparramados en
la residencia recién rescatada.

103. La CVR afirma que en los años siguientes, diversos hechos,
algunos ciertos, la mayoría manipulados mediáticamente, sirvieron
para crear y recrear exageradamente al “terrorismo” como una amenaza
latente, para justificar el autoritarismo del régimen y para
desprestigiar a los opositores. La interceptación telefónica a
políticos opositores, el acoso al periodismo independiente, el
sometimiento y perversión final de la mayoría de medios de
comunicación, los atentados y crímenes incluso contra miembros del
propio SIN, así como la desvirtuación de operaciones legítimas como
el mencionado operativo Chavín de Huántar, llevan el sello del
gobierno autoritario de Alberto Fujimori.

104. Por lo expuesto, la CVR sostiene que en los últimos años del
gobierno de Fujimori el conflicto armado interno fue manipulado con
la finalidad de hacer que el régimen permaneciera en el poder. Ello
sumió al país en una nueva crisis económica y en abismos de
corrupción, descomposición moral, debilitamiento del tejido social e
institucional y una profunda desconfianza en la esfera pública. Todos
estos rasgos constituyen, por lo menos en parte, secuelas de la forma
autoritaria, “antipolítico”, en que se resolvió el conflicto y
configuran una de las páginas más oprobiosas de la historia de la
república.

E. Los partidos de Izquierda

105. La CVR expresa su reconocimiento especial a todas las víctimas
pertenecientes a los partidos que conformaron la alianza Izquierda
Unida, muchas de las cuales fueron autoridades locales que
permanecieron en sus puestos a pesar de la intensidad de la
violencia. La CVR resalta, también, que IU fue un canal de
representación política de amplios sectores populares y movimientos
sociales hasta entonces no incluidos en la agenda nacional. De esta
forma, en muchas zonas del país, militantes de izquierda fueron un
freno para el avance de Sendero Luminoso.

106. La CVR ha constatado que la alianza Izquierda Unida (IU) fue la
segunda fuerza electoral durante la mayor parte de la década de 1980,
tuvo representación en el Parlamento, responsabilidad en gobiernos
locales y, entre 1989 y 1992, en los gobiernos regionales.

107. Asimismo la CVR ha constatado que durante la década de 1970, la
mayor parte de las organizaciones que luego conformarían IU
compartieron con matices un discurso y una estrategia que
privilegiaba la toma del poder por la vía de la lucha armada. En el
contexto de grandes movilizaciones sociales y apertura democrática de
fines de los años 70, algunas de estas organizaciones iniciaron un
viraje que los llevó a valorar positivamente la vía electoral y la
democracia representativa.

108. La CVR hace notar sin embargo, que un deslinde ideológico
insuficiente y en muchos casos tardío colocó a la mayoría de partidos
miembros de IU en una situación ambigua frente a las acciones del
PCP-SL y más aún del MRTA. Esta ambigüedad hizo difícil para sus
líderes, y también para las dirigencias sociales sobre las cuales IU
tenía influencia, dar la lucha ideológica contra las concepciones
violentistas que terminaran incorporándose al PCP-SL o al MRTA.

109. La CVR constata que la izquierda formuló denuncia, por cierto
necesaria, de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el
Estado. Sin embargo, no dio el mismo tratamiento a aquellas cometidas
por los grupos subversivos, especialmente por el MRTA. Hubo dos
agrupaciones que mantuvieron hasta el final la posibilidad del
recurso a la violencia para tomar el poder. Esto fue en ultima
instancia lo que produjo la división de la izquierda entre supuestos
reformistas y revolucionarios. Por otro lado, el Partido Unificado
Mariateguista y el P.C. del P. “Patria Roja” formaron organismos de
autodefensa, que terminaron enfrentando a SL en defensa de las
organizaciones sociales.

110. Para la CVR, sin que ello fuera una posición generalizada,
sectores de la izquierda entendieron su participación en el
parlamento como una tribuna de agitación y propaganda y en los
municipios para desde allí “elevar el nivel de conciencia de las
masas”. En ambos casos, para demostrar las limitaciones de las
instituciones “demo-burguesas”.

111. La CVR señala que, en el plano político, el sectarismo y la
ineficacia de los partidos y de los independientes que conformaban
IU, así como la dificultad para poner los intereses del país por
encima de los grupos o personalidades que la integraban, impidió que
ella fuera más allá de su carácter de alianza electoral, para
convertirse en frente programático que representara y ofreciera una
alternativa de transformación pacífica y democrática a sus militantes
y al país. Ese límite se mantuvo incluso en su momento de mayor
presencia electoral, le impidió luego diferenciarse de la política
del gobierno aprista, y terminó dividiéndola en 1989. La división
desconcertó a sus seguidores y resquebrajó el dique de contención que
significaba IU en amplios sectores populares, favoreciendo el avance
de los grupos subversivos y posteriormente del fujimorismo.

