El Presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, el Diputado Rodolfo Anibal Frigeri y su Vicepresidente, el Diputado Victor Pelaez invitaron a una reunión plenaria de la Comisión a AARA, en virtud de ser la única entidad legalmente constituida que defiende a todos los damnificados por la pesificación asimétrica y el default, a una reunión que se llevó a cabo en el día de ayer, martes 5 de agosto a las 17 horas


Dicha reunión tenía como objetivo primordial conocer la opinión de nuestra Asociación respecto a la actual situación de los ahorristas de entidades financieras y al proyecto de ley 0011-PE-03 (incluido en la Sección Legislación de esta misma página) que propicia compensar a las entidades financieras por los efectos producidos por la pesificación asimétrica. También se nos hizo entrega de otros dos proyectos de ley que serán estudiados por AARA y luego publicados en nuestra página.

Los integrantes de AARA que acudieron a la reunión ratificaron su oposición a la aprobación del proyecto citado y a toda otra norma similar y, ante lo manifestado por un miembro de la Comisión de Finanzas sobre la "derogación" de la ley de Intangibilidad de los depósitos, se replicó que AARA continuará bregando por la vigencia de la misma y no cejará en su lucha ante la recuperación total de sus ahorros en su moneda de origen.

Los representantes de AARA entregaron la nota que al pie se incluye, a cada uno de los integrantes de la Comisión, a la que se adosaron nuestras bases incluidas en nuestra página.

En la reunión fueron abordados in extenso todos los puntos incluidos en la nota citada ut supra, además de abordar otros ítems citados por los diputados.

La versión completa de lo tratado en la reunión se encuentra en nuestra sede a disposición de los socios.

Texto de la nota entregada:

Buenos Aires, 5 de agosto de 2003

Señor Presidente
de la Comisión de Finanzas
de la Honorable Cámara de
Diputados del Congreso de la Nación
Rodolfo Aníbal Frigeri

De nuestra mayor consideración:

En nuestro carácter de integrantes de la Asociación de Ahorristas de la República Argentina, AARA, asociación civil apartidaria, aprovechamos esta reunión para hacerle conocer a Usted y a los demás integrantes de la Comisión nuestra postura sobre el proyecto 0011-PE-03, dado que nuestras posiciones relativas a la incautación de depósitos, la pesificación asimétrica y el default fueron expuestas en nuestras notas del 30/10/2002 y el 13/11/2002. Sin perjuicio de ello, adjuntamos a la presente una carpeta con las bases, propuestas y actividades de nuestra asociación.

Ante todo, asignamos máxima prioridad a instaurar en la Nación el pleno respeto por la Constitución y por las leyes congruentes con ella. Este principio básico se constituye en el cimiento de todas nuestras consideraciones.

En el referido marco, siendo usted uno de los firmantes junto con el Diputado Víctor Pelaez, vicepresidente 1º de la Comisión, del proyecto (4957-D-01) que determinó la sanción de la Ley de Intangibilidad de Depósitos en Entidades Financieras, nos resultaría poco comprensible que ahora apoyara un proyecto que contradice -de manera flagrante- el espíritu de la misma.

Antes de adentrarnos en el análisis del proyecto en sí, desearíamos conocer:

1. ¿La Ley de intangibilidad va seguir suspendida después del 31/12/03? Interpretamos que deberá recuperar su plena vigencia para erradicar la imagen que los depósitos bancarios están sujetos al riesgo de cualquier arbitrariedad de los regímenes de turno.
2. Si han tomado en cuenta las deudas de los bancos con el BCRA (redescuentos), las que han sido refinanciadas a muy largo y cómodo plazo, con muy bajo interés.
3. Si se ha analizado una revisión del índice de cobranza de los préstamos otorgados por los bancos y una investigación sobre eventuales autopréstamos.
4. Si se han pedido informes sobre la actuación de BCRA en su rol de control sobre la operatoria de las entidades bancarias, especialmente en el 2001 y cuál fue el comportamiento de las entidades financieras.
5. Si se han tomado en cuenta los informes de la Comisión de Fuga de Divisas y la colaboración que han podido prestar las entidades financieras y el BCRA para evitar dicha situación.
6. Si la Comisión tomó conocimiento de los trabajos hechos por las Calificadoras de Riesgo, contratadas por el BCRA, sobre la viabilidad de los bancos durante el 2001 y la exactitud de dicha información.
7. Si se han pedido informes al BCRA, sobre la "venta" de bancos en medio de la crisis del año 2002.
8. Si se han solicitado las evaluaciones a la "Comisión Bicameral de seguimiento de las facultades delegadas al PEN por la ley 25.561", cuyo Presidente es Maria Silvina LEONELLI, y si se expidió sobre la legalidad de los decretos y normas conexas que establecieron la incautación y pesificación asimétrica.
9. ¿Cuál ha sido la respuesta al pedido de informes al PEN sobre la cantidad de entidades financieras que fueron compensadas en virtud del régimen previsto en el art. 28 y concordantes del decreto 905/02, de normalización de la situación de los depósitos? (exp. dip. 1770-d- 03)
10. ¿Cuál ha sido la respuesta del pedido hecho por diputados a la Corte Suprema (proy. de resolución 1767-D-02)?:

