"Si ésta carcel sigue así,
todo preso es político."
Patricio Rey
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[P/L@] Crónicas Cordobesas

Una mirada sobre el motín

Diez días atrás los internos de la penitenciaría del Barrio San Martín
ubicado en plena Ciudad de Córdoba decidieron amotinarse, debido a las
inaceptables condiciones en que son recluídos; hacinados, cada vez más
privados de recibir visitas, recortados sus derechos y condenados al fin,
al olvido.
Fue durante un día de visitas que no resultó un día como otros, cuando se
intentó reducir aun más las condiciones de visitas, y los presos de un par
de pabellones acabaron por sublevarse, y tomar la cárcel de 1900 internos
con no mas de 50 guardias y personal de seguridad.
El incidente se desarrolla con "normalidad" a decir de las autoridades por
los medios masivos, lo cual significa aún que los 8 muertos, fusilados
inutilmente y, (hay dudas sobre esto) desde ambos bandos de los sectores de
menores recursos, por no decir sectores populares; policías y convictos
tiroteándose sin sentido; y los presos más lúmpenes, que quizas venían de
arrasar la farmacia y los botiquines y los gabinetes policiales del penal,
mostraban desde los techos, para las cámaras de la television local,
nacional y mundial, las impactantes escenas de tortura a un par de guardias
semidesnudos, lastimados y humillados, imágenes que acabaron de sellar lo
cruel y peligroso del conjunto de amotinados; mientras otros robaban un
camión del estado que, con un guardiacárcel utilizado como escudo (y que
murió luego por bala policial) intentó un escape que fue suicida, directo
al cerco policial emplazado a 1 cuadra a la redonda del populoso vecindario
con nombre del Padre de la Patria, y que ya había reprimido con balas de
goma a las decenas de familiares que rogaban en la calle que no hubiera
represión contra los reclusos.
Todo esto sucedía mientras la historia se escribía adentro de la
institución en llamas, director y vice del penal tomados de rehen, parte
del personal y de las visitas retenidas dentro del local, por el grupo de
amotinados que lleva a delante los reclamos y las negociaciones con el
llamado "Comité de emergencia" del gobierno provincial encabezado por el
mismísimo gobernador Jose M. De la Sota, quien tomo como una puntada al
propio hígado de su gestión esta demanda de los "subterráneos" del estado
cordobés. Mientras las negociaciones transcurrian y los amotinados no
entregaban a los rehenes, hasta asegurarse que no estuvieran dadas las
condiciones mínimas, el gobernador no tenía más opción que ceder (ante el
malestar incluso de las fuerzas policiales) mientras, paradógicamente
aparecía con discurso demagógico y enérgico por pantallas y parlantes,
asegurando lo que ciertas consultoras de encuestas recomiendan que los
votantes desean escuchar, es decir "mano dura y discurso antidemocrático".
Uno de los tantos politicos argentinos (junto a otros mamarrachos
mediaticos) que aceptaron la teoría de la "Tolerancia cero" y hasta llegó a
establecer, hace unos meses, acuerdos con una agencia de seguridad
norteamericana de ultraderecha (a juzgar por las declaraciones nazis de su
representante y de su acompañante, el conocido Sr. Blumberg, que oficia de
promotor en Argentina de la consultora) y de dudosos pergaminos en su país,
denominada Manhatan Institute.
Al dia siguiente, el gobernador ya estaba en Casa Rosada pidiendo ayuda y
fondos para construir más unidades carcelarias en la provincia.
El camino que iniciaron los presos con el motín del 10/02 aún sigue
abierto, la intranquilidad latente en el penal y el gobierno ganando tiempo
para instalar su versión de los hechos mientras negocia como puede, la
salida menos incómoda en este año electoral.
Sin dudas el responsable de que este hecho no termine en olvido o en
tragedia, es el gobierno que hasta ahora insiste en estar conduciendo este
proceso con "normalidad".
Quizá lo normal sea visto realmente el dia en que los responsables respeten
las condiciones de dignidad básicas y convenientemente explicitadas en la
constitucion nacional y otras leyes internacionales.
En tiempos de tragedias como la de Cromañón, que incluyen su correlato
mediatico-jurídico en la confusión de victimas y victimarios, no es
sencillo esperar por resultado la justicia necesaria.
DC - ANC Cba.

***

El sistema está a salvo
Por Marcelo Taborda*

Hace casi un par de décadas, el prestigioso jurista y hoy integrante de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni, despertaba
a la reflexión a cientos de estudiantes que lo escuchaban en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba cuando se refería al sistema
penal como un esquema “militarizado y verticalizante”, que recluta a sus
clientes en el mismo estrato social (el más bajo), y genera las
consiguientes contradicciones entre pobres que a menudo son víctimas y
victimarios a la vez.

