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Para una historia del conflicto árabe-israelí
La segunda Intifada
por Sofía Aragno
(Observatorio de Conflictos. Argentina*)

Según Alain Dieckhoff, el sionismo surge como una aspiración de dotar al
pueblo judío de un marco nacional. Se origina como ideología de la pequeña
burguesía, adquiriendo forma completa entre los años 1881 a 1917, en los
ámbitos interno (el mundo judío), externo (el concierto de las naciones) y
regional (Palestina). Su impulso original lo marcan los trágicos
acontecimientos que golpearon a la sociedad judía en el imperio zarista, a
partir de 1880. El asesinato de Alejandro II, el 13 de marzo de 1881, abre
una oleada de progroms que afectan muy duramente a los judíos rusos. Desde
ese momento, muchos de ellos rompen con el zarismo, ligándose a los
movimientos revolucionarios u optando por la emigración.
La gran masa de expatriados se instalará en los Estados Unidos, pero una
parte de ellos se dirigirá a Eretz Israel (la tierra de Israel), donde
construirán pueblos que habrán de formar la base de una sociedad judía
autónoma, cuya motivación era más nacional que religiosa. Pero en los
albores del siglo XX, el balance era aún modesto; 6.000 personas,
repartidas en una veintena de nuevas implantaciones, viven entonces en
Palestina, entablando relativamente buenas relaciones con los árabes de la
región.

El gran propagador de la idea de que la supervivencia de los judíos
requería de la reconstrucción de una patria en Palestina fue Theodor Herzl.
En apariencia, Theodor Herzl aspiraba a integrarse como periodista en
Viena, ser reconocido como un auténtico escritor austríaco. Pero desde su
juventud se había visto enfrentado al antisemitismo, y su estancia en París
de 1891 a 1895 no hizo más que precipitar los acontecimientos. Allí fue
testigo de la agitación antijudía alimentada, entre otras cosas, por el
escándalo político-finaciero de Panamá. La degradación de Alfred Dreyfus
acabó por destruir el sueño asimilacionista de Theodor Herzl y lo condujo a
esta conclusión radical: la cuestión judía no puede resolverse más que
colectivamente, mediante la construcción de un Estado.
En Der Judenstaat (El Estado de los judíos), verdadero manifiesto del
sionismo político publicado en febrero de 1896, Theodor Herzl, tras haber
comprobado la irreductibilidad del antisemitismo, propone crear dos
organismos, instrumentos de realización del designio nacional judío. El
primero, Society of Jews, será un poder político constituyente, encargado
de obtener, con el apoyo de la comunidad internacional, una soberanía sobre
un territorio determinado (en esa fecha, Theodor Herzl todavía no ha
decidido entre Palestina y Argentina). El segundo, la Jewish Company,
deberá trasladar el programa sionista a los hechos organizando la
emigración de los judíos, procediendo a la compra de las tierras y dotando
al nuevo estado de bases económicas y sociales sanas.

En agosto de 1897 Theodor Herzl convoca en Basilea el primer congreso
sionista: crea allí la Organización Sionista que se esforzará por obtener
en Palestina un hogar nacional reconocido públicamente y garantizado
jurídicamente. Para llevar adelante este proyecto, Theodor Herzl necesitaba
del apoyo europeo. Gran Bretaña se convertirá en el gran aliado del
sionismo, en un período en el cual enfrentaba una importante inmigración de
judíos de Europa del Este, a los cuales había que desviarlos hacia otros
destinos. La nueva oleada de progroms en Rusia a partir de 1903 acelerará
las negociaciones con los dirigentes británicos, preparando así el terreno
para la declaración de Balfour (Ministro de Asuntos Exteriores de Gran
Bretaña) del 2 de noviembre de 1917. Esta carta, dirigida a Lord
Rothschild, declaraba que el gobierno británico contemplaba de forma
favorable el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en
Palestina. Las razones de esta decisión tienen motivaciones que favorecían
a Gran Bretaña. Por un lado, en ese año, en plena guerra mundial, se da el
fracaso de las ofensivas aliadas y el abandono de Rusia en su participación
en la guerra; y por otra parte, los intereses estratégicos de Gran Bretaña
puestos en Oriente Medio en caso del posible desmembramiento del Imperio
Otomano. La declaración de Balfour no sólo confirma el Mandato confiado a
Gran Bretaña el 24 de julio de 1922 sino también el punto de partida de las
consolidación del sionismo como realidad estatal en Palestina,
convirtiéndose así en un hecho político internacional y movimiento central
en el mundo judío.

