Otro regalo colateral...
Daños Colaterales nos invita a jugar !!!
Un divertimento para los que están enojados con el títere Bush,
ahora podes verlo caer y estrolarse, o simplemente revolearlo con ganas!
Entrá en:
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y sacate la bronca!

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Pronto a cumplir los 1000 !
y 9 años liberando palabras...
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

[P/Lx@] Dossier: Libertad de prensa y Medios en América Latina

Lo que por estos dias es condenado casi
sistemáticamente y de manera acrítica por decenas
de "periodistas" que revistan en las filas de las
grandes cadenas privadas de comunicación de
Latinoamérica, mercenarios del discurso del poder
ecónomico que arrasó en los 90, es un hito en la
lucha por la recuperación de los medios de
informacion, que en el caso argentino, fue el
primer gran paso de las privatizaciones de
empresas públicas que, entre otras calamidades,
sirvieron para instalar el discurso único
neoliberal y una opinión pública resignada a
observar y obedecer la entrega de la soberanía y
los bienes del Estado y el Pueblo.
El fin de la concesión del contrato a la golpista
Radio Caracas TV (con 50 años en poder de una
gran red de comunicación en el país de Bolívar)
representa un paso más en el proyecto de
recuperación de los medios necesarios para
garantizar el derecho a la informacion, la
democratización del pueblo y un nuevo orden
político social más justo y solidario.
Argentina deberá seguir este camino que
tímidamente esboza en algunos esfuerzos desde los
alicaídos medios del estado, pero paradógicamente
posterga la decisión política de cambiar las
leyes de radiodifusión vigentes, creadas por la
dictadura, y además, en un gesto de debilidad
frente a los emporios privados de la
comunicación, en el 2005 prorrogó a éstos las
concesiones de los contratos de la privatización
menemista por 10 años más. El "cuarto poder" debe
estar al servicio de los intereses populares y en
defensa de la libertad de prensa, no de los de
empresa e intereses de grandes capitales. Suenan
patéticos sus discursos en defensa de la
"libertad de expresión", cuando hacen causa común
con los golpistas venezolanos o viven
acomodándose a los poderes de turno y los beneficios del Estado.
P/L@

Como lo hiciéramos en nuestro número [P/Lx@956],
recomendamos ver "LA REVOLUCIÓN NO SERÁ
TELEVISADA" documental realizado por las
periodistas irlandesas Kim Bartley y Donnacha
0'Briain en ocasión del golpe del 2002 al
gobierno venezolano democráticamente elegido, que
narra estos sucesos con impecable calidad. RCTV
aparece allí como la responsable directa de la asonada golpista y mediática.
Puede verse por internet en la siguiente dirección:
http://video.google.es/videoplay?docid=-7909142222855052928&hl=es
o en su enlace alternativo:
http://www.dailymotion.com/video/xuwia_la-revolucion-no-sera-televisada
Duración: 1 hora, 15 minutos.

***

Venezuela
Celebran el nacimiento de la Televisión de
Venezuela Social (TVes) de servicio público
28/05/2007

Con el Himno Nacional de Venezuela, la multitud
congregada en la Sala Ríos Reyna del Teatro
Teresa Carreño, en el centro de Caracas, celebró
el nacimiento de la Televisión de Venezuela Social (TVes) de servicio público.
TVes entró al aire a las 00:00 de la madrugada de
este lunes, en la frecuencia del canal 2 VHF del
espectro radioeléctrico venezolano, que sustituye
Radio Caracas Televisión (RCTV), cuya concesión
venció el domingo por la noche y el Gobierno de Chávez rechazó su renovación.
Se espera una gala musical en esta sala para el
inicio oficial de la programación.
TVes es la primera emisora de servicio público de
Venezuela, y es presidida por la periodista Lil
Rodríguez, acompañada en la directiva por un
equipo multidisciplinario en el que destaca un
representante de los usuarios y otro de los
productores nacionales independientes.
Luego del concierto, que durará 90 minutos, se
trasmitirá la película Bolívar Eterno, dirigida
por Efterpi Charalambidis, y producida por la Villa del Cine.
A la hora del nacimiento de la nueva televisora,
se escuchaban el sirenazo de protestas, alarmas
de carros en defensa de RCTV y fuegos
artificiales para celebrar TVes en diferentes partes de Caracas.

