Ayer se conocieron 9 casos correspondientes a dos fueros federales, en los que un conjunto de pequeños inversores de deuda pública argentina -específicamente tenedores de préstamos garantizados- consiguió que la Justicia se expida a su favor, en dos cuestiones cruciales. Por un lado, lograron una medida cautelar para que no se les aplique el decreto de pesificación (214/2002). En paralelo, en otro juicio, obtuvieron la incautación del Impuesto al Cheque, la garantía de dichos préstamos, a la espera de una sentencia final que avale o no el cobro de sus tenencias en la divisa estadounidense.

Esta última medida cautelar se dictó para cubrir el monto de los vencimientos impagos, que hasta ahora resultaron sólo intereses.

La iniciativa judicial fue patrocinada por el estudio de abogados Luchinsky, Prato y Asociados, que presentó una demanda como prueba piloto, por 5 millones de dólares. Tras seis meses de intentos truncos, consiguió que se declare inconstitucional la pesificación de los préstamos garantizados. Con este veredicto, irán tras una nueva demanda por 30 millones de dólares, pero estiman "que estos fallos tendrán un efecto multiplicador. Mucha gente no aceptó el decreto 644, a través del cual el inversor debía aceptar la pesificación para poder cobrar", explica el abogado Osvaldo Prato.

El canje que en noviembre de 2001 efectuó Domingo Cavallo involucró 41.000 millones de dólares, que luego fueron pesificados por el decreto 214, a 1,40 pesos por dólar, más el CER. El grueso correspondió a las AFJP (18.000 millones de dólares), bancos (13.000 millones de dólares), pero hubo una gran cantidad de inversores individuales, que canjearon unos 11.300 millones de dólares. Sin embargo hoy, tras la pesificación y devaluación, el Gobierno calcula que dicha deuda no supera los 20.000 millones de dólares.

Como gesto a quienes efectuaron el canje de Cavallo, el Gobierno resolvió que los préstamos garantizados queden exentos del default del Gobierno. Sin embargo, quienes querían cobrar debían firmar una carta (que dispone el mencionado decreto 644), por el cual aceptaban expresamente la pesificación. El grueso de los inversores no lo hizo, al punto que hoy sigue vigente aún la posibilidad de aceptar la pesificación.

Por su parte, negociaciones con las AFJP, que vienen reclamando la redolarización de sus tenencias en préstamos garantizados, siguen empantanadas.

Pese a que los fallos conocidos ayer son sólo medidas cautelares, "hay un criterio en principio garantista a favor de los inversores de préstamos garantizados, posición que se vería reforzada en caso que la Corte se vuelque a favor de la redolarización de los depósitos", considera Prato.