112. Sin embargo, la CVR hace resaltar el papel positivo de la
temprana denuncia de las violaciones a los derechos humanos por parte
de IU, tanto a través de sus partidos integrantes como de las
organizaciones sociales en las cuales tenía presencia y de sus
representantes en el Parlamento, que tuvieron destacado papel en las
más importantes comisiones investigadoras del Congreso sobre temas
vinculados al conflicto armado interno (la matanza de los penales,
los grupos paramilitares, las causas de la violencia.)

113. La CVR deja constancia, además, que numerosos miembros de IU,
especialmente militantes de base de provincias en períodos
electorales, cayeron víctimas de las fuerzas del orden que no
distinguieron entre izquierdaunidistas y subversivos. Asimismo, queda
claro para la CVR que IU no fue nunca “fachada legal” de SL, ni de
manera orgánica ni oficiosa. Más bien, conforme avanzaba la década,
IU denunció crecientemente la ideología y los métodos del PCP-SL,
quien asesinó un número significativo de dirigentes sociales de las
filas de IU, algunos de ellos líderes de importantes gremios
nacionales.

F. El poder legislativo

114. A la CVR le es dado constatar que los problemas del Estado para
enfrentar el conflicto armado interno también ocurrieron en el Poder
Legislativo. Las fuerzas políticas allí representadas no tuvieron ni
presentaron iniciativas sobre cómo enfrentar de una manera integral a
los grupos subversivos hasta bien avanzado el conflicto (1991).

115. La CVR deja constancia de que durante toda la década de 1980 el
Congreso funcionó con mayorías gobiernistas. A través de esas
mayorías, los gobiernos inhibieron o debilitaron las capacidades de
fiscalización y de formulación legal. Así, el Parlamento 1980-1985 no
cumplió con su función constitucional de fiscalización, al abdicar a
ejercer control sobre lo que en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac
venía sucediendo a propósito del conflicto. Encontrándose en este
período la mayor cantidad de peruanos muertos o desaparecidos a causa
de la guerra, el Congreso no efectuó ninguna investigación sobre las
violaciones a los derechos humanos que tanto el PCP-SL como las
fuerzas del orden iban acumulando impunemente.

116. La CVR debe señalar que frente a la militarización del
conflicto, el Congreso no planteó ninguna alternativa o plan viable.
La principal actividad normativa estuvo a cargo del Ejecutivo. Y
cuando, finalmente, el Congreso retomó dicha función, no hizo sino
reafirmar su escasa voluntad de comprometerse a encontrar respuesta
severa y eficaz frente al fenómeno subversivo.

117. La CVR señala que la aprobación por el Congreso de la Ley 24150
que establecía las normas a cumplir en los estado de excepción por
los que las FFAA asumían el control del orden interno, en todo o
parte del territorio, fue un intento de legalizar lo que en los
hechos venía sucediendo, inhibiendo legalmente a la autoridad civil
en beneficio de la militar. Así, esta decisión significó, por un
lado, una estrategia equivocada que condujo a la relativización del
poder democrático civil y, por otro, a la reducción de la política
anti-subversiva a un ámbito de represión y control militar.

118. Sin embargo, la CVR debe anotar que a partir de 1985 funcionaron
comisiones investigadoras sobre casos de gran impacto en la opinión
pública. Aunque ninguna logró quebrar el círculo de la impunidad los
debates parlamentarios y los dictámenes en minoría generaron
corrientes importantes de opinión pública en contra de las
violaciones a los derechos humanos. No obstante, cabe señalar que si
bien el Congreso se encargó de llevar adelante la investigación de
importantes casos de violaciones a los derechos perpetradas por las
fuerzas del orden, no hizo un esfuerzo similar para investigar y
demandar sanción sobre terribles casos de violaciones perpetradas por
SL.

119. La CVR anota que en el Congreso surgido a partir de las
elecciones de 1990, el Ejecutivo careció por primera vez de mayoría
propia. Aprovechando el desgaste de los partidos políticos y el
desprestigio del Legislativo, el gobierno de Alberto Fujimori y los
promotores de una política anti-subversiva autoritaria y
militarizada, sobredimensionaron su ineficacia y sus problemas y no
tuvieron reparos en presentar al Congreso como parte del “campo
enemigo”, esta idea era coincidente con la del PCP-SL, que entendía
al Congreso como un reducto del “revisionismo” y parte del “viejo
Estado” que había que destruir.

120. La CVR halla que entre 1990 y 1992, el Congreso adquirió otra
fisonomía. El que no existiese una mayoría parlamentaria gobiernista
y el avance de la subversión, empujaron a una mayor concertación y a
participar de manera más activa en el diseño de una política
anti-subversiva dentro de marcos democráticos. La nueva actitud se
hizo visible en el debate sobre legislación anti-subversiva de
noviembre de 1991. De otro lado, en materia de su función de control
parlamentario, el Congreso de 1990-92 intervino en situaciones de
violaciones de derechos humanos en el conflicto armado interno. Sin
embargo, el golpe de abril de 1992 que cerró el Parlamento con la
anuencia de un sector mayoritario de la opinión pública, mostró que
ese fue un esfuerzo tardío e insuficiente para controlar a los
poderes fácticos y corrientes autoritarias del país. Para entonces
los partidos políticos parlamentarios evidenciaban claros signos de
agotamiento y crisis.