***

Día Latinoamericano de la Democracia Mediática

¡Adiós RCTV golpista!
Por Víctor Ego Ducrot | Desde Buenos Aires

El 27 de mayo de 2007 los sudamericanos
comenzamos a recuperar la soberanía popular sobre
los medios de comunicación privados que
confiscaron nuestro derecho a la información.

Sin lugar a dudas, el 27 de mayo debería ser
considerado como el Día Latinoamericano la
Democracia y la Soberanía Mediática, pues este
lunes cesaron las transmisiones de RCTV, emblema
de las corporaciones que desde hace décadas
vienen privando a los ciudadanos del derecho a
informar y a estar informados. En cumplimiento de
la Constitución Nacional y de la doctrina de
Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la
información como parte del cuerpo universal de
Derechos Humanos, el gobierno de Venezuela
decidió no renovarle la concesión al canal
privado de televisión RCTV, varias veces
sancionado por incumplimiento de la ley y sostén
del golpe de Estado de abril del 2002.
La concesión venció justamente el pasado domingo
27 y a partir de las cero horas del 28 los
venezolanos contarán con una nueva señal ­ Teves
- gestionada por el Estado, con amplia
participación de organizaciones sociales y de
creadores y productores independientes en la gestión del medio.
Directivos de RCTV y representantes empresarios y
políticos de la derecha recalcitrante, con el a
veces no tan silencioso apoyo de la embajada de
Estados Unidos en Caracas, habían lanzado una
campaña nacional e internacional contra la
decisión legal y legítima del gobierno de Hugo
Chávez, aunque sin éxito alguno.
La Unión Europea (UE) y la Organización de
Estados Americanos (OEA) ­más allá de las reales
intenciones de esas entidades ­ debieron admitir
que la decisión oficial venezolana se ajusta
tanto al derecho local como a las normas internacionales sobre la cuestión.
El marco legal de la televisión privada
venezolana está dado por el sistema de
concesiones. En 1987 ­ Chávez no gobernaba -, el
decreto 1577 estableció que todas las concesiones
otorgadas antes de esa disposición - la de RCTV
se encontraba en esa categoría y venció
justamente el 27 de este mes - serían válidas
durante 20 años, sin obligación alguna de extensión o renovación.
La decisión gubernamental no hace otra cosa que
cumplir con el artículo 108 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela: “(…) El
Estado garantizará servicios públicos de radio,
televisión y redes de bibliotecas e informática,
con el fin de permitir el acceso universal a la información”.
La no renovación de la licencia a RCTV acata
además la Ley de Responsabilidad Social en Radio
y Televisión y el Plan Nacional de
Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales de 2007.
Además se somete a todas las recomendaciones
formuladas por la ONU sobre el derecho a la
información como parte integrante del cuerpo
universal de Derechos Humanos y lleva a la
práctica algunos de los principios consagrados
por aquella organización multinacional, como el
de ruptura del monopolio Medio ­ Mensajes;
pluralidad, abierta y democrática; participación
popular y los medios dirigidos a ciudadanos y no a consumidores.
Según estadísticas, incluso aceptadas por la más
reaccionaria de las entidades patronales
mediáticas de la región ­ la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP)-, legendaria
sostenedora de dictaduras militares y poderes
monopólicos, el 80 por ciento del mercado
publicitario de Venezuela está en manos de los
medios privados y el 70 por ciento de esos
negocios pertenece a un puñado de grupos corporativos.

