La herencia maldita

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• "La revancha clasista"
• Endeudamiento, valorización y fuga

 

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Por Claudio Scaletta

En 1975, cuando las fuerzas que impulsarían el golpe militar del 24 de marzo de 1976 ya estaban desatadas, la Argentina era un país con un desempleo del 2,3 por ciento, donde el 10 por ciento más rico de la población obtenía doce veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre. Desde mediados de siglo, la industria había triplicado su producto y aumentaba rápidamente su participación en las exportaciones totales. Los activos que los argentinos mantenían en el exterior, dato conocido hoy como "fuga de capitales", alcanzaban los 3500 millones de dólares, y la deuda externa, cerca de 8000 millones. Desde 1965 el crecimiento económico se había mantenido en torno del 5 por ciento anual. Existía un estado de bienestar, con protección social para el trabajador y educación y salud públicas generalizadas. Se trataba de un modelo de país no exento de contradicciones, pero que había crecido con pleno empleo, relativamente igualitario y con perspectivas de movilidad social ascendente para la mayoría de su población. Tres décadas después el panorama es otro.

La brecha distributiva empeoró notablemente. El decil de la población de mayores ingresos obtiene 34 veces más recursos que el 10 por ciento más pobre. Luego de haber superado el 20 por ciento, el desempleo se encuentra por encima del 10. El desafío de los asalariados ya no es el ascenso social sino la inclusión. Tanto la salud como la educación pública sufrieron una fuerte pérdida de calidad. El endeudamiento externo y la fuga de capitales, que desde mediados de los '70 funcionaron como espejos, superan holgadamente los 100 mil millones de dólares. A pesar de la recuperación de los últimos tres años, el PIB per cápita se encuentra virtualmente estancado desde 1975. Desde entonces y hasta 2003, cuando la economía empezó a recuperarse, la baja del Producto por habitante fue del 0,12 por ciento anual. La producción industrial está más cerca del aprovechamiento de los recursos naturales a través de procesos capital-intensivos que de la inserción en los sectores dinámicos del comercio mundial. El número de empresas se redujo notablemente y alrededor del 80 por ciento de las 100 principales firmas de la economía son controladas por el capital extranjero.

¿Qué sucedió para que la estructura económica haya vivido una transformación tan radical?

Aunque las interpretaciones son variadas, existe un punto de consenso mayoritario. La inflexión, el quiebre, se produjo con la última dictadura, la que consolidó a sangre y fuego el programa esbozado por primera vez en 1975 por el ex ministro Celestino Rodrigo.

En su último libro, Estudios de Historia Económica Argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, una edición conjunta de Flacso y Siglo XXI, el economista Eduardo Basualdo estudia las condiciones previas al golpe. La clave de su análisis se encuentra en el error de diagnóstico sobre la naturaleza del poder económico en el que habría incurrido el heterogéneo movimiento peronista que llegó al poder en 1973, desde Perón hasta las antagónicas corrientes revolucionaria y ortodoxa. La equivocación consistió en haber desdeñado el papel que continuaba jugando la vieja oligarquía, ahora ya no sólo terrateniente, sino diversificada hacia algunas ramas industriales y de servicios. En consecuencia, el nuevo gobierno peronista intentó reemplazar la vieja "alianza antioligárquica" entre los "sectores populares" y la "burguesía nacional", expresión de una contradicción considerada superada, por una nueva en la que la industrialización sería conducida por la fracción dinámica de la burguesía local junto al capital extranjero, pero a diferencia de lo que había ocurrido con la experiencia "desarrollista", reconociendo explícitamente la necesidad de una redistribución del ingreso a favor de los asalariados. En este camino "confluían el acuerdo entre la CGT y la CGE, la orientación de la promoción industrial y el intento de imponer el impuesto a la renta normal potencial de la tierra". La nueva alianza daba por descontada la subordinación y redimensionamiento de la vieja oligarquía terrateniente, a la que se consideraba debilitada tras décadas de industrialización y extranjerización. Así, al mismo tiempo que se buscó el aumento de las exportaciones industriales para reemplazar el peso relativo del agro en la provisión de divisas, también se aplicó al campo un alto nivel de retenciones a sus exportaciones que llegó al 45 por ciento. El objetivo era asegurarse un buen resultado fiscal a la vez que un bajo precio interno de los bienes-salario, lo que favorecería tanto los costos de la industria como la distribución progresiva del ingreso.