Pero Palestina, lugar donde debía erigirse la soberanía nacional judía
estaba ya habitada por hombres de otra lengua, otra cultura y otra
filiación religiosa, que se contraponían a la nacionalidad judía que
pretendía establecer. De esta manera, los árabes que vivían en Palestina
iban a constituir desde un principio un obstáculo a la pretensión sionista
de crear un Estado judío en virtud de su mera presencia física en el lugar,
ya que no podían someterse voluntariamente a tal proyecto. Uno de los
primeros pasos llevados adelante para la fundación de un Estado judío,
debía ser ocupar el territorio con judíos, pues sólo la colonización con
hombres del grupo nacional garantizaba que el suelo de Palestina pudiera
transformarse en un territorio israelí habitado por personas de
nacionalidad judía. En este sentido, la compra y colonización del suelo
eran las condiciones para la creación del un Estado nacional judío en
Palestina. Había que vincular al suelo colonos judíos en lugar de la
población campesina árabe y, al mismo tiempo, había que impedir que ese
suelo pudiera ser comprado nuevamente por los árabes. Esto se logró
mediante el Keren Kayemeth Leisrael (KKL), organización sionista para la
compra de tierras, que prohibía a los judíos la enajenación del suelo
adquirido, ya que desde su adquisición esa tierra sería propiedad nacional,
medida que todavía mantiene su validez jurídica en el actual Estado de Israel.

Pero para que el suelo palestino se convirtiera en territorio nacional
judío eran necesarias otras medidas, como por ejemplo la vinculación real
entre los otros colonos judíos y la tierra, es decir, garantizar la
colonización con campesinos que trabajen ellos mismos la tierra. La
prohibición de vender y el cultivo de la tierra tampoco bastaban para
nacionalizar el suelo con vistas a la creación de un Estado judío mientras
siguiera allí instalada una población árabe considerable. El incentivo
económico del beneficio y la rentabilidad de la producción movería cada vez
más a emplear una fuerza de trabajo barata. Ésta la constituía y constituye
en Palestina o en Israel el trabajo asalariado árabe. La consecuencia de
una explotación orientada al beneficio habría significado que los árabes,
privados de sus tierras por la ocupación judía, habrían vuelto como
jornaleros y deshecho así la pretendida estructura homogénea de la
población judía en la correspondiente zona de colonización. Por tanto, a
fin de evitar que las consecuencias del trabajo asalariado en la
agricultura, que haría volver a los árabes al terruño, tuviesen efectos
negativos en el proceso de creación del Estado nacional, el departamento de
colonización de la organización sionista determinó que se prohibiera por
principio el trabajo asalariado en las tierras del KKL. Más tarde, en el
Estado de Israel, esta condición para el cultivo de las tierras del KKL y
del denominado suelo estatal se convirtió en una norma casi constitucional,
aunque ella se rompe una y otra vez por la presión económica en orden a la
obtención de beneficios. De esta manera, las medidas económicas llevadas
adelante tuvieron como función crear un estado, en donde la compra de
tierras y su cultivo tuvieron como finalidad vincular al judío al suelo en
calidad de futuro ciudadano, limitando su movilidad y evitando el regreso
de los árabes como jornaleros.
Lo mismo, puede percibirse en el sector industrial. La Histadrut, Central
Sindical Sionista, aceptaba solamente a trabajadores judíos, y presionaba a
los empresarios judíos para que en lugar de los salarios más altos que
estaban obligados a pagar, importasen más máquinas de las necesarias para
no recurrir a la fuerza de trabajo árabe barata. La consecuencia de esta
política laboral fue que los obreros judíos pasaron a constituir la mano de
obra calificada. Esta evolución del mercado de trabajo desembocaría
inevitablemente en que los conflictos nacionales provocarían conflictos
sociales y viceversa. Lo que perjudicó y finalmente destruyó el intento de
los británicos de llevar a la práctica el Mandato fue la aparición del
nacionalismo palestino. La violencia provocada por la hostilidad árabe
hacia el sionismo, empezó a perfilarse en los disturbios de 1920, y casi
acaba en una guerra civil en 1929.