El libro “Periodistas y Magnates” de los
investigadores argentinos Guillermo Mastrini y
Martín Becerra (Prometeo, Buenos Aires, 2006)
­uno de los mejores estudios realizados sobre el
tema ­ sostiene que “los bajos niveles de acceso
en América Latina se complementan con una
estructura del sector altamente concentrada, en
la cual las cuatro primeras firmas de cada
mercado dominan (promedio regional) más del 70
por ciento de la facturación y de la audiencia” de los medios de comunicación.
Ese libro sintetiza los resultados de la primera
investigación sobre la estructura y sobre los
indicadores de concentración de las industrias
culturales y las telecomunicaciones en Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

La semana pasada, en Caracas y Cochabamba
(Bolivia), respectivamente, tuvieron lugar las
Jornadas Internacionales sobre el Derecho
Ciudadano a Informar y estar Informado y el V
Encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.
En ambas citas, decenas de escritores, cineastas,
periodistas e investigadores analizaron el rol de
los medios de comunicación como agentes sociales
y políticos, especialmente en América Latina, y
pronunciaron su decidido apoyo a la decisión del
gobierno de Venezuela de no renovarle la licencia
al canal RCTV y alertaron sobre las maniobras
desinformativas que las grandes corporaciones que
controlan los medios privados están desplegando
en toda la región, en particular contra los
gobiernos democráticos de Evo Morales en Bolivia
y de Rafael Correa en Ecuador.

Al participar en ambos eventos en calidad de
director de APM, quien esto escribe sostuvo que,
“así como nadie en su sano juicio aceptaría que
los alimentos de su hogar fuesen propiedad
discrecional de un grupo de cinco familias
poderosas, nadie debería aceptar que los medios
de comunicación estén en manos de esas cinco
familias, como sucede en América Latina, porque
tanto la alimentación y la información son
derechos humanos inalienables de los ciudadanos y de los pueblos”.

“La decisión del presidente Chávez, de no
renovarle la concesión a RCTV, no significó otra
cosa que el cumplimiento de una obligación que
tienen los gobiernos, acatar el mandato de las
Constituciones, e implicó un acto de gran coraje
político respaldado en el mismo coraje que tienen
las mayorías del pueblo venezolano, comprometidas
con un proceso revolucionario con amplias bases
democráticas. Esa determinación soberana, legal y
legítima implica una saludable ampliación del
derecho a la libertad de expresión real”, afirmó
en Caracas y en Cochabamba el autor de esta nota.
La campaña lanzada en su defensa por los
propietarios y directivos de RCTV ­ que incluso
organizaron movilizaciones callejeras de sectores
sociales recalcitrantemente opositores al
gobierno de Chávez ­ se basó en un cuerpo de
sistemáticas mentiras, según revelaron
trabajadores y ex altos ejecutivos de ese canal privado.

Un testimonio por demás revelador en ese sentido
fue el de Andrés Izarra, quien fuera director de
producción de RCTV cuando las jornadas golpistas de abril del 2002.
“Recibimos la orden de silenciar los micrófonos y
cerrar las pantallas del canal a todo lo que no
fuese apoyo a las los elementos golpistas”, dijo
Izarra, quien se negó a cumplir las instrucciones
e inmediatamente presentó su renuncia.
Izarra es actualmente el presidente de la cadena
Telesur, primera señal latinoamericana con clara
línea editorial democrática, antihegemónica y
propulsora de un programa de integración regional
de corte pluralista y no dependiente de las
estrategias de las corporaciones transnacionales.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia
de Venezuela confirmó la legalidad y la
legitimidad de la decisión gubernamental y en
distintos puntos del país tuvieron lugar
multitudinarias marchas populares de apoyo a la
medida adoptada por Chávez, sin que, por
supuesto, ninguna de las televisoras privadas que
monopolizan las pantallas de ese país ­entre
ellas la poderosa Globovisión ­ le dedicaran un
segundo de cobertura a esos eventos.
El diario caraqueño “Vea” reveló el jueves último
documentos desclasificados del Departamento de
Estado de Estados Unidos según los cuales un
grupo de destacados periodistas de RCTV y
Globovisión recibieron pagos por parte del gobierno estadounidense.
Esos pagos, que van de los 6.000 a los 12.000
dólares fueron efectuados en 2004 y 2005 a Miguel
Angel Rodríguez, Aymara Lorenzo, Ana Karina,
Pedro Luís Flores y Roger Santodomingo, todos
conductores de programas y periodistas con
enconados discursos antigubernamentales y en
muchas ocasiones de corte golpista.
Como cierre de esta crónica, la Agencia APM
propone que el 27 de mayo pase a ser el Día
Latinoamericano de la Democracia y la Soberanía
Mediática, pues la determinación de las
autoridades venezolanas debería inspirar a otros
gobiernos de la región a seguir pasos similares.
Todos; los gobiernos, la sociedad y los
ciudadanos no debemos permitir que “cinco”
familias oligopólicas nos confisquen nuestro
derecho a informar y estar informados.

