[P/L@] Elecciones 2003: Votando al enemigo

La participación de tres candidatos peronistas y tres radicales en los
comicios del próximo domingo pone en duda la alegada crisis del
bipartidismo. Las trece fórmulas restantes sumadas no pasarían del 5 por
ciento. Ni siquiera es descartable que en mayo próximo la elección
definitiva vuelva a dirimirse entre un peronista y un radical. ¿El 19 y 20
de diciembre fue una gesta popular gloriosa o el punto de quiebre de las
instituciones y de caída al abismo social de más de la mitad de la población?


TRES CANDIDATOS PERONISTAS Y TRES RADICALES
Otra vez sopa
Por Horacio Verbitsky

El próximo domingo, en una fecha elegida en forma arbitraria en función de
conveniencias políticas del momento, se realizarán elecciones generales
para designar nuevos presidente y vice. De este modo se procura aminorar en
algo el quiebre institucional producido hace un año y medio, con la forzada
renuncia del último presidente constitucional y su reemplazo por un senador
al que el Congreso atribuyó las relaciones exteriores y la defensa de la
Confederación. Como José M. Guido en 1963, el jefe interino se declara
satisfecho con su desempeño, pero a diferencia de aquél procura digitar su
sucesión y convertirse en el poder detrás del trono. El encargo era para
completar el período del Poder Ejecutivo en fuga. Pero el gobernante
interino resolvió entregar el poder siete meses antes, con lo cual aun sin
ser un presidente pleno se suma a la lista de mandatarios interruptus. La
novedad es que, esta vez, no pertenece al especializado partido radical.


Tercios

Por algún no explicitado motivo, esos comicios sí se celebrarán de acuerdo
sólo con algunas de las prescripciones electorales del texto reformado en
1994 por la Convención Constituyente de Santa Fe. No aquella que manda
efectuar la elección dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del
mandato del Presidente en ejercicio (artículo 95), pero sí la que prevé
dentro de los treinta días celebrar una segunda vuelta entre las dos
fórmulas más votadas (artículo 96), si ninguna de ellas hubiera obtenido el
45 por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos (artículo 97) o
el 40 por ciento y una diferencia mayor de diez puntos sobre la fórmula que
le sigue (artículo 98). Los partidos políticos, que según la misma
Constitución son instituciones fundamentales del sistema democrático
(artículo 38), se presentarán divididos en tercios al electorado para que
éste ejerza la soberanía popular (artículo 37). Lo más notable es que lo
harán con tres candidatos que provienen del Partido Justicialista, tres de
la Unión Cívica Radical y tres de distintas familias de la izquierda, desde
la socialdemócrata hasta las paleolíticas, que hablan desde la pieza más
húmeda del museo de la historia.