121. La CVR considera que después del golpe de 1992 el Congreso,
tanto el CCD como el Congreso 1995-2000, careció de cualquier
capacidad de fiscalización, tanto por el recorte constitucional de
sus atribuciones como por la mayoría parlamentaria absoluta que
mantuvo la bancada gobiernista hasta el año 2000. La pálida labor
parlamentaria en la lucha contra-subversiva se vio agravada por el
desarrollo de un proceso de manipulación normativa de alta nocividad
social, que buscó, entre otras cosas, montar un aparato que
garantizara la impunidad a las violaciones de los derechos humanos
cometidas por agentes estatales.

122. A la CVR le ha sido dado constatar que, en muchos casos, la
mayoría oficialista de los congresos post golpe, a pesar de la
actitud valiente de congresistas de la oposición, no sólo abdicó de
su función constitucional de fiscalización, sino que avaló y promovió
el encubrimiento y la impunidad. Un hito de especial consideración
dentro de su participación en el proceso de afirmación de impunidad
fue la aprobación de la Ley 26479, Ley General de Amnistía
(15.06.95). El Parlamento se convirtió en la práctica en una caja de
resonancia de los planteamientos de palacio y del SIN.

G. El Poder Judicial

123. La CVR debe indicar que la abdicación de la autoridad
democrática incluyó las funciones propias de la administración de
justicia. El sistema judicial no cumplió con su misión adecuadamente;
ni para la condena dentro de la ley de las acciones de los grupos
subversivos; ni para la cautela de los derechos de las personas
detenidas, ni para poner coto a la impunidad con que actuaban los
agentes del Estado que cometían graves violaciones de los derechos
humanos. En el primer caso, el poder judicial se ganó la imagen de
una ineficiente “coladera” que liberaba a culpables y condenaba a
inocentes; en el segundo caso, sus agentes incumplieron el rol de
garante de los derechos de los detenidos, coadyuvando a la comisión
de graves violaciones a los derechos a la vida y la integridad
física; por último, se abstuvieron de llevar a la justicia a miembros
de las fuerzas armadas acusados de graves delitos, fallando
sistemáticamente cada contienda de competencia a favor del fuero
militar, donde las situaciones quedaban en la impunidad.

124. La CVR debe empero precisar que el Sistema Judicial adolecía de
problemas estructurales que determinaban su ineficiencia. Sin
embargo, a ello debe sumarse la actuación negligente de algunos
operadores de justicia que hicieron mas grave aún la situación
estructural en que se desenvolvía la administración de justicia.

125. La CVR deja constancia de que la situación del Perú judicial se
agravó luego del golpe de Estado de 1992, cuando a las condiciones
mencionadas se sumaron: una clara intromisión en la capacidad de
autogobierno a partir de ceses masivos de magistrados, nombramientos
provisionales y la creación de órganos de gestión ajenos a la
estructura del sistema judicial; además de la inoperancia del
Tribunal Constitucional.

126. La CVR deja constancia de la deficiente la legislación que
aplicaba el sistema judicial. Entre 1980 y 1992 incidieron
fuertemente en esta situación: la tipificación amplia e imprecisa del
delito de terrorismo; y la mediatización de la labor del Ministerio
Público en la etapa de investigación preliminar, subordinando la
labor garantista del fiscal. Luego del golpe de 1992, la situación se
agravó debido a que la nueva legislación antiterrorista se
caracterizaba por: la sobrecriminalización del terrorismo a través de
la flexibilización del concepto y la creación de tipos penales nuevos
con los que se procesaba en distintos fueros y se imponían penas
distintas por la misma conducta; la falta de proporcionalidad de las
penas; la seria limitación de la capacidad de defensa de los
detenidos; y la atribución de competencia a los tribunales militares
en el juzgamiento de los delitos de traición a la patria.

127. La CVR ha constatado que, abdicando de su propia competencia, el
Poder Judicial, a través de la Corte Suprema cuando los acusados eran
miembros de las Fuerzas Armadas, falló en toda ocasión a favor del
fuero militar, donde los casos por lo general se sobreseían, se
prolongaban innecesariamente o terminaban generando condenas
benévolas.

128. Otra conducta que la CVR ha comprobado es que los operadores de
justicia incurrieron en falta contra su deber de cautelar por los
derechos de los ciudadanos fue la generalizada práctica de declarar
improcedentes los recursos de Habeas Corpus. El tribunal de garantías
constitucionales –vigente hasta 1991- sistemáticamente evitó llegar a
sentencias fundadas. Esta situación contribuyó en no poca medida a
que las detenciones arbitrarias culminasen en torturas, ejecuciones
arbitrarias y desapariciones forzadas.