***

Las falsas banderas de Amnistía Internacional
Por Miguel Angel Ferrer (DIARIO RUMBO)
28/05/2007

Todo el mundo sabe que la organización llamada
Reporteros sin Fronteras es una institución al
servicio de la política intervencionista y
agresiva del gobierno de Estados Unidos. Que se
trata de un organismo mercenario con banderas
falsas de independencia, imparcialidad, y
honestidad, cuyo propósito es la satanización
internacional de naciones y gobiernos insumisos a
los designios del imperialismo yanqui.
Por eso no es de llamar la atención que
Reporteros sin Fronteras haya emprendido una
campaña internacional de ataques y calumnias
contra el gobierno de Venezuela por la
determinación de éste de no renovar la concesión
de que disfrutó por 53 años la empresa privada
Radio Caracas Televisión (RCTV) para explotar
comercialmente una frecuencia del espacio
radioeléctrico venezolano, concesión que llegó a
su fin ayer domingo 27 de mayo a las 24 horas.
Consecuente con su carácter derechista y su
financiamiento por cuenta de Estados Unidos,
Reporteros sin Fronteras es uno de los arietes de
Washington contra el proceso revolucionario
venezolano, en general, y contra la decisión del
gobierno chavista con respecto a RCTV.
Pero si en el caso de Reporteros sin Fronteras a
nadie puede extrañar su vocación
contrarrevolucionaria y antichavista, tampoco
debería extrañar la presencia de ese mismo
carácter en otra organización al servicio de la
política recolonizadora y de rapiña de Estados
Unidos, cual es Amnistía Internacional.
En efecto: Amnistía Internacional es también una
agencia mercenaria al servicio de la política
colonialista de Estados Unidos, como se puede
constatar al conocer la postura que ha tomado esa
organización en el diferendo entre el gobierno venezolano y RCTV.
Amnistía ha tomado partido por RCTV, sabiendo que
esa empresa formó parte del comité organizador
del golpe de Estado de abril de 2001 contra el
gobierno legítimo de Hugo Chávez. Y, asimismo,
Amnistía sabe que los dirigentes de ese golpe de
mano estuvieron a punto de asesinar al Presidente
de la República, el que salvó la vida gracias a
un conjunto de circunstancias afortunadas. Como
sabe Amnistía igualmente que el éxito de ese
fallido golpe de Estado habría conducido a un
baño de sangre semejante al que produjo el
levantamiento militar de Augusto Pinochet en
Chile hace treinta y cuatro años, baño de sangre
del que habría sido responsable directa y gozosa RCTV.
Del mismo modo, Amnistía sabe que RCTV es una
empresa que diariamente y durante los últimos 53
años ha atentado impunemente contra el
inalienable derecho del pueblo venezolano a estar
verazmente informado. Y sabe Amnistía igualmente
que RCTV es una empresa especializada en tareas
de desinformación y envilecimiento de los
venezolanos. Como sabe asimismo que las leyes
venezolanas amparan sobradamente la decisión del
gobierno de Venezuela para no renovar la finalizada concesión a RCTV.
La plena coincidencia política de Amnistía
Internacional con entidades tan reaccionarias,
antipopulares, oligárquicas, intervencionistas y
pro capitalistas como Reporteros sin Fronteras,
el Congreso de Estados Unidos, los representantes
más derechistas del Parlamento Europeo y la
desinformadora y manipuladora CNN, puede ser,
para quienes no conocen la verdadera faz de esa
hipócrita agencia colonialista, un primer e
importante indicio acerca de cuáles son los
mezquinos intereses a los que verdaderamente
sirve Amnistía Internacional con sus falsas
banderas de independencia, humanismo, imparcialidad y honestidad.