La salud del bipartidismo

Esta composición de la oferta partidaria y las encuestas de sociología
electoral acerca de las intenciones de voto, ponen en cuestión la crisis
del bipartidismo en el sistema representativo. Las tres fórmulas
justicialistas atraerían el próximo domingo a cerca de la mitad del
electorado, las tres radicales a un tercio. Un ciudadano de cada diez aún
no decidió qué hacer en el cuarto oscuro, uno de cada cinco no votará o lo
hará en blanco. El 5 por ciento restante se distribuiría entre las demás
fórmulas, ninguna de las cuales superaría el 2 por ciento de los votos.
Esto sugiere que con toda probabilidad el próximo presidente provendrá de
alguno de los dos partidos que desde 1946 se alternaron en el ejercicio del
poder, con excepción de las periódicas irrupciones castrenses. Pero desde
1983, afortunadamente, el partido militar no presenta candidatos.
Las razones por las cuales peronistas y radicales llegan atomizados a los
comicios son diversas. En el radicalismo se produjeron desprendimientos por
derecha e izquierda, a medida que el gobierno de Fernando de la Rúa se iba
deshaciendo. La escandalosa elección interna con la que el remanente
intentó definir sus candidaturas hizo que sólo un minúsculo grupo
permaneciera hasta hoy dentro de sus registros oficiales. El justicialismo,
en cambio, decidió fragmentar su oferta ante la inquina entre varios de sus
líderes. El control cruzado de las distintas instancias partidarias hizo
que cada uno pudiera vetar las disposiciones del otro, de modo que
acordaron diferir la solución del entredicho hasta el día de la elección
general. Esta irreductibilidad de las posiciones, que no encuentra
explicación en diferencias ideológicas o conceptuales, abre el mayor
interrogante sobre el desarrollo del acto del próximo domingo. El
justicialismo ha demostrado en las últimas décadas una capacidad
inquietante para trasladar al aparato del Estado sus reyertas internas y
para dirimirlas de hecho. El ejemplo más reciente se produjo en Catamarca,
donde una fracción asaltó los locales de votación y luego agredió a una
senadora que pidió sanciones contra los responsables.
El encono que divide a los liderazgos justicialistas y la escasa diferencia
porcentual de las adhesiones que concitan, sumados a la manipulación
constitucional y de los sistemas electorales que cada una de esas
fracciones practica sin hesitaciones cada vez que se lo permiten, puede
conducir a situaciones problemáticas. Cuando algo semejante ocurrió entre
partidos opuestos en los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia
adoptó una decisión dentro de los plazos constitucionales. Los recuentos
posteriores demostraron que el presidente electo por una Corte con mayoría
de jueces designados por presidentes previos del partido vencedor, no era
el que había obtenido mayor número de votos populares ni de electores. Sin
embargo, todas las partes acataron esa decisión. La sensibilidad
democrática de los argentinos no permitiría semejante desenlace y
reclamaría por todos los medios imaginables el recuento de todos los votos,
como ya ocurrió en la provincia de Santa Fe, hace ocho años, cuando el
gobierno nacional intentó ayudar en el recuento de los votos a un candidato
de su simpatía, opuesto al que respaldaba el gobierno provincial. El
gobernador ordenó concentrar todas las urnas en un local vigilado por las
Fuerzas Armadas y controlado por circuito cerrado de televisión. El
escrutinio definitivo duró más de un mes y demostró que el anuncio triunfal
de la primera noche había sido fraudulento. A la luz de estos antecedentes
el plazo de una semana entre la segunda vuelta y la asunción del electo
parece de cumplimiento improbable, lo cual daría lugar a un nuevo emparche
con chicle constitucional.


Pares

Desde que se anunció la convocatoria electoral y hasta diciembre pasado,
los sondeos indicaban que la segunda vuelta enfrentaría, como de costumbre,
a una fórmula justicialista con una radical. Cuando el justicialismo
ramificó sus candidaturas pareció posible que, por primera vez en la
historia, el cuarto oscuro para la segunda vuelta sólo contuviera dos
boletas justicialistas. A pocos días de la primera ronda, una vez más las
preferencias populares parecen inclinarse por un final clásico, con un
peronista y un radical, aunque no sean los mismos que arrancaron en punta
un año atrás.
Por encima del origen partidario, es posible agrupar a los candidatos de
los partidos tradicionales en pares, según sus propuestas y las
consecuencias que la victoria de cada uno de ellos tendría.

