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[P/Lx@] Documentos:
"La soja recién empieza"
Daños Colaterales


Argentina: lo que la soya se llevó...
Desnutrición y hambre en el país de los alimentos
Por Mariela Zunino * (21-09-07)

Argentina se posiciona como el tercer productor
mundial de soya transgénica después de Brasil y
Estados Unidos. Hoy, de cada 100 argentinos, unos
27 viven bajo la línea de la pobreza. En las
provincias del norte argentino esta cifra
asciende al 40%. Paradójicamente, son estas
provincias norteñas las que en los últimos 10
años percibieron un mayor avance del monocultivo de la soya.

"El reordenamiento de los procesos de producción
y circulación de mercancías y el reacomodo de las
fuerzas productivas, producen un excedente
peculiar: seres humanos que sobran, que no son
necesarios para el "nuevo orden mundial", que no
producen, que no consumen, que no son sujetos de
crédito, en suma, que son desechables..."
Subcomandante Marcos


Introducción

El 6 de Agosto, en Chaco, provincia del norte de
Argentina, Maria del Carmen Moreyra, mujer de la
comunidad indígena toba (qom), moría a los 46
años de edad, en su humilde rancho, casi sin
entender por qué. Quienes estuvieron con ella
días antes cuentan que se la notaba muy mal,
extremadamente cansada y que presentaba
desnutrición y posiblemente anemia. La expresión
en su rostro dejaba ver el dolor en vida de una
mujer toba. Antes de ella, otros 10 indígenas
fallecían por causas de desnutrición y
enfermedades curables. Hasta el día de hoy, y
desde mediados del mes de julio, se dio a conocer
la muerte de por lo menos 14 indígenas en Chaco,
Argentina. Catorce personas que seguramente
pronto pasarán a ser un número olvidado, parte de
la población sobrante para los reinados del
mercado en nuestros países latinoamericanos.
Este artículo intenta describir la situación de
abandono en que se encuentran las comunidades
indígenas de la provincia de Chaco, enmarcándola
en el contexto nacional y haciendo hincapié en
las verdaderas raíces de tal realidad. En los
últimos diez años, en Argentina, se ha venido
profundizando un modelo de agricultura sin
agricultores. Se trata del modelo de la soya, que
a su paso va expulsando a hombres y mujeres de
sus tierras, dejando en su lugar grandes
desiertos verdes. De este modo, se fue
configurando la gran paradoja argentina: a más
producción, más hambre y exclusión.