Cuando Gran Bretaña construyó Palestina, creó también el nacionalismo
palestino. La identidad palestina se forjó por el miedo a la dominación
judía derivado del Mandato. Los palestinos, frente a esta situación, es
decir, el mandato británico y el avance del sionismo, respondieron con una
rebelión armada conocida como la Primera Intifada, que comienza en 1936 y
culmina en 1939, cuando finalmente las fuerzas militares pudieron
desarticular a los grupos guerrilleros. Pero muchos observadores no
militares pensaban que en gran medida la rebelión se había extinguido a
causa de las concesiones políticas realizadas en el Libro blanco de 1939,
que ponía límites a la inmigración y prometía el autogobierno de la mayoría
(o sea, de los árabes), en un plazo de 5 años.
Las acciones armadas entre ambos pueblos se retoman en 1947, cuando la
O.N.U. toma la descabellada idea de dividir Palestina en dos países, uno
árabe y otro judío, plan aceptado por éstos últimos. Al comienzo de la
guerra el Haganah, brazo militar del Partido Laborista Sionista, dirigido
por David Ben Gurion, no creía posible ni necesario ocupar Jaffa, por aquel
entonces la mayor ciudad árabe de Palestina, con una población de unos
7.000 habitantes. Esta ciudad había sido designada por las Naciones Unidas
para formar parte del propuesto Estado árabe-palestino. Pero el Irgun y el
Stern Gang, los dos pequeños grupos clandestinos encabezados por Menahem
Begin y Yitzhak Shamir, lanzaron una ofensiva terrorista sobre la ciudad.
Hacia mediados de 1948 todos los habitantes árabes de Jaffa excepto 4.000
eran refugiados.

La creación del Estado nacional judío tenía necesariamente que ir unido a
la expulsión de los árabes palestinos. Esto lo tenía bien claro el pueblo
palestino, que desde los comienzos de la colonización sionista, materializó
su resistencia en congresos, resoluciones y acciones de protesta, y más
tarde en la violencia armada. Al problema de la amplia minoría árabe había
que buscarle una solución, ya que de cualquier modo que pudiera dividirse
el territorio, siempre había una considerable minoría árabe en el área del
Estado judío, y su superior tasa de natalidad suponía que constituirían una
amenaza perpetua para la mayoría judía. En esta dirección, la idea de
trasladar a los árabes del área del Estado judío al área del Estado árabe o
a otros Estados árabes se consideró la clave para asegurar la estabilidad y
la judeidad del propuesto Estado judío.
El 14 de mayo de 1948 se proclama el Estado de Israel, y el estado de
guerra se profundiza. Frente a la información de la masacre llevada a cabo
por el Irgun en Deir Yassin, donde unos cien palestinos en su mayoría no
combatientes fueron asesinados, muchos huyeron a países árabes vecinos
esperando que acabara la guerra y poder regresar victoriosos.
A pesar de la creación del Estado israelí, éste carecía de fronteras fijas,
de un territorio definido, en una región que tiene un carácter marcadamente
árabe. La minoría árabe de Israel forma parte de una mayoría regional que
señala claramente el carácter minoritario de Israel como Estado judío en
este entorno. Esto hace que dicha minoría sea cada vez más oprimida en
Israel, opresión que se traduce directamente en discriminación, puesto que
un Estado nacional como Israel no sólo acentúa su carácter judío como razón
de ser en la conciencia de sus ciudadanos, sino que también debe
garantizarlo con una política sionista práctica, es decir, con medidas
legales y administrativas concretas. Los privilegios constitucionales de
los inmigrantes judíos y de la población judía como tal significan de por
sí una discriminación a los ciudadanos árabes de Israel, y suponen un
rechazo estructural del principio de igualdad ante la ley de los
ciudadanos, tal como se presupone en una democracia burguesa. El trato
diferencial se introduce mediante la contraposición entre la declaración de
independencia, en la que se garantiza la igualdad de todos, cualquiera que
sea su origen, religión y sexo y la "Ley de Retorno", que ha adquirido el
rango de constitución. Por eso ha sido calificada con razón como el Derecho
Sionista del Estado de Israel. El postulado de la igualdad incluido en la
declaración de independencia pasa a segundo término tras el contenido
preferencial de la "Ley de Retorno", válida solamente para los judíos.

