LA UNIVERSIDAD ANALIZA DOS DECLARACIONES CONTRA POLITICAS PUBLICAS Los contradocumentos de la UBA La mayor universidad del país prepara un contraataque contra lo que ve como injerencia del Gobierno en su autonomía. Son dos papers que discuten las reformas del CIN y la Secretaría de Políticas Universitarias. La UBA no fue al encuentro de Tucumán donde se tocó el tema. Ahora se discute cómo contraatacar las políticas aceptadas.

Por Javier Lorca

Notas Relacionadas “No tenemos intención de confrontar” Un poco más allá de la polémica abierta entre las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y funcionarios del Gobierno están las profundas discrepancias que sostiene la UBA respecto de las políticas universitarias impulsadas por el Ministerio de Educación. Así lo exhibe un informe interno y extraoficial que circula en el rectorado de la universidad, al que accedió Página/12. Se trata de un borrador que critica, casi punto por punto, las líneas de acción y las reformas para la educación superior acordadas hace una semana entre la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La principal objeción es que implican “una intromisión en la autonomía universitaria y una demostración de la pretensión del Ministerio de Educación de convertir a las universidades nacionales en meras dependencias suyas”. El conflicto no se limita, entonces, a la discusión generada a partir de las críticas a la UBA del ministro de Salud, Ginés González García, y del secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese, que ya fueron retrucadas por el rector Guillermo Jaim Etcheverry y esta semana tendrán una respuesta institucional. La universidad más poblada del país no comparte el consenso emanado de unas jornadas realizadas en Tucumán el 26 y 27 de agosto. Allí, Pugliese presentó un plan con cuatro propuestas: articulación de la universidad con la escuela media; desarrollo de ciclos comunes para familias de carreras; mejora de las carreras de Ingeniería, e incremento de dedicaciones exclusivas para docentes. También insistió en que las universidades deben recuperar su responsabilidad social. Con la única ausencia de la UBA, los rectores universitarios –nucleados en el CIN– acordaron con la propuesta oficial y elevaron una declaración de prioridades para el sector. Los informes internos que analizan en la UBA son dos, que enfrentan a ambos documentos de Tucumán. Sus ejes son: - El punto central es la defensa de la autonomía y la autarquía: la universidad debe definir sus políticas públicas y no el Gobierno. Todas las líneas de acción propuestas son consideradas “inaceptables por ser en su conjunto una intromisión en la autonomía universitaria”. En el mismo sentido, el informe de la UBA cuestiona al CIN: “No se debe reclamar al Gobierno el establecimiento de prioridades políticas públicas para la universidad. Esto significa claudicar la autonomía y la autarquía que otorga la Constitución. Cada universidad, en consonancia con las demandas que expresa la sociedad a la que sirve, debe establecer sus políticas estratégicas” y puede acordar con otras instituciones y el Gobierno. - Si bien el borrador coincide con el diagnóstico del CIN sobre el desfinanciamiento sufrido por las universidades, aclara que la UBA “ha recibido y recibe un trato discriminatorio en materia presupuestaria”. Según el texto, la constante subasignación de recursos no ha sido uniforme: mientras el ministerio propone para 2005 un incremento del 79,5 por ciento en el presupuesto universitario global (que pasaría de 2 mil millones de pesos a 3,6 mil millones), para la UBA propone un incremento del 19,5 (de 325 millones a unos 400 millones). - La carencia de recursos sería, en parte, responsabilidad del “ilegal rol que juega el Ministerio de Educación”: dadas la autonomía y autarquía de las universidades, son ellas las que deben prever y solicitar sus presupuestos, y no la cartera educativa. - El Gobierno, “violando la Constitución, intenta imponer demandas a las universidades ejerciendo de hecho una extorsión al plantear que o bien la universidad sigue los mandatos del Ejecutivo o no recibe una parte importante de los fondos que necesita”. También se destaca que “las demandas del Gobierno aparecen dirigidas tan solo a las universidades nacionales, dejando de lado a las universidades privadas”. - No se acepta que la masividad “devalúa los títulos: La UBA es un claro ejemplo de una forma eficaz de lograr masividad y excelencia”. - “No parece coherente que se impulse un cambio insistiendo en las mismas conductas” que llevaron a la crisis actual. “El primer y gran cambio a realizar es derogar la Ley de Educación Superior generada en el apogeo del capitalismo salvaje de los ’90.” Ni Educación ni el CIN sostienen esto. - Frente al acuerdo de crear un plan educativo a 10 años: “Sería el peor de los errores que el conjunto de las universidades nacionales no se propongan una política de mediano plazo para la educación, la ciencia y la tecnología”. Otro punto recurrente en el informe es la advertencia sobre el riesgo de homogeneizar el sistema mediante la aplicación de planes comunes.