El etnocidio silencioso

En Argentina, la situación de los pueblos
originarios es crítica. Mientras siglos antes,
durante la conformación del Estado-Nación, se
daba un genocidio étnico abierto y explícito -
como lo fue la Campaña del Desierto en 1878 que
exterminó a más de 3000 indígenas y desplazó a
otros miles a zonas periféricas-, hoy en día se
da un genocidio pero de forma silenciosa.
Mientras en el sur, cientos de comunidades
mapuches son desalojadas por la construcción de
represas, sus tierras y aguas contaminadas por
empresas mineras y petroleras, en el centro y
norte del país, comunidades kolla, wichi y toba
sufren el éxodo rural, el saqueo de sus recursos,
el hambre y la violencia estructural de un
sistema arraigado en los capitales y el mercado
externo, cuya cara más visible hoy es el negocio de la soya transgénica.
Según datos oficiales, en Argentina hay más de
600.000 indígenas y descendientes de indígenas,
aunque para algunas ONG el dato asciende a entre
2 y 3 millones. La mayoría pertenece a las
comunidades kolla, wichi, toba, guaraní y mapuche.
Alrededor de 60 mil indígenas viven en la
provincia de Chaco. En su mayoría son tobas,
wichis y mocovies. Los primeros viven en el monte
sin ser propietarios de las tierras, y muchos
habitan en barrios marginales de las ciudades.
Los wichis también viven en las periferias
urbanas y en tierras marginales y montes
deteriorados. Los mocovies no tienen tierras,
viven en caminos abandonados, en los cordones
marginales de las ciudades o en campos donde son
asalariados. De los indicadores sociales a nivel
provincial, Chaco presenta los más alarmantes: el
67,8 % de la población vive en la pobreza,
mientras que más del 36,3 % está por debajo de la
línea de la indigencia. 28 de cada 100 chaqueños
están desempleados. Los índices de mortalidad
infantil superan el 30 %. Para la población
indígena estas cifras son aun más alarmantes: el
98 % de los indígenas chaqueños vive en la
pobreza y el 92 % se encuentra por debajo de la línea de indigencia.
Es en este contexto que entre mediados de julio y
fines de agosto se conoció la muerte de por lo
menos 14 indígenas, entre ancianos, hombres y
mujeres de mediana edad, y hasta bebes recién
nacidos de madres con déficit nutricional.
Asimismo, en tan sólo una semana se confirmó el
estado de desnutrición severa de otras 92
personas en la zona. Pobreza extrema, hambre,
desnutrición. La situación social en la que están
inmersos deriva en el padecimiento de
enfermedades típicas de la indigencia, como la
tuberculosis y el mal de chagas. Esta última es
transmitida por un insecto llamado vinchuca, que
suele anidar en las humildes viviendas de barro y
ramas donde habitan los pobladores. El mal de
chagas provoca afecciones coronarias, que son una
de las principales causas de muerte en Chaco. Sin
embargo, se ha denunciado que en los últimos 30
años no se han hecho fumigaciones en contra de la
vinchuca, salvo raras excepciones. La inversión
destinada a la prevención y combate de este mal
ha sido exageradamente baja en los últimos años,
a pesar del bajo costo de la desinfección de los
focos donde anidan las vinchucas. Los gobiernos,
desentendidos de la situación, han dejado a las
comunidades totalmente vulnerables al accionar de las vinchucas.
Los pobladores además denuncian la carencia de
una adecuada alimentación, sumado a la falta de
agua potable, ya que la que beben proviene de
charcos y represas y es la misma fuente de la que
beben lo animales de la zona. Todo ello deriva en
condiciones infrahumanas de vida, y convierte a
la expectativa de vida promedio en Chaco en una de las más bajas del país.
Existe un vacio político a nivel provincial y un
retiro y abandono de las políticas publicas hacia
las comunidades y sectores empobrecidos. La
mayoría de los enfermos y desnutridos no reciben
atención medica adecuada y a tiempo. Rolando
Nuñez, del Centro de Estudios e Investigación
Social Nelson Mandela, denuncia el desastre
sanitario: "Toda la red sanitaria es antigua;
data de la década de los 60. El hospital cabecera
Güemes-J.J. Castelli, está en verdadera situación
de desastre hospitalario. Los puestos sanitarios,
diseminados en localidades y parajes, también
están desbordados". Como resultado del colapso de
las instituciones sanitarias, muchos enfermos son
atendidos cuando ya se encuentran en situaciones
físicas extremas. A otros, cuando llegan a los
centros hospitalarios con alguna enfermedad
avanzada, se les da el alta medico rápidamente
para que mueran en sus hogares. Nuñez señala que
en estas poblaciones ha habido una "respuesta
biológica, en el sentido que han desarrollado un
genoma humano que les permite afrontar
situaciones extremas, que pagan con horas de vida
perdidas prematuramente u horas de vida vividas
insatisfactoriamente. Sin embargo, como la
tierra, el monte y los animales, están en severo riesgo de extinguirse."
Sin duda, los planes y campañas de asistencia
sanitaria no están diseñados para que lleguen a
las comunidades indígenas. Además, agrega Nuñez,
"hay una medicina para blancos y otra para
indígenas. Esto se advierte en la forma en que se
los recepciona, asiste y la manera en que se les
otorga el alta hospitalaria o médico. Existe
discriminación tanto en el gobierno como en la sociedad".