Otro especialista como Elías Neuman recordó en estos días en la radio
universitaria que en la cárcel sólo están los delincuentes fracasados, en
obvia alusión a que la mayoría de los que causan el daño social más grave
escapan de la acción de la Justicia, como así también lo hacen quienes
poseen los recursos suficientes para eludir o atenuar sus condenas.

El también jurista, docente e investigador Roberto Bergalli, al referirse a
la “obscenidad de la cárcel y a su capacidad corruptora de toda sustancia
humana”, expresaba lo siguiente: “Cuando se analiza el papel que cumple la
cárcel como última instancia del control social ‘duro’ no puede menos que
relacionársela con los innumerables sucesos que habitualmente ilustran la
crónica periodística. Suicidios, motines, homicidios, agresiones, torturas,
ingreso y tráfico de drogas en su interior, abusos sexuales, transmisión de
seropositividad... Éstas son las noticias que se asocian usualmente a la
imagen de la cárcel, sobre todo a la de aquellas instituciones emplazadas
en las grandes urbes y que, aunque destinadas al alojamiento de un tipo de
internos, terminan por confundir a una heterogénea población sobre la que
se aplican unos criterios clasificatorios...”. Las afirmaciones de Bergalli
están condensadas en una ponencia titulada Cárcel y derechos humanos y
fueron publicadas en Barcelona el 21 de febrero de 1991, pero el propio
autor señala que las críticas a la cárcel podrían haberse hecho hace 200 años.

Sin ánimo de entrar en abrumadoras citas bibliográficas, resulta casi
indispensable para acometer cualquier análisis sobre el origen y las
funciones (manifiestas y latentes) de la institución carcelaria acudir a
textos como Vigilar y castigar, del filósofo francés Michel Foucault, o
Cárcel y fábrica, de los italianos Darío Melossi y Massimo Pavarini.

Por otra parte, la prisión, como el sistema penal todo, es selectiva en
Argentina, donde el castigo suele ser altísimo con ciertos estereotipos de
“delincuentes” (autores de delitos contra la propiedad) si se lo compara
con las penas (o la falta de ellas) a quienes causan graves daños sociales
como a la salud pública o el medio ambiente, por no entrar en la cifra
negra de delitos de cuello blanco a los que se refiere Luis Marcó del Pont
en su libro Las Penas, análisis de su aplicación en Córdoba. “Nosotros
realizamos una investigación sobre los perjuicios económicos ocasionados
por la delincuencia de las entidades bancarias y demostramos que suman más
de tres mil millones de dólares. Uno sólo de estos pulpos financieros
defraudó por 1.100 millones de dólares (Banco de Intercambio Regional);
otros dos por 600 millones de dólares cada uno (Grupo Greco y Banco
Ganadero); otro por 200 millones de la misma moneda (Banco de Italia y el
Río de la Plata), y así la larga lista suma cerca de 30 entidades bancarias
y crediticias, donde ninguno de los autores se encuentra detenido, porque
el mínimo penal permite su excarcelación”, dice un párrafo del libro de
Marcó como reflejo de la impunidad de la que siempre han gozado aquí los
poderosos, para quienes la cárcel sólo será excepcionalmente un destino al
que, si llegan, afrontarán con prebendas de interno VIP.


Tres veces más

Y aquí volvemos a las sentencias iniciales de Zaffaroni y Neuman para
situarlas en el explosivo escenario de la Penitenciaría San Martín, donde
la población de reclusos estaba cerca de triplicar la capacidad de un penal
vetusto en el que las condiciones mínimas que exige la ley vigente en este
país no se cumplían.

Tampoco se cumplen en la mayoría de las prisiones argentinas, tal como se
lo recordaron los 10 miembros del Comité contra la Tortura de la ONU a los
representantes del gobierno argentino en noviembre pasado en Ginebra. Los
funcionarios de nuestro país admitieron las falencias de un sistema perverso.

Pero en ese mismo sistema interactúan otros agentes: una población
atemorizada por la inseguridad que demanda condenas más “duras y efectivas”
y que en la construcción de la realidad en la que contribuyen los medios de
comunicación, sólo identifica como causantes o potenciales autores de
amenazas a individuos provenientes de un estrato social determinado.

“Casa y comida gratis”

“¿Quién se ocupa de los derechos humanos de las víctimas?” “Los derechos
humanos no son sólo de los delincuentes”, repetían anónimos oyentes de
radio, azuzados por algún que otro comunicador para pedir el máximo castigo
a los amotinados y negarles cualquier reivindicación de una mejora. “Tienen
casa y comida gratis y se quejan...” “Y les tenemos que pagar la estadía
con nuestros impuestos”, insistían voces más allá de los muros del encierro.

Las frases entrañan planteos intolerantes cuya semilla cae en el abono
fértil de una realidad en la que los altísimos índices de desempleo y
subempleo convierten a millones de personas en presos sin barrotes. Si el
Estado no es capaz de garantizar condiciones sociales, sanitarias o
educativas mínimas a sus habitantes “libres”, qué puede esperarse que haga
con los internos de una cárcel.