Tampoco serviría de nada mejorar las condiciones de vida de la población
árabe de Israel con respecto a su situación social originaria, ya que no
podría resistir la comparación con la superior posición de los ciudadanos
judíos o con los medios a ellos destinados. Al contrario: cuando mejor sea
la situación relativa de la población árabe, tanto más estará en
condiciones de reconocer, por su educación y formación, la diferencia
absoluta que la separa por principio de los judíos en el Estado sionista.
Hacia el final de la guerra de 1948, a medida que las tropas judías
triunfaban sobre los ejércitos árabes combinados, Ben Gurion intentó
reforzar la posición estratégica de Israel expandiendo y asegurando sus
vulnerables fronteras, apoderándose de más territorios y expulsando a los
palestinos antes de que un armisticio logrado con la intervención de las
Naciones Unidas acabara con el conflicto. Las ciudades de Lydda y Ramle
constituyen un ejemplo de ello. Tras la intervención y la terrible matanza,
los palestinos sobrevivientes comenzaron a abandonar por propia voluntad o
por la fuerza las ciudades para alejarse del área de conflicto. Lydda y
Ramle, al igual que otras áreas evacuadas, fueron repobladas con
inmigrantes judíos, quienes se instalaron en las casas árabes vacías. En
1949 entre 600.000 y 760.000 refugiados palestinos habían huido o habían
sido expulsados de Israel. Los líderes sionistas acogieron su éxodo como
una buena noticia. Los refugiados palestinos se convirtieron así en una de
las mayores consecuencias de la guerra de 1948. En los campamentos y
viviendas provisionales establecidos en las líneas de armisticio de
1948-49, los palestinos manifestaban su voluntad de volver. Esta voluntad
no era solamente expresión de una obstinada afirmación nacional, tal como
corresponde a la consciencia palestina y a la interpretación general. La
obstinación nacional que se manifestaba en la reivindicación del retorno
habría desaparecido pronto si la cuestión de los refugiados hubiera sido
solamente una cuestión nacional y no también, y sobre todo, una cuestión
social, un problema social, un problema social que otros Estados árabes no
podían solucionar debido a las relaciones sociales existentes en ellos y, a
decir verdad, tampoco podían solucionar aunque tuviesen la voluntad y la
disposición política y subjetiva de hacerlo.

La inmensa mayoría de los refugiados árabes de Palestina de 1948 eran
campesinos que con la conquista y ocupación sionista habían perdido sus
tierras y, con ellas, la base de su existencia. La estructura social de las
zonas árabes que rodean a Israel apenas se diferenciaban del entorno social
del que procedían estas personas. Pero hay que tener en cuenta que la
integración social de los refugiados a la agricultura, es decir en el
ámbito vital al que estaban acostumbrados, tenía que verse dificultada tan
pronto como esos países modernizasen su agricultura. Una agricultura basada
en el cultivo intensivo, como la que se introdujo en Oriente Próximo a
través de la reforma agraria y la mecanización en sentido progresista,
disminuía las ya escasas oportunidades de integración de los refugiados. Es
cierto que la reforma agraria condujo a una nivelación de los ingresos
agrícolas, pero paso por alto totalmente los intereses de los refugiados,
puesto que la mecanización de la agricultura, acelerada cada vez más tras
la reforma agraria, liberaba continuamente mano de obra agrícola.
A otro reparto del suelo se oponía, por un lado, la escasa productividad,
resultado de una división de parcelas todavía más pequeñas. Por otro lado,
es difícil imaginar que los propietarios tradicionales de las tierras de
regímenes conservadores, hubieran renunciado por voluntad propia a la base
económica de su poder. Lo que quedó de la estrategia integradora fue una
oferta de puestos de trabajo en la industria. Semejante perspectiva de
integración de los refugiados palestinos excedía, sin embargo, totalmente
de las posibilidades que tenía entonces la región. Habría requerido una
transformación revolucionaria cuyas proporciones habrían rebasado con mucho
las de la cuestión global de Palestina. Entre las filas de los refugiados
palestinos que, en principio querían sencillamente volver a sus campos y a
sus casas, surgió paulatinamente un movimiento nacional cuya meta consistía
y consiste en la creación de un Estado nacional palestino.
El paso del elemento social al nacional se refleja en los combates librados
desde 1949 a lo largo de la sangrienta línea de armisticio del Estado de
Israel, políticamente consolidado. Para imponerse como Estado nacional
judío en Palestina, Israel tenía que marcar a fuego su frontera dentro de
la anterior estructura social de toda Palestina. La Agencia de Socorro y
trabajo de las Naciones Unidas (United Nation Relief and Works Agency,
UNRWA), fue creada como una agencia provisional en 1949 por la Asamblea
General de la O.N.U. para asistir a los refugiados palestinos hasta que
fueran repatriados o recibieran una compensación. Proporciona servicios
básicos tales como vivienda, atención sanitaria y educación. Los campos de
refugiados de la UNRWA pronto se convirtieron en centros de nacionalismo
palestino. Más tarde estos centros pasaron a ser bases de reclutamiento de
la Organización para la Liberación Palestina (OLP), que alentaba la idea de
Al Auda (retorno), así como de Al kifá al Musalá (la lucha armada).

