Fundación Inforum | Piden regular el derecho de acceso a la información pública
Buenos Aires, Argentina, 01 de Noviembre de 2006.

Cámara de Diputados

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cámara de Diputados de la provincia, presentó un proyecto para adherir en todos sus términos al Proyecto de Ley presentado en el Senado de la Nación, que tiene como objeto regular el derecho de acceso a la información pública.
La norma -cuya autoría pertenece a los senadores nacionales Ernesto Ricardo Sanz y Gerardo Rubén Morales-, permitiría una mayor participación de todas las personas en los asuntos de interés público, estableciendo los procedimientos necesarios para requerir, consultar y recibir información.
Este no es el primer intento que hace la UCR provincial en esta temática. Ya en 1997 presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, situación que se repitió en 1999 y en el 2003. Hasta el momento, nunca contó con el acompañamiento del bloque justicialista.

Proyecto

Los legisladores nacionales consideraron como antecedente principal el proyecto que obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación durante el año 2003, que fuera producto de un arduo trabajo realizado en conjunto por las distintas fuerzas políticas y organizaciones no gubernamentales y especialistas en la materia.
Una vez girado a Senadores, surgió un nuevo marco desde el cual enfocar el derecho de acceso a la información pública. La óptica elegida define a los sujetos obligados por el tipo de información que poseen. Es decir, si la misma reviste carácter público o interés general.
En cambio, el proyecto aprobado por la Cámara Baja define a los entes obligados según su naturaleza jurídica pública, por ser órganos de la administración pública o por tener vínculos con el Estado, ya sea a través de subsidios o concesiones.
Los senadores Sanz y Morales manifiestan haber adoptado el criterio de brindar una posibilidad amplia de informarse por parte de la ciudadanía para una participación real y responsable en los asuntos públicos, y para un verdadero control de los actos de gobierno. Asimismo, señalan haber mejorado algunos aspectos que restringían –en la norma con media sanción del Senado- el ejercicio de este derecho como ser el principio de formalidad o el arancel por la búsqueda y la reproducción de la información, e incluido la posibilidad de la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación y habilitado la acción de amparo como medio judicial al que pueden recurrir los ciudadanos ante la violación de su derecho a informarse.
En lo que respecta a la información de carácter reservado, los autores han optado por detallar de manera exhaustiva las excepciones, limitando lo que es vedado a la población y estableciendo la caducidad automática pasados los diez (10) años. Ante una controversia judicial, se autoriza a un Juez de la Nación a solicitar información reservada a pedido de parte, si fuere necesaria para la dilucidación de la causa siempre que no dañe intereses superiores.

Derecho

El fundamento del proyecto de adhesión sostiene que el derecho de acceso a la información está reconocido como un derecho humano fundamental e imprescindible para el pleno desarrollo democrático de una sociedad.
También se destaca que en nuestro país tiene reconocimiento constitucional desde 1994, cuando se incorporaron a la Constitución Nacional los tratados internacionales de Derechos Humanos (Artículo 75, inciso 22).
“Regular este derecho es de vital importancia para monitorear los actos de gobierno y controlar el accionar de los representantes del pueblo. Ello sólo puede realizarse si se cuenta con el conocimiento de la actividad desarrollada por el Estado”, sostiene.
Por otra parte, el proyecto del bloque radical de la Cámara de Diputados de la provincia, especifica que el tema fue abordado recientemente en la ciudad de Río Gallegos por el prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay.
“...La falta de información es la causante de que la participación sea escasa. Participación sin información es inconducente, porque faltan los insumos para saber en qué estamos participando. El derecho del libre acceso a la información pública es el instrumento básico para poder participar con conocimiento de causa y, como bien sabemos, en la Argentina se tarda mucho en su consagración amplia...”, citaron.
“...Hay que contar con sistemas de información amplios, que se puedan almacenar y actualizar, de manera que nos permitan un acceso real, sin intimidación ni discriminación, cosa que no es tan sencillo como parece. El acceso a la información en Argentina es algo muy precario...”, dijo más adelante.
Para finalizar, el proyecto que lleva la firma de los legisladores Omar Hallar y Alfredo Freile, especifica que la iniciativa a la que se pretende adherir, constituye un valioso aporte para sancionar un régimen jurídico acorde a los requerimientos expuestos por una verdadera autoridad en esta materia.

Fuente: Redacción Tiempo Sur * http://www.tiemposur.com.ar