129. La CVR considera que la dictadura de Alberto Fujimori pretendió
legalizar de forma espuria la impunidad a las violaciones de los
derechos humanos realizadas por agentes del Estado, logrando que el
Congreso Constituyente Democrático aprobase por mayoría dos leyes de
amnistía que vulneraban disposiciones constitucionales y tratados
internacionales soberanamente ratificados por el Perú. Salvo una
honrosa excepción, que inaplicó la norma por vulnerar disposiciones
constitucionales y tratados internacionales , los jueces renunciaron
a su facultad de aplicar el control difuso de la constitucionalidad
de las leyes.

130. La CVR ha constatado que el resultado de la aplicación estricta
y acrítica de la legislación antiterrorista de 1992 permitió que en
el procesamiento de detenidos no se garantizara la imparcialidad ni
la exactitud de los juicios. No solamente cientos de personas
inocentes tuvieron que sufrir largas condenas, sino que la violación
de las garantías de debido proceso arrojó una severa sombra de duda
sobre los procesos realizados. El descrédito sufrido por el sistema
judicial peruano aplicando las leyes dictadas por el régimen
fujimorista, sólo resultaría en un favor a los verdaderos subversivos
cuando, años después, el Estado tuviera que realizar nuevos juicios a
partir de pruebas escasas. De otro lado, los sentenciados por
terrorismo sufrieron y condiciones de carcelería vejatorias de la
dignidad humana, que no conducían en absoluto a su rehabilitación. La
situación carcelaria, en efecto, poco atendida por los jueces de
ejecución penal, dio lugar a motines y masacres en 1985, 1986 y 1992.

131. La CVR debe indicar que el Ministerio Público -salvo honrosas
excepciones- abdicó a la función de controlar el estricto respeto a
los derechos humanos que debía observarse en las detenciones y se
mostró insensible a los pedidos de los familiares de las víctimas.
Por el contrario, se omitió el deber de denunciar crímenes, se
investigó sin energía, se realizaron muy deficientes trabajos
forenses, lo que coadyuvó a la situación de descontrol e impunidad.
Bajo la dictadura fujimorista, la obsecuencia del Ministerio Público
ante los imperativos del poder ejecutivo fue total.

V. El papel de las organizaciones sociales

A. Sobre los gremios

132. La CVR ha constatado la agresión violenta de parte de los grupos
subversivos contra diversos sindicatos y empresas. En el informe de
la CVR constan los asesinatos de dirigentes sindicales, empresarios y
funcionarios de empresas.

133. La CVR estima que mientras el PCP-SL exacerbó los conflictos
laborales y se propuso como objetivo la destrucción de los sindicatos
existentes, el MRTA buscó instrumentalizar los sindicatos para sus
fines subversivos.

134. La CVR concluye también en que las prácticas o concepciones
antidemocráticas en sindicatos y gremios empresariales condujeron a
la descalificación mutua a lo largo del conflicto armado,
cuestionando la representatividad y legitimidad de las organizaciones
gremiales.

135. La CVR ha constatado que el rol del Estado como árbitro de los
conflictos laborales fue de marcada ineptitud, pues una burocracia
ineficiente y propensa a la corrupción, la ausencia de reglas claras,
una legislación engorrosa, entre otros factores, dificultaron las
negociaciones provocando el agravamiento de los problemas.

B. Sobre sistema educativo y magisterio

136. La CVR ha comprobado que el Estado descuidó desde décadas el
tema educativo. Hubo proyectos modernizadores en la década del 60
pero fracasaron. Ni la ley universitaria ni la reforma educativa de
1972 lograron revertir esta tendencia. Tampoco neutralizaron el
predominio de pedagogías tradicionales autoritarias. En aquellos
espacios que el Estado fue dejando en su repliegue, germinaron nuevas
propuestas; ellas propugnaban un cambio radical, anti-sistémico, sólo
alcanzable por la vía de la confrontación y sustentado en un
“marxismo de manual”, dogmático y simplificado, que se expandió
ampliamente en las universidades durante la década de 1970. Esos
nuevos contenidos se transmitieron utilizando los viejos marcos
pedagógicos autoritarios, que no fueron cuestionados.

137. La CVR ha comprobado que, entre muchos maestros y estudiantes
universitarios, se volvió sentido común el cumplimiento fatal de la
historia a través de la vía de la confrontación. Esa visión abrió
espacios para el desarrollo de propuestas autoritarias de extrema
izquierda. La del PCP-SL fue sólo la más extrema.