Del mismo modo que las conversaciones de paz de Lausana entre Israel y los
Estados árabes en 1949 fracasaron en el tema de la repatriación de los
refugiados, también lo hicieron las futuras conversaciones de paz entre
Israel y los representantes de los palestinos. El derecho al retorno está
contemplado en la Carta Nacional Palestina, y los refugiados han rechazado
incluso la ayuda de la O.N.U. para los proyectos de desarrollo económico a
largo plazo en Jordania, Siria, Líbano y los territorios ocupados, porque
supone un asentamiento permanente, minando así el concepto de retorno. Los
refugiados palestinos en los Estados árabes viven en malísimas condiciones,
no sólo materiales sino también psicológicas. Los campamentos de refugiados
en Siria son mantenidos por la UNRWA; ésta no cobra alquileres y
proporciona servicios sociales gratuitos, incluyendo atención médica y
escuelas primarias y secundarias que son mucho mejores que las del sistema
sirio, de titularidad estatal.
Viven en casas de una o dos habitaciones, construidas con ladrillos y
cemento, que se amontonan a lo largo de caminos sin asfaltar, generalmente
en las afueras de las ciudades. Los palestinos en Siria no tienen ningún
derecho político, no se les concede pasaporte sirio y se les prohibe tener
propiedades, excepto una casa por familia. Además, tienen prohibido portar
armas en los campamentos. Las escuelas de la UNRWA, podría decirse que son
centros de un fuerte sentimiento anti-israelí, en donde tanto profesores
como alumnos son palestinos, imposibilitando así la tarea de no politizar
la educación. En Jordania, los refugiados palestinos han tenido derecho a
la ciudadanía jordana desde 1952, pero nunca se han integrado
psicológicamente. La mayoría de los campos de refugiados se asemejan a
otros pueblos superpoblados y pobres de Oriente Medio. A pesar de las
dificultades con las que lidian los refugiados, tal como sucede en Siria,
muy pocos abandonan voluntariamente los campamentos, debido a los diversos
subsidios, asistencia médica y clínicas dentales gratuitas, escolaridad,
programas suplementarios de alimentación para niños y madres lactantes y la
vivienda exenta de alquiler proporcionada por la UNRWA.
Sin desmerecer la ayuda de esta última organización, es necesario remarcar
que las condiciones en las que viven los palestinos refugiados son muy
malas. Al igual que en Siria, a los niños se los educa como refugiados,
manteniendo vivo el nacionalismo palestino.

Este nacionalismo extendido en los campamentos de refugiados, explica los
motivos de la Infitada. Ésta comenzó en un campo de refugiados de Jabalya
en Gaza el 9 de noviembre de 1897, cuando cuatro trabajadores árabes que
volvían de su trabajo en Israel murieron en una colisión con un camión
israelí. Miles de personas en duelo comenzaron una marcha hacia un campo de
un ejército israelí, convencidos de que el accidente había sido deliberado
(tres días antes un comerciante israelí había sido asesinado a puñaladas en
Gaza y sus habitantes creían que el conductor del camión era un pariente
del comerciante dispuesto a vengar su muerte). El ejército israelí disparó
sobre los manifestantes. Cuatro palestinos murieron y la Franja de Gaza,
una pequeña zona de tierra en la que se apiñan 650.000 habitantes, estalló
en una lluvia de piedras, cócteles Molotov y neumáticos incendiados. La
rebelión se extendió a los territorios de la Orilla Occidental del Jordán,
donde, al igual que en la Franja, los campos de refugiados, y en particular
las escuelas de la UNRWA, se convirtieron en la primera línea de la
Infitada. Los niños han sido los principales combatientes y las principales
víctimas de la Infitada. La zona de Gaza ha estado sufriendo tensiones
desde 1948, cuando 180.000 refugiados llegaron a la zona, anegando a los
160.000 residentes autóctonos.

