LA HORA DE LA VERDAD PARA EL GOBIERNO DE NÉSTOR KIRCHNER

A un mes de cumplir su primer año, el gobierno del presidente Néstor

Kirchner ingresa en un período de turbulencias económicas, políticas y

sociales que pondrán a prueba su fortaleza y capacidad para encontrar el

rumbo y los apoyos correctos. En este último punto, es decisivo que consiga

purificar y controlar a su propio partido, el peronista.

Por Carlos Gabetta

Director de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.

La enorme conmoción social y mediática que siguió al secuestro y asesinato

del joven Axel Blumberg en la provincia de Buenos Aires, a finales de marzo

pasado, marca para el gobierno del presidente Néstor Kirchner, que el

próximo 25 de mayo cumplirá su primer año de ejercicio, el final de lo que

podría llamarse su luna de miel con el conjunto de la sociedad y el inicio

de la contraofensiva de los sectores más conservadores.

El 1 de abril, una multitud estimada en unas 100.000 personas se reunió en

Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, para protestar por la muerte

de Axel y reclamar por el fin de la violencia y la inseguridad. En sólo dos

o tres días, azuzada desde una serie de medios de comunicación vinculados

con la derecha política, pero evidentemente angustiada por una situación

real, la clase media argentina, que no se movilizaba desde que los bancos

decidieran el "corralito" (1), en diciembre de 2001, volvió a hacer sentir

su presencia en las calles.

Desde hace al menos una década, en Argentina –un país que produce alimentos

para una población diez veces mayor que la suya– muere medio centenar de

niños por día por causas vinculadas con la desnutrición. Por otra parte, la

violencia de los delincuentes organizados y de la policía (la mayor parte de

las veces íntimamente ligadas), se ha cobrado ya centenares de vidas; quizá

miles, si se registrara sistemáticamente lo que ocurre a diario en todo el

país, en particular en las grandes aglomeraciones en que viven los millones

de marginados sociales.

La dictadura militar (1976/83) dejó como herencia, además de una enorme

deuda externa y un aparato productivo semidestruído, un entramado

mafioso-policial y de servicios de inteligencia (del Estado, de las fuerzas

armadas, de la policía) llevado al paroxismo, que tanto los gobiernos

radicales como peronistas que le sucedieron no sólo no se preocuparon por

desactivar, sino que aprovecharon con el mayor desparpajo, restituyéndole un

antiguo socio: los llamados "punteros" políticos, esos caudillejos de barrio

que suscitan adhesiones repartiendo prebendas y favores (pero sobre todo

mediante promesas e intimidaciones) y que representan para los partidos

políticos una fuente de recaudación importante. En democracia, también se

corrompió un sector importante del aparato judicial.

El juego legal y clandestino, el narcotráfico, la prostitución y una serie

de delitos organizados, desde los secuestros de personas hasta el asalto a

bancos ("negocios" que mueven miles de millones anuales) están en diverso

grado en manos de dirigentes políticos, jueces, policías y delincuentes

comunes que se reparten el trabajo, según el caso y la ocasión, de otorgar

licencias, recaudar, proteger, extorsionar, falsificar sumarios y

estadísticas, "liberar zonas" o presos de las cárceles para delinquir y

hasta encontrar chivos expiatorios –los famosos "perejiles"– para asumir

delitos ajenos.

Las enormes sumas recaudadas por esta mafia político-policial-judicial se

distribuyen entre los autores materiales de los diversos delitos y "suben"

por la escala jeráquica hasta el comisario de la seccional y los altos jefes

policiales, jueces y políticos.

Esta descripción no es en absoluto original. Al contrario, la conciencia que

de este fenómeno existe entre los ciudadanos y los medios de comunicación

constituye quizá su aspecto más escandaloso: Argentina es uno de esos raros

países donde casi todo el mundo sabe que la mayoría de los dirigentes

sindicales o políticos y muchos periodistas, policías o jueces poseen bienes

millonarios y llevan una vida rumbosa que ni su procedencia familiar ni

mucho menos su salario justifican. Algunos de estos personajes suelen

aparecer en las portadas de la prensa "rosa" abriendo las puertas de sus

mansiones y exhibiendo sus riquezas.

Un muerto algo especial

No parece entonces casual que pocos días después de que el presidente

Kirchner provocara una crisis en su propio partido, el Justicialista, con la

intención evidente de iniciar un proceso de transformaciones profundas que

llevase al recambio de la mayor parte de sus dirigentes, el asesinato del

joven Axel Blumberg, uno más de los tantos que ocurren casi a diario en el

país, fuese tomado como estandarte por el poderoso aparato de medios de

comunicación de la derecha argentina.

Es evidente que el conjunto de la sociedad está harto de la situación y que

el estallido social ante el problema de la inseguridad podría haberse

producido de todos modos, en este momento o en cualquier otro. Hay de esto

antecedentes importantes, como el caso de la joven Soledad Morales en la

provincia de Catamarca a mediados de los 90 (cuyo impacto social condujo al

desmoronamiento del sistema caudillesco de la familia Saadi) o, más

recientemente, el de otras dos jóvenes asesinadas en Santiago del Estero

durante una orgía de la que habrían participado políticos y policías, que

concluyó en la intervención de la provincia por el Ejecutivo nacional y el

arresto de la esperpéntica gobernadora Nina Aragonés de Juárez y su esposo.

Pero lo que interesa subrayar aquí es el momento elegido por la derecha

política y mediática para poner sus recursos detrás del caso Axel Blumberg y

tratar, sin decirlo abiertamente por ahora, de responsabilizar al gobierno

actual ante la opinión pública por el problema de la inseguridad.

