QUE BUENO SERIA QUE ESTO LLEGARA A LOS OIDOS Y AL ACCIONAR RESOLUTIVO DEL CONGRESO, COPIA FIEL DE LA EDITORIAL DEL DIA 19/6/08
Editorial del Diario El Cordilerano
Las mineras se llevan más que los "pool" de siembra
Hace más de 90 días que en la Argentina sólo se habla del conflicto que mantienen las cuatro entidades de productores rurales y el gobierno. Si bien en la actualidad se nos ocurre que hay otros elementos en danza, la disputa arrancó el 11 de marzo que pasó cuando sin consultar previamente a los principales interesados, el Poder Ejecutivo decidió implementar la movilidad de las retenciones sobre la exportación de cereales y oleaginosas.
Desde entonces, las patronales del campo llevan adelante una sostenida protesta, sólo matizada con una tregua que no arrojó ningún resultado. Para enfrentarla, el gobierno argumenta que su intención es canalizar fondos desde un sector que goza de extraordinaria rentabilidad hacia otros que todavía no entraron a la supuesta fiesta del crecimiento económico. También sostiene que con los derechos a la exportación -esa debería ser la denominación correcta- los precios del mercado interno se desenganchan de los internacionales.
Hasta aquí, no es del todo errado el raciocinio del gobierno en cuanto a la lógica económica de su medida. Pero en este punto, tiene razón la Federación Agraria cuando sostiene que mientras se intenta redistribuir la riqueza con una afectación de la rentabilidad del agro, se permite que otros sectores redondeen rendimientos todavía más importantes, sin que ningún resorte estatal le permita al fisco quedarse con una tajada igualmente trascendente. Es el caso de la actividad minera.
Existe en este rubro un agravante: todas las compañías que extraen minerales de manera significativa en la Argentina son filiales de empresas trasnacionales. Entonces, ya desde el vamos hay que decir que las utilidades no quedan en el país. Pero además, mientras la Casa Rosada no tiene inconvenientes en dejar "jirones de su existencia" en la disputa contra la patria de la soja, los impuestos que abonan las mineras son un hazmerreír, las regalías que abonan son ridículas y además, cuando los yacimientos se agotan sólo quedan la peor de las miserias y una tremenda contaminación del medioambiente.
Bueno, en el último punto no se diferencia en mucho del monocultivo de la soja.
Como en muchos otros aspectos de su accionar, la gestión de los K heredó un esquema que se implantó en los '90 pero que no sólo se abstuvo de modificar, además lo profundizó. La Ley de Inversiones Mineras que está en vigencia data de 1993 pero sus modificaciones más dañinas se llevaron a cabo en 1999, cuando el gobierno del actual senador por La Rioja preparaba las valijas. En verdad, la maniobra se había comenzado a pergeñar con la Reforma Constitucional de 1994, cuando se dictaminó a cambio de la reelección que la riqueza de los subsuelos, antes nacionales, pasaban a manos provinciales.
Las normas que están en vigencia entrarían muy bien en aquella denominación tan explícita que se acuñó durante los '30: estatuto legal del coloniaje. En efecto, las mineras gozan de facilidad arancelarias, de la desgravación impositiva de sus "inversiones", pueden capitalizar las reservas aunque en rigor sean de las provincias, disfrutan de estabilidad fiscal por el lapso de tres décadas y apenas si abonan un 3 por ciento de regalías. En este sentido, tienen razón los portavoces de la Federación Agraria.
Las propias compañías se ufanan al informar que en los últimos años, desembolsaron 3.500 millones de dólares en concepto de inversiones. Claro, no sólo las materias primas de origen agrícola gozan de precios espléndidos en el mercado internacional, las minerales también. Al menos hasta el momento, la rentabilidad de las diversas extracciones supera y en mucho a la que redondean la soja, el trigo, el maíz y otros alimentos.