Los ataques de la guerrilla palestina desde Gaza, que fue ocupada por
Egipto en 1948, fueron la causa para la participación de Israel en la
Guerra del Canal de Suez de 1956. Israel expulsó al ejército egipcio y
ocupó la Franja durante aproximadamente cinco meses antes de que la
administración Eisenhower la presionara para que la abandonara. Israel
ocupó la Franja de nuevo durante la Guerra de los Seis Días de junio de
1967. Casi inmediatamente, la OLP convirtió Gaza en una base con un sinfín
de búnkers y refugios subterráneos, desde donde libraba una guerra de
guerrillas. Se trajo al general Ariel Sharon para aplastar la sublevación.
Éste hizo abrir espacios entre los campamentos densamente poblados para que
los jeeps del ejército pudieran patrullar con seguridad por las calzadas.
Los refugiados, cuyas casas habían sido destruidas por Sharon fueron
trasladados a la fuerza a barracones abandonados de las fuerzas de la
O.N.U. cercanos a la frontera con Egipto. Básicamente el plan de Sharon
consistía en deshacerse de todos los campos de refugiados palestinos.

El Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza (CPDH), es una organización
palestina establecida en Gaza desde 1995 por un grupo de abogados y
activistas de los derechos humanos palestinos con el fin de proteger los
derechos individuales y colectivos de la población palestina y promover la
creación y el desarrollo de instituciones democráticas palestinas. Además
de su labor informativa y de investigación, el CPDH ofrece asistencia legal
a los presos palestinos ante los tribunales tanto israelíes como de la
Autoridad Palestina. También publica informes semanales acerca de las
violaciones de derechos humanos en los Territorios Ocupados (TTOO),
cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes y, periódicamente,
informes específicos sobre las consecuencias económicas de los cierres
decretados por Israel. En mayo del 2001, el CPDH de Gaza ha presentado su
informe anual correspondiente al año 2000 en el que se evalúa la situación
de los derechos humanos en Palestina. El resultado de dicho informe
constata un incremento de las violaciones cometidas por Israel contra la
población palestina, especialmente a partir de setiembre del 2000 (inicio
de la Infitada), si bien del contenido del mismo se infiere que las
políticas de represión y violaciones de los derechos palestinos tanto
individuales como colectivos constituyen una práctica sistemática por parte
de Israel que es constitutiva de su naturaleza como poder militar ocupante.
Asimismo, se concluye del informe que ha sido la realidad creada por los
Acuerdos de Oslo que ha permitido a Israel intensificar su control sobre la
población y los territorios palestinos durante el año 2000. De acuerdo con
las investigaciones, en docenas de incidentes en los que las fuerzas
israelíes asesinaron a civiles palestinos, las vidas de los soldados
israelíes no estuvieron expuestas a ningún peligro. Las acciones israelíes
no se limitaron exclusivamente al fuego abierto indiscriminado sobre la
población palestina o al uso de francotiradores o armas con silenciadores,
sino que también se han empleado helicópteros de combate, cañones y tanques
para bombardear las áreas residenciales palestinas. Las fuerzas de
ocupación también atacaron al personal médico y a las ambulancias. Sumados
a ellos, miembros de la prensa local e internacional han padecido también
la violencia israelí, especialmente los fotógrafos y las cámaras de
televisión, cuyas poderosas imágenes en medios audiovisuales atraen la
atención internacional. También constituyeron un objetivo para las fuerzas
de ocupación israelíes las fuerzas de seguridad palestinas. A pesar del
limitado número de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad
palestinas o palestinos armados e israelíes, el CPDH ha documentado muchos
incidentes durante los que las fuerzas de Israel han disparado al personal
de la seguridad palestina cuando estas fuerzas estaban intentando controlar
a los manifestantes palestinos, como cuando no se estaba produciendo
ninguna movilización. En todos los casos, las fuerzas de ocupación
israelíes han incumplido los acuerdos internacionales del derecho
humanitario, no han distinguido entre población civil y objetivos
militares, lo que ha causado una altísima tasa de muertes entre civiles
palestinos
.
En el último tercio del 2000, las fuerzas de ocupación han practicado
intensivamente la destrucción y demolición de la propiedad inmueble y de
las tierras palestinas. El ejército israelí arrasó miles de hectáreas de
tierra agrícola palestina que constituye el recurso básico de su economía.
Se han arrancado árboles frutales y destruido cientos de invernaderos,
sistemas de irrigación, bienes e instalaciones y equipamientos agrícolas.
También se han demolido viviendas palestinas y sus contenidos tras expulsar
a sus habitantes, casi siempre sin previo aviso, así como fábricas,
talleres y otras infraestructuras y servicios civiles. Durante este
período, han impuesto el bloqueo de los territorios ocupados. El cierre no
se ha limitado solamente a la restricción de las transacciones comerciales
sino también a la prohibición de que unos 50.000 trabajadores palestinos
accediesen a sus trabajos en Israel. Cierres que incluyen las fronteras
entre la Franja de Gaza e Israel así como el denominado "pasillo de
seguridad", que fue abierto el 25 de octubre de 1999 para conectar la
Franja con Cisjordania según lo estipulado en los Acuerdos de Oslo, para
facilitar el movimiento entre ambas áreas palestinas. A ello hay que
sumarle la expresa prohibición de movimiento entre Gaza y Cisjordania a
través de Israel y las fronteras palestinas de Gaza con los países vecinos,
y el cierre del Aeropuerto Internacional de Gaza. Israel ha reforzado su
presencia militar en los territorios ocupados, especialmente a las entradas
de las ciudades palestinas, restringiendo el movimiento entre ellas,
transformando los territorios ocupados en espacios aislados y
desconectados, creando una situación sin precedentes desde el inicio de la
ocupación israelí en 1967 y cuya ejecución se deriva de la nueva
configuración territorial y administrativa que había creado la aplicación
de los Acuerdos de Oslo.

