“Adónde van los desaparecidos,

busca en el agua y en los matorrales

y por qué es que desaparecen,

porque no todos somos iguales

y cuándo vuelve el desaparecido,

cada vez que lo trae el pensamiento

y cómo se llama al desaparecido,

una emoción apretando por dentro”

de la canción Desapariciones de Rubén Blades  

            La decisión del Consejo de Ministros de España de suspender la tramitación del pedido de extradición solicitado por el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional a cargo del juez Baltasar Garzón ha sido un golpe duro a tantas expectativas de lograr el juzgamiento de los militares argentinos por lo delitos de genocidio, terrorismo y torturas. La calidad de representar a la derecha hispana del Partido Popular no merecía otra decisión del gobierno de José María Aznar. 

            Si bien la medida entiende que corresponde aplicar el principio de territorialidad y considerar que la reciente anulación de las Leyes del Olvido (Punto Final y Obediencia Debida) permitirían la acción de la justicia argentina, esto generó  la inmediata libertad de los acusados con lo cual, una vez más, la justicia volvió sobre sus pasos. 

            El juez federal Rodolfo Canicoba Corral no ha querido aceptar lo solicitado por Baltasar Garzón en el sentido de realizar la persecución penal de los 40 criminales detenidos y tomar todos los elementos agregados a la causa seguida en España: antecedentes, testimonios y documentos. Debemos recordar que la causa tuvo su origen en las denuncias realizadas por los crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos españoles y descendientes de españoles residentes en la República Argentina. Situaciones similares se están consustanciando en Alemania, Francia, Italia y Suecia que podrían terminar en nuevos pedidos de extradición por crímenes de lesa humanidad cometidos sobre naturales o descendientes de estos países. 

            Los argentinos hemos sufrido cada uno de los pasos dados por el Gobierno y el Congreso Nacional para hacer que la justicia no impere en nuestra tierras y en el exterior a saber: 

23 de diciembre de 1986  - Ley de Punto Final,

4 de junio de 1987 - Ley Obediencia Debida,

26 de enero de 1998  - Decreto 111 por el cual se niega la jurisdicción de los tribunales españoles,

7 de octubre de 1989 - Indultos

30 de diciembre de 1990 - Indultos

5 de diciembre del 2001 - Decreto 1581 por el cual se rechaza a las extradiciones de los militares y civiles reclamados para ser juzgados por la justicia de varios países. 

            Asimismo hemos visto hacerse la distraída a la mayor parte de la justicia en todos estos años y prueba de ello es la mezquindad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en declarar inconstitucional a las Leyes de Olvido, a pesar de los fallos de la Cámara Federal para proseguir con los Juicios por la Verdad, y utilizar ese hecho como moneda de cambio frente al resto de los poderes del Estado. Esperamos que el comportamiento del Ministerio Público a través de los fiscales haga posible que los detenidos no obtengan nuevamente la libertad que no merecen por no haber rendido cuentas por sus aberrantes actos de muerte. 

            Así nos encuentra la situación después de más de 25 años desde que comenzaron a realizarse los atropellos más viles sobre los Derechos Humanos a toda una generación. 

            Los Poderes Ejecutivos democráticos se han ido sucediendo en la más clara y elocuente forma de reemplazos periódicos a intervalos que han administrado la cosa pública en una connivencia repudiable y aliada con el Poder Legislativo alejado del interés de sus representados, junto a la complicidad del Poder Judicial cuyos miembros han sido designados a la medida de las necesidades políticas de turno. Toda una dramática trilogía de corrupción e injusticia. 

            Ellos son los responsables de que la administración de justicia no haya actuado sobre los condenables hechos que produjeron decenas de miles de muertes, torturas y persecuciones. 

            Es ese mismo desprecio a la vida, la verdad y la justicia que se verifica en los posteriores hechos que enlutaron al campo popular y dejaron en las calles la sangre de la muerte de los hijos del pueblo como en los sucesos del 19 y 20 de diciembre del 2001, la matanza de Avellaneda del 26 de junio del 2002 y los tantísimos casos de macabros autoritarismos institucionales realizados sobre muchos luchadores sociales en todos estos años de “democracia”. 

            Muchas veces nos preguntamos si la paciencia e integridad demostrada por los familiares y víctimas del terrorismo de Estado tiene un límite, y de tenerlo cuál será éste. Ha quedado demostrado que, por ahora, no ha existido un solo acontecimiento que haya provocado actitud alguna de venganza o bien justicia popular ante la inactividad de los poderes del Estado para encontrar una solución definitiva a todos estos hechos. Eso demuestra lo irreconciliables que son las posiciones  e integridad moral de las víctimas. Familiares, amigos y compañeros con la de los verdugos militares que asesinaron e hicieron todos los vejámenes posibles. 

            Es imposible de imaginar que una sociedad no pueda conocer el destino final de miles de desaparecidos y tener la posibilidad de saber en que lugar debemos rendirles nuestro homenaje y la despedida final a nuestros siempre presentes compañeros, al mismo tiempo de ver tras las rejas a todos los responsables del genocidio. 

            Nuestras luchas nunca se detendrán hasta que en el último rincón del planeta puedan ser reclamados y sometidos al veredicto de la justicia para cerrar, o intentar hacerlo por lo menos, éste funesto pasaje de nuestra historia. 

            El pueblo ya condenó a cada uno de los represores asesinos y sigue exigiendo que lo haga la Justicia argentina o de cualquier parte del mundo, porque esa generación de argentinos que hoy no están pusieron todos los esfuerzos posibles para que no se implante en estas tierras justamente los modelos que  trajeron marginación, exclusión y hambre que hoy padecen millones. 

            Tenemos la obligación ética, moral y militante de realizar todos nuestros esfuerzos para que nuestros hijos se sientan honrados de ser los vástagos de padres y abuelos que no bajaron los brazos, no arriaron ni una sola de las banderas de los Derechos Humanos y exigieron eso tan sencillo que es la justicia y la verdad que culmine con el juicio y castigo de todos los criminales. 

            Jamás detendremos nuestras luchas porque nuestra consigna seguirá siendo: 

            No resignarnos a la miseria de la Justicia argentina.           

1 de setiembre del 2003 

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