138. La CVR ha comprobado que el PCP-SL fue el que buscó
instrumentalizar las instituciones educativas: universidades,
colegios secundarios, institutos superiores e incluso academias de
postulantes. El sentido común dogmático y la ambigüedad de los grupos
radicales frente a la violencia le fueron favorables. A través del
amedrentamiento o la cooptación logró ubicar maestros en colegios
donde le interesaba desarrollar proselitismo. Aprovechando y
alimentando una versión maximalista de la autonomía universitaria
accedió en algunos casos a las Direcciones de bienestar universitario
o al menos encontró santuario en viviendas y comedores. Allí
desarrolló un proselitismo en el cual el clientelismo se mezclaba con
la movilización de los sentimientos de discriminación y agravio de
los estudiantes pobres y provincianos, que utilizaban mayormente esos
servicios. A ellos, con débiles redes sociales en sus lugares de
estudio, les ofrecía además identidad y sentido de pertenencia.

139. La CVR encuentra una grave responsabilidad del Estado: i) en el
descuido de la educación pública en medio de un conflicto que tenía
al sistema educativo como importante terreno de disputa ideológica y
simbólica; ii) en el amedrentamiento y/o la estigmatización de
comunidades enteras de maestros y estudiantes de universidades
públicas, especialmente de provincias ( ); iii) en el deterioro de la
infraestructura de servicios de varias universidades públicas ( ) iv)
en haber permitido graves violaciones de los derechos humanos de
estudiantes y profesores por el hecho de ser tales.( )

140. La CVR repudia los crímenes cometidos contra estudiantes,
profesores y trabajadores, al margen de su filiación política.
Condena especialmente la matanza de más de cien estudiantes,
profesores y trabajadores de la Universidad Nacional del Centro
(UNCP) a manos de los diferentes actores de la guerra –incluyendo
escuadrones de la muerte- enfrentados en un fuego cruzado y confuso .
Condena, asimismo, la masacre de ocho estudiantes y un profesor de la
Universidad Nacional de Educación “La Cantuta” en julio de 1992 y la
posterior amnistía de los perpetradores miembros del escuadrón de la
muerte denominado “Colina” en 1995. Señala, a partir de sus
investigaciones, que además de las ya mencionadas, las universidades
de San Cristóbal de Huamanga, Hermilio Valdizán de Huánuco, Callao,
Huacho y San Marcos, entre otras, resultaron afectadas por la
estrategia contrasubversiva de detenciones-desapariciones y
destrucción de infraestructura y, durante el régimen autoritario de
la década de 1990, por la instalación de bases militares en los
campus universitarios.

C. Sobre el papel de las iglesias

141. La CVR a través de numerosos testimonios recogidos, audiencias y
estudios realizados, ha constatado el papel de las iglesias Católica
y evangélicas durante el proceso de la violencia, como actoras que
contribuyeron a proteger a la población de crímenes y violaciones de
derechos humanos. Institucionalmente, la iglesia católica condenó
desde temprano la violencia de los grupos alzados en armas e
igualmente las violaciones de los DDHH por parte del Estado. Estas
posturas se concretaron en actividades de defensa de los DDHH y
denuncias de las violaciones, iniciadas muy temprano en el proceso a
través de organizaciones como la Comisión Episcopal de Acción Social
(CEAS) y otras. La CVR ha llegado a la conclusión de que muchas vidas
fueron salvadas y muchos otros atropellos fueron impedidos gracias al
concurso de estas organizaciones cuyo papel fue demandado y
reconocido ampliamente por la población, así como de religiosos y
laicos individuales, más allá de orientaciones teológicas o
pastorales. En departamentos como Puno, Cajamarca, Ancash, Ucayali o
Amazonas, el papel de sacerdotes, laicos y catequistas contribuyó a
fortalecer el tejido social y construir una barrera que debilitó el
avance del PCP-SL y el desborde de la denominada “guerra sucia”. La
CVR rinde homenaje a los cristianos que defendieron la vida durante
el tiempo de la violencia política y repudia el asesinato de
sacerdotes y religiosas en cumplimientos de su misión, sobre todo
entre los sectores más desfavorecidos del campo y la ciudad.

142. La CVR ha encontrado, sin embargo, que la defensa de los
derechos humanos no fue firme en el arzobispado de Ayacucho durante
la mayor parte del conflicto armado. Durante buena parte del
conflicto dicho arzobispado puso obstáculos a la labor de
organizaciones de la Iglesia vinculadas al tema, a la vez que negaba
violaciones de los derechos humanos. La Comisión deplora que algunas
autoridades eclesiásticas de Ayacucho, Huancavelica y Abancay no
hayan cumplido con su compromiso pastoral.

143. La CVR ha concluido que las iglesias evangélicas cumplieron
también un valioso papel de protección de los derechos humanos,
principalmente a partir de sus instancias de coordinación nacional.
Reconoce, asimismo, el valor de los pastores que cumplieron esa labor
de defensa de la vida y denuncia de la violencia con peligro para
ellos, muchas veces en zonas periféricas de las grandes ciudades y en
zonas rurales muy apartadas. Constata también que un número
significativo de campesinos evangélicos participaron en comités de
autodefensa que enfrentaron a la subversión. Sin embargo, lamenta que
algunas comunidades evangélicas no se hayan hecho eco de la defensa
de los derechos humanos.

