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[P/L@] Análisis político

Se abre un periodo decisivo
LA OFENSIVA NEOLIBERAL CONTRA EL GOBIERNO KIRCHNER (2)

Mientras el gobierno del presidente argentino Néstor Kirchner entra en un
periodo de definiciones, la ofensiva de la derecha política y de los
sectores económicos vinculados a los gobiernos anteriores se acentúa y
define su perfil. El vicepresidente, Daniel Scioli, se comporta como si
coincidiese más con ellos que con la política del gobierno.

Por Carlos Gabetta
Director de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.


Por lo que ha demostrado hasta ahora, la política del gobierno que preside
Néstor Kirchner (cuyo objetivo declarado es "hacer de Argentina un país
serio"), tiene dos ejes principales: purificar y normalizar las
instituciones de la República y relanzar la economía. Para lo primero
necesita básicamente hacer cumplir las leyes; para lo segundo, renegociar
la deuda externa en condiciones que le permitan invertir excedentes de
presupuesto en la producción, realizar una reforma fiscal y conseguir que
las compañías internacionales radicadas en el país acepten las
regulaciones, controles y tasas de ganancia normales en, justamente, los
países serios.
Se suele acusar al gobierno ­generalmente desde el temor de verlo fracasar-
de "abrir demasiados frentes a la vez", en alusión al descabezamiento de la
cúpula de las fuerzas armadas y a su insistencia en la derogación de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1); al impulso para renovar la
Corte Suprema; a la intervención de la obra social para jubilados (PAMI); a
su dureza en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la
deuda externa; a su decisión de renegociar todos los contratos establecidos
con las compañías transnacionales (61 en total) que adquirieron las
empresas del Estado en la década de los '90…
Conociendo la historia argentina, esas aprensiones están plenamente
justificadas, sobre todo si se considera que Kirchner no representa, ni
muchísimo menos, el talante general de su partido, el Justicialista
(peronista), que lo eligió como su candidato y que debería ser su base
natural de apoyo. El justicialismo es hoy por hoy una mafia política más,
como casi todas las que pululan en Argentina, que no tuvo otro remedio que
elegir a un remoto líder patagónico (Kirchner era gobernador de la
provincia de Santa Cruz) como su oferta ante la ciudadanía para la
presidencia de la República, debido a que a casi todos los demás les cabían
las generales de la ley no escrita que reclamaba la sociedad argentina
desde diciembre de 2001, cuando se movilizó espontáneamente para derrocar
al estólido y reaccionario presidente Fernando de la Rúa: "que se vayan
todos".
Pero esas aprensiones ignoran o dejan de lado lo esencial: que la
corrupción, la ineficiencia, el clientelismo y los malos hábitos son tan
generales y profundos (2), que para transformar al país no hay otro remedio
que enfrentar todos los problemas a la vez, porque están imbricados. Por
ejemplo, sería imposible acabar con la corrupción sin cambiar la
composición actual de la Corte Suprema y luego desplazar a una buena
cantidad de jueces: el Poder Judicial argentino está controlado por una
minoría de jueces íntimamente relacionados, política y económicamente, con
todos los gobiernos que se sucedieron desde 1976 y con las corporaciones
que sacaron provecho de sus políticas económicas y de la corrupción. Vale
la pena citar en este punto a un corresponsal extranjero, en un artículo
que se refiere a la falta de esclarecimiento y la impunidad en que aún
permanecen los autores del atentado a una importante asociación judía
(AMIA), en julio de 1994, en el que murieron 82 personas y decenas
resultaron heridas: "Este no es un problema 'judío'. El caso es simplemente
un gran ejemplo del fracaso de Argentina como Estado. El colapso financiero
de 2002 es consecuencia directa de esto, cuando la corrupción corporativa
no fue controlada por un igualmente corrupto sistema judicial" (3).