Carlos Menem y Ricardo López Murphy. Se presentan como los candidatos de la
ley, la seguridad y el orden. Esta imagen tiene escasa relación con su
desempeño previo en cargos públicos, que no se orientó por esos valores.
Ambos prometen perseverar en la política económica neoliberal a la que no
atribuyen responsabilidad alguna en el deprimente estado de cosas actual.
Frente a la protesta social ni siquiera descartan el empleo de las Fuerzas
Armadas en tareas policiales. En política exterior se alinearían en forma
automática con el gobierno republicano de los Estados Unidos. Menem se
pronunció personalmente en favor de la doctrina del ataque preventivo, que
se concretó en la invasión a un país soberano que no había efectuado actos
previos de agresión, con daños colaterales a su población e infraestructura
civil provocados con armas de destrucción masiva. López Murphy hizo lo
mismo a través de su principal asesor intelectual, el psicoanalista
grafómano Marcos Aguinis. Menem tiene a su favor la idea de que sabría
ejercer el poder y en su contra el alto grado de corrupción que acompañó
sus anteriores gobiernos. Una definición entre Menem y López Murphy
revelaría un marcado giro a la derecha de la sociedad argentina y
preanunciaría días aún más difíciles por venir.
Adolfo Rodríguez Saá y Elisa Carrió. Son los únicos candidatos que han
insistido en la necesidad de rupturas económicas e institucionales
profundas para revertir el curso de desastre que sigue la Argentina desde
1975. Ambos postulan políticas redistributivas del ingreso. El ex
gobernador de San Luis sostiene que es necesaria una revolución con la que
tomaría el poder luego de ganar el gobierno. Incluso ha formulado
invitaciones para integrar un presunto comando revolucionario a
personalidades de biografía e intereses tan diversos como las que
integraron su fugaz paso por el Poder Ejecutivo Nacional en la última
semana de diciembre de 2001. Su hegeliana tolerancia a la contradicción le
permite presentar un programa cuyo primer punto es el respeto por los
derechos humanos y elegir como portaestandarte en la principal provincia
del país al coronel Aldo Rico, que se alzó en armas en solidaridad con
quienes los habían violado durante la dictadura militar. En la Capital,
respalda a varios candidatos de ética dudosa, entre ellos un ex lobbysta de
los laboratorios medicinales que pagó a los legisladores por la sanción de
una ley y un ex ministro menemista que reglamentó el derecho de huelga y
propuso una jornada laboral de diez horas sin pago de horas extras y se
enriqueció litigando contra el Estado. La honestidad de la diputada Carrió
no está en duda, pero su capacidad política sí, a partir de las rupturas
con Alfredo Bravo, Mario Cafiero y J.C. Dante Gullo y la reiteración de un
discurso apocalíptico no respaldado por ningún dispositivo de organización
a la altura de tales desafíos. En febrero la designación de un empresario
conservador como candidato a vicepresidente, en quien la candidata delega
los contactos con hombres de negocios, marcó un punto de inflexión difícil
de revertir.
Néstor Kirchner y Leopoldo Moreau. Apoyados por Eduardo Duhalde y Raúl
Alfonsín, ambos pueden ser descriptos como Menos de lo Mismo. Si la
elección presidencial hubiera coincidido con las de gobernadores y las de
legisladores nacionales, provinciales y municipales, el apoyo del aparato
justicialista bonaerense podría haber hecho una diferencia en favor del
gobernador de Santa Cruz. Pero la manipulación del cronograma electoral
termina jugando en su contra. En el cuarto oscuro no habrá una sábana de
boletas, con los nombres de Felipe Solá, Hilda González de Duhalde o Manuel
Quindimil sino apenas una hojita con los de Kirchner y su coequiper Daniel
Scioli, cuya designación produjo el mismo efecto que la de Gustavo
Gutiérrez en la fórmula del ARI. Si Kirchner se impusiera, cogobernaría con
el aparato bonaerense del duhaldismo aunque la brutal sinceridad del
gobernador Felipe Solá al referirse a la facilidad con que las ricas
provincias petroleras producen candidatos presidenciales despreocupados de
las penurias de la administración, sugiere que las expectativas de triunfo
no van en ascenso. Lo mismo se deduce de la destemplada acusación del
ministro Aníbal Fernández al sociólogo Manuel Mora y Araujo, de falsear los
datos de su última encuesta, según la cual el candidato oficial podría no
llegar a la segunda vuelta.


