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16/04 - 12:00 - Crítica de la Argentina publica en su edición de hoy la denuncia que realizo el fiscal Manuel Garrido quien puso en la mira las sociedades vinculadas con el secretario de Medios que durante la gestión de Kirchner facturaron 14 millones de pesos, beneficiadas con la pauta de publicidad oficial.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) denunció a Enrique Albistur, el secretario de Medios de la Nación, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La presentación judicial afirma que Albistur, un empresario que hizo fortunas con la explotación de pantallas de publicidad del mobiliario de la ciudad de Buenos Aires, benefició a su grupo familiar y a otros allegados con la colocación de los avisos oficiales que él mismo reparte desde su cargo en el Poder Ejecutivo.
La investigación de Manuel Garrido, titular de la FIA, arranca con una radiografía del Grupo Al Sur, un conglomerado de empresas que Albistur construyó en forma paralela a su desempeño como creativo de las principales figuras del peronismo desde 1987 hasta la fecha. A lo largo de los años trabajó para las campañas electorales de Antonio Cafiero, Carlos Menem, Néstor Kirchner (quien lo designó secretario de Medios) y Cristina Fernández de Kirchner.
La principal actividad del Grupo Al Sur es la venta de avisos en las pantallas de hierro verde retorcido que se encuentran en las veredas porteñas. En 1991, Carlos Grosso le otorgó la concesión a Albistur, que inició así una exitosa carrera como empresario de la vía pública. El contrato original se firmó por un plazo de cinco años y se fue extendiendo en el tiempo sin que ningún jefe de Gobierno convocara a una licitación para abrir a la competencia uno de los negocios más lucrativos de la ciudad.
Al llegar a la secretaría de Medios, Albistur pasó a administrar –además– el presupuesto que el Poder Ejecutivo destina a la compra de espacios de publicidad en los medios de comunicación y en la vía pública de todo el país. La partida, que en 2003 fue de 46 millones de pesos, se multiplicó hasta alcanzar los 317 millones de pesos ejecutados en 2007, según las cifras que difundió la jefatura de Gabinete ante un pedido de acceso a la información pública.
TODO QUEDA EN FAMILIA. De acuerdo con la denuncia de Garrido, Albistur asumió en la Secretaría de Medios pública sin desprenderse de sus negocios privados. Controló Grupo Al Sur hasta febrero de 2006, fecha en que transfirió las acciones a sus hijos, quedando ellos a cargo de las empresas familiares junto a María de los Ángeles Díaz, la ex esposa del secretario de Medios. Albistur llevó a trabajar en la Casa Rosada a dos personas que figuran en cargos gerenciales de la gran mayoría de las sociedades que componen o fueron absorbidas por Grupo Al Sur. Uno de ellos, el contador Alejandro Lenzberg, se desempeña como subsecretario de Gestión de Medios, y el otro, Guillermo De Lella, ocupó un cargo en el Ministerio del Interior hasta diciembre de 2006. Ambos, según la investigación de la FIA, continuaron cobrando un salario del Grupo Al Sur, con sus correspondientes aportes en la ANSES, en forma paralela a sus trabajos en la Casa Rosada.
Garrido acusó a los tres (Albistur, Lenzberg y De Lella) de haber beneficiado a determinadas empresas de vía pública en la distribución de la pauta oficial. Aquellas que fueron identificadas por el fiscal como sociedades con posibles vinculaciones con Albistur y su grupo facturaron durante la presidencia de Néstor Kirchner más de 14 millones de pesos de publicidad oficial. El secretario de Medios nunca colocó pauta oficial en forma directa en las carteleras porteñas que explota con Wall Street (integrante de Grupo Al Sur) pero la FIA determinó que sí lo hizo en sociedades vinculadas (menciona a Estatic S.A, Enterprise Publicidad y Publicar S.A., entre otras), en empresas con las que tenían contratos de comercialización conjunta de carteleras en otros puntos del país (pone el ejemplo de Sistemas Publicitarios S.R.L., Vía Pública Fijar S.R.L. y Chretien & Asociados S.A., que triplicaron su facturación durante la presidencia de Néstor Kirchner) y en compañías de los socios de sus socios (Eduardo Moro, de Eduardo Moro Servicios Publicitarios, tiene una sociedad con Lenzberg y facturó más de tres millones de pesos en cuatro años)
OTRAS HIPÓTESIS. La figura jurídica de las negociaciones incompatibles con la función pública, que busca resguardar la imparcialidad en la administración de recursos del Estado, no le exige a la Justicia probar que la persona denunciada haya obtenido, además, un beneficio personal por su gestión. Sin embargo, el escrito de Garrido sugiere avanzar en la investigación para determinar si Albistur y sus colaboradores incurrieron, además, en maniobras de cohecho, asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La denuncia, presentada por Garrido el viernes pasado, cayó en el juzgado federal 9, que se encuentra de manera provisoria a cargo de Octavio Aráoz de Lamadrid. Para avanzar con los demás cargos, Garrido pide al juez que determine si las empresas que recibieron publicidad oficial para la vía pública contrataron servicios en Sisto Lemme, una imprenta que forma parte de Grupo Al Sur y es una de las pocas del país que se dedica a las gigantografías. Otro asunto que, según la FIA, se presta para la sospecha es que “ningún control real se ejerce sobre el cumplimiento de las campañas pautadas en vía pública”. A modo de hipótesis, el fiscal sugiere algunos posibles desvíos del dinero de la pauta oficial que, en ausencia de una ley que regule su reparto, Albistur distribuye con total discrecionalidad: la contratación vía terceros de las carteleras de Wall Street o el uso de los espacios que paga el Estado para la publicidad del oficialismo en tiempos de campaña.
GARRIDO CUENTA LA PUNTA DEL OVILLO
¿Cómo se inició esta investigación?
–La abrimos de oficio desde esta fiscalía a raíz de una publicación en un periódico donde se cuestionaba la forma en que se distribuye la pauta oficial. Además habíamos recibido informes de la sociedad civil cuestionando lo mismo; sobre todo tomamos en cuenta un informe de la Asociación por los Derechos Civiles.
–¿Cómo identificaron que las empresas de Albistur estaban siendo beneficiadas con la publicidad oficial?
–Cuando conseguimos la lista de distribución, empezamos a cruzar información sobre las empresas que recibían la pauta. Había vinculadas a su familia o a sus funcionarios.
–¿Hay una pauta para determinar cómo el Estado tiene que distribuir la publicidad?
–No, esto significa que la igualdad o la razonabilidad en la distribución depende de cada gobierno; no está reglamentada.
–¿Que las empresas beneficiadas estén relacionadas con Albistur constituye un delito?
–Claro, de ninguna manera puede distribuirse a empresas que tengan relación con los funcionarios. En ese caso, están violando el articulo 265 del código penal que establece que los funcionarios no pueden interesarse en los contratos u operaciones en las que interviene por razones de su cargo.
Ver nota de opinión “El pequeño señor K”, en la sección Nota de Tapa. (Crítica de la Argentina)