El tiempo mostraría que haber minimizado el peso relativo de la vieja oligarquía resultaría un error fatal. Fue esta clase supuestamente debilitada la que, junto a sectores descontentos de la vieja alianza, locales y extranjeros, y al capital financiero internacional, tejería la nueva alianza que impulsaría el golpe militar.

Para el sociólogo Martín Schorr, el reemplazo de la "Industrialización Sustitutiva de Importaciones" (ISI) por un nuevo modelo de "valorización financiera y ajuste estructural" se produjo cuando la ISI aún no estaba agotada. A pesar de sus limitaciones y contradicciones, algunos números son representativos: en los diez años previos a 1975, mientras el PIB creció al 5 por ciento anual, la industria lo hizo al 7 por ciento. Además, mientras en 1960 las exportaciones industriales representaban el 3 por ciento del total, en 1975 alcanzaban al 20 por ciento, proceso que fue acompañado por aumentos continuos del empleo, los salarios, la productividad y el número de establecimientos industriales. ¿Pero si la ISI funcionaba relativamente bien, por qué el gobierno asumido en 1973 no pudo sostenerla?

Al respecto, Adolfo Canitrot consideraba ya en 1979 que la política económica de la dictadura que puso fin al modelo sustitutivo fue parte de un proyecto global de "disciplinamiento social". La visión de los militares junto a la alianza civil que los acompañó, detallaba entonces el economista, fue que el sistema democrático "se había tornado ingobernable por la debilidad de las estructuras políticas y por el desborde de las corporaciones sindicales", una lectura muy similar a la que todavía hoy adhiere la ortodoxia.

En consecuencia, "las Fuerzas Armadas aspiraban a reconstruir un cuadro de relaciones sociales que impidiera en el futuro la repetición de situaciones de crisis como la precedente, incompatible, según su entender, con los requisitos de la Seguridad Nacional en el contexto del enfrentamiento internacional con las fuerzas del comunismo". Para Canitrot temas como el desarrollo y el crecimiento quedaron subordinados al objetivo político de reestablecer el "orden social". "Si luego en los hechos las cuestiones económicas ocuparon un lugar principal, ello se debió a las ideas y procedimientos particulares que la coalición gobernante adoptó en la procura del disciplinamiento social." Sin embargo, los resultados económicos de naturaleza irreversible que quedaron en ese "lugar principal", y que perduran hasta el presente, no fueron menores: se trató de la refundación del capitalismo argentino.

Las primeras medidas tomadas por la dictadora dan cuenta cabal del "disciplinamiento" caracterizado tempranamente por Canitrot, también llamado "revancha clasista" por Schorr y Basualdo (ver aparte). A través de la disolución de la CGT, la intervención de los sindicatos, la suspensión de las actividades gremiales y la supresión del derecho de huelga, se eliminó toda presión sindical. Ello permitió que en el decenio 1974-1983 el salario real sumara una reducción del 18 por ciento, al tiempo que la cantidad de obreros ocupados en la industria se reducía en más de la tercera parte y el volumen físico de la producción fabril caía el 10 por ciento. Así, la productividad laboral creció fuertemente sobre la base de la intensificación y extensión de la jornada laboral.

Al mismo tiempo se produjeron también cambios cualitativos en la estructura industrial. La apertura comercial y la reforma financiera de 1977 –la misma que dio lugar a la bicicleta financiera que alimentaría el endeudamiento externo que, a su vez, regularía hasta el presente el funcionamiento de la economía local– provocaron en la economía real el cierre de 20 mil establecimientos fabriles. El resultado fue que entre el '74 y el '83 la industria pasó del 28 al 22 por ciento del Producto.