El inicio de los enfrentamientos entre la población civil palestina y las
fuerzas israelíes de ocupación es el resultado de los años continuos de
opresión y persecución israelí al pueblo palestino, y de la constante
negación de sus básicos derechos y libertades. Negación de su derecho de
autodeterminación, del fin de la ocupación, del establecimiento de un
Estado independiente con Jerusalén como su capital y del retorno de los
refugiados palestinos a sus hogares, todas ellas legítimas demandas
reconocidas internacionalmente que han sido reiteradamente negadas por
Israel, incluso en el marco del proceso de paz. El surgimiento de los
enfrentamientos debe ser observado como el resultado de las frustraciones
de un proceso negociador de diez años, en el que los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario han quedado subyugados por la continua
presión ejercida por EE.UU. y el continuo apoyo de este país a Israel y a
sus prácticas opresoras contra el pueblo palestino. De hecho, con
anterioridad al estallido de la violencia en setiembre del 2000, la total
falta de respeto a los derechos individuales y colectivos palestinos era
evidente. Las fuerzas israelíes seguían confiscando tierras palestinas para
facilitar la expansión de los asentamientos judíos ya existentes y para el
establecimiento de nuevos asentamientos. Construyendo nuevas carreteras y
vías de comunicación entre Israel, los asentamientos y los puestos
militares de las fuerzas de ocupación. Y más de 1.600 presos palestinos
estaban todavía encarcelados en prisiones del interior de Israel, expuestos
a las prácticas de tortura y en condiciones que violan los mínimos derechos
de los presos. Israel también venía practicando la política de cierres de
los territorios ocupados, imponiendo restricciones a la libertad de
movimientos de civiles palestinos y bienes, estrangulando la economía local
palestina. La acumulación de todas esas violaciones a los derechos
palestinos fue lo que profundizó la crisis.

