04-04-2007
Son dinosaurios, pero peligrosos
La "derecha histérica" le apunta a Kirchner

Víctor Ego Ducrot
APM

El año electoral en Argentina hace que las facciones más reaccionarias se
dediquen a conspirar. Jueces cómplices con los victimarios, bandas criminales
que pretenden crear zozobra.

Aun faltan más de seis meses para las elecciones presidenciales pero los
sectores más reaccionarios de Argentina ya lanzaron su estrategia conspirativa y
de provocaciones. Son elementos sin representatividad social pero tienen el
respaldo de corporaciones tan tradicionales como conocidas por haber apoyado
golpes de Estado y dictaduras.

En ese enjambre se ubican políticos que hacen lo imposible para desdibujar su
pasado, elementos fascistas enquistados en altas esferas del Poder Judicial, y
casi la totalidad de los grandes medios de comunicación, como por ejemplo el
diario La Nación, un verdadero mascarón de proa de esa nave con nostálgicos de
la tortura y del autoritarismo.

Tampoco faltan operadores económicos y financieros ligados al lobby de la
embajada de Estados Unidos y bandas policiales y parapoliciales que,
pertenecientes al aparato represivo aún no desmantelado, operan con camarillas
de militares y ex militares.

El 24 de marzo pasado, durante los actos por el aniversario del golpe de
Estado de 1976, y desde una tribuna levantada donde durante la dictadura
funcionó uno de los tantos campos clandestinos de concentración, el presidente
Néstor Kirchner puso en su boca un reclamo que proviene del conjunto de la
sociedad: transparencia y celeridad en los juicios a los militares y represores
en general, que aún permanecen impunes.

Dirigió sus demandas a la Cámara de Casación (el máximo tribunal penal del
país), que en forma ostentosa alberga a jueces de confesada admiración por los
torturadores e incurre en irritantes demoras en el trámite de las causas.

Al día siguiente, el presidente de ese tribunal, Alfredo Bisordi, acusó al
presidente de interferir en las funciones del Poder Judicial y el miércoles
último, la Corte Suprema, aunque con medias palabras en sus dichos, respaldó a
la Cámara de Casación.

Más allá del legítimo derecho -y la obligación constitucional- que tiene el
presidente de alertar sobre las imperfecciones del Estado y promover las
correcciones que sean necesarias, en 2005 el juez Bisordi fue apercibido por el
Consejo de la Magistratura por haberse referido a una de las víctimas de la
represión ilegal de la dictadura como "delincuente terrorista".

En cualquiera de los sistemas penales y judiciales implantados a partir de la
Revolución Francesa, todo magistrado autor de manifestaciones de ese tipo queda
ética y legalmente inhabilitado para impartir justicia en casos en los cuales, a
priori y para él, las víctimas son "delincuentes".

Sin embargo, más allá de los esfuerzos realizados por la actual Administración
para reformar al menos el funcionamiento de la Corte Suprema viciada de
complicidad con los actos ilegítimos que cometió el Estado durante la década del
´90 - los años de plomo del modelo neoliberal -, parecería ser que, en términos
generales, la corporación judicial argentina no se enteró de la Revolución
Francesa.

Estos pataleos de la ultraderecha encontraron rápidos amplificadores en las
páginas, pantallas y emisoras de los grandes medios de comunicación. Los mismos
que se encargaron de saludar al paso de dictadores y genocidas, en la actualidad
pretenden erigirse en "custodios de las instituciones", instituciones que bajo
ningún aspecto fueron lesionadas por los reclamos presidenciales.

El presidente le recordó a la Corte Suprema que "gracias a su desmesura" -de
desmesuradas había calificado el máximo tribunal a las quejas del jefe de
Estado- fue posible modificar la composición de esa Corte después de una década
de connivencia de la misma con las políticas que llevaron al país a una de las
crisis económicas, sociales más severas de su historia.

Al día siguiente, y reforzando lo que viene haciendo sistemáticamente sea cual
fuere el tema que trate, el diario La Nación -el ya mencionado mascarón de proa
de las camarillas fascistas- lanzó toda su batería de tergiversaciones en
páginas noticiosas y de opinión, con el propósito de describir un supuesto
"conflicto de poderes", que sólo existe en los planes conspirativos de quienes
no encuentran la forma de revertir un hecho que se anuncia como irrefutable: el
casi seguro aluvión de votos que recogerá en la próximas elecciones generales la
fórmula gubernamental.