144. La CVR rinde homenaje a sacerdotes, religiosos y religiosas,
fieles católicos y evangélicos que pagaron con su vida su labor
pastoral durante el conflicto armado interno.

D. Sobre las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos

145. La CVR ha concluido que a lo largo del conflicto, decenas de
asociaciones de la sociedad civil mantuvieron viva la capacidad de
indignación ante lo que ocurría y crearon un eficaz movimiento a
favor de los derechos humanos que, organizado alrededor de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se convirtió –pese
a una permanente satanización en su contra- en un referente ético en
el escenario nacional y en un efectivo recurso para que las víctimas
pudiesen avanzar en su objetivo de alcanzar la verdad y exigir la
justicia. La Comisión está convencida de que el país debe a las
organizaciones de derechos humanos una deuda de gratitud porque, al
ejercer el derecho democrático de fiscalizar a las fuerzas del orden,
contribuyeron a controlar algunos de los aspectos más brutales del
conflicto y a ganar para la lucha democrática del pueblo peruano una
amplia solidaridad internacional.

146. De acuerdo a la tradición del movimiento internacional de
derechos humanos, en los primeros años del conflicto los organismos
peruanos defensores de los DD.HH. centraron su crítica
fundamentalmente en el Estado, cuyas acciones se enmarcan dentro de
un ordenamiento legal que deben respetar, que es además signatario de
tratados internacionales y debe, sobre todo, responder por la
seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, a mediados de la década de
1980 los organismos que conformaron la CNDH zanjaron con las
organizaciones de fachada de los grupos subversivos . Posteriormente,
se negaron a defender legalmente a militantes o líderes de dichos
grupos e influyeron activa y exitosamente en el movimiento
internacional de derechos humanos, para que sus organismos incluyan
dentro de sus críticas y monitoreo a los grupos subversivos, tanto
peruanos como de todo el mundo.

147. La CVR ha constatado también, a diferencia de otros países donde
se dieron conflictos armados internos, la debilidad de las
organizaciones de víctimas. Ello porque en la mayoría de los casos
las víctimas eran campesinos pobres, con poca conciencia de derechos,
difícil acceso a la justicia, débiles redes sociales y escasos
contactos urbanos. Esta debilidad favoreció la impunidad de los
perpetradores.

148. En tal contexto, la CVR destaca y reconoce la persistencia de la
Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y
Desaparecidos del Perú (ANFASEP), conformada en su abrumadora mayoría
por mujeres ayacuchanas quechua hablantes de escasos recursos. Aún en
los peores momentos, con tenacidad y valentía, dichas mujeres
mantuvieron viva la llama de la esperanza en la recuperación de sus
seres queridos y en la justicia para los responsables de su
desaparición.

E. Sobre los medios de comunicación

149. La Comisión de la Verdad y Reconciliación constata que a lo
largo del conflicto armado interno los medios de comunicación jugaron
un papel muy importante. Durante esos años el trabajo de
investigación periodística fue abundante, valiente y en algunos
casos, como el de la masacre de La Cantuta (julio 1992),
indispensable para encontrar a los responsables de crímenes atroces.
Muchas veces, en esas investigaciones los periodistas arriesgaron la
vida y, desgraciadamente, en varios ocasiones la perdieron. La CVR
rinde homenaje a los periodistas asesinados durante el conflicto
armado interno en cumplimiento de su deber. Hace mención particular a
los mártires de Uchuraccay, primeros periodistas caídos en el
cumplimiento de su deber en circunstancias especialmente trágicas.
Asimismo, reconoce de manera especial la contribución al
esclarecimiento de hechos y a las denuncias de crímenes y violaciones
a los derechos humanos de parte de los periodistas que en las
provincias declaradas en estado de emergencia cumplieron su deber
abnegadamente y en condiciones muy adversas.

150. En lo que se refiere a la cobertura y la línea editorial, la CVR
constata que desde inicios de la década de 1980 los medios de
comunicación condenaron la violencia subversiva, aunque con matices
según las inclinaciones políticas de cada uno, lo que implicaba
evaluaciones diferentes de la situación o de los objetivos de las
organizaciones subversivas. Sin embargo, los medios no tuvieron la
misma posición en cuanto a la investigación y denuncia de las
violaciones de DDHH. Reconoce que hubo valioso y arriesgado trabajo
de investigación y denuncia, pero al mismo tiempo, señala que hubo
medios que sostuvieron una posición ambigua e incluso en ciertos
casos importantes avalaron la violencia arbitraria del Estado.

151. En lo que se refiere al modo de la cobertura realizada, la CVR
ha encontrado que en muchos medios se cayó en una presentación cruda,
desconsiderada frente a las víctimas y poco conducente a suscitar una
reflexión y una sensibilización nacional. Forma parte de este
problema el racismo implícito en los medios, que ha de ser resaltado
en el informe final .