La ignorancia o la necesidad, en este caso, obran como eximentes de
cualquier valoración acerca de algunas sugerencias sobre el modo de
resolver la crisis carcelaria. Pero la eximente no incluye a un gobierno
que en pleno conflicto con rehenes utilizó un lenguaje beligerante para
referirse a personas que, aunque “delincuentes y criminales”, están bajo su
responsabilidad.

Los acontecimientos de esta semana en barrio San Martín no hicieron más que
sacar a la calle parte de una historia a la que los ejecutivos de turno y
la clase dirigente de la sociedad prefieren esconder tras muros y
alambrados. Pero esa realidad, como la basura que se pretende ocultar
debajo de la alfombra, tarde o temprano se hace visible y hiere los ojos
más sensibles.

Lo demás es casi siempre la misma historia: una lista variable de caídos
cuya identidad apenas engrosa fútiles estadísticas, mejoras prometidas y
nuevos castigos repartidos en forma discrecional por la autoridad
establecida y un debate fugaz sobre cómo hacer las cosas mejor tras el
tranquilizador mensaje oficial de que “la revuelta ha terminado”.

Y todo vuelve a ser como era entonces, dentro y fuera de la cárcel. El
Estado deslinda sus responsabilidades como tal y buena parte de la sociedad
mira para otro lado. En otro segmento, víctimas y victimarios siguen en
conflicto permanente. El sistema está a salvo.

* abogado y periodista

Aparecido en La Voz del interior
Córdoba, Argentina, Lunes 14 de febrero de 2005
http://www.lavozdelinterior.net/nota.asp?nrc=304834

***

RADIOGRAFIA DE LAS CARCELES ARGENTINAS
La vida perra

Lo de Córdoba no es una excepción: más de 50 cárceles están superpobladas a
reventar y los estallidos son cuestión de tiempo. El 79 por ciento de los
presos tiene la primaria o menos y sólo el 4 terminó el secundario; el 35
estaba desocupado al ir preso, sólo uno en cuatro es reincidente; casi
ninguno tuvo reducción de pena.
Por Mariana Carbajal

