From: "Sergio Balardini"

AMNESTY INTERNATIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
Contacto: Josefina Salomon, Tel: (54-11)4954-5599, jsalomon@..., www.amnesty.org.ar
Argentina: El uso de la fuerza no debe ser la respuesta a las manifestaciones populares
Las autoridades argentinas deben asegurar que las fuerzas de seguridad respeten el derecho a la manifestación pacífica, advitió Amnesty International en vísperas de las manifestaciones populares programadas para el 19 y 20 de diciembre para marcar los trágicos eventos de diciembre de 2001, cuando mas de 30 personas perdieron la vida durante manifestaciones realizadas en Argentina. "Las autoridades tienen una obligación de permitir las manifestaciones publicas pacíficas  y de evitar en todo momento el excesivo uso de la fuerza," recalcó Amnesty International.
Amnesty International hace un llamamiento a las autoridades argentinas para que las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley reciban a todo nivel, el mensaje claro de respetar los derechos básicos de los manifestantes como son el derecho a la vida y a la integridad física. Así mismo no se deben repetir los lamentables incidentes que han marcado manifestaciones anteriores en donde se han violado normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Algunas de las manifestaciones realizadas a raíz de la crisis económica por la que atraviesa el país han sido  controladas con excesivo uso de la fuerza dejando muertos y serios saldos de heridos. La organización enfatiza la importancia de adelantar las investigaciones relacionadas con tales hechos con todo rigor e independencia y continuarlas con toda diligencia y transparencia.
"Amnesty International reconoce la responsabilidad y necesidad de las autoridades de mantener el orden publico. Sin embargo la organización hace hincapié en que toda operación policial debe llevarse a cabo en el marco de la ley," dijo la organización.
Amnesty International también resaltó que lo que ha provocado la movilización social es el grave deterioro en cuanto a la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales en el país.  Las políticas que implemente el gobierno argentino en colaboración con otros gobiernos e instituciones inter-gubernamentales para responder a la crisis deben tomar en cuenta las obligaciones vinculantes que imponen las normas internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La República Argentina es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este Pacto establece en su Artículo 2(1) que cada uno de los Estados partes se comprometen a adoptar medidas tanto por separado, como mediante la asistencia y la cooperación internacionales especialmente económicas y técnicas para lograr por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos por el Pacto.  Estos derechos incluyen, entre otros,  el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la educación. Amnesty International hace un llamamiento para que durante el actual periodo critico de tensión social  y escalada de movilizaciones populares se tomen en cuenta estos derechos y se adelanten las medidas necesarias, como lo establece el  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para reconocer estos derechos reconociendo en esta forma la indivisibilidad de los derechos humanos.
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17 de diciembre de 2002
Contacto: Josefina Salomon, Tel: (54-11)4954-5599, jsalomon@..., www.amnesty.org.ar
Afganistán: La ayuda debe centrarse prioritariamente en la promoción de los derechos humanos
Un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) ha presentado una declaración conjunta al Grupo de Apoyo a Afganistán, reunido en Oslo para estudiar la coordinación de las futuras donaciones a dicho país, en la que se indica lo siguiente: «Todas las estrategias de donación deben abordar con carácter prioritario la defensa de los derechos humanos».
Las ONG han señalado en la declaración: «En Afganistán siguen cometiéndose abusos graves contra los derechos humanos, y esta situación no cambiará si la comunidad internacional no ejerce presión y aumenta el asesoramiento y el respaldo a las instituciones afganas. Los donantes deben prestar ayuda adecuada para que se puedan investigar los abusos cometidos en el pasado y en el presente y para que se pueda hacer justicia al respecto». «En Afganistán no habrá seguridad ni cesará el conflicto hasta que la protección de los derechos humanos sea absoluta», han agregado las ONG.
En la actualidad, el principal obstáculo para la reconstrucción es la falta de seguridad. El planteamiento limitado adoptado por la comunidad internacional con respecto a Kabul ha socavado el logro de la seguridad nacional a largo plazo. Es preciso que se otorgue apoyo económico y técnico a las instituciones afganas para garantizar su capacidad de proteger los derechos humanos en todo el país. La comunidad internacional debe respaldar los derechos de la mujer de forma más visible y debe crear oportunidades económicas, sociales y culturales para la población femenina.