De esta manera, no es difícil entender que la población palestina está
haciendo frente a una situación extrema de dificultad y penuria colectiva.
El empobrecimiento masivo de la población se debe a la pérdida de ingresos
de las familias (hasta un 73%), en relación directa con los cierres
impuestos por Israel; la población palestina sigue sin poder acceder a sus
lugares de trabajo (en Israel o en los territorios ocupados). En relación
con estos hechos, cada vez es más claro que Israel sigue una estrategia de
liquidación de la Autoridad Palestina y de expulsión de los palestinos de
los territorios ocupados. Esta se realiza mediante la aplicación de
castigos colectivos que resultan insoportables, como el perpetuo estado de
sitio, con ciudades ocupadas, sometidas a múltiples controles que les
impiden la circulación, la asistencia sanitaria o la utilización de los
centros educativos. Tampoco pueden abastecerse con facilidad de alimentos
y, con frecuencia, carecen de suministro de agua, controlada por el
ejército de ocupación. Es decir, lo que se puso en marcha en 1998, y que
conoció una aceleración vertiginosa a partir del 2000, no es otra cosa que
la aniquilación de las posibilidades de funcionamiento de una sociedad en
los territorios ocupados, que representan el 22% de la Palestina histórica.
Los distintos ministerios y oficinas de la Autoridad palestina en Ramala,
capital administrativa de la Autonomía Palestina, han sido barridos a
conciencia por las fuerzas de ocupación israelíes. Desde el Ministerio de
Economía al de Educación; desde el de Sanidad al de Información, no ha
habido despacho que no haya sido invadido, saqueado y destruido. En ese
saqueo tiene especial gravedad el de los archivos de propiedades, basados
muchos de ellos en las escrituras del período otomano y que eran los únicos
títulos válidos de propiedad de la tierra. La desaparición de esos
documentos supone que muchos palestinos no podrán demostrar en el futuro
sus derechos sobre esas propiedades, tanto en el territorio de lo que hoy
es Israel y que les fueron confiscadas hace décadas como en la actual
Cisjordania ocupada. De esta forma, al gobierno israelí le será más
sencillo confiscar las tierras para ampliar los asentamientos sin que los
palestinos puedan probar documentalmente que son los legítimos
propietarios. El armamento bélico utilizado por Israel para perpetuar sus
ataques es proveniente de, o financiado por, los EE.UU..

Pero la ayuda no es completamente desinteresada: gran parte del dinero que
Israel recibe de EE.UU. vuelve a ese país para la adquisición de armamento
(Israel es uno de los más importantes importadores de armas procedentes de
Norteamérica). La industria bélica estadounidense tiene interés en que el
gobierno aumente, siempre con el dinero de los contribuyentes, la ayuda a
Israel, su preciado cliente. Desde 1976 Israel ha sido el principal
receptor de la ayuda exterior estadounidense. De acuerdo con el reporte del
Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos de noviembre del
2001, la ayuda estadounidense a Israel en el pasado medio siglo llegó a la
suma gigantesca de 81.3 mil millones de dólares. En años recientes, Israel
sigue siendo el principal receptor de la asistencia militar y económica de
su aliado. El dato más comúnmente citado es de 3 mil millones de dólares al
año, de los cuales 1.8 mil millones anuales son donaciones de fondos dentro
del rubro Financiamiento Militar Externo (FME) del Departamento de Defensa,
y 1.200 millones anuales del rubro Fondos de Apoyo Económico del
Departamento de Estado. En síntesis, 17% de toda la ayuda exterior
norteamericana se destina a Israel. Estados Unidos también regala armamento
y municiones como parte del programa Exceso en Artículos de Defensa (EAD),
entregándolos sin costo alguno. Entre 1994 y 2001, proveyó la mayor parte
de armas a Israel mediante este programa. En síntesis, años de guerra,
muerte, desesperación y opresión de un pueblo, pueden entenderse como el
"gran negocio" de un estado, que tras el disfraz de defensor de los
derechos humanos y libertades del hombre, sigue creando víctimas en todo el
mundo, para que las tasas de ganancias de un capitalismo salvaje y opresor
no decaigan y para el mantenimiento de un sistema dominación mundial.

Bibliografía
- DIECKHOFF, Alan, "Las tres luchas del sionismo", en Revista "Debats", N°
33, setiembre de1990.
- DINER, Dan, "Israel: el problema del Estado nacional y el conflicto del
Oriente Próximo", en Problemas mundiales entre los dos bloques de poder,
Siglo XXI, México, 1985.
- FRIEDMAN, Robert, "Los refugiados palestinos", en Revista "Debats", N°
33, setiembre de 1990.

Tomado de: http://www.lainsignia.org/palestina

* El Observatorio de Conflictos es un proyecto educativo y de investigación
llevado adelante por docentes y alumnos de la cátedra de "Historia de Asia
y África II" de la Facultad de Humanidades y Artes, en la Universidad
Nacional de Rosario, Argentina.
Su objetivo es el estudio y difusión de temas no demasiado conocidos de la
historia contemporánea. O, planteado desde otra perspectiva, la búsqueda de
las raíces históricas de los conflictos del mundo actual. Pretendemos
estudiar el pasado para comprender el presente y diseñar un futuro distinto
en un mundo más justo y equitativo que el que nos toca vivir.
Mas info en: http://www.nodo50.org/observatorio/

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