***

Prensa: Dos encuentros internacionales, en
Caracas y Cochabamba, y el fin de una concesión televisiva en Venezuela

Comienza la insurrección contra la dictadura de los medios de comunicación
por Pascual Serrano
Director de Rebelion.org
25-05-2007

Dos interesantes eventos acabo de compartir
relacionados con la información y los medios de
comunicación. Se han desarrollado
consecutivamente en Caracas y en la bella ciudad
boliviana de Cochabamba. El primero de ellos fue
organizado los días 18, 19 y 20 por el canal de
televisión Telesur bajo el título “El derecho a
informar y estar informado. Un debate sobre la
propiedad de los medios de comunicación”.

Dos interesantes eventos acabo de compartir
relacionados con la información y los medios de
comunicación. Se han desarrollado
consecutivamente en Caracas y en la bella ciudad
boliviana de Cochabamba. El primero de ellos fue
organizado los días 18, 19 y 20 por el canal de
televisión Telesur bajo el título “El derecho a
informar y estar informado. Un debate sobre la
propiedad de los medios de comunicación”.

Durante tres días medio centenar de periodistas,
responsables de medios de comunicación o
académicos aprovecharon el debate social que se
está desarrollando en Venezuela ante la decisión
del gobierno de no renovar la concesión de la
licencia de emisión a una televisión privada,
para ir más allá y analizar cuál debe ser el
papel de los estados, cómo están manejando la
información la mayoría de medios de comunicación
y cómo puede desarrollarse la participación
ciudadana y la propiedad social de estos medios.
En Cochabamba, también durante dos días, el 23 y
el 24 de mayo, se celebraba el V Encuentro
Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de
la Humanidad bajo la temática “En defensa de la
verdad y contra la manipulación mediática”.

La sensación que se respiraba en el ambiente de
ambos encuentros era similar: una ciudadanía y un
relevante colectivo intelectual y social
indignado con un modelo comunicacional controlado
por un élite económica. La percepción era la de
que, apropiándose para su provecho de los nobles
conceptos de la libertad de prensa y libertad de
expresión, los habían cercenado para convertirlos
sólo en su exclusiva potestad por controlar quién
puede acceder y quién no a los medios para poder
difundir su mensaje, y qué se puede difundir y
qué no. Para millones de personas esos derechos
no significan nada porque nunca van a poder
utilizar esos medios de comunicación para hacer
llegar sus informaciones y pensamiento a sus
iguales, ni nadie les va a garantizar que el
contenido que esos medios les envíe será veraz y
garantizará su derecho ciudadano a estar
informado. Como se dijo en una de esas jornadas,
estamos ante “un sordo hablándole a millones de mudos”.

Pero el asunto todavía era más grave. Cuando
algún Estado pretendía aplicar medidas que
garantizasen el uso público de elementos
relacionados con los medios -como el espacio
radioeléctrico o la difusión de mensajes de
contenido social- o intentaba aplicar medidas
sancionadoras para quiénes mintiesen, engañasen,
no informasen o utilizan los medios como mero
método de plataforma política para alcanzar el
poder, aunque fuese mediante la
desestabilización, la violencia y el
derrocamiento de un gobierno, ese Estado era
acusado de atentar contra la libertad de expresión.

Recuerdo en Cochabamba a un periodista ucraniano
contándonos la vergonzosa situación de la prensa
de su país, donde la mitad de los ingresos del
periodista procedían del soborno de empresas. Eso
que resultaba indignante para todos, no era muy
diferente del modelo legal vigente, donde
precisamente el cincuenta por ciento
aproximadamente de los ingresos de los medios
procede de la publicidad de las empresas. El
método es el mismo, condicionar los contenidos
mediante el pago de un dinero que termina siendo
imprescindible para el funcionamiento del medio y
la supervivencia del periodista.