Las ONG han hecho hincapié en que «resulta esencial que la comunidad internacional condene todas las violaciones del derecho a la libertad de expresión, dado que quienes se han erigido en su defensa en Afganistán han sido víctimas de intimidación, detención arbitraria y violencia. Debe además denunciar tales casos a las autoridades afganas».
En la declaración conjunta se indica: «Cuando la comunidad internacional se plantee la forma de contribuir al desarrollo de Afganistán, debe pensar en aumentar la capacidad de dicho país de proteger y promover los derechos humanos de todos sus ciudadanos».
INFORMACIÓN GENERAL
Las organizaciones que han contribuido en esta iniciativa y que la respaldan son: la organización británica para combatir la pobreza Action Aid (http://www.actionaid.org), la Asociación de Mujeres Jueces Afganas, la Asociación de Mujeres Afganas Abogadas y Profesionales, la Red de Mujeres Afganas (http://advocacynet.autoupdate.com/partner_view/partner_21.html), la Unión de Mujeres Afganas, Amnesty International, Artículo 19, la Asociación de Defensa de los Derechos del Menor, el Centro de Cooperación a favor de Afganistán, la Organización de Ayuda Humanitaria para las Mujeres y Niños de Afganistán, la organización alemana Medica Mondiale e.V. (http://www.medicamondiale.de/ ) y la Asociación de Defensa de la Igualdad de Derechos.
El texto íntegro en inglés de la declaración conjunta se pondrá a su disposición a partir del 18 de diciembre en la siguiente dirección electrónica: http://www.web.amnesty.org/ainsf/recent/asa11/016/2002.
FIN //
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AMNESTY INTERNATIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
16 de diciembre de 2002
Contacto: Josefina Salomón, Tel.: (54-11) 4954-5599, jsalomon@..., wwwamnesty.org.ar
Colombia: La política de seguridad democrática no es una política de derechos humanos
Al completar una visita de una semana a Colombia, una delegación de Amnesty International afirmó que sus profundas inquietudes por la política de seguridad del Presidente Álvaro Uribe han quedado confirmadas.
La delegación se reunió con el Vicepresidente de la República y el Ministro del Interior, así como con congresistas, la Corte Constitucional, representantes del cuerpo diplomático y sectores de la sociedad civil incluyendo defensores de derechos humanos.
Amnesty International reiteró que el gobierno tiene el derecho y la obligación de reinstaurar el orden público. Sin embargo, la organización considera que la impunidad con la cual se ha saldado la gran mayoría de los abusos masivos a los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario cometidos por las fuerzas armadas, sus aliados paramilitares y los grupos alzados en armas, es uno de los factores decisivos en la continuación de tales violaciones.
"Por esto, expresamos ante las autoridades nuestra alarma ante el proyecto ley que otorga facultades de policía judicial a las fuerzas de seguridad," manifestó Javier Zúñiga, Director de Estrategia de Amnesty International y jefe de la delegación.
"Dichas facultades son simplemente contrarias a los más elementales principios del derecho, independientemente de cualquier salvaguardia que podría incorporarse, y por lo tanto deberían ser retiradas," continuó.
La política de "seguridad democrática" tal y como se manifiesta en los proyectos de ley actualmente debatidos en el Congreso, no constituye una política de derechos humanos sino al contrario conducirá, de ser aprobadas los proyectos en su forma actual, a agudizar los problemas de protección de derechos humanos de Colombia. Sin embargo, la organización estimó como positiva la información recibida de las autoridades sobre el inicio de la elaboración de un programa nacional de acción en derechos humanos. Por su parte la delegación de Amnesty International hizo hincapié en la importancia de involucrar seriamente a la sociedad civil en dicha elaboración e incorporar le recomendaciones formuladas por la comunidad internacional.
La seguridad democrática es nada más ni nada menos que la defensa de los derechos humanos, y no el debilitamiento de instituciones claves como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
Es más, la defensa de los derechos humanos no se puede concebir sin un ataque frontal a la impunidad del pasado, del presente y del futuro.
"Por ejemplo, las negociaciones recientemente iniciadas con los grupos paramilitares, las referencia a posibles indultos y amnistías en los proyectos de ley ya mencionados, y las reservas introducidas en la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, no deben convertirse en contratos de impunidad tanto para los miembros de grupos paramilitares, de las fuerzas armadas y de la guerrilla responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros crímenes bajo el derecho internacional," continuó.
"En conjunto con la propuesta ley de armas, la creaci?n de redes de informantes y los soldados campesinos, esto podría significar vestir el fenómeno paramilitar con un nuevo traje legal."