Los demás

Estas son las restantes fórmulas con algún grado de conocimiento público:
Alfredo Bravo y Rubén Giustiniani, del ahora reunificado Partido
Socialista. Bravo acompañó a Elisa Carrió en su éxodo de la Alianza. Como
no consiguió que su amiga aceptara crear un ámbito de discusión política
prefirió alejarse antes que repetir la experiencia que padeció con Carlos
Alvarez en el Frepaso. Ha resistido todas las presiones de sus propios
compañeros para desistir de su candidatura.
Patricia Walsh y Marcelo Parrilli. Representan la alianza entre el Partido
Comunista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Su líder,
Patricio Echegaray, sostiene que si la Argentina dejara de pagar la deuda
externa Estados Unidos carecería de recursos para tirar misiles y cohetes
en la guerra (ver http://www.nuestrapropuesta.org.ar/10.htm).
Jorge Altamira y Eduardo Salas. El Partido Obrero afirma que "interviene en
las elecciones para desenmascarar su finalidad política" y "preparar a los
trabajadores para acometer con éxito la segunda etapa de la bancarrota
capitalista y de la rebelión popular".
Los sondeos asignan a la suma de estas fórmulas y de las otras once que
competirán el domingo (Ricardo Mussa, peronista; Mario Mazzitelli,
Socialista Auténtico; Guillermo Sulling, Humanista; Manuel Herrera,
democristiano; Carlos Zaffore, desarrollista; Manuel Manusovich, populista;
Juan Carlos Arcagni, neo-meteorologista; Enrique Venturino, José Bonacci y
Gustavo Breide Obeid, ex carapintadas expulsados del Ejército) el 5 por
ciento de los votos. Es ostensible que los vastos movimientos sociales que
se expresaron en los últimos años bajo la consigna “Que se vayan todos” no
se sienten representados por ninguna de estas fuerzas contestatarias.


Con éxitos así

Quienes consideran que la de diciembre de 2001 fue una gloriosa gesta
popular que derrocó a un gobierno corrupto, que la Argentina está en
vísperas de una transformación revolucionaria no sentirán las elecciones
del domingo próximo como un fracaso. Todo lo contrario sucederá con
aquellos que lamentan la quiebra institucional, provocada por el aparato
justicialista bonaerense para hacerse del poder que no había conseguido en
las urnas; deploran el empobrecimiento generalizado que produjo la
devaluación dispuesta en beneficio de los grupos económicos locales que
poseen más de cien mil millones de dólares depositados fuera del país; y
denuncian el regreso de la violencia antipopular, que sólo en aquellas
jornadas trágicas cobró 31 vidas.
El año pasado, cuando Elisa Carrió, Luis Zamora y el Frente Nacional contra
la Pobreza reclamaron la convocatoria a una asamblea constituyente que
dispusiera la caducidad de los mandatos, la remoción de los jueces de la
Corte Suprema de Justicia y el no pago de la deuda externa, los organismos
de derechos humanos decidieron no asistir a la movilización programada. Un
documento de circulación reservada sostuvo que esas "consignas vacías de
contenido" radicalizaban las posiciones e impedirían construir "un amplio
consenso social, capaz de producir transformaciones en el funcionamiento
del sistema democrático". El documento proponía, en cambio, "reunirse en
torno de algunas reivindicaciones imprescindibles para la democracia. El
deterioro de los derechos sociales, en particular la salud y la
alimentación ­consecuencia necesaria del desmantelamiento de la red del
trabajo­, la violencia en el accionar de las fuerzas de seguridad y la
ilegalidad en la reacción estatal frente a las protestas sociales, la
crisis de representación política y la degradada sombra del servicio de
justicia, son temas cruciales que permiten reunir voluntades democráticas y
definiciones indiscutibles". Ninguno de los gravísimos problemas advertidos
entonces ha sido solucionado, ni parecen en vías de serlo.

***

Honestidad

La honestidad de López Murphy fue puesta en duda esta semana por el
candidato a concejal y coordinador de fiscales de su partido Recrear en
Bahía Blanca, Francisco Casas Remorino. En una carta dirigida a López
Murphy, Casas Remorino denunció la designación como candidato a diputado
por la Capital del Vicepresidente de Asuntos Públicos de Repsol, a quien
califica como "encargado de operaciones y negocios sucios". Según Casas
Remorino, el candidato, Hugo Martini, fue "el encargado de coimear uno por
uno a diputados, senadores, gobernadores, intendentes y ministros" y "el
segundo principal pagador privado de coimas a políticos de los noventa". No
dice quién fue el primero. El ex radical agrega que "ni el menemismo o
Barrionuevo se habían animado a poner a sus operadores y lobbystas a la
cabeza de la lista".

***

Marche preso
Por H.V.