Esta regresión tuvo resultados heterogéneos, mientras muchas pymes desaparecieron por su supuesta ineficiencia competitiva, un conjunto acotado de grupos económicos nacionales y conglomerados extranjeros pudieron aprovechar la coyuntura y crecer. Entre los primeros se destacaron Acindar, Agea, Alpargatas, Arcor, Astra, Bagó, Bemberg, Bridas, Bunge y Born, Celulosa Argentina, Fate/Aluar, Fortabat, Garovaglio y Zorroaquín, Ledesma, Macri, Pérez Companc, Roggio, Soldati, Techint y Werthein.

A esta reconfiguración en el marco de un marcado proceso de concentración económica se agregó también una nueva especialización productiva ligada a la explotación de los recursos naturales, en lo que se suponía la Argentina tenía "ventajas comparativas": productos primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y unas pocas commodities industriales, generalmente ubicadas en las primeras etapas del procesamiento manufacturero. Muchos autores califican este proceso de reprimarización.

En conjunto, distribución regresiva del ingreso, desarticulación del aparato industrial, concentración, centralización de la propiedad, estancamiento del Producto, desocupación con exclusión, reprimarización, extranjerización y aumento sideral del endeudamiento externo con fuga de capitales sintetizan la herencia maldita dejada por la dictadura. Una herencia que condicionó y condiciona el funcionamiento de los gobiernos constitucionales que la siguieron y de la que la economía no ha logrado aún desprenderse.

 

 

IMPACTO DEL PROYECTO ECONOMICO DE LA DICTADURA

Endeudamiento, valorización y fuga

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Por Eduardo Basualdo *

En marzo de 1976 la dictadura militar modificó el régimen social de acumulación, interrumpiendo la industrialización basada en la sustitución de importaciones que en ese momento se encontraba en los albores de su consolidación. El nuevo régimen estuvo en consonancia con el orden neoliberal que acabó con la economía mundial surgida de la posguerra (la "edad de oro" del capitalismo) y se sustentó en la valorización financiera, cuyo predominio en el país se prolongó hasta el 2001. Se trató de la revancha clasista más sanguinaria y brutal de la historia argentina con el propósito de disciplinar a los sectores populares, estableciéndose de allí en más un nuevo techo, significativamente más reducido, en la participación de los trabajadores en el ingreso a través de una espectacular reducción del salario real, la posterior explosión de la desocupación y la disolución de las conquistas sociales obtenidas por las luchas populares a lo largo de décadas.

La deuda externa (especialmente la del sector privado) cumplió un papel decisivo en la valorización financiera porque su peculiaridad radicó en que el acelerado endeudamiento fue motorizado por primera vez en décadas por el sector privado oligopólico industrial y particularmente por la fracción de la oligarquía que se había diversificado hacia la producción manufacturera (los denominados grupos económicos locales) e integrantes del capital extranjero.

Específicamente, se trató de un proceso en el cual las fracciones del capital dominante (mayoritariamente líderes en la producción industrial) contrajeron deuda externa para realizar con esos recursos colocaciones en activos financieros en el mercado interno (títulos, bonos, depósitos, etc.) y valorizarlos a partir de la existencia de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna e internacional, para finalmente fugarlos al exterior. De esta manera, a diferencia de lo que ocurría durante la segunda etapa de sustitución de importaciones, el endeudamiento externo ya no constituyó, principalmente, una forma de financiamiento de la actividad productiva sino un instrumento para obtener renta financiera dado que la tasa de interés interna (a la cual se coloca el dinero) era sistemáticamente superior al costo de endeudarse en el mercado internacional.

Indudablemente, este proceso no hubiera sido factible sin una modificación en la naturaleza del Estado que, desde este punto de vista económico, se expresó al menos en tres procesos fundamentales. El primero radicó en el endeudamiento del sector público con el mercado financiero interno –donde era el mayor tomador de crédito en la economía local– que provocó que la tasa de interés doméstica superara sistemáticamente al costo del endeudamiento en el mercado internacional.

El segundo consistió en que la deuda externa estatal posibilitó la fuga de capitales locales al exterior, al proveer las divisas necesarias.