En búsqueda de apoyo político

Y es así con casi todos los problemas, en casi todos los niveles. De modo
que Kirchner y su gente no tienen otro camino que seguir apostando al apoyo
de una ciudadanía en estado de alerta desde diciembre de 2001 y a
conformar, con el tiempo, una "masa crítica" de apoyo político propio. En
este sentido, los meses que van de aquí a las elecciones legislativas y de
gobernadores, previstas para el próximo noviembre, son decisivos. En este
periodo habrá varias elecciones en distritos clave, a comenzar ­el domingo
24 de agosto- por el estratégico gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el
tercer presupuesto del país, después del Estado Nacional y la provincia de
Buenos Aires. De la manera en que se renueven las autoridades en
municipalidades, provincias y por último en el Congreso nacional, dependerá
en buena medida el éxito o el fracaso del gobierno Kirchner, cuya intención
de armar una fuerza política "transversal" parece evidente: en Buenos Aires
apoya a Aníbal Ibarra, el actual Jefe de gobierno, a pesar de que su propio
partido apoya a Mauricio Macri, un empresario multimillonario que realizó
pingües negocios con el gobierno de Carlos Menem… y así en la mayor parte
de los distritos electorales.
Es necesario tener en cuenta que, fuera del Poder Ejecutivo nacional, en
todo el país las autoridades siguen siendo las mismas que fueron
masivamente repudiadas por la población en diciembre de 2001. Si la Cámara
de Diputados de la Nación votó hace una semana por la derogación de las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida fue porque la mayoría de esos
diputados no tiene otro remedio que "sintonizar" con la política del Poder
Ejecutivo, dado el desprestigio en que han caído. Pero se trata, con las
honrosas excepciones de rigor, de los mismos desvergonzados que sirvieron a
Carlos Menem y que ignoraron durante largo tiempo los pronunciamientos
jurídicos sobre la inconstitucionalidad de esas mismas leyes. Si la
composición del Congreso y demás autoridades no cambia favorablemente para
Kirchner, esa misma gente se volverá en su contra en cuanto detecte que el
gobierno comienza a perder la confianza de la población o que ésta se
desmoviliza.
Es en este delicado contexto que deben analizarse las actitudes del
vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, y las fricciones que éstas han
provocado dentro del equipo de gobierno. En el caótico contexto de la
"interna" del Partido Justicialista antes de las elecciones presidenciales
(no se realizó un Congreso por falta de acuerdo entre las diferentes mafias
internas y, en última instancia, ante el temor de un enfrentamiento armado,
como ha ocurrido otras veces en el peronismo), Scioli fue una suerte de
concesión de Kirchner a su partido, al que en ese momento necesitaba mucho
más que ahora. Deportista de renombre internacional metido a político por
esas cosas de la política mediática moderna, que hace del músculo y la fama
atributos que antes se concedían a la inteligencia, la formación, la
honestidad y el trabajo, Scioli era el más "neutro" de los personajes que
el partido estaba en condiciones de ofrecer: aunque había tenido estrechas
relaciones con el menemismo, al menos no ostentaba el frondoso prontuario
político (cuando no judicial) de la mayoría de sus correligionarios.
En cualquier caso, Argentina tiene ahora, en pleno proceso de renovación
kirchnerista, a un joven representante de la de la vieja politica instalado
en el segundo cargo más importante del país. Como Vicepresidente de la
República, Scioli es el primero en la sucesión, razón por la que su
inusitado protagonismo ­los vicepresidentes argentinos suelen tener perfil
muy bajo- llama poderosamente la atención. Sobre todo porque el
Vicepresidente parece empeñado en desmarcarse de la política oficial: en la
última semana, criticó la intención oficial de derogar las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida y, en una reunión con empresarios, anunció que
las tarifas de las empresas privatizadas serían aumentadas en breve. En
cualquier país normal, esas declaraciones de un Vicepresidente podrían
considerarse como diferencias de puntos de vista propias de un equipo de
gente inteligente ante problemas complejos. Pero se trata de la Argentina
de hoy y de dos de los asuntos clave, un político y otro económico, de la
estrategia del gobierno. Nadie ignora que hacer de Argentina "un país
serio" pasa por que la ley se aplique a todos por igual y por que la
corporación empresaria aprenda a cumplir con sus obligaciones y a obtener
ganancias normales brindando buenos productos y servicios y no mediante
componendas con las autoridades. Scioli está disparando contra la línea de
flotación del gobierno en el momento quizá más delicado de la travesía y,
así como Kirchner trata de lograr apoyo político entre la ciudadanía,
Scioli parece intentar lo mismo, pero entre las corporaciones.
Si se tienen en cuenta las advertencias y consideraciones del artículo
anterior sobre este mismo tema (4), parece evidente que los problemas
argentinos siguen lejos de un curso de aguas tranquilas, aunque hasta ahora
la decidida actitud del gobierno ha conseguido si no solucionar la más
grave crisis de la historia argentina, al menos cambiar el estado de ánimo
de la opinión pública, que pasó del escepticismo absoluto de hace unos
meses, a un moderado optimismo. La clave sigue siendo la participación
ciudadana: no habrá "país serio" hasta que los trabajadores no recuperen
son sindicatos de las burocracias y las bases de los partidos políticos no
consigan desplazar a una dirigencia corrupta e ineficaz; hasta que, en
definitiva, la sociedad argentina no cambie su cultura actual de la
especulación y la componenda por otra, de trabajo y servicio a la
comunidad. Un largo y difícil proceso, que apenas intenta comenzar.


1 Esas dos leyes, aprobadas por el Congreso durante el gobierno radical de
Raúl Alfonsín (1983/89), cumplen el objetivo político de impedir la
continuación de los numerosos juicios a militares implicados en graves
violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1976/83),
aunque violan todos los tratados internacionales firmados por Argentina.
Desde entonces, fueron declaradas inconstitucionales por algunos jueces y
se encuentran a la espera de un veredicto final de la Corte Suprema de la
Nación. El 12 de agosto pasado, la Cámara de Diputados de la Nación las
declaró "insanablemente nulas" y se espera ahora que el Senado ratifique
esa disposición. Desde el punto de vista jurídico, esta actitud del
Congreso no tiene gran valor, pero se trata de un fuerte gesto político. De
declarar la Corte inválidas esas leyes, todos los militares que bajo su
amparo evitaron juicios por crímenes imprescriptibles (desapariciones,
torturas, robo de niños), deberían volver a someterse a ellos.
2 Carlos Gabetta, "República o país mafioso", Le Monde diplomatique edición
Cono Sur, octubre de 1999.
3 David Sax, "Waiting for justice in Argentina", International Herald
Tribune, Paris, 18-7-03.
4 Ver Informe-Dipló anterior, "Ofensiva neoliberal contra el gobierno de
Kirchner", del 14-7-03.

ARTICULOS VINCULADOS: Para acceder al resumen de contenidos de notas
anteriores de El Dipló sobre el tema ARGENTINA, haga click en:
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