152. En muchos medios, el tema de la violencia subversiva y
contrasubversiva no fue pues tratado de una manera tal que
significara un aporte significativo a la pacificación del país. La
CVR considera que dos factores condujeron a ese resultado: i) la
adopción inopinada de una lógica de la violencia, que terminó por
imponer un tratamiento poco sensible de los temas, y ii) la primacía
de una lógica comercial, que en los peores casos condujo al
amarillismo y se complicó a finales de la década de 1990 con el
fenómeno de megacorrupción y compra de medios.

VI. Sobre las secuelas del conflicto armado interno

153. La CVR halla que el conflicto armado interno que ha investigado
es el más grave de nuestra historia republicana y ha dejado secuelas
muy profundas en todos los planos de la vida nacional. La amplitud e
intensidad del conflicto acentuaron los graves desequilibrios
nacionales; destruyeron el orden democrático; agudizaron la pobreza y
profundizaron la desigualdad; agravaron formas de discriminación y
exclusión; debilitaron las redes sociales y emocionales y propiciaron
una cultura de temor y desconfianza. Es necesario, sin embargo,
resaltar que –pese a las duras condiciones-hubo personas y
poblaciones que resistieron y se esforzaron por la afirmación de una
sociedad constructora de la paz y del derecho.

154. La CVR hace notar que, el conflicto resultó en la masiva
destrucción de la infraestructura productiva y pérdida de capital
social y oportunidades económicas. Los departamentos que lo sufrieron
con mayor intensidad se encuentran hoy en los últimos lugares en los
índices de pobreza y desarrollo humano. No es casualidad que cuatro
de los departamentos más afectados por el conflicto: -Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac y Huánuco- se encuentren entre los cinco más
pobres del país.

155. A la CVR le ha sido posible constatar que la violencia destruyó
y desorganizó la vida social local, especialmente por el asesinato de
dirigentes y autoridades tradicionales como estatales. Eso produjo un
profundo debilitamiento de la sociedad civil, de los partidos
políticos y de las estructuras en donde más necesarias eran: en los
sectores más marginalizados y necesitados de inclusión y expansión de
la ciudadanía.

156. Para la CVR el desplazamiento masivo desde las zonas de
violencia constituyó un doloroso proceso de desarraigo y
empobrecimiento de cientos de miles de peruanos y peruanas; ello
produjo una urbanización compulsiva así como un retroceso histórico
en el patrón de ocupación del territorio andino, lo que habrá de
afectar por largo tiempo las posibilidades de un desarrollo humano
sostenible. La población desplazada vio afectadas sus redes sociales,
que debieron adaptarse con distintos grados de éxito y con gran
sufrimiento a las nuevas circunstancias, lo cual constituyó un enorme
reto para la provisión de servicios en las ciudades. Asimismo, los
desplazados por el conflicto fueron en muchos casos estigmatizados y
discriminados en escuelas, barrios y centros de trabajo. Al retornar,
tuvieron que enfrentar a veces graves problemas de tierras y ausencia
de apoyo suficiente para reorganizarse y sostener a sus familias.

157. La CVR ha constatado que toda una generación de niños y jóvenes
ha visto truncada o empobrecida su formación escolar y universitaria
como resultado del conflicto; ellos merecen atención preferente del
Estado.

158. La CVR es conciente de que el conflicto armado interno
intensificó hasta niveles insoportables el miedo y la desconfianza,
que a su vez contribuyeron a fragmentar y atomizar la sociedad. En
esas condiciones, el sufrimiento extremo ha causado resentimiento y
ha teñido de recelo y violencia la convivencia social y las
relaciones interpersonales.

159. La CVR ha constatado que amplios sectores de la población
afectada por la violencia sufren una u otra forma de secuela en su
salud mental, lo que debilita sus capacidades de desarrollarse y
superar las heridas del pasado ( ).

160. Para la CVR una secuela del conflicto armado interno en el
terreno político consiste en que él favoreció la descomposición moral
en la que se hundió el país durante los últimos años de la dictadura
de Alberto Fujimori. En efecto, la forma en que el Estado, las
fuerzas políticas y sectores importantes de la opinión pública
enfrentaron esos años, mostrando indiferencia, tolerancia hacia las
violaciones a los derechos humanos y disposición a trocar democracia
a cambio de seguridad como costo necesario para terminarlo, abrió
paso a la autocracia y la impunidad

161. Finalmente la CVR señala que, debe reconocerse que la violencia,
con todo su rigor, no fue capaz de destruir la capacidad de respuesta
de la población. En numerosas ocasiones, ante la destrucción de redes
sociales tradicionales y el asesinato masivo de dirigentes, las
mujeres asumieron nuevas responsabilidades y lanzaron al país el reto
moral de reconocer la pérdida de miles de sus hijos en masacres y
desapariciones. Dirigentes jóvenes reconstruyeron muchas de las
comunidades más afectadas y –en el proceso de retorno de muchos
desplazados- se pudo comprobar que muchas comunidades habían sido
capaces de resistir a la violencia a través de la autodefensa y
también con alternativas de paz y procesos de micro-reconciliación.