Al mismo tiempo Amnesty International destacó que, aunque se están realizando numerosos allanamientos, incluyendo de sedes de grupos defensores de derechos humanos, y detenciones que involucran a un gran número de ciudadanos, todavía no se ve un esfuerzo serio para llevar a cabo las centenares de órdenes de captura pendientes en contra de líderes paramilitares y guerrilleros, y miembros de la fuerza pública implicados en violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Ante la clara tendencia hacia la creación de un marco institucional de impunidad, Amnesty International recordó que si el estado colombiano no puede o no quiere juzgar a los responsables de violaciones de derechos humanos, no quedará otro remedio que recurrir a la justicia internacional.
"Aunque estén amparados por la impunidad en Colombia, los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, sean guerrilleros, militares o paramilitares, podrán ser perseguidos por la justicia en cualquier otro país, o llevados ante la Corte Penal Internacional," señaló Javier Zúñiga.
"Como lo vimos en el caso de Augusto Pinochet, las víctimas cuyo inalienable derecho a la justicia y la verdad les había sido denegado durante un cuarto de siglo, pudieron acudir a la justicia internacional que, de no haber mediado el estado de salud del ex mandatario chileno, hubiera conducido a su enjuiciamiento en España e incluso en Chile."
Amnesty International concluyó afirmando que una verdadera paz y reconciliación no se puede imponer a costa del derecho a verdad, justicia y reparación integral de toda persona cuyos derechos humanos han sido violados.
"La solución del conflicto pasa por la negociación, pero los términos de esta negociación no pueden ser impuestos a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por los mismos victimarios," manifestó Amnesty International.
FIN //
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Declaración Pública
16 de diciembre de 2002
Contacto: Amnesty Argentina, Josefina Salomon, Tel.: (54-11) 4954-5599, jsalomon@..., www.amnesty.org.ar
ESTADOS UNIDOS: los detenidos de la bahía de Guantánamo no deben quedar excluidos de la protección de la ley
Amnesty International ha escrito hoy al gobierno de Estados Unidos para reiterar su honda preocupación por el hecho de que en la base naval estadounidense de la bahía cubana de Guantánamo continúen recluidos sin cargos ni juicio más de 600 ciudadanos de otros países. «Algunos de estos detenidos llevan en un agujero negro legal casi un año», ha señalado la organización.
«Sus condiciones de reclusión, en pequeñas celdas donde permanecen hasta 24 horas al día, sin acceso a un abogado ni a su familia y sin saber si van a ser juzgados o puestos en libertad, continúan planteando cuestiones urgentes desde el punto de vista legal y humano.»
Amnesty International pide la repatriación voluntaria de todos estos detenidos, puesto que fueron combatientes durante el conflicto armado internacional de Afganistán y les son aplicables, por tanto, los Convenios de Ginebra, salvo que vayan a ser acusados formalmente de algún delito o estén expuestos a sufrir graves abusos contra los derechos humanos si son devueltos a su país.
«Aunque el gobierno de Estados Unidos no ha reconocido a ninguno de los detenidos la condición de prisionero de guerra, sí ha manifestado que recibirán un trato razonablemente compatible con los Convenios de Ginebra», ha manifestado la organización, que añade: «Puesto que el conflicto armado internacional ha concluido, es preciso abordar ya la cuestión de la repatriación o el enjuiciamiento con las debidas garantías de los detenidos. Esta incertidumbre legal debe acabar.»
Amnesty International reitera en la carta su petición de que ninguno de los detenidos sea juzgado por comisiones militares, como se anuncia en una orden militar firmada por el presidente Bush en noviembre de 2001. Se han recibido informes según los cuales los detenidos podrían tener que comparecer dentro de poco ante tales comisiones, órganos ejecutivos que vulneran abiertamente las normas internacionales sobre juicios justos y con autoridad para imponer condenas de muerte sin derecho de apelación. La organización expone en la carta la cuestión de los individuos detenidos fuera de Estados Unidos y recluidos en lugares desconocidos, así como los casos de Yaser Esam Hamdi y Jose Padilla, ciudadanos estadounidenses recluidos como «combatientes enemigos» en Estados Unidos. Asimismo, Amnesty International ha vuelto a pedir permiso para visitar las instalaciones de Guantánamo. Ya lo había hecho en enero y en abril sin recibir respuesta. «Esperamos que esta vez sí nos respondan y que lo hagan afirmativamente», ha manifestado la organización, recordando que el secretario de Estado, Colin Powell, afirmó en marzo que «el gobierno del presidente Bush, en colaboración con gobiernos, organizaciones intergubernamentales, grupos no gubernamentales y particulares, se esfuerza por hacer que se cumplan las normas internacionales en materia de derechos humanos». Amnesty International ha añadido: «En ese momento, Colin Powell estaba haciendo hincapié en el compromiso de Estados Unidos con la promoción de los derechos humanos en otros países, por lo que ahora este país debe aplicarse los mismos criterios, incluso en relación con todas estas detenciones».