La detención de cuatro líderes piqueteros salteños y el desalojo policial
de las fábricas Sasetru y Brukman, que sus trabajadores habían recuperado
luego del abandono por sus propietarios, sugieren que el Senador Eduardo
Duhalde y su candidato patagónico no están dispuestos a que Menem y López
Murphy los corran por derecha. Tanto las detenciones como los desalojos
obedecieron a órdenes judiciales. Duhalde combina el asistencialismo y la
negociación con los distintos grupos piqueteros con dosis variables de
represión, ya sea institucional o paraestatal. En Chubut, Kirchner ordenó a
sus partidarios "correr" a los caceroleros y militantes y funcionarios de
su gobierno los golpearon con palos y cadenas.
El mes pasado la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA difundió
el informe anual aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. El Relator es el jurista argentino Eduardo Bertoni, quien obtuvo
esa posición por concurso. Su informe recuerda que el preámbulo del
"Protocolo de San Salvador" relaciona la vigencia de los derechos
económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos,
como "un todo indisoluble", de modo que no se justifica "la violación de
unos en aras de la realización de otros". También citó un trabajo realizado
por el Banco Mundial en 2000, "La voz de los pobres. ¿Hay alguien que nos
escuche?", según el cual "cuando las instituciones del Estado se
deterioran, los servicios como la educación y la atención de salud se
convierten en privilegios a los que acceden principalmente los que ya
tienen poder y recursos." Agregó que para el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, "la gente no quiere participar pasivamente, limitándose
a emitir el voto en las elecciones, lo que quiere es participar activamente
en las decisiones y los acontecimientos que determinan sus vidas".
Según la Relatoría "es importante revertir el concepto de persona pobre
como objeto a atender transformándolo en sujeto activo de opinión, acción y
toma de decisiones". Por eso el fortalecimiento de las democracias requiere
"de un marco jurídico que proteja los derechos de participación y libre
expresión de todos los sectores de la población". En muchos países del
hemisferio, la protesta y movilización social es "herramienta de petición a
la autoridad pública y también como canal de denuncias públicas sobre
abusos o violaciones a los derechos humanos". La Convención Americana sobre
Derechos Humanos (que en la Argentina tiene rango constitucional) "protege
el derecho de reunión pacífica y sin armas" como un elemento vital "para el
buen funcionamiento del sistema democrático inclusivo de todos los sectores
de la sociedad".
La Relatoría señala que las limitaciones al ejercicio del derecho de
reunión sólo deben dirigirse a "evitar amenazas graves e inminentes. Sería
insuficiente un peligro eventual y genérico, ya que no se podría entender
al derecho de reunión como sinónimo de desorden público para restringirlo
per se". También considera inadmisible la criminalización de las
manifestaciones en la vía pública "cuando se realizan en el marco del
derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión" ya que podría
generar "un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa
de los sectores de la sociedad que no pueden acceder a otros canales de
denuncia o petición como ser la prensa tradicional o el derecho de petición
dentro de los órganos estatales donde el objeto del reclamo se origina. El
amedrentamiento a la expresión a través de la imposición de penas
privativas de la libertad para las personas que utilizan el medio de
expresión antes mencionado, tiene un efecto disuasivo sobre aquellos
sectores de la sociedad que expresan sus puntos de vista o sus críticas a
la gestión de gobierno como forma de incidencia en los procesos de
decisiones y políticas estatales que los afecta directamente".
En el mismo sentido se había pronunciado hace ya 64 años la Corte Suprema
de los Estados Unidos. En el fallo "Hague v. CIO", de 1939, defendió los
derechos de reunión y de expresión con estas palabras: "El uso de las
calles y las plazas por los ciudadanos con fines de reunión, comunicación y
discusión de cuestiones de interés público ha sido desde siempre parte
integrante de sus derechos, privilegios, inmunidades y libertades". Otro
juez de la Corte estadounidense, William Brennan, escribió décadas después
que los métodos convencionales de petición a los funcionarios suelen ser
inaccesibles para aquellos grupos muy amplios de ciudadanos que "no
controlan la televisión o la radio", ni tienen "la capacidad económica para
expresar sus ideas a través de los periódicos", por lo cual no deben
restringirse las formas de manifestación en la vía pública.


Tomado de Página/12. Domingo 20/4/03
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