162. La CVR llega a la convicción de que las secuelas del conflicto
armado interno pesan como una grave hipoteca sobre nuestro futuro y
afectan decisivamente nuestra construcción como comunidad nacional de
ciudadanos libres e iguales en un país democrático y plural, que
avance por el camino del desarrollo y la equidad. Considera,
asimismo, que el primer paso para superar esas secuelas es que el
país conozca en toda su magnitud las dimensiones del horror vivido
entre 1980 y 2000.

VII. Sobre la necesidad de reparar

163. La CVR, a partir del informe que entrega al país estima que, si
bien pudo alegarse ignorancia o incomprensión frente al drama que se
venía en los primeros años del conflicto, ello no es más posible.
Enterados los poderes del Estado y los ciudadanos y ciudadanas a
quienes va dirigido nuestro informe de las sobrecogedoras dimensiones
de lo ocurrido, resulta indispensable, si queremos vivir
civilizadamente en paz y en democracia, reparar, en la medida de lo
posible, los gravísimos daños que se han ocasionado.

164. La CVR considera que su misma existencia y el mandato que
recibió de proponer reparaciones constituye ya el inicio de un
proceso de resarcimiento y de dignificación de las víctimas.

165. Para la CVR la reparación tiene profundas implicancias éticas y
políticas y es un componente importante del proceso de reconciliación
nacional. Al ser las víctimas del conflicto en su abrumadora mayoría
campesinos, pobres, indígenas, tradicionalmente discriminados y
excluidos son ellos los que deben recibir atención preferente por
parte del Estado.

166. Para la CVR, la reparación implica revertir el clima de
indiferencia con actos de solidaridad que contribuyan a la superación
de enfoques y hábitos discriminatorios, no exentos de racismo.
Aplicadas con equidad, las reparaciones deben asimismo generar
confianza cívica, restableciendo las relaciones dañadas entre los
ciudadanos y el Estado, de modo que se consolide la transición y
gobernabilidad democráticas y se prevengan nuevos escenarios de
violencia.

167. La CVR presenta al país un “Programa Integral de Reparaciones”
donde se combinan formas individuales y colectivas, simbólicas y
materiales de resarcimiento. El Programa debe ser financiado
creativamente por el Estado, pero también por la sociedad y la
cooperación internacional; él pone énfasis en: i) las reparaciones
simbólicas, el rescate de la memoria y la dignificación de las
víctimas; ii) la atención a la educación y a la salud mental; iii)
las reparaciones económicas individuales y colectivas (programas de
reconstrucción institucional, desarrollo comunal, servicios básicos y
generación de ingresos).

168. La CVR considera que una parte esencial del proceso de
reparación es la justicia. La Comisión advierte, asimismo, que ningún
camino hacia la reconciliación será transitable si no va acompañado
de un ejercicio efectivo de la justicia, tanto en lo que concierne a
la reparación de los daños sufridos por las víctimas cuanto en lo
relativo al justo castigo a los perpetradores y el consiguiente fin
de la impunidad. No se puede construir un país éticamente sano y
políticamente viable sobre los cimientos de la impunidad. A través de
los casos que entrega al Ministerio Público, de la identificación de
alrededor de 24 mil víctimas del conflicto armado interno y de los
hallazgos de sus investigaciones en general, la CVR busca ampliar
sustancialmente los argumentos para sustentar el reclamo de justicia
de las víctimas y sus organizaciones, así como de los organismos
defensores de los Derechos Humanos y ciudadanos en general.

169. Asimismo, la CVR ha elaborado un Registro Nacional de Sitios de
Entierro sobre la base de la información obtenida durante sus
investigaciones. Al término de su mandato, la CVR ha registrado 4,644
sitios de entierro a nivel nacional, habiendo realizado tres
exhumaciones y constataciones preliminares en 2,200 de ellos. Estas
cifras que superan ampliamente las estimaciones anteriores, confirman
la importancia que tiene impulsar y ejecutar el Plan Nacional de
Intervenciones Antropológico Forenses que propone la CVR. Asmimso, la
CVR se ratifica en la importancia fundamental del trabajo
antropológico forense para alcanzar justicia, identificar las
posibles víctimas y procesar el duelo por nuestros compatriotas
desaparecidos.

VIII. Sobre el proceso de Reconciliación Nacional

170. La CVR propone que el gran horizonte de la reconciliación
nacional es el de la ciudadanía plena para todos los peruanos y
peruanas. A partir de su mandato de propiciar la reconciliación
nacional y de sus investigaciones realizadas, la CVR interpreta la
reconciliación como un nuevo pacto fundacional entre el Estado y la
sociedad peruanos, y entre los miembros de la sociedad.

171. La CVR entiende que la reconciliación debe ocurrir en el nivel
personal y familiar; en el de las organizaciones de la sociedad y en
el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad en
su conjunto. Los tres planos señalados deben adecuarse a una meta
general, que es la edificación de un país que se reconozca
positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal
reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de
discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra
historia republicana.











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