El sistema penitenciario está colapsado. El hacinamiento que quedó en
evidencia con el motín del penal de la capital cordobesa se repite en más
de medio centenar de cárceles del país, con casos en los que la
superpoblación llega al 700 por ciento, según surge del último censo
penitenciario nacional. El trabajo, al que tuvo acceso exclusivo Página/12,
es una radiografía de las cárceles federales y provincias y revela cuántos
y quiénes son los presos en la Argentina. De acuerdo con este relevamiento,
la Unidad 3 de Mercedes, provincia de Buenos Aires, tiene capacidad para
600 reclusos, pero alberga a más de 1000; la cárcel de Río Cuarto, Córdoba,
fue construida para alojar a 146 internos, pero registra más de 400; el
penal de la capital correntina debería tener un máximo de 62 presos y tiene
276; en la de Oberá, Misiones, hay 137 detenidos de más; en Mendoza se da
el caso de un centro de detención con espacio para 24 reos, que tiene 148.
Y la lista continúa. “Es una bomba de tiempo”, definió el abogado Eduardo
Guarna, hasta hace cuatro meses coordinador del Programa de Inspección
Penitenciaria del Ministerio de Justicia y presidente de la organización
Fiscales sin Fronteras (ver aparte).
El censo fue realizado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre
Ejecución de la Pena (Sneep) del Ministerio de Justicia. Corresponde al año
2003, pero sus datos acaban de procesarse y todavía no se habían difundido.
Los del censo 2004 aún no están disponibles. El relevamiento fue
implementado en el año 2002 por la Dirección Nacional de Política Criminal
y es una fotografía al 31 de diciembre de cada año de cada una de las
cárceles y centros de detención del país ­con excepción de las comisarías­,
ya sea federales como provinciales.
En total, el censo registró 51.998 personas. Una fuente del Ministerio de
Justicia consultada por este diario confirmó ayer que la cantidad de
detenidos se mantiene en alrededor de 52 mil. A los que hay que sumar ­para
tener la cifra total de reos­ aquellos alojados en las comisarías y
dependencias de la Prefectura Naval y Gendarmería, que es un número que
varía día a día. Al 31 de junio de 2004, sumaban otros 10.879 presos. Lo
que eleva a cerca de 63 mil los detenidos privados de su libertad.
La sobrepoblación que caracteriza al sistema penitenciario es uno de los
aspectos analizados en el estudio. Tal vez, el más crítico, porque de ahí
derivan las condiciones infrahumanas de detención que soportan los
detenidos. ¿Cómo pueden estar, por ejemplo, en la comisaría departamental
de Caleufu, provincia de La Pampa, si el lugar tiene capacidad para dos
presos y aloja a ¡16!, según refleja el censo? De las 140 cárceles sobre
las que el Sneep obtuvo datos ­hay un puñado, muchas de la provincia de
Buenos Aires, que no informaron su población penal­, 58 tienen
sobrepoblación. El nivel de hacinamiento es variable. Algunos ejemplos son
los siguientes: El porcentaje de superpoblación era de:
- 500 por ciento en la comisaría departamental de Miguel Riglos (La Pampa);
- 345 por ciento en la Unidad 1 de la capital correntina;
- 253 por ciento en la Unidad Penitenciaria II de Oberá (Misiones);
- 200 por ciento en la Unidad Nº 8 de Santa Fe;
- 177 por ciento en el Instituto de Rehabilitación Femenino “Santa Ester”,
de Tucumán;
- 137 por ciento en la Alcaidía Policial de Pico Truncado (Santa Cruz);
- 129 por ciento en la Unidad 14 de General Alvear y de 73 por ciento en la
Unidad 3 de Mercedes, ambas de la provincia de Buenos Aires;
- 90 por ciento en la cárcel de Paraná y 91 por ciento en la de Concordia
(Entre Ríos);
- 69 por ciento en la Cárcel de Encausados de General Roca (Río Negro);
- 82 por ciento en el Complejo Penitenciario Provincial de San Luis.
La provincia de Córdoba presenta uno de los panoramas más explosivos. De 12
establecimientos penitenciarios provinciales, 9 presentansuperpoblación, de
acuerdo con el último censo. En la cárcel del barrio San Martín ­donde se
produjo el sanguinario motín del jueves y el que tiene más reclusos de la
provincia­ el porcentaje de sobrepoblación llegaba casi a 46 por ciento. En
otros, como el de Río Cuarto, al 200 por ciento ­la peor situación de
hacinamiento del territorio gobernado por De la Sota­, en el de Villa María
al 89 por ciento, y en el correccional de mujeres al 75 por ciento.
Detrás de las rejas
Pero el relevamiento del Sneep permite conocer otras realidades del mundo
carcelario. Sólo el 39 por ciento de los internos alojados en las unidades
de todo el país al 31 de diciembre de 2003 tenía una condena penal. “La
cifra no varía demasiado de la actual”, señaló una fuente del Ministerio de
Justicia. El 60 por ciento restante estaba procesado, con su causa aún
abierta. En su mayor parte se encontraban acusados o condenados por la
comisión de robos o tentativas de robo, mientras que en un segundo plano se
destacan los homicidios dolosos, los hurtos, las infracciones a la ley de
drogas y las violaciones. Algunas curiosidades: el censo registró la
existencia de 19.128 casos por robo y/o tentativa y apenas 18 por
infracción a la Ley Penal Tributaria y sólo 1182 correspondientes a delitos
contra la administración pública.
El Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires es la institución
con mayor cantidad de unidades y con más detenidos de todo el país (22.983
de acuerdo al censo 2003), seguida por el Servicio Penitenciario Federal
(9246 personas presas). Entre ambos organismos agrupan al 62 por ciento de
los detenidos en todas las unidades del país.
Entre otros hallazgos, el estudio encontró los siguientes datos:
- El 35 por ciento de los detenidos estaba desocupado al momento de
ingresar al establecimiento, mientras que el 46 por ciento tenía un trabajo
de tiempo parcial.
- El 50 por ciento no tenía ni oficio ni profesión al caer detenido. Sólo
el 41 por ciento tenía algún oficio y apenas el 9 por ciento alguna profesión.
- El 79 por ciento de los presos tenía formación primaria o menor.
Secundario completo sólo el 4 por ciento y terciario o universitario apenas
el 1 por ciento.
- El 95 por ciento eran varones.
- En el 68 por ciento de los casos se trata de solteros.
- El 94 por ciento tenía residencia urbana y la provincia de Buenos Aires
es el principal lugar de procedencia (42 por ciento).
La amplia mayoría de los presos son argentinos. Sólo pertenece a países
limítrofes o Perú el 4 por ciento.
Con respecto a la vida adentro del penal, llama la atención que apenas el
34 por ciento de los detenidos había participado en algún programa
educativo durante el año 2003. Sólo el 33 por ciento tenía trabajo
remunerado en su lugar de detención. Y el 88 por ciento nunca había
participado de un programa de capacitación laboral.
En relación con los condenados, el relevamiento encontró que:
- El 72 por ciento no era reincidente.
- El 94 no tuvo reducción de pena.
- El 67 por ciento estaba en período de tratamiento, mientras que el 13 por
ciento estaba en período de prueba.
- El 11 por ciento gozó durante el año de salidas transitorias, el 2 por
ciento sufrió una suspensión o revocación de las salidas y al 87 por ciento
no le fueron otorgadas.