La evolución de los precios del petróleo es más o menos conocida, pero traigámosla igual a colación. En abril de 1998, el barril del oro negro se comercializaba a 14 dólares. Días atrás, tocó los 140 dólares, es decir, más del 830 por ciento de incremento. Más o menos en la misma fecha, el kilo de oro se transaba a 9.002 dólares, hoy vale 32.150 unidades de la divisa estadounidense, o sea, 257 por ciento más. La tonelada de cobre cotizaba una década atrás a 700 dólares, hoy vale 8.500 dólares, es decir, 1.114 por ciento por encima. En cambio, la soja logró un "magro" rendimiento: de valer 252 dólares en 1998, pasó a costar 501 dólares en abril pasado, es decir, "sólo" 99 por ciento arriba.
"Son las decisiones del mercado", diría alguna de las luminarias que cotidianamente aparecen como columnistas en la TV por cable. Si bien en el rubro minero opera la misma concentración que en otras actividades, soslayemos por ahora ese dato y mencionemos que lisa y llanamente, el Estado argentino se abstiene de gravar la actividad de las compañías. Por ejemplo, no abonan aranceles por los bienes de capital que importen. Tampoco abonan el IVA, mientras todos contribuimos con ese impuesto tan odioso cada vez que adquirimos algún producto. Tampoco abonan Ganancias, aunque los trabajadores que logran sueldos considerables, sí deben hacerlo. Los contadores de las trasnacionales mineras tampoco tienen que preocuparse por el Inmobiliario, el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios, tampoco por los municipales ni por los Sellos, entre otros.
Entonces, ¿de qué distribución de la riqueza nos hablan? En otras de sus medidas para contrabalancear la extraordinaria rentabilidad de los productores de soja, el gobierno abrió un registro de exportadores, medida que en sí misma, es correcta. Ahora bien, las trasnacionales de la minería y el petróleo sólo deben cumplimentar una declaración jurada sobre sus exportaciones, que no se puede cotejar de ninguna manera. Sobre esa declaración, abonan regalías a las provincias. Como puede advertirse, la inequidad es demasiada. Entonces, rediseñe su política agropecuaria el gobierno, pero no haga la vista gorda ante la montaña de dólares que se llevan de nuestro país otros sectores con los cuales mantiene demasiada cercanía.
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Las mineras se llevan más que los "pool" de siembra
Hace más de 90 días que en la Argentina sólo se habla del conflicto que mantienen las cuatro entidades de productores rurales y el gobierno. Si bien en la actualidad se nos ocurre que hay otros elementos en danza, la disputa arrancó el 11 de marzo que pasó cuando sin consultar previamente a los principales interesados, el Poder Ejecutivo decidió implementar la movilidad de las retenciones sobre la exportación de cereales y oleaginosas.
Desde entonces, las patronales del campo llevan adelante una sostenida protesta, sólo matizada con una tregua que no arrojó ningún resultado. Para enfrentarla, el gobierno argumenta que su intención es canalizar fondos desde un sector que goza de extraordinaria rentabilidad hacia otros que todavía no entraron a la supuesta fiesta del crecimiento económico. También sostiene que con los derechos a la exportación -esa debería ser la denominación correcta- los precios del mercado interno se desenganchan de los internacionales.
Hasta aquí, no es del todo errado el raciocinio del gobierno en cuanto a la lógica económica de su medida. Pero en este punto, tiene razón la Federación Agraria cuando sostiene que mientras se intenta redistribuir la riqueza con una afectación de la rentabilidad del agro, se permite que otros sectores redondeen rendimientos todavía más importantes, sin que ningún resorte estatal le permita al fisco quedarse con una tajada igualmente trascendente. Es el caso de la actividad minera.
Existe en este rubro un agravante: todas las compañías que extraen minerales de manera significativa en la Argentina son filiales de empresas trasnacionales. Entonces, ya desde el vamos hay que decir que las utilidades no quedan en el país. Pero además, mientras la Casa Rosada no tiene inconvenientes en dejar "jirones de su existencia" en la disputa contra la patria de la soja, los impuestos que abonan las mineras son un hazmerreír, las regalías que abonan son ridículas y además, cuando los yacimientos se agotan sólo quedan la peor de las miserias y una tremenda contaminación del medioambiente.