El tercero fue que la subordinación estatal a la nueva lógica de la acumulación de capital posibilitó la estatización de la deuda externa privada durante los años ochenta.

Al dejar de ser el endeudamiento externo una forma de financiamiento de la expansión industrial y devenir instrumento para la obtención de renta financiera, cuyo origen se encuentra en la brutal redistribución del ingreso en contra de los asalariados, se produjo la escisión del mismo respecto de la evolución de la economía real. Dicha escisión provocó recurrentes crisis económicas entre 1976 y 2001, produjo una expansión espectacular de la deuda externa total que al confluir con la apertura comercial desencadenaron al menos dos procesos que provocaron un inédito proceso de desindustrialización que a su vez fue el factor fundamental de la inusitada desocupación de la mano de obra vigente durante las últimas décadas. El primero consistió en el pago de los intereses devengados a los acreedores externos, y el otro fuga de capitales locales al exterior por parte de residentes locales. Ambas brechas, que sumaron 117 mil millones de dólares y 138 mil millones de dólares, respectivamente, entre 1975 y 2001, representaron prácticamente 2,5 veces el PIB de 2002 (105 mil millones de dólares) y su ritmo de expansión superó el que exhibió el stock de deuda externa neta que alcanzó a 138 mil millones de dólares en el 2001. De allí la muy reducida acumulación de capital que caracterizó al régimen de acumulación impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar, con su correlato en la mencionada desindustrialización y en una creciente concentración de la producción y el ingreso.

* Investigador del Conicet, coordinador del Area de Economía y Tecnología de Flacso –sede Argentina–.

TRANSFORMACION DE LA ESTRUCTURA ECONOMICO-SOCIAL

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Por Martin Schorr *

El golpe militar de 1976 buscó transformar de cuajo la compleja estructura económico-social que se había generado tras largas décadas de desarrollo industrial, proceso que no había estado exento de conflictos, contradicciones y limitaciones. Dos objetivos centrales de los militares fueron redefinir el papel del Estado en la asignación de los recursos y restringir drásticamente el poder de negociación que poseían los trabajadores. Pero fundamentalmente se apuntó a alterar de manera radical, y con carácter irreversible, la relación de fuerzas sociales derivada de la presencia de una clase obrera industrial acentuadamente organizada y movilizada en términos político-ideológicos, cuya fortaleza se potenciaba por su alianza histórica con ciertos sectores del empresariado local estrechamente vinculados a la expansión del mercado interno con eje en la industria, esto es: con lo que tradicionalmente se conoció como "burguesía nacional". En otras palabras, se orientó a modificar las bases económicoestructurales que habían hecho posible la irrupción de fenómenos políticos como el peronismo y procesos sociales como el Cordobazo.

El proyecto refundacional de la dictadura militar que viene a concretar esta transformación radical de la economía y la sociedad argentinas, que por la forma en que logró congregar el apoyo del conjunto de las fracciones del gran capital suele ser denominado la revancha clasista, fue impuesto mediante el disciplinamiento represivo de los sectores populares, del cual la expresión más acabada son los 30.000 desaparecidos, los campos de concentración, la complicidad empresaria en la represión en los lugares de trabajo –como en los casos de Acindar, Astarsa, Ford y Ledesma–, la participación de importantes funcionarios de muchas de las principales firmas del país en ámbitos estratégicos del aparato estatal, la intervención de los sindicatos y el cercenamiento de conquistas laborales de larga data.

La reestructuración económica puesta en marcha en esos años tuvo un indudable impacto sobre los sectores productivos que sostenían el funcionamiento de la sustitución de importaciones. La conjunción de la reforma financiera de 1977 con la arancelaria y el endeudamiento externo, derivados de la apertura de 1979, interrumpieron el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. Desde allí en adelante el núcleo central del proceso económico no sería la vinculación entre la producción industrial y el Estado, sino la especulación financiera y la salida de capitales al exterior vinculadas a otro tipo de Estado, modificación que derivó en la contracción y la reestructuración regresiva de la producción industrial.

* Sociólogo, investigador del Conicet.