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país | Miércoles, 07 de Noviembre de 2007
DEBATES Y PRESIONES SOBRE EL PATRIMONIO PORTEÑO
La piqueta y el macrismo
Subnotas
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ml"Fractura en el bloque
Por Sergio Kiernan
Primero que sí, después que ni: el macrismo ayer dejó en la duda si va a
apoyar o no la Ley de Emergencia Patrimonial que ya está completando su
camino previo a la votación en el plenario de la Legislatura porteña. Este
martes se reunieron los asesores de los diputados miembros de la Comisión de
Planeamiento y por primera vez el proyecto, que disfrutaba de un perfecto
multipartidismo en apoyos y votos en contra, se encontró apoyado sólo por
los que no pertenecen al PRO.
El proyecto de ley surgió de unir varias iniciativas de partidos diversos,
que respondían a ese fenómeno nuevo de los porteños saliendo a la calle para
defender su ciudad, frenando demoliciones y exigiendo un coto a las torres.
Las ideas diversas se unieron en un despacho que pide que se declare una
emergencia del patrimonio edificado por seis meses, prohibiendo demoliciones
y remodelaciones sin permiso específico de los órganos asesores de la
ciudad.
Los meses de la emergencia se usarían para definir la cuestión de modo de
evitar la situación actual, en la que los vecinos no saben si un buen día se
van a levantar con un tesoro demolido en su barrio y las empresas no saben
si no van a enfrentar amparos y juicios que les descalabren el negocio. Así,
el proyecto incluye que el Ejecutivo presente en un plazo perentorio de
cuatro meses una lista de edificios a catalogar, o sea proteger legalmente,
que resuelva el tema de una buena vez.
El Ejecutivo, según el proyecto, deberá elegir en un amplio universo de
edificios de la ciudad. Es que el despacho abarca los más de 2700 edificios
que el gobierno porteño ya recopiló como Lista de Edificios Representativos
de la ciudad, los escasos sobrevivientes de los viejos premios municipales
–una lista que incluía maravillas y fue demolida con saña ejemplar– y todo
lo que haya dentro del Paisaje Cultural de la Humanidad presentado por Jorge
Telerman a la Unesco, esto es, toda la ribera porteña de La Boca a Núñez.
Como se puede apreciar, es un proyecto ambicioso y fundante, que puede
zanjar un tema que se hizo crítico y se politizó este año, con los vecinos
tomando la calle con sus exigencias.
Este proyecto comenzó su vida formal siendo votado en la Comisión de
Patrimonio, donde recibió apoyo de todos los bloques, fundamentalmente del
PRO, el Frente para la Victoria y la Coalición Cívica. Luego pasó a la
Comisión de Cultura, donde se repitió la situación. Uno de los votos que más
entusiasmo despertó fue el del macrista Alvaro González, por la simple razón
de que además de ser miembro de la Comisión de Patrimonio es el presidente
de la de Planeamiento, la tercera y última que debe tratar el tema antes de
que sea votado en el plenario de diputados.
La reunión de ayer era de asesores, un paso previo a que los diputados de la
comisión discutan el tema. Es un procedimiento común y formalizado en
cualquier cuerpo legislativo, donde se entiende que los asesores deben
intercambiar ideas y adelantarse intenciones antes de que sus jefes se vean,
pero que no es vinculante. La reunión de ayer, en la que estaba en pleno el
grupo Basta de Demoler –cuyo nombre los identifica claramente como vecinos
inquietos por la destrucción del patrimonio– fue la primera instancia en que
se vieron líneas partidarias respecto del proyecto.
Es que, por un lado, se expresaron a favor los asesores de Beatriz Baltroc y
Juan Manuel Olmos, del Frente Para la Victoria; Teresa de Anchorena, de la
Coalición Cívica, y Carlos Lo Guzzo, radical porteño. Con mayor o menor
vehemencia, hablando de tecnicismos o abiertamente mostrándose contrarios,
le bajaron el pulgar los asesores de Rodrigo Herrera Bravo, Soledad Acuña,
Diego Santilli y Alvaro González, lo que sorprendió a los presentes.
La sorpresa tal vez se explique por la cercanía del cambio de mando en la
ciudad: será Mauricio Macri quien tenga que hacer el trabajo de catalogación
que demande la Emergencia. Este tipo de tarea es bifronte e implica al
Ministerio de Cultura, sector que se mostró crítico para el PRO, y al de
Planeamiento, donde ya está nominado un antiguo ejecutivo de Socma, Daniel
Chain. Sucede que Chain tiene opiniones muy claras sobre el patrimonio
edificado, al que parece considerar como una ilegítima ocupación de lotes
que deberían despejarse para construir edificios nuevos. En los pasillos del
viejo palacio legislativo –protegido como patrimonio, de paso sea dicho– se
habla de la fuerte presión de Chain para que no se limite la rentable
piqueta.
El martes, los diputados de la comisión de Planeamiento debaten y votan el
despacho. Ahí se podrán contar las manos en alto.
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