MENDOZA, JUNIO'2008.

Ni con el gobierno ni con las entidades del campo.

Contra el hambre y la inflación,

por la socialización de la riqueza y la soberanía alimentaria

El país vive un momento crítico. El sector oligárquico del campo realiza un lockout patronal en contra del pueblo argentino. Su pretensión es seguir echando mano de las rentas extraordinarias que generan los altos precios internacionales.

En las últimas décadas, el avance del neoliberalismo ha sido inexorable para toda nuestra América. La expansión de la soja en nuestro país, no es más que una fiel muestra de los intentos de reconfiguración de un sistema que se creía derrotado luego del 2001. El precio internacional de la soja ha aumentado, en la última década, un 180%, de 174 dólares la tonelada a 490 dólares en la actualidad; a lo cual se prevee para el 2010 que el valor de la tonelada llegue a los 620 dólares.

El estallido del conflicto se da a partir del decreto que aumenta las retenciones a los monocultivos y las convierte en móviles, en un intento de poner límite a las extraordinarias ganancias de los productores sojeros, siendo la puja por esa renta el punto principal del conflicto. La oligarquía terrateniente (representada por la Sociedad Rural Argentina) y las multinacionales del agro (Cargill, Monsanto, Dreyfus y sus voceros como APREESID) han puesto el grito en el cielo en defensa de sus bolsillos. La acompaña, una vez más, la desorientada Federación Agraria Argentina (representante de los pequeños y medianos propietarios), que hace años no se da una política autónoma a la SRA. No se atreve a accionar contra la concentración y brutal extranjerización de la tierra, la sojización que destruye las producciones pequeñas, ni a reclamar la distribución de tierras, límites a la extensión de los latifundios, el cese y recuperación de las enormes cantidades de tierras extranjerizadas y un cambio general de la política agropecuaria.

La bronca de algunos pequeños productores pobres no sojeros en los márgenes de la zona agrícola, que ciegamente se han plegado a las demandas de la oligarquía, proviene de la falta de un gobierno que reconozca la situación específica de este sector, lo que constituye uno de los errores más graves del gobierno. Ellos (pequeños tambos, horticultores, fruticultores, etc) han sido víctimas del proceso de sojización, del cual el gobierno fue y es un socio fundamental, y de la falta de políticas agropecuarias que los contenga.

El gobierno nacional ha favorecido durante años los agronegocios, permitiendo el continuo desmonte en el Chaco y Santiago del Estero. No ha intervenido directamente en el negocio de las semillas transgénicas. Viene haciendo la vista gorda a la venta indiscriminada de tierras a capitales extranjeros, alentando la concentración de las mismas por parte de unos pocos, y el desplazamiento de familias enteras a las ciudades. Los latifundios representan hoy en día el 75% de la superficie. Mientras tanto, miles y miles de familias campesinas siguen siendo expulsadas de sus tierras y deben trabajar por salarios miserables. Sólo el 25% de 1,3 millones de campesinos y campesinas percibe $900,00 o más de sueldo por mes.

Por eso consideramos que las retensiones decretadas el 10 de marzo son una medida necesaria pero insuficiente, si pensamos en avanzar hacia una sociedad más justa, enmarcada en un modelo regional equitativo, que responda a las necesidades del pueblo y no de reducidos sectores.

Declaramos nuestro RECHAZO al lockout patronal agropecuario, y a la política de un

gobierno que desconoce los verdaderos intereses del pueblo y que es cómplice de un

modelo de desarrollo que favorece intereses privados (de grandes empresas nacionales y

extranjeras).

Creemos que es necesario correr el humo para que avancemos en la discusión de fondo:

¿qué país y región queremos?, ¿a qué modelo de desarrollo aspiramos?, ¿con qué

recursos contamos?, ¿qué necesitamos producir?, ¿cómo?, ¿para quién/es?, ¿qué

políticas es necesario aplicar para garantizar una justa socialización de la riqueza?

Comprendemos que el problema es de fondo, como ya lo marcamos, y que como parte del

pueblo tenemos que levantar la voz para denunciar y proponer, desde los trabajadores del

campo y de la ciudad y el conjunto de los sectores populares, soluciones para una

verdadera socialización de la riqueza que producimos como pueblo.

Como organizaciones populares, nos sentimos reflejad@s en la lucha y en las

reivindicaciones y propuestas realizadas por l@s compañer@s del Movimiento Nacional

Campesino Indígena y del Frente Popular Darío Santillán, que han impulsado la Campaña

Nacional contra el Hambre y la Inflación, por la socialización de la riqueza y la soberanía

alimentaria, y de todas aquellas organizaciones que vienen proponiendo una alternativa

independiente a la crisis. Por eso decimos SÍ a:

-Aumento general de salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido, blanqueo de

todos los trabajadores y estabilidad laboral. Que absolutamente nadie, aunque esté

desocupado, tenga ingresos por debajo de la canasta básica