Por supuesto que esos mismos voceros de la reacción más concentrada
sistematizan su campaña contra la decida estrategia de integración que trazaron
los presidente Kirchner y Hugo Chávez de Venezuela y vociferaron hasta el
cansancio ese reciente despropósito diplomático y legal -por lo inadmisible
desde el punto de vista del derecho internacional- que fueron las críticas de un
alto funcionario del Departamento de Estado al acto realizado hace dos semanas
en Buenos Aires, con Chávez como orador.

Pero los dinosaurios no se conforman con operaciones mediáticas y están
haciendo uso de la no tan secreta asociación que existe entre policías,
parapoliciales y elementos del crimen organizado, para provocar zozobra entre
las capas medias de la población, protagonizando una ola de robos y otros
delitos contra "ricos y famosos", hechos que por supuesto tienen una inmediata
repercusión en los medios de la corporación periodística.

Corporación ésta que asocia la defensa de sus intereses económicos con el
sostén a las posturas políticas más reaccionarias. En el libro "Periodistas y
Magnates" (Prometeo, Buenos Aires, 2006), los investigadores Guillermo Mastrini
y Martín Becerra señalan que ya en el año 2000, "el sector infocomunicacional en
Argentina presentaba un importante nivel de desarrollo, desarrollo que se ve
opacado por un nivel de concentración importante".

"Si bien en casi todos los mercados (con excepción de la telefonía básica y
móvil) hay una importante diversidad de operadores, la mayoría de los mismos
sólo alcanza una presencia testimonial, tanto económicamente como por la
cantidad de abonados y audiencia. El primer operador recauda en promedio el
31,64 por ciento de la facturación de los mercados (TV abierta y de pago,
telefonía básica y móvil, Internet) y reúne al 32,39 por ciento del público o
clientes (prensa, radio, TV abierta y de pago, telefonía básica y móvil). Si se
considera a los primeros cuatro operadores, el nivel de concentración alcanza al
73,68 por ciento de la facturación y al 77,15 por ciento de la audiencia
abonados", añaden los autores de "Periodistas y Magnates".

Esa es la libertad de prensa y la democracia que defienden las corporaciones
periodísticas argentinas y a las que apela, por ejemplo, la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), cada vez que lanza sus andanadas contra el
gobierno, gobierno que por cierto tiene que tomar medidas concretas para
democratizar los espacios comunicacionales en una dirección opuesta a la
reclamada por la derecha. Para ello el Estado debe encarar claras iniciativas de
apoyo a la auténtica comunicación comunitaria y de los movimientos sociales.

Para que su enfrentamiento con los sectores más reaccionarios del sistema de
poder sea efectivo y su renovada toma de posición en favor de un rápido
esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad tenga la eficacia que debe
tener, el gobierno tendrá que profundizar su aun insuficiente política en
materia de distribución de ingresos y poner en tensión todas su capacidad de
movilización para desmantelar los aparatos represivos que se mueven en las
tinieblas, elementos que, entre otras cosas, secuestraron y mantienen
desaparecido a Julio López, testigo clave para la condena a uno de los muy pocos
ex represores que fueron efectivamente sometidos a la justicia.

Si la memoria alcanza su máximo sentido toda vez que se convierte en presente,
la superación del estado de impunidad demanda ponerle fin a los sistemáticos
abusos policiales, que los ciudadanos privados de su libertad conforme a Derecho
puedan hacer pleno ejercicio de su condición humana, y que las políticas macro y
microeconómicas apunten al establecimiento de un paradigma de sustentabilidad y
justicia social.

También que impere el principio de soberanía alimentaria - y el mismo es
incompatible con el diseño de monocultivo que consagra la República de la Soja
-, que no haya niños sin escuela ni atención médica, que la pobreza sea
erradicada y el desempleo y el empleo informal por fin desciendan en
proporciones definitivas. Que las corporaciones más reaccionarias pierdan el
control del aparato cultural y que el proceso de integración latinoamericana
abandone para siempre su matriz neoliberal.

No se trata de una agenda sencilla pero sí de cumplimiento imprescindible para
derrotar a los dinosaurios peligrosos, que no tienen base de sustentación social
pero cuentan con recursos y corporaciones afectas a la conspiración
antidemocrática.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=49217


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