Éxodo rural y expulsión

Si miramos más en profundidad podemos hallar las
verdaderas raíces del problema. Cuando los
pueblos originarios eran los únicos ocupantes de
la región, vivían en equilibrio constante con su
hábitat, sabían qué tomar de la naturaleza para
alimentarse y desarrollaban sus actividades en
armonía con el ecosistema y la tierra, porque
ellos se sentían parte de ella. Sin embargo, con
la conformación política del Estado y el avance
de las actividades económicas sobre las
provincias, las comunidades se vieron poco a poco
desplazadas de sus tierras originarias. Así se
dio inicio a un proceso de desplazamiento forzoso
hacia tierras marginales que se continúa hasta nuestros días.

En el caso de la provincia de Chaco, las
comunidades indígenas tuvieron que abandonar su
hábitat original por la presión de la ampliación
de la frontera agrícola y ganadera. La
incorporación de nuevas tierras, sumado al
desmonte y la deforestación, sumado a la venta de
tierras estatales a compañías agrícolas, no dejó
otra alternativa a las comunidades más que
reubicarse en nuevas zonas, generalmente
marginales. Con la diferencia que en los nuevos
asentamientos las condiciones geográficas y
ambientales eran diferentes, obligándolos a una
reestructuración de sus costumbres y pautas
alimenticias. En su hábitat natural, dependían de
los bosques para su alimentación. De allí
obtenían plantas alimenticias y medicinales,
algunos frutos y miel. También podían cazar y
pescar, y practicaban la agricultura en pequeña
escala. Hoy, acorralados en zonas desfavorables,
no tienen otra opción más que convertirse en
asalariados, migrar a los cordones de pobreza de
las ciudades, o simplemente morir de hambre.
Muchos se convirtieron en banquineros: familias
desplazadas que construyeron viviendas precarias
en los márgenes de las rutas provinciales. Como
lo señala Nuñez: "El éxodo se produjo por la
pérdida de tierras y el deterioro del bosque
nativo chaqueño, del cual obtenían alimentos,
medicinas y los restantes elementos necesarios
para su existencia. Amplios sectores de la
comunidad indígena prefirieron trasladarse a los
asentamientos urbanos que existen en torno a la
capital provincial y a las ciudades más importantes del Chaco".
Pero en la ultima década, en Argentina y más
específicamente en Chaco, ha comenzado un proceso
que viene a acentuar estas tendencias hacia los
desalojos y el empobrecimiento de las
comunidades. Se trata de la "soyización" del
país, el avance desmedido de los cultivos de soya
a lo largo y ancho del territorio argentino.
Soya: pan para hoy, hambre para mañana
En otros tiempos Argentina era conocida como "el
granero del mundo", así llamada por su extensa
producción de cereales, trigo y maíz, carnes,
leche, entre otros, con lo cual se alimentaba no
sólo a los argentinos sino a habitantes de varios
países del mundo. Sin embargo hoy, el país no
está pudiendo alimentar ni a su propia población.
¿Qué ha pasado? Sucedió que Argentina pasó a
formar parte de un gran engranaje mundial cuyo
motor es la lógica neoliberal globalizadora y
excluyente, que lo alejó de la sustentabilidad
social y lo encauzó dentro de un modelo útil sólo
para los grandes actores económicos. El poder de
decisión pasó a estar en manos de las grandes
empresas, y desde entonces el pueblo no ha hecho
más que sufrir las consecuencias.
En el año 1976, bajo la última dictadura militar,
se abrió en Argentina el camino de la