 

 

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JUAN CARLOS PUGLIESE, SECRETARIO DE POLITICAS UNIVERSITARIAS “No tenemos intención de confrontar”

Nota Madre Los contradocumentos de la UBA

Por J. L. “No tenemos intención de confrontar con la UBA. Nuestras propuestas la excluyen”, dijo el secretario de Políticas Universitarias. En diálogo con Página/12, Juan Carlos Pugliese intentó atenuar la polémica sostenida con las autoridades de la Universidad de Buenos Aires. No sólo admitió que pudo ser un error criticar públicamente a la institución. También aclaró que las líneas de acción educativa y reformas acordadas entre el Ministerio y el Consejo Interuniversitario Nacional –consideradas por la UBA como un ataque a la autonomía– no abarcan a esa casa de estudios. –¿A qué apuntaba cuando declaró que la UBA debe hacer una autocrítica? –Nunca hablé de autocrítica, ése fue el título que puso un diario. Lo que dije es que la UBA tendría que hacer una autorreflexión, una reflexión sobre sí misma. No pedimos que se evalúe sino que defina su proyecto institucional, porque el mundo ha sufrido grandes cambios. La UBA tiene su proyecto definido en documentos que están guardados en cajones. –Las autoridades de la UBA consideran que las propuestas de políticas públicas para la educación superior impulsadas por su secretaría implican un avance sobre su autonomía. –El Ministerio de Educación no define políticas universitarias sino que eso se hace de común acuerdo con las universidades autónomas, a través de fondos para programas acordados con las mismas universidades. Esta forma de trabajar fue aprobada por todas las universidades, surge de un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional. No lo inventé yo, simplemente incorporé un método de trabajo que ya se venía utilizando. El objetivo es cambiar la relación entre el Estado y la universidad, que fue de confrontación en los años ’90, y que ahora es con un gobierno que completó el pago de los fondos adeudados, aumentó el presupuesto, respeta la autonomía, valora el aporte que la universidad puede hacer a la recuperación. Tenemos una relación de confianza con las universidades. –Uno de los puntos criticados es que se promuevan reformas por asignación de fondos para las universidades que acepten. Para la UBA es coacción. –El 98 por ciento del presupuesto universitario está constituido por transferencias directas a las universidades. Cuando se habla de coacción se está haciendo referencia a una parte exigua del presupuesto, que se destina a financiar cuatro programas de la secretaría: el programa de duplicación de las dedicaciones docentes exclusivas; el de articulación de la universidad con la escuela media; el programa para fomentar los ciclos comunes entre familias de carreras, y el de mejora de las carreras de Ingeniería. Los cuatro programas se refieren a puntos críticos reconocidos en un diagnóstico común con el CIN. –Lo que temen es que sólo haya aumento presupuestario, a través de esos programas, para las instituciones que acaten las propuestas oficiales. –Eso es probable. Pero no tienen en cuenta que el presupuesto 2005 incluirá la anualización de los incrementos salariales asignados este año por el Gobierno. Y eso, en sí mismo, es un aumento presupuestario. La UBA pasará de recibir 325 millones de pesos en este año a recibir unos 400 millones. La UBA es la universidad que más ha crecido presupuestariamente en los últimos dos años, no porque hayamos tomado esa decisión sino porque le asignamos los estímulos salariales que les correspondían a sus docentes. Esto muestra que no la discriminamos. No tenemos intenciones de confrontar con la UBA. No tenemos planes para la UBA. Nuestras propuestas la excluyen. –¿Por qué la excluyen? –Porque los problemas que se producen en el pasaje de la escuela a la universidad están atenuados por el Ciclo Básico Común (CBC). Los cuatro programas que estamos impulsando se refieren a temas que impactan de manera amortiguada en la UBA por el funcionamiento del CBC, que descomprime los problemas del fracaso de los estudiantes en los primeros años de carrera. Por eso la UBA no es prioridad para nosotros. –Si la intención no es confrontar, ¿no cree que resultó contraproducente que funcionarios del Gobierno plantearan críticas? –Es posible. También es cierto que en mi caso tuve que hacer equilibrio entre las declaraciones del ministro de Salud y nuestra propuesta.

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