***

EL OSCURO ESPEJO CARCELARIO Y LA CORRUPCION
Valores en juego
Por Horacio Verbitsky

El desprecio por la vida, herencia de la dictadura, y la incapacidad de
previsión son un grave problema nacional, sin distingo de jurisdicciones.
La monstruosa superpoblación carcelaria y el maltrato a los jóvenes
reclusos concitan menos interés que el artículo del Código Penal sobre
prescripción. Si algún político corrupto se beneficiara no sería por esa
norma sino por la falta de actividad judicial. El nuevo artículo 67 ayudará
a descomprimir la explosiva situación en las cárceles.

Los episodios del penal San Martín de Córdoba muestran que el desprecio por
la vida y la incapacidad de prever cualquier desastre antes de que se
produzca no son exclusividad de la Ciudad Autónoma que gobierna el último
sobreviviente del Frepaso, ni de la provincia de Buenos Aires.
Monstruosidades con centenares o decenas de muertos pueden ocurrir en
cualquier momento en cualquier lugar de la Argentina, ya sea bajo
administración provincial o federal, porque la degradación que ha sufrido
la sociedad se corresponde con la desidia y la inoperancia estatales cuando
no con la directa complicidad en situaciones aberrantes. La reconstrucción
institucional muestra así una urgencia no menor a la de la redistribución
del ingreso. Una y otra son necesarias para recuperar formas de convivencia
que el país perdió en las últimas tres décadas. Las cárceles son un espejo
ineludible de ese deterioro, el peor y más constante pero no el único.

La vida no vale nada

Horas antes de que los presos en el penal cordobés se amotinaran por las
condiciones insoportables de vida que el Estado les impone, el ministerio
del Interior impulsó un proyecto de ley de derribo de aeronaves, como parte
del programa de lucha contra el comercio de sustancias psicotrópicas de uso
prohibido por las autoridades sanitarias. La fundamentación no escrita de
esta ley bárbara es que un avión intruso puede desobedecer la intimación a
tocar tierra porque sabe que le basta con salir del espacio aéreo argentino
para ponerse a salvo, porque ni Bolivia ni Paraguay tienen la capacidad de
forzarlo al aterrizaje. Este razonamiento desprecia la prevención y sólo
valora la represión, como si evitar el ingreso de uno de esos vuelos no
tuviera importancia. Además, el problema no se limita a los países vecinos.
En la Argentina vuelan a diario infinidad de pequeñas avionetas y aviones
ultralivianos, a los que por debajo de cierta tara la ley ni siquiera les
exige llevar radio. En las vastas extensiones poco pobladas de las zonas
fronterizas, quien va a emprender un vuelo ni siquiera tiene controladores
a los que solicitar o anunciar un plan de vuelo. Habrá que esperar entonces
que el Congreso sancione la ley, que la ansiosa Fuerza Aérea la aplique,
para que una docena de cadáveres innecesarios desaten la lacrimosa
reflexión sobre las muertes evitables, como las de Cromañón, como las del
penal San Martín de Córdoba, como las que se suceden en forma rutinaria en
las cárceles de las provincias de Mendoza y de Buenos Aires. Esa
devaluación de la vida es la peor herencia que han dejado la dictadura
militar y el neoliberalismo. No tiene nada de extraño que el ex presidente
Carlos Menem haya abogado por la intervención del Ejército, como hace
periódicamente en su intento por aglutinar a todas las derechas del país.
Pero no se percibe que quienes abominan de esas décadas negras estén
adoptando todas las medidas necesarias para revertir su consecuencia. El
operativo ordenado en la Plaza Francia por el moribundo gobierno de Aníbal
Ibarra y su secretario de Seguridad y burocracia sindical Juan José
Alvarez, en aplicación de las cláusulas represivas introducidas en el
Código de Convivencia por los legisladores que responden a Maurizio Macri,
incluyó una agresiva presencia de la Guardia de Infantería de la Policía
Federal. Su personal golpeó a discreción a artesanos y periodistas, con la
impunidad que les da el no lucir las plaquetas de identificación
obligatorias, lo cual cuestiona la legalidad de todo el procedimiento. Del
mismo modo, las fuerzas de seguridad que en cualquier lugar del país abren
fuego en algún local cerrado o en un transporte público o emprenden una
persecución a tiros en la calle para enfrentar a un ladrón armado, sólo
deben rendir cuentas cuando hieren o matan a un transeúnte. Si no hay
heridos o si las balas sólo hacen blanco en los asaltantes perseguidos no
reciben ninguna observación y hasta es posible que sean condecorados. Es
una cuestión de azar.