desindustrialización nacional y la modernización
agraria. Fue así como comenzó a sembrarse
comercialmente la soya, debido a la gran demanda
internacional y por la necesidad de generar
divisas para sanear la enorme deuda externa
contraída. Luego, los programas de ajuste
estructural de corte neoliberal provocaron un
repliegue del Estado que dejó desamparados a
miles de pequeños productores, al tiempo que
generó el favor gubernamental hacia los grandes
actores económicos. Así fue como, en 1996,
durante el gobierno de Carlos Menem, se aprobó la
siembra comercial de semillas transgénicas.
Empresas como Monsanto y Cargill comenzaron la
producción y comercialización de sus semillas
modificadas genéticamente, en especial la semilla
RoundUp Ready, variedad transgénica propiedad de
la transnacional Monsanto, resistente al
herbicida glifosato, también de Monsanto. En
pocos años, el país se convirtió en un gran
desierto verde: las plantaciones de soya
arrasaron con montes y ecosistemas, dejaron en la
ruina a miles de pequeños productores y
campesinos, y terminaron con la tradicional riqueza y biodiversidad del país.
Hoy en día, los cultivos de soya ocupan cerca del
55% del total del área sembrada, y las ganancias
relacionadas a la soya y sus derivados generan el
30% de las divisas que se generan en el país.
Argentina hoy se posiciona entre los primeros
exportadores de soya a nivel mundial.
Durante la campaña 2006/2007 la producción de
soya batió un nuevo record histórico en el país:
se cosecharon 47,5 millones de toneladas. La
superficie sembrada de soya pasó de 10.664.000
hectáreas en la campaña 2000/01 a 15.200.000 en
2005/06. Y se espera que para el año 2014 la
superficie cultivada llegue a los 22 millones de hectáreas.
Mientras aquellos beneficiados por el boom soyero
festejaban los records de cosecha, se conocían
datos alarmantes en el país. Argentina produce la
mayor tasa de alimentos por habitantes del mundo:
aproximadamente unos 3.500 kilos de alimento por
habitante cada año. Sin embargo, en los 13 años
que van de 1990 a 2003 se conoció la muerte de
cerca de 450.000 personas por causas que tienen
que ver con el hambre. Hoy, de cada 100
argentinos, unos 27 viven bajo la línea de la
pobreza y no pueden cubrir sus necesidades
alimenticias básicas. En las provincias del norte
argentino esta cifra asciende al 40%.
Paradójicamente, son estas provincias norteñas
las que en los últimos 10 años percibieron un
mayor avance de la frontera agrícola del
monocultivo de la soya sobre sus territorios.
Cuando se advirtió que las provincias centrales,
correspondientes a la región pampeana, ya estaban
saturadas de cultivo de la soya, se inició un
proceso de expansión de la frontera agrícola
hacia zonas tradicionalmente no aptas para este
tipo de cultivos, principalmente las provincias
del norte del país, como lo es Chaco. Esta
"pampeanización" consistió en la imposición del
modelo agrícola de exportación característico de
la pampa hacia otras regiones del país. El
resultado: la profunda modificación de los
paisajes rurales regionales en favor del avance
del monocultivo de la soya orientado al mercado externo.
En la provincia de Chaco, la superficie sembrada
de soya creció de 50.000 hectáreas en 1990 a
410.000 en 2000. El área sembrada fue
incrementándose aún más hasta llegar a las
700.000 hectáreas en la última campaña 2006/07. Y
se estima que para 2014/15 el área cultivada de
soya en la provincia será de 1.088.000 hectáreas.

