Durante el año 2002 se abatió sobre nuestro país un huracán más devastador que el Katrina, la violenta tempestad que arrasó Nueva Orleáns y su región. Aquí padecimos no solamente una devaluación salvaje y una súbita derogación de todas las reglas monetarias, sino también un turbio proceso de depredación política denominado “pesificación asimétrica”, que empobreció cual relámpago a todos aquellos que tenían ingresos fijos, ahorros (con privaciones para ello) y honestas inversiones bancarias.

La consecuencia -inadvertida para la inmensa mayoría- fue una enorme transferencia de riquezas -que Domingo Cavallo estimó en 40.000 millones de dólares- que pasaron en un santiamén de unas manos a otras.

 

El escenario mundial favorable (*), unido a la estafa "soportada" por los depositantes en dólares en bancos locales, provocó un cambio de conducta de notable amplitud. Los ahorristas argentinos comprendieron que estaban siendo esquilmados sin misericordia y dejaron de ahorrar en “verdes y afuera”. Comenzaron a gastar las divisas que todavía guardaban en el colchón, para vivir mejor, arreglar sus viviendas, mejorar sus locales comerciales, rehacer sus talleres o invertir en ladrillos.


(*)Gracias a una intervención providencial, después de la tormenta apareció la aurora que iluminó un escenario muy propicio. Las condiciones internacionales se pusieron de nuestro lado: aumentó el precio de la soja y del petróleo, descendió increíblemente la tasa de interés internacional y la famosa relación de términos de intercambio quedó revertida en favor de las commodities con una disminución de los precios en dólares en productos de alta tecnología, gracias a la irrupción de China en el escenario mundial. También nos ayudó el proceso de reestructuración de la deuda pública, porque los inversores privados internacionales se resignaron a perder el 70% de sus acreencias y aceptaron el canje de los bonos emitidos por el gobierno argentino.
Tales acontecimientos, acumulados por azar, sirvieron para encausar al país permitiéndole retomar la senda del crecimiento, que curiosamente fue acompañada por un soterrado y prudente laissez faire del ministro Lavagna y el anclaje de la moneda mediante una “neoconvertibilidad” con tipo de cambio fijo 3 a 1.

Por eso, y no por razones que explica la dialéctica progresista, el país se puso rápidamente en movimiento, después del huracán más devastador de nuestra historia económica.

Sin embargo, la vieja política volvió a las andadas y aprovechó el desconcierto generalizado para la implantación abusiva del derecho administrativo en reemplazo del derecho civil, con la pretensión de dirigir la acción privada hacia fines específicos queridos e impuestos por los gobernantes, casi siempre en beneficio de determinados grupos que rodean el poder.

Poco a poco reapareció el viejo Estado intervencionista argentino que no comía ni dejaba comer, pero que pretendía entrometerse en los negocios públicos y privados para quedarse con una porción de los mismos.


Casi imperceptiblemente comenzamos a vernos invadidos por regulaciones y más regulaciones, habituados a las facultades extraordinarias del presidente y el jefe de gabinete para que gasten a sus anchas sin guiarse por el presupuesto, sometidos a los plenos poderes del director del organismo recaudador para que exprima todas las rentas privadas posibles, condicionada la actividad económica por decretos de emergencia en el campo laboral, previsional e impositivo.

Si el proceso continuara por este camino, nadie podría intentar ser artífice de su propio destino si el Estado no se lo permite.

Esta es la verdadera cuestión de fondo.

 

Leonardo

Comentario de Antonio Margariti,  economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario