¿Qué queda de la República si tiene destrozado el derecho de propiedad, desaparecida la santidad de los contratos, debilitada la moneda, denegado el acceso a la Justicia, y el país dividido entre hijos y entenados del poder (deudores y acreedores)? Cuba parece un paraíso, pues ellos tienen un sistema y nosotros no.
El Poder Ejecutivo, como si fuera Dios mismo, operando arbitrariamente sobre los tipos de cambio aplicables a la pesificación y girando contra los pesos acorralados del hombre común, mediante decreto ha llevado a cabo una enorme e inimaginable transferencia patrimonial a favor de los deudores, con lo que ha creado paraísos e infiernos. Lo hizo despreciando vidas y haciendas del hombre común, de la inmensa cantidad de gente de trabajo prudente y ordenada del país, arruinando la vejez de todos y haciendo polvo el esfuerzo de muchos.
Los ahorristas terminaron donando forzosamente el fruto de la virtud del trabajo y la vida ordenada a unos pocos endeudados empresarios ricos y a los deudores morosos. El Poder Ejecutivo premió a éstos por decreto y castigó por la misma vía a los más débiles. Un gobierno jupiteriano que tiende aparecerse a un señorío medieval: todos trabajando en una relación de vasallaje para el señor, que distribuye los frutos entre la nobleza adicta.

A fines de noviembre la Argentina se asomó al abismo de la crisis económica más grande que podamos recordar. El decreto 1570/2001 fue, como diría Segundo Sombra, preludio de algo más serio: la ruina del derecho.
De allí en adelante se completó el mayor despojo de derechos que nuestra ciudadanía haya padecido.

La pesificación que llegó con el presidente Eduardo Duhalde, del modo como fue llevada a cabo, se fagocitó la santidad de los contratos, que son ley entre las partes y la base de la economía progresista. Para ese momento los dos pilares de la economía, propiedad y contrato, yacían destrozados por el suelo, como las columnas hechas añicos por Sansón. Lo que conocemos como la reforma de laLey de Quiebras convirtió la destrucción de esos principios en aquelarre de un carnaval goyesco festejado gozosamente alrededor de los despojos de los valores morales y legales arrasados.
Los concursos y las quiebras pasaron a ser procedimientos que permitían a morosos e insolventes sacarles la lengua a sus acreedores, que, escaldados, no han de volver a hacer negocios en estas tierras. La economía ha pasado a estar protagonizada por los endeudados en demasía, los malos pagadores, los insolventes y los quebrados, que han agarrado la manija desplazando a los cumplidores, a los prudentes y a los bien administrados.

El Banco Central completó esa incautación de bienes ajenos pasando los encajes de los bancos serios, contrapartida de los depósitos, de las seguras manos de Deutsche Bank en Nueva York a sus insondables y dilapidables arcas, y en el ínterin recuperó el derecho a emitir moneda sin respaldo (tarea a la que, por necesidad, dedicará cada vez mayor empeño). El corralito no protege a los bancos ni a los ahorristas, sino que encubre el arrebato estatal, la verdadera causa de la huida de los depositantes.

Para que todo eso pudiera llevarse a cabo contra víctimas indefensas, se limitó el acceso a la Justicia del hombre común y se les quitó fuerza a las decisiones judiciales degradando al Poder Judicial. La respuesta de los jueces fue furibunda, comprensible pero no siempre acertada. Erraron al elegir a los destinatarios de su furia, que debieron ser los funcionarios.
Lo peor fue el "per. saltum" generalizado para las medidas cautelares contrarias al Gobierno, que parecía confirmar la presunción de todos: una Corte cómplice del poder.
Cuando la Corte Suprema dictó el fallo en "Smith c/ Banco de Galicia", el país entero se quedó sin respiración y el ejecutivo, en lugar de acatar los checks and balances , encontró los vericuetos para seguir adelante. La Justicia, esa dama gallarda con los ojos tapados, con una báscula en una mano y una espada en la otra, se parecía ahora a la Venus de Milo: le habían amputado sus brazos. Tenemos una Justicia tullida.

¿Qué queda de la República si tiene destrozado el derecho de propiedad, desaparecida la santidad de los contratos, debilitada la moneda, denegado el acceso a la Justicia, y el país dividido entre hijos y entenados del poder (deudores y acreedores)? Cuba parece un paraíso, pues ellos tienen un sistema y nosotros no.
El Poder Ejecutivo, como si fuera Dios mismo, operando arbitrariamente sobre los tipos de cambio aplicables a la pesificación y girando contra los pesos acorralados del hombre común, mediante decreto ha llevado a cabo una enorme e inimaginable transferencia patrimonial a favor de los deudores, con lo que ha creado paraísos e infiernos. Lo hizo despreciando vidas y haciendas del hombre común, de la inmensa cantidad de gente de trabajo prudente y ordenada del país, arruinando la vejez de todos y haciendo polvo el esfuerzo de muchos.
Los ahorristas terminaron donando forzosamente el fruto de la virtud del trabajo y la vida ordenada a unos pocos endeudados empresarios ricos y a los deudores morosos. El Poder Ejecutivo premió a éstos por decreto y castigó por la misma vía a los más débiles. Un gobierno jupiteriano que tiende aparecerse a un señorío medieval: todos trabajando en una relación de vasallaje para el señor, que distribuye los frutos entre la nobleza adicta.

Premio al endeudado, premio al deudor, exaltación de la mora. Desesperanza para los más viejos, castigo para el prudente que ahorró y prefirió la austeridad, para la gente de trabajo que nunca participó de la fiesta de pizza con champán de gobiernos de los que el presidente Duhalde y el ministro Carlos Ruckauf fueron los vicepresidentes, y el doctor Raúl Alfonsín, el aliado que pactó en Olivos y la hizo posible, acompañando desde entonces la hecatombe como coautor.
Pena y daño para los hombres y mujeres buenos de este suelo que creyeron en el país. El Presidente y sus ministros, al igual que algunos parlamentarios, no se cansan de amenazar con impuestos a los exitosos y a los exportadores, con lo que crean los incentivos a la del inversión más poderosos que uno pueda imaginar. Ante esta perspectiva, todos los empresarios avezados y prudentes achican o se van. Postergan planes o trasladan sus operaciones a zonas menos amenazantes.

Los valores de la Constitución Nacional y sus instituciones son valores e instituciones probados por siglos. Son fuente segura del bien general. En tiempo de crisis la solución no resultará nunca de violarlos, debilitarlos o dejarlos de lado, sino de profundizar su vigencia. En emergencia deben ser respetados, ejercidos y ser reconocidos de manera absoluta, casi exagerada. Ellos son la defensa en juicio de la persona y de sus derechos, el respeto por la Justicia, su independencia y eficacia, la propiedad, el derecho a contar con los ahorros propios para llevar una vida digna y a envejecer con un retiro en que el fruto de la mesura y la previsión puedan ser gozados, la santidad de los contratos, el derecho a contratar y a ejercer industrias lícitas con libertad, la división de poderes y el contrapeso entre ellos, la estabilidad de las leyes, la prudencia al legislar a todo nivel y el respeto por los derechos adquiridos.