Chaco: los costos sociales de la fiebre de la soya

Con el avance de la soya, en la provincia se fue
perfilando un escenario de exclusión y
concentración. Muchos pequeños productores no
pudieron adaptarse a los requerimientos de los
altos insumos y los paquetes tecnológicos
impuestos por el modelo de la soya transgénica.
Asimismo, este modelo de producción emplea a sólo
una persona cada 500 hectáreas, lo cual se
tradujo en la pérdida de 4 de cada 5 puestos de
trabajo en el campo. "El modelo de producción en
el Chaco, además de ser excluyente por ser un
paquete de agro negocios y no generar trabajo y
mano de obra, generó un PBI (producto bruto
interno) de U$S 650.000.000 que no se transformó
en ingresos para los chaqueños", señala Rolando
Nuñez, del Centro Nelson Mandela.
El tradicional cultivo de algodón, que en 1997
representaba más del 70% de la superficie
cultivada en la provincia, cayó al 9,9% en el año
2001, a expensas del avance de la soya. En los
últimos 10 años, la superficie cultivada con
algodón pasó de 700.000 a 100.000 hectáreas, es
decir que las posibilidades que tenían indígenas
y campesinos de conseguir trabajo como jornaleros mermaron drásticamente.
La pérdida de biodiversidad fue denominador común
en todas las provincias devenidas soyeras. En
Buenos Aires, en los últimos 6 años
desaparecieron 17.000 granjas lecheras, al tiempo
que mermó la producción de maíz y de algunas
variedades de trigo. El cultivo de arroz se
redujo más del 44% y el de girasol un 34%. En
localidades donde antes se sembraban batatas,
papas, lentejas, alcauciles, arvejas, hoy se
siembra sólo soya. Y estos alimentos actualmente deben ser importados.
Por otro lado, la concentración de tierras
alcanza proporciones desmesuradas en Chaco: el 7%
de los propietarios concentra el 70% de las
tierras. A su vez, el 80% de la producción se
encuentra en manos del 20% de los productores. La
venta espuria de tierras estatales en la
provincia ha acelerado este proceso de
concentración. Este tipo de tierras solía ser
propiedad ancestral de los pueblos originarios,
pero hoy son vendidas por el gobierno provincial
a precios irrisorios - desde 6 dólares la
hectárea - a grandes productores nacionales y del
extranjero. De 4 millones de hectáreas en 1995,
las tierras estatales pasaron a ser sólo 660.000
en la actualidad. Mientras la Constitución
Provincial asigna como destinatarios a ocupantes
tradicionales para uso familiar - indígenas y
gente local - la mayoría de las tierras está
siendo regalada a los empresarios soyeros.
La masiva privatización de tierras también
conlleva al cierre de pasos y caminos por donde
campesinos e indígenas solían circular con sus
animales en el traslado hacia pastizales comunes.
Es decir, la invasión privatizadora también acabó
con sus prácticas tradicionales de circulación
entre distintas zonas y a través de caminos vecinales.
Asimismo, la defensa de los intereses del
agrobusiness de la soya genera un cuadro de
violencia sistemática en contra de las
poblaciones rurales e indígenas que se traduce en
desalojos, detenciones, persecuciones y amenazas
a quienes se resisten. La presión para que
abandonen sus tierras se traduce en
hostigamientos que van desde la contaminación
intencional de fuentes de agua hasta el robo o
matanza de animales. El uso intensivo de
agroquímicos y las fumigaciones en cultivos de
soya muchas veces terminan contaminando a
población de zonas aledañas, a sus cultivos, animales y fuentes de agua.
El avance de la frontera agropecuaria de la soya,
además de socavar las bases de la agricultura
campesino-familiar, a su paso va levantando
montes enteros. Quienes celebraron los records en
la cosecha de soya este año también obviaron los
records mundiales que su país bate en
deforestación. Se calcula que la tasa de
deforestación en Argentina es seis veces mayor
que el promedio mundial. En los 4 años que van de
1998 a 2002, la destrucción de montes nativos
aumentó un 42%. Las más de 250.000 hectáreas de
monte talados por año son dedicados
mayoritariamente a la siembra de soya
transgénica. En la actualidad las provincias
argentinas que más sufren del desmonte son Chaco,
Santiago del Estero, Salta y Formosa. En Chaco,
varias organizaciones denuncian que la ley
provincial de Bosques 5.285 sufrió una
modificación, la cual quita todas las trabas
hacia la tala indiscriminada del monte nativo, lo
cual favorece profundamente la desaparición y el
genocidio de los pueblos originarios. El
resultado: tierras devastadas, fronteras que
avanzan corriendo a los pueblos de su hábitat y
acorralándolos donde ya no pueden alimentarse por si mismos.