Locos de la guerra

El desatinado intento policial de retomar el penal cordobés, ocupado en
reclamo por la imposición de un régimen mortificante, fue el comienzo del
descontrol. Los disparos policiales sobre el camión en el que una docena de
reclusos se proponía huir y que causaron la muerte del agente penitenciario
que los amotinados habían puesto como mascarón de proa del vehículo, y de
otras cinco personas en ese momento, no pueden atribuirse a la tensión que
se vivía. Por el contrario, son de absoluta coherencia con la fría
definición del secretario de Seguridad de Córdoba, Horaldo Senn, para quien
“estamos en guerra, y en las guerras hay que solucionar el conflicto.
Queremos resolver la coyuntura y debemos recuperar la legalidad”. Como la
dictadura militar, este funcionario impermeable a su propio apellido, cree
que la legalidad es el control absoluto del más fuerte, por cualquier
medio. Lo sucedido también es congruente con las expresiones del gobernador
De la Sota, que sólo lamentó las vidas perdidas de los funcionarios.
La conversión en guerra de una cuestión de orden público y seguridad
ciudadana sólo puede conducir a este tipo de resultados. Además se propaga
en círculos y sin dificultades abarca también a los familiares de los
detenidos, que fueron rociados con una lluvia de proyectiles de duro
caucho. También revela una deficiente preparación, ya que hubiera bastado
con un bloqueo de la salida para evitar la fuga sin el costo humano que se
produjo. No se aprovechó la experiencia nefasta de Ramallo, donde hace seis
años la policía de Buenos Aires provocó una masacre similar por equivalente
impericia, agravada entonces por la maquinación electoral del entonces
candidato presidencial Eduardo Duhalde. Un principio elemental que no se
aplicó, indicaba la conveniencia de entablar negociaciones a través de los
familiares de los detenidos o de personas que ellos respetaran, dado que en
las condiciones de aislamiento en que se encontraban, los amotinados no
podían resistir por mucho tiempo. De hecho, en cuanto el secretario de
derechos humanos de la municipalidad local (el ex seminarista y preso
político durante la dictadura Luis Baronetto), un sacerdote y un ex
presidiario padre de dos detenidos pudieron asumir esa tarea, la situación
se calmó. Los presos no pedían locuras, como afirmó el locuaz intendente
Luis Juez, sino condiciones mínimas de higiene y alimentación y visitas de
sus familiares. La consigna que coreaban al iniciarse el motín era “Con la
visita no se juega”. Recién cuando la Gendarmería desplazó a la policía
cordobesa del control del lugar, el Estado mostró una actitud más razonable
que los delincuentes amotinados.

Muertes anunciadas

Debido al sistema de enjuiciamiento oral que funciona desde hace muchos
años, Córdoba es una de las provincias cuyos penales albergan menos
procesados sin condena y en la que más se respeta la separación entre
encausados (legalmente inocentes hasta que se pronuncie una sentencia
condenatoria) y condenados. El absurdo es que los encausados están en la
moderna cárcel de alta seguridad de Bower, sobre la ruta 36, y los
condenados en la ruinosa penitenciaría de la capital, en medio de la
ciudad. Mientras en Buenos Aires el 80 por ciento de los presos no tiene
condena, en Córdoba no llegan al 50 por ciento, y la cárcel amotinada sólo
aloja condenados. Pero, igual que en el resto del país, la psicosis social
respecto de la inseguridad, el endurecimiento de las leyes penales y el
ablandamiento de las garantías procesales han producido en los últimos años
un incremento brusco de la población carcelaria y una llamativa
indiferencia por las condiciones en las que se cumplen las privaciones de
la libertad, en sitios que no reúnen las condiciones que la Constitución
ordena en vano desde hace un siglo y medio.
Según estadísticas oficiales de hace un año, el 74 por ciento de los presos
cordobeses no tiene trabajo remunerado y no pasó del nivel primario de
educación, el 94 por ciento no participó en programas de capacitación
laboral, el 67 por ciento tampoco en programas educativos, uno de cada tres
intentaron fugarse y uno de cada cuatro fueron lesionados. Los índices de
superpoblación en Córdoba son muy altos. De acuerdo con la información
oficial los establecimientos penales de toda la provincia poseen capacidad
para albergar a 3716 personas pero conviven allí 5823 detenidos, 57 por
ciento más de lo previsto. En realidad el problema es mucho peor, ya que
las plazas reales son menos que las declaradas, que se calculan contando
los colchones que se agregan a espacios saturados de cuerpos. En la
penitenciaría Nº2, la sobrepoblación oficial es del 51 por ciento (1071
plazas para 1621 personas alojadas). Pero según la prensa local, la
capacidad real del penal es para 600 personas y la superpoblación del 270
por ciento.
“Sanas y limpias, para seguridad y no para castigo deberían ser las
cárceles de acuerdo con el conocido pero incumplido artículo 18 de la
Constitución. Las descripciones de los familiares de los presos cordobeses
sobre el hacinamiento, la carencia de servicios sanitarios, la falta de
atención médica y la crueldad del trato, son similares a las de los presos
en las cárceles de Mendoza y de Buenos Aires en las que, además, se produce
un número de muertes escandaloso. En la presentación judicial que presentó
esta semana, el secretario de derechos humanos de la Nación Eduardo Luis
Duhalde menciona dieciséis muertes en un año en Mendoza, estimación muy
conservadora.
Peor es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, líder indiscutido en
materia de ignominina carcelaria. Según la estadística oficial, en 2003
murieron bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense 139 personas,
casi tres por semana. Además hubo 3400 lesionados, a razón de nueve por
día. Los datos de 2004 todavía no se divulgaron. La generosa cobertura
televisiva de la toma del penal cordobés fue posible, entre otras cosas,
por su ubicación dentro de la ciudad, sin siquiera un perímetro de
seguridad que lo alejara de las viviendas más próximas, como si esa ruinosa
edificación del siglo XIX fuera una casa más del barrio. Una de las
secuencias más impresionantes fue el castigo a un joven guardián obeso, al
que dejaron en calzoncillos y borceguíes, por parte de jóvenes cuya mala
alimentación saltaba a la vista en sus cuerpos esqueléticos. Quien crea que
esa crueldad recíproca quedará confinada intramuros es porque no ha
dedicado cinco minutos a reflexionar sobre los vasos comunicantes de la
sociedad, por los que circula tanto lo bueno como lo malo hasta
homogeneizar comportamientos y valores.