Fuertemente golpeada por la debacle financiera, económica, social y

finalmente política desde diciembre de 2001, cuando el presidente Fernando

de la Rúa fue obligado a renunciar por una masiva movilización social

provocada por el fracaso y las consecuencias sociales de las políticas

neoliberales, la derecha argentina debió soportar en relativo silencio y

quietud que el gobierno Kirchner se plantara ante el Fondo Monetario

Internacional; destituyera a "sus" miembros de la Corte Suprema de Justicia

para reemplazarlos con métodos de la mayor transparencia por jueces

calificados y honestos; se negara a renovar algunos de los privilegios

otorgados a las compañías transnacionales; tomara firmemente el comando de

las Fuerzas Armadas y pidiese perdón en nombre del Estado a las víctimas de

la dictadura.

Pero el tema de la inseguridad parece haber estimulado a la derecha a

retomar la iniciativa, en el momento preciso en que el gobierno ingresa en

la etapa más difícil de su gestión. En efecto, ha comenzado el otoño austral

y pronto el invierno hará que aumente exponencialmente la demanda de

energía, ya dimensionada por el fuerte repunte de la economía. Las empresas

de petróleo, gas y electricidad (todas privatizadas) mantienen un conflicto

con el gobierno, vinculado con la negativa de éste a permitirles aumentar

las tarifas. Ya desde febrero pasado, y con la excusa de que el

congelamiento tarifario les ha impedido realizar inversiones, las empresas

vienen anunciado cortes de energía para el invierno. Se han producido

algunos incluso en pleno verano.

No existen casi dudas de quien tiene razón en este tema, ya que todos los

estudios serios demuestran que, salvo alguna excepción, las compañías

privatizadas se dedicaron a lo largo de la década de los 90 a repatriar lo

esencial de sus ganancias y no cumplieron con los planes de inversión. Pero

lo cierto es que el gobierno deberá en este punto manejar muy bien la

situación ante eventuales carencias de energía, ya que cortes prolongados

podrían, además de afectar la recuperación económica, poner definitivamente

en su contra a esos mismos sectores de clase media que hoy se manifiestan

por el problema de la inseguridad. Por el contrario, si acepta los reclamos

por aumentos masivos de tarifas de las compañías privatizadas, serán los

sectores más desfavorecidos de la sociedad los que se verán afectados

esencialmente, ya que esos aumentos, además de lesivos en sí mismos, no

dejarían de provocar inflación.

¿Quién apoyará al gobierno?

Al cumplir pues su primer año, el gobierno tendrá abiertos tres frentes

importantes: económico, social y político. Es cierto que están abiertos

desde que asumió y que los ha enfrentado con decisión, energía y, hasta

ahora, con éxito. Pero como siempre ocurre en estos casos, no solo ha

concluído el período de luna de miel con la sociedad, sino que el tiempo

transcurrido desde los sucesos de diciembre de 2001 ha permitido que la

derecha, su poderoso aparato de medios de comunicación y la miríada de

políticos y funcionarios que ocupan el Congreso, las gobernaciones, las

intendencias y los puestos ejecutivos y legislativos del país, masivamente

repudiados por el famoso "que se vayan todos" de diciembre de 2001, hayan

recuperado el resuello y, desde los mismos lugares de los que se suponía que

debían haberse ido, comiencen a presionar y extorsionar al gobierno.

El intento de apropiarse del justo reclamo de Juan Blumberg, el padre de

Axel, puede verse como una suerte de ensayo general de esta ofensiva en

ciernes. En este caso la sociedad ha reaccionado positivamente ante el

intento de "derechizar" el reclamo y el propio Juan Blumberg se encargó de

aclarar públicamente que no está por la pena de muerte, ni contra la

democracia, ni responde a ese tipo de políticos (2).

Pero todas las tareas que se requieren para hacer de Argentina "un país

serio" como se propone el presidente Kirchner, suponen afectar intereses

concretos. En el caso de la seguridad, se trata de cortar de un tajo la

relación políticos-policías-delincuentes. El resultado concreto de esto es

que si Kirchner quiere realmente dar ese paso debe disponerse a soportar la

feroz oposición de la mayoría de los dirigentes de su propio partido, el

Justicialista, que no dejarán de aliarse puntualmente en esa batalla con el

radicalismo y la derecha. La fuerza política y mediática de esta coalición

de intereses no puede desestimarse.

Hasta ahora Kirchner se ha apoyado en el estado de choque en que quedaron

esos sectores después de las movilizaciones de 2001 y la quiebra económica y

financiera del país, y en la indudable popularidad de que disfruta en

amplios sectores de la sociedad. Pero en política, y sobre todo en

sociedades lábiles como la argentina, ese apoyo tiene la fragilidad de una

flor de estufa. El ex presidente radical Raúl Alfonsín puede dar buena

cuenta de eso. Unos cortes de energía continuados y algunas provocaciones

más de la mafia político-policial, aderezadas con una campaña mediática bien

dirigida, y buena parte de ese apoyo se diluirá rápidamente.

El caso Blumberg muestra no obstante que buena parte de la sociedad

argentina está más madura que hace veinte años, cuando se recuperó la

democracia. La reacción de distintas organizaciones sociales y políticas y

de parte de los medios de comunicación ante el intento de la derecha de

apropiarse de la bandera de la seguridad desbarató el intento y mostró que

existen reservas para profundizar el intento de transformar el país.

Esas fuerzas son muchas, muy variadas y en algunos casos bien organizadas,

pero se encuentran totalmente dispersas. Al gobierno de Néstor Kirchner le

va la alternativa del triunfo o el fracaso en la tarea de reformar la

política, empezando por su propio partido, para que el conjunto de esas

fuerzas, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, se encolumne

detrás suyo para derrotar la contraofensiva de la derecha.