En estos dos encuentros, un clamor gritaba que ya
era hora de que la democratización, la
participación ciudadana y el imperio de la ley
llegasen a los medios de comunicación. En la
situación actual, un ministro apoyado por el voto
de millones de ciudadanos no tiene garantizado el
acceso a los medios de comunicación, una
multitudinaria manifestación popular puede ser
silenciada si no es del gusto de los propietarios
del medio y cualquier intento de pedirles
explicaciones y compromisos con el derecho
ciudadano a recibir información veraz es
respondido con la acusación de intervencionismo
estatal y agresión a la libertad de expresión.

Como no podía ser de otro modo, mientras decenas
de medios alternativos y comunitarios recogían
los comentarios, opiniones y propuestas de los
participantes de Caracas y Cochabamba, los medios
masivos reservaban los lugares más nobles de sus
páginas de opinión para criticar los análisis que
salían a la luz en estas dos jornadas: “se
promueven encuentros y seminarios, en alguna
medida promovidos por Venezuela y Cuba, en los
que se cuestiona la labor de los medios y la
necesidad de ajustarlos que les restrinja el
campo de la crítica los gobiernos”, afirmaba al
final de su editorial el periódico Los Tiempos de Bolivia.

Es evidente que los bandos de esta confrontación
que se acerca se van delimitando. Por un lado,
grandes medios, propiedad de poderosas empresas
asociadas en torno a instituciones como la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el
caso de ese continente, asociaciones que se
presentan como defensores de la libertad de
prensa pero financiadas por el gobierno de
Estados Unidos con el objetivo de embestir contra
gobiernos no sumisos como es el caso Reporteros
sin Fronteras, gobiernos cómodos en un modelo
informativo que no deja lugar para ideas que se
replanteen el neoliberalismo o el mercado, acusen
a las políticas de Estados Unidos y la Unión
Europea de intervenciones militares y saqueos en
los países pobres o defiendan y quieran contar
los avances de los procesos populares emergentes en América Latina.

Frente a este eje conservador existen
organizaciones masivas de periodistas
concienciadas en la necesidad de que su profesión
no dependa de decisiones empresariales como la
Federación Latinoamericana de Prensa (FELAP),
proyectos informativos de los que se espera
posiciones alternativas al modelo de información
vigente en las grandes agencias como Al Jazzera o
Telesur, numerosos profesionales de la
comunicación que no dejan de organizarse y
coordinarse para señalar las manipulaciones,
mentiras e intereses a los que sirven los grandes
medios, y gobiernos que están sufriendo y
comprendiendo la necesidad de que la misma
democracia y participación ciudadana que los aupó
al poder y les exige reformas en su país, debe
llegar a los medios de comunicación si no quieren
tenerlos como principal batería de desestabilización política.

Son todos estos últimos los que han dicho basta,
y ya comienzan a levantarse contra la dictadura
mediática vigente, esa que quita la voz de los
críticos al sistema económico imperante, no
permite que las leyes democráticas erosionen los
privilegios de los empresas multinacionales de
comunicación y se arroga el derecho a quitar y poner gobiernos.

Este domingo 27 de mayo, finaliza la concesión a
la televisora privada venezolana RCTV, su señal
pasará ahora a ser pública. El eje neoliberal
está promoviendo una fuerte campaña contra el
gobierno de Hugo Chávez acusándole de atentar
contra la libertad de expresión sólo por defender
el uso público del espacio radioeléctrico y la
competencia del Estado para distribuir las
concesiones, tal y como hacen todos los países.
Es sólo el principio de una dura batalla entre
una dictadura mediática que va perdiendo su poder
y una insurrección ciudadana que, con ayuda de
gobiernos dignos y populares, exige democracia y
participación en la información.


Notas tomadas de Argenpress, Red Voltaire y Rebelión.

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