Paradojas

Un trabajo del Centro de Estudios Nueva Mayoría sobre conflictos en las
cárceles en las últimas dos décadas indica que a partir de 2001, que es
cuando comenzó el endurecimiento legislativo y se masificó la crisis
económica, descendió la cantidad de motines, disturbios y huelgas de hambre
en las cárceles de todo el país. El promedio anual de veinte protestas en
todo el período, descendió a la mitad desde 2001, si bien en el mes y medio
transcurrido de 2005 ya se han producido cuatro, lo cual prenuncia un
repunte. Esta es una paradoja sólo aparente. La superpoblación carcelaria
ha ido acompañada por el endurecimiento de las condiciones internas, por
decirlo con una expresión neutral. Pero esto también puede describirse con
las palabras del camarista bonaerense Raúl Borrino, de la Cámara de
Apelaciones y Garantías de San Isidro. Hace tres años, Borrino escribió que
la superpoblación “exige un sistema de terror interno que contenga la
iniquidad de las condiciones a que se somete a los prisioneros: falta de
luz, de agua, de alimento, de espacio, de actividad, de intimidad, de
trabajo, de estudio, de movimiento físico”.
Sólo se les brindan “penurias prohibidas por la ley que no pueden ser
toleradas por ninguna persona bien nacida, y torturas para que la
degradación humana no explote en rebelión”. Pese a que nunca las
condiciones fueron tan degradantes “nunca hubo menos amotinamientos”. El
secreto de esta “paz de cementerio” es el “régimen de aislamiento y tortura
sistemática y permanente”. Si bien Borrino se refiere a situaciones
específicas de la provincia de Buenos Aires, donde, junto con Mendoza, se
ha llegado a los peores extremos, su generalización al resto del país sólo
requiere un ojo atento a las excepciones que confirman la regla.

La prescripción

La reforma al artículo 67 del Código Penal fue presentada en forma
insidiosa como una medida en favor de la impunidad para actos de corrupción
cometidos por funcionarios. Es posible que alguno de ellos se beneficie.
Pero en tal caso, no será por la reforma sino porque las causas en las que
se los investigaba fueron llevadas en forma indolente por jueces y fiscales
que las han usado como elemento de negociación política y/o porque las
penas para ese tipo de delitos no se compadecen con el clamor social contra
sus autores. ¿Cómo conciliar el generalizado deseo de que los funcionarios
que saquean el patrimonio colectivo “se pudran en la cárcel” con la escala
penal (de 2 a 6 años) que reprime los fraudes contra la administración
pública? De hecho, antes de que se modificara el cálculo de la
prescripción, muy pocos funcionarios del gobierno más corrupto que ha
tenido el país en décadas fueron condenados. Los casos más notorios, María
Julia Alsogaray y Víctor Alderete, ratifican la incidencia de la política
en las cuestiones judiciales: ninguno de ellos pertenece al Partido
Justicialista. La reforma no favorece en nada a funcionarios de la actual
administración, ya que la prescripción recién empieza a contarse desde que
cesan en sus cargos. El gobierno de Menem terminó hace cinco años y la pena
máxima por fraude a la administración pública es de seis años, lapso por el
cual se extiende también la prescripción. Ese es tiempo suficiente para
llegar a una condena o, por lo menos, a alguna de las otras instancias
procesales que interrumpen la prescripción, como la declaración indagatoria
o la elevación a juicio. Si ello no ocurrió hasta ahora no puede atribuirse
a la nueva norma. El plazo que el Estado tiene para imponer una condena
debe ser razonable. Como recordó el Centro de Estudios Legales y Sociales,
“una vez iniciada la investigación, tampoco puede mantenerse abierta para
siempre. Por ello, se entiende que sólo algunos actos de los responsables
de la persecución penal justifican que el plazo para investigar se mantenga
abierto. Antes de la reforma, eran justamente estos actos los que no
estaban identificados por la ley penal y quedaban sujetos a la
interpretación judicial. Esta falta de claridad es la que les permitía a
jueces y fiscales demorar la persecución penal. Este comportamiento
ineficaz e irregular de los funcionarios afecta a toda la ciudadanía, a las
víctimas y a los imputados”, sostiene.
En la audiencia convocada hace dos meses por la Corte Suprema de Justicia
en el hábeas corpus colectivo que el CELS interpuso en defensa de los
presos en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Justicia Eduardo Di
Rocco reveló que en 2003 una de cada tres sentencias fueron absolutorias. De
los 30.000 presos bonaerenses, 24.000 no fueron juzgados y cuando lo sean,
cerca de 8000 serán declarados inocentes, pero sus vidas ya habrán sido
destruidas por las condiciones vergonzosas de alojamiento. Ellos estarán
entre los principales beneficiarios de la nueva redacción del artículo 67.
Algunos jueces y camaristas insospechables de parcialidad en favor de
funcionarios o financistas corruptos sostienen que los delitos complejos
requieren más tiempo para la investigación. Es un enfoque honesto pero
equivocado: el problema no es de plazo sino de recursos técnicos y humanos
idóneos para esas investigaciones. Sin peritos aptos y computadoras capaces
de procesar grandes cantidades de datos, la extensión del plazo no ayuda a
condenar a los culpables sino a prolongar el sufrimiento de los inocentes.
La irritación no debe concentrarse en la norma, sino en la falta de
discusión pública previa, que permitió la difusión manipuladora y confundió
a vastos sectores acerca de lo que estaba en juego.