La organización de derechos humanos ha recordado también que, en julio, el Consejo de Relaciones Exteriores recomendó que el gobierno estadounidense prestara «especial atención a las relaciones con las organizaciones no gubernamentales [y] las organizaciones internacionales». Estados Unidos ha hecho caso omiso de los reiterados llamamientos que le ha dirigido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haga determinar ante un tribunal la condición de los detenidos de Guantánamo.
FIN
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AMNESTY INTERNATIONAL
Declaración pública
16 de diciembre de 2002
Contactos/ Información de prensa: Amnesty Argentina, Josefina Salomón, Tel.: (54-11) 4954-5599, jsalomon@..., www.amnesty.org.ar
Campaña Rusia, Lydia Aroyo, Tel. +44 20 7413 5599, laroyo@..., www.amnesty.org/russia
Investigador Rusia, Kim Wiesener, en el teléfono +44 20 7413 5618.
Entrevista a Grigori Pasko <http://emedia.amnesty.org/Paskowife_English.ram>
Kit de información de prensa <http://www.web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/russian_press_kit>
¡LIBERTAD YA PARA GRIGORI PASKO!
Federación Rusa: Amnesty International exige la absolución y libertad inmediata del periodista y ecologista Grigori Pasko
Amnesty International pide que se absuelva y libere de inmediato al periodista y ecologista Grigori Pasko, que está recluido en una colonia penal del lejano oriente ruso cumpliendo una pena de cuatro años de cárcel que le fue impuesta por el delito de traición.
«La condena y reclusión de Grigori Pasko, debidas únicamente a que ha ejercitado el derecho humano fundamental a la libertad de expresión, es otro ejemplo más de la privación de la justicia que afecta a otras víctimas de violaciones de derechos humanos en la Federación Rusa», dice la organización de derechos humanos.
Grigori Pasko, periodista de un diario de la flota rusa del Pacífico, fue detenido por primera vez en 1997 por entregar información presuntamente confidencial a los medios de comunicación japoneses. Varias organizaciones de derechos humanos rusas e internacionales protestaron enérgicamente contra su detención, y en 1999 fue absuelto de todos los cargos de espionaje que se habían formulado en su contra Un tribunal del lejano oriente ruso lo declaró culpable de un cargo menor y lo dejó en libertad de inmediato en virtud de un indulto. Pero, tras interponerse una apelación, en diciembre de 2001 un tribunal militar de la ciudad de Vladivostok le impuso una pena de cuatro años de prisión por los delitos de traición y espionaje.
Amnesty International adoptó a Grigori Pasko como preso de conciencia desde el principio, ya que considera que lo han encarcelado únicamente por expresar sus convicciones pacíficas. El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, los miembros de la organización en 140 países emprenderán acciones para pedir la libertad inmediata y sin condiciones del periodista.
«La presión internacional fue decisiva durante el primer juicio celebrado contra Grigori Pasko. Los renovados esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos podrían conseguir ahora su libertad. Estoy seguro de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ocupará de su caso y de que su decisión supondrá una condena del sistema de justicia ruso», afirma el activista de derechos humanos ruso Aleksei Simonov.
«La información difundida por Grigori Pasko no representaba una amenaza para la seguridad nacional de la Federación Rusa y, para empezar, Pasko no debería haber sido encarcelado. Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales, la Federación Rusa debe cumplir con sus obligaciones y proteger los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si devuelve la libertad sin demora a Grigori Pasko, el gobierno ruso demostrará un claro compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos fundamentales de todas las personas», señala Amnesty International.
INFORMACIÓN GENERAL
En 1993, Grigori Pasko filmó una película que mostraba cómo un buque cisterna de la marina rusa vertía municiones y desechos radiactivos en el mar de Japón. Tanto en esta película como en una serie de artículos que escribió, el periodista mostraba la amenaza para el medio ambiente que planteaban los barcos en estado de desintegración de la flota rusa del Pacífico, entre ellos submarinos nucleares. También informó sobre la corrupción existente en el seno de la flota y entregó a periodistas japoneses información de carácter público sobre estos asuntos.
El procesamiento de Grigori Pasko parece haber tenido la finalidad de tomar represalias políticas contra el periodista por haber sacado a la luz la corrupción existente en el seno de la flota rusa del Pacífico y la práctica de arrojar desechos nucleares al mar. Amnesty International cree que este caso constituye una patente violación de las normas nacionales e internacionales que protegen la libertad de expresión, libertad que el Estado ruso tiene la obligación de proteger.
El equipo defensor de Grigori Pasko ha pedido al Presidium del Tribunal Supremo de la Federación Rusa que anule la sentencia y ordene la libertad inmediata del periodista.
FIN
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Estimad@s Amig@s:

Les envío una invitación para el miércoles 18 de diciembre. Es un panel sobre "Migraciones e Integración" que organiza la Juventud Latinoamericana por la Democracia -JULAD-, organización que integro como Responsable de Cooperación Internacional. Luego del Panel , realizaremos el brindis de fin de año al que tod@s están invitad@s.

Saludos,

Damián Profeta

La Juventud Latinoamericana por la Democracia -JuLaD- y la Confederación Latinoamericana de Comunidades y Colectividades -CLACC- invitan a Ud. al Panel “Las Migraciones y la Integración”, que tendrá lugar el día miércoles 18 de diciembre de 2002, de 16:30 hs. a 19:00 hs. en el Salón Auditorio del Edificio Anexo del H. Senado de la Nación, sito en Hipólito Irigoyen 1708, 5to. Piso.

 Al término del Panel tendrá lugar el Brindis de Fin de Año de JuLaD y CLACC.

 Cordialmente

Jorge Píccoli (h)Presidente
JULAD

  Las Migraciones y la Integración

Programa

 16:30 hs. Acreditaciones

 17:00 hs. Bienvenida a cargo de la Sra. Hilda Umeres, Directora del Parlatino y Apertura a cargo de los Sres. Jorge Píccoli, Presidente de JuLaD y Gabriel Juricich, Presidente de CLACC.

 17:10 hs. Disertación sobre “Acuerdo de Residencia para Nacionales de los Estados parte del Mercosur”, a cargo de la Sra. María Lenz, Directora de la Dirección Nacional de Investigaciones Políticas y Desarrollo Demográfico, dependiente de la Subs. del Interior, del Ministerio del Interior.

 17:35 hs. Disertación sobre “Documento Único Mercosur-Pacto Andino, hacia la unificación de Latinoamérica” a cargo del Sr. José Manuel Martínez CLACC.

 18:00 hs. Disertación sobre “La Informática y el Acceso a la Información en Latinoamérica” a cargo de los Sres. Enzo Mejía y Michael Shwartz CLACC- John Hopkins Universty, EE.UU.

 Con el Auspicio del Parlamento Latinoamericano y la Dirección Nacional de Investigaciones Políticas y Desarrollo Demográfico -Ministerio del Interior-