Voces que se hacen oír en el campo

Frente a la imposición del modelo neoliberal
soyero en el mundo rural, y el consecuente
reacomodo de los territorios y estructuras
agrarias, los campesinos y pueblos originarios
comenzaron a agruparse, como también tomaron
fuerza aquellas agrupaciones ya conformadas con
anterioridad. Su común denominador es la lucha
por la tierra y el territorio. Al ser los
desalojos, los desplazamientos forzosos y
arrinconamientos las principales amenazas a las
comunidades indígenas y campesinas, la cuestión
de la territorialidad y la recuperación de tierras tomaron centralidad.
El MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del
Estero) es claro ejemplo de la lucha contra el
despojo de tierras. Es un movimiento que aglutina
9 mil familias campesinas que trabajan sus
tierras y comercializan sus productos de forma
cooperativa. Defienden sus territorios contra los
sistemáticos desalojos por el avance de la
frontera agrícola. En esta línea también se
encuentran el Movimiento Campesino de Córdoba y
la Unión de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza.
El MOCAFOR (Movimiento Campesino Formoseño)
agrupa a pequeños productores agropecuarios y
obreros rurales desocupados, campesinos e
indígenas, que reivindican la vida campesina y
hacen frente a la devastación provocada por el
avance de la soya y la contaminación con agrotóxicos de sus cultivos.

Mas allá de las situaciones de conflicto en torno
a la tierra, estas organizaciones intentan
recuperar prácticas campesinas desarrollando
experiencias de reproducción social y
construcción de alternativas. Cabe destacar las
experiencias en torno a nuevas formas de
intercambio: las ferias campesinas de la Red Puna
en la norteña provincia de Jujuy, o las ferias
francas del Movimiento Agrario Misionero,
provincia de Misiones, que busca el comercio
directo entre consumidores y productores. También
se dan redes de comercio justo y solidario, donde
se debaten los precios, se establecen las formas
de traslado de los productos y se establecen
criterios comunes de calidad. Vale mencionar
también las ferias de semillas que se dan en
Chaco, Misiones y Buenos Aires, donde los
productores pueden intercambiar libremente
semillas provenientes de regiones diversas. Su
objetivo: el mejoramiento genético de las
semillas entre las mismas familias y la
conservación de la biodiversidad que es pilar de
la agricultura campesina. Otra práctica que ha
cobrado fuerza es la educación de los jóvenes por
parte del MOCASE, a través de la Universidad
Campesina, donde gente de diferentes comunidades
llega para realizar practicas de convivencia y
tomar cursos acerca de formación agropecuaria,
sustentabilidad y recursos naturales.
En Chaco, comunidades indígenas y campesinos se
han agrupado para hacer frente al modelo que los
empobrece y así crear alternativas y planes de
lucha. La Unión de Campesinos Poriajhu - "pobres"
en lengua guaraní- es un movimiento integrado por
200 familias de Chaco, que forman parte de la
CLOC, que a la vez es integrante de la Vía
Campesina. Todos los meses de julio, organizan un
encuentro para reflexionar acerca del futuro de
la agricultura familiar y campesina y proponer
acciones concretas por la Soberanía Alimentaria.
Asimismo, la Organización Unión Campesina,
aglutina comunidades indígenas y campesinos que
fueron expulsados de sus tierras. Su lucha se
centra en la recuperación de sus territorios
perdidos y en una reforma agraria profunda e
integral que no sólo resuelva la problemática del
uso y tenencia de la tierra sino que además apoye
la agricultura familiar y reconozca a la tierra
como un bien social. Existe también en la
provincia el Movimiento de Trabajadores
Desocupados 17 de Julio, el cual lleva adelante
luchas de acción directa, como la toma de
dependencias estatales de las que se espera
respuesta a sus reclamos, y la ocupación de
tierras improductivas. A su vez el MTD desarrolla
emprendimientos productivos como criaderos de
cerdo y otros animales de granja.
Frente a la situación de desastre humanitaria que
se vive en Chaco, los primeros días de agosto de
este año, cientos de delegados de las comunidades
indígenas llegaron marchando a Resistencia, la
capital provincial, para exigir la renuncia del
Ministro de Salud chaqueño, Ricardo Mayol, a
quien responsabilizaron por la situación de
abandono total y el colapso sanitario y
alimentario en que se encuentran las comunidades
indígenas al interior de la provincia. Un año
antes, comunidades tobas habían acampado frente a
la sede municipal denunciando que el gobierno
local no distribuía los alimentos y la ayuda
alimentaria proveniente del gobierno nacional
para asistir a familias afectadas por fuertes
inundaciones. Al no recibir respuesta, se sumaron
a la protesta wichis y mocovies.
Fueron cortadas rutas provinciales y se realizo
una huelga de hambre por 33 días, para protestar
contra la venta irregular de tierras estatales, y
el modelo que reproduce pobreza extrema y
discriminación para las comunidades indígenas. En
agosto fueron firmados acuerdos con el gobierno,
que se comprometió a entregar tierras con
escrituras, con lo cual se puso fin a la
movilización. Pero las promesas no fueron
cumplidas y a finales de 2006 se suspendió el
dialogo entre los indígenas y el gobierno. Frente
a la indiferencia gubernamental y el avance de
los procesos económicos, las comunidades han
optado por organizarse con un doble objetivo:
hacer frente al avasallamiento que el actual
modelo de producción representa para sus derechos
y formas de vida, y construir alternativas que
dignifiquen su ser y permitan la recuperación de
prácticas y saberes ancestrales.