Casos concretos

Para que la discusión no sea abstracta y predominen interpretaciones
caprichosas o interesadas, vale la pena revisar algunos casos concretos.
Así se verá que la Oficina Anticorrupción como querellante en casos contra
funcionarios ha conseguido resultados mucho más alentadores que los jueces
y fiscales del fuero federal. En apenas 57 querellas seguidas por la O.A.
hasta 2003, fueron indagadas más de 180 personas y 80 procesadas. En ocho
procesos, la Oficina ya requirió la elevación a juicio oral y público.
Además, la O.A. persiguió casos que de otro modo hubieran sido cerrados,
por falta de actividad de los fiscales, impulsando la acción o apelando
sobreseimientos.También pidió la reapertura de casos cuyo cierre había sido
consentido por los fiscales. Uno de los más significativos es el del
contrato de Siemens con el Ministerio del Interior. El juez lo archivó en
1999, el fiscal no apeló y recién cuando la O.A. pidió su reapertura en
2003, fueron llamados a declaración Menem y su Ministro del Interior Carlos
V. Corach.
Lo mismo sucedió con el famoso caso Meller, que terminó con la destitución
de un juez de la Corte Suprema. La causa fue archivada, la Oficina apeló y
consiguió que prosiguiera y que no se pagaran 400 millones de pesos que
reclamaba Meller. También en la causa por enriquecimiento ilícito del ex
ministro Raúl Granillo Ocampo, la O.A. logró su procesamiento pese a que el
fiscal había pedido que se archivara por falta de delito. En la causa
contra el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath, el fiscal
consintió el planteo de prescripción de la defensa, pero la O.A. se opuso,
y ahora debe decidir el juez. La relevancia económica de esos casos es
impactante. Meller solicita 130 millones de dólares y Siemens demandó al
Estado ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversores) por 500 millones de dólares. Por cierto, si los
hechos de corrupción se comprueban, los reclamos de las empresas se
desvanecerían).

La última palabra

Si el tema no es la vida, sino la corrupción, una decisión clave será la
que adopte la Corte Suprema de Justicia, en la causa “Gostanian, Armando y
Otros s/ enriquecimiento ilícito”. Además del gordo bolú, se investiga allí
el enriquecimiento ilícito de Ramón Hernández, Hugo Anzorreguy, Eduardo
Menem, Adrián Menem, Emir, Karim y Omar Yoma. Lo que la Corte debe decidir
y que se aplicará luego a todos los otros casos, sin apelación posible, es
la facultad de la Oficina Anticorrupción de constituirse como querellante,
algo que por razones evidentes molesta a muchos jueces y fiscales. Hasta
ahora los votos en la Corte están divididos y el debate tiene menos
difusión pública que el legislativo sobre la reforma al artículo 57. Un
buen ejemplo de la manipulación con la que se puede inducir incluso a las
personas mejor intencionadas a la fijación de una lista de prioridades
errónea.[]

Tomado de Página/12 Domingo 13/02/05
http://200.61.159.98/diario/elpais/1-47275-2005-02-13.html
http://200.61.159.98/diario/elpais/1-47268-2005-02-13.html

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