Bueno, en el último punto no se diferencia en mucho del monocultivo de la soja.
Como en muchos otros aspectos de su accionar, la gestión de los K heredó un esquema que se implantó en los '90 pero que no sólo se abstuvo de modificar, además lo profundizó. La Ley de Inversiones Mineras que está en vigencia data de 1993 pero sus modificaciones más dañinas se llevaron a cabo en 1999, cuando el gobierno del actual senador por La Rioja preparaba las valijas. En verdad, la maniobra se había comenzado a pergeñar con la Reforma Constitucional de 1994, cuando se dictaminó a cambio de la reelección que la riqueza de los subsuelos, antes nacionales, pasaban a manos provinciales.
Las normas que están en vigencia entrarían muy bien en aquella denominación tan explícita que se acuñó durante los '30: estatuto legal del coloniaje. En efecto, las mineras gozan de facilidad arancelarias, de la desgravación impositiva de sus "inversiones", pueden capitalizar las reservas aunque en rigor sean de las provincias, disfrutan de estabilidad fiscal por el lapso de tres décadas y apenas si abonan un 3 por ciento de regalías. En este sentido, tienen razón los portavoces de la Federación Agraria.
Las propias compañías se ufanan al informar que en los últimos años, desembolsaron 3.500 millones de dólares en concepto de inversiones. Claro, no sólo las materias primas de origen agrícola gozan de precios espléndidos en el mercado internacional, las minerales también. Al menos hasta el momento, la rentabilidad de las diversas extracciones supera y en mucho a la que redondean la soja, el trigo, el maíz y otros alimentos.
La evolución de los precios del petróleo es más o menos conocida, pero traigámosla igual a colación. En abril de 1998, el barril del oro negro se comercializaba a 14 dólares. Días atrás, tocó los 140 dólares, es decir, más del 830 por ciento de incremento. Más o menos en la misma fecha, el kilo de oro se transaba a 9.002 dólares, hoy vale 32.150 unidades de la divisa estadounidense, o sea, 257 por ciento más. La tonelada de cobre cotizaba una década atrás a 700 dólares, hoy vale 8.500 dólares, es decir, 1.114 por ciento por encima. En cambio, la soja logró un "magro" rendimiento: de valer 252 dólares en 1998, pasó a costar 501 dólares en abril pasado, es decir, "sólo" 99 por ciento arriba.
"Son las decisiones del mercado", diría alguna de las luminarias que cotidianamente aparecen como columnistas en la TV por cable. Si bien en el rubro minero opera la misma concentración que en otras actividades, soslayemos por ahora ese dato y mencionemos que lisa y llanamente, el Estado argentino se abstiene de gravar la actividad de las compañías. Por ejemplo, no abonan aranceles por los bienes de capital que importen. Tampoco abonan el IVA, mientras todos contribuimos con ese impuesto tan odioso cada vez que adquirimos algún producto. Tampoco abonan Ganancias, aunque los trabajadores que logran sueldos considerables, sí deben hacerlo. Los contadores de las trasnacionales mineras tampoco tienen que preocuparse por el Inmobiliario, el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios, tampoco por los municipales ni por los Sellos, entre otros.
Entonces, ¿de qué distribución de la riqueza nos hablan? En otras de sus medidas para contrabalancear la extraordinaria rentabilidad de los productores de soja, el gobierno abrió un registro de exportadores, medida que en sí misma, es correcta. Ahora bien, las trasnacionales de la minería y el petróleo sólo deben cumplimentar una declaración jurada sobre sus exportaciones, que no se puede cotejar de ninguna manera. Sobre esa declaración, abonan regalías a las provincias. Como puede advertirse, la inequidad es demasiada. Entonces, rediseñe su política agropecuaria el gobierno, pero no haga la vista gorda ante la montaña de dólares que se llevan de nuestro país otros sectores con los cuales mantiene demasiada cercanía.
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