A modo de conclusión...

El actual modelo soyero imperante en Argentina ha
arrebatado a la población, y sobretodo a las
comunidades indígenas, su soberanía alimentaria,
sus tierras y montes. Los territorios donde
vivieron por generaciones y eran fuente de vida,
han sido saqueados e invadidos y hoy, cercos y
alambres impiden su paso. Los montes y bosques
han sido arrasados por topadoras, y aquellos que
no, sufren un continuo deterioro de los suelos
por los métodos de siembra directa e intensiva,
más la contaminación de tierras y aguas por parte
de los agrotóxicos incluidos en los paquetes
tecnológicos. Además, el desequilibrio ambiental
que ha provocado el monocultivo de la soya es
responsable de que la provincia pase
frecuentemente de grandes inundaciones a sequías extremas.
Un sistema que genera cada vez más producción
para el mercado externo y menos comida para la
población no puede provocar más que el hambre
generalizada y la desnutrición de generaciones
enteras. Una población con déficit nutricional,
aparte de padecer de sus derechos más elementales
insatisfechos, al no poder pensar más que en su
subsistencia inmediata, pierde su potencialidad
plena para crear alternativas diferentes al
modelo. Así, queda atrapada en la dependencia extrema.
La muerte de indígenas en Chaco parece responder
en un primer momento a la indiferencia
gubernamental, al colapso de las instituciones y
las prácticas de corrupción y discriminación
instaladas en el gobierno. Pero sus raíces están
ancladas en un modelo de fondo, aquel que busca
porfiadamente las ganancias para unos pocos y
deja a su paso hambre, pobreza extrema y desarraigo.
El modelo de la soya no da cabida a ninguna
concepción de mercado interno, por el contrario,
representa un avasallamiento de cualquier forma
de organización digna y auto-sustentable. El
monocultivo de la soya no hace más que promover
la dictadura de las multinacionales.
De este modo se va minando las bases de la
agricultura campesino-familiar, de raíces
ancestrales, diversa y auto-sustentable. Valiosos
saberes y técnicas tradicionales van quedando en
el olvido. El repliegue de las economías
regionales y la expulsión de comunidades
indígenas y campesinas de sus tierras va dejando
espacios de pauperización, erosión ambiental y
vaciamiento cultural. Todo ello frente al
silencio negador de una sociedad que no da cuenta
de la aniquilación de los derechos más elementales.

www.ecoportal.net
* Mariela Zunino. Nacida en Río Negro, Argentina,
estudió Ciencia Política en la Universidad de
Buenos Aires. Actualmente es cooperante de
CIEPAC. Boletín CIEPAC num. 544 - , San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas, México. http://www.ciepac.org

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