a) Sobre la cantidad de amparos ingresados por la denominada cuestión del "corralito", desde el 3/12/2001 al presente, en relación a todos los fueros habilitados;

b) Referida a la cantidad de amparos concedidos o resueltas las medidas precautorias desde el 3/12/2001 al presente;

c) En relación a los amparos concedidos o resueltas las medidas precautorias, la proporción de ellos que superaron el monto demandado de u$s 30.000.

11. Si se ha solicitado al BCRA la nómina que indique nombre, monto, fecha y entidad financiera de los amparos que fueron pagados, para tener noción del costo fiscal.
12. Si la Comisión ha tomado en cuenta lo que en derecho se denomina "actos propios" por parte de los bancos al no presentar ningún reclamo por las normas dictadas.

Los principales problemas hallados en el proyecto son los siguientes:

1. Interpretamos que el texto del proyecto implica una ficción, dado que -en la actualidad- sólo dos causas (la de Smith y la de la Provincia de San Luis) tendrían "sentencias definitivas basadas en autoridad de cosa juzgada". Entendemos que en todas las demás, tanto con sentencia de primera instancia como de Cámara, ha habido apelación del Ministerio de Economía, del Banco Central y de la respectiva entidad bancaria.
2. En el caso que el proyecto se refiriera a todas las causas que hayan tenido una sentencia firme en alguna instancia judicial, establecería una desigualdad ante la Ley. Sólo se respetaría el derecho de propiedad de aquellos ciudadanos que hayan cobrado sus amparos o que hayan tenido una sentencia judicial favorable. Como consecuencia, se perjudicaría a quienes no hayan sido favorecidos con tales medidas judiciales, o no hayan tramitado amparo. Esto implicaría el pésimo precedente de que el "derecho adquirido" de "orden público" puede ser violado por los bancos o por el Estado si no se lo reclama judicialmente o si -por diversos motivos- no es "revalidado" por un juez.
3. No habría ningún costo para los Bancos, principalmente los extranjeros que prometieron - mediante publicidad engañosa- el respaldo de los depósitos, y que además compraron desmedidamente Bonos del Estado, haciendo de intermediarios entre los depositantes y el Estado, quedándose con una importante ganancia durante un largo período.
4. No hay ningún costo para los grandes deudores del sistema y principales beneficiarios de esta transferencia de riqueza. Un fidecomiso, como el que se propuso en su momento, hubiera ocasionado un costo fiscal sustancialmente inferior al de las medidas contempladas en el proyecto.
5. El proyecto implica una convalidación legislativa del Decreto 214/2002 (pesificación asimétrica), así como de normas conexas que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de la Nación en forma concordante con todas las instancias judiciales.
6. La compensación que propone el proyecto se va a realizar con los Bonos estatales, es decir que los ciudadanos somos lo que vamos a pagar, con tasas mejores que las ofrecidas a los depositantes y con un plazo de pago de 10 años, pero con distinta amortización del capital.

Por lo que concluimos que, el proyecto convalida normas inconstitucionales que han servido para aumentar la mala distribución del ingreso nacional y castiga a toda la ciudadanía por el manejo inadecuado de un grupo de dirigentes.

Nuestra postura es el respeto a los contratos y a la propiedad privada pudiendo aceptar, como en los hechos ocurre, un diferimiento en el tiempo en la devolución de los depósitos, distinguiendo claramente entre aquellos ahorristas que no pueden esperar por edad, salud u otras necesidades. Es decir que cada banco negocie con su cliente, dentro de un marco de respeto y confianza, pudiéndose establecer mediaciones para supervisar que se respeten los contratos originales y que las nuevas pautas no alteren lo pactado.

Sin otro particular, quedando a la espera de respuesta a nuestras inquietudes, lo saludan muy atentamente.

Dra. Gladis Liliana Vázquez
Secretaria
Ing. Ernesto Bodenheimer
Presidente