· no se ha encontrado evidencia alguna de tan solo un caso de menores vendidos por las FFAA , como acusaba irresponsablemente el grupo abuelas ,

· tampoco de presuntas 'listas de espera' de familias militares sin hijos y

· menos de que hubiera existido tal plan sistemático, en forma escrita o por ordenes verbales.

· Por el contrario, en las Separatas 3 y 4 se exponen pruebas documentales contundentes, incorporadas a la causa, como la Orden de Operaciones del Comandante de la Zona 1 de 1977, que disponía la devolución de todo menor y como hacerlo, avalada en su autenticidad por los Fiscales Moreno Ocampo y Strassera en la Causa 13.

· más una orden similar del Ministerio del Interior a la Policía Federal.

§ La mayoría de esos presuntos "localizados" no son denunciados en la causa de Bagnasco,

§ tampoco se hacen acusaciones formales en otros juzgados con causas individuales y

§ no mencionan procesos judiciales en curso por ellos.

§ 12 de ellos son los ya demostradamente robados y

§ todos los demás son niños devueltos por las FFAA o caen en otras situaciones particulares.

· La Justicia en cada caso adoptó diferentes soluciones como es norma ante menores en desamparo, disponiendo su guarda por familiares o personas idóneas, en oportunidades confirmando luego la adopción legal. En 19 de estos 29 casos, los involucrados permanecieron con las familias adoptantes, en 9 volvieron con la biológica y 1 falleció por enfermedad incurable congénita, en un hospital y bajo guarda legal judicial.

· Salvo en uno de los 29 casos, no se conoce que hallan realizado juicios por apropiación ilegal; todos se aclararon entre pocos días del hecho y 1986, excepto dos que lo fueron a principios de los 90'.

· Años después (1998) D'Andrea Mohr trabajó con los archivos de las Abuelas y de la ex CONADEP (depositados en la Subsecretaría de DDHH), recabando datos para presentarse como testigo y sin embargo testimonió estos 29 casos en 1998 ante el juez Bagnasco como presuntos robos por militares; ya se sabia que no era así, en consecuencia, habría incurrido en 29 falsos testimonios.

· Merece un comentario aparte el conocido caso de Ximena Vicario, quien recién nacida fue entregada a una Casa Cuna por las FFAA acorde a la ley. Luego fue allí apropiada e ilegalmente registrada como propia por una enfermera del lugar. Esto quedó claro en el juicio que dispuso su restitución, no hay militares procesados ni acusación de plan sistemático alguno. Fue entregada legalmente, siendo el robo independiente y posterior a los sucesos militares.

· En el caso Sebastián Rosenfeld Marcuzzo (o Mancuzzo) el bebé fue entregado rápida y directamente a su abuela materna en Mar del Plata, a días de nacer en 1978, pero las Abuelas inicialmente denunciaron el caso como de "localización y recuperación en 1983". Ahora aclaran que ellas lo encontraron para los abuelos paternos, "quienes no ubicaban a los maternos" o sea representaron una especie de gestoría de problemas domésticos entre familias, algo muy diferente a "localizar y recuperar niños robados". Es palmaria su mala fe en la presentación del tema al público y a la justicia.

· Un caso paradigmático, para evidenciar el descarnado aprovechamiento político del drama de los niños huérfanos de guerra, es el de Emiliano Ginés, cuyos padres mueren en un tiroteo al allanar el domicilio. El bebé tenía síndrome de Dawn agudo desde su nacimiento y es entregado por las FFAA al Juez de Menores, quien dispone internarlo en un hospital, adonde fallece diez meses después por esa enfermedad. La Abuelas habían presentado primero el caso como "un asesinato" del menor, luego intentaron instalar mediáticamente la idea de posible mala praxis y ahora en el libro insinúan vaporosamente que ese mal incurable "se agravó por descuidos médicos". Por supuesto no mencionan causa judicial al respecto, no siendo creíbles en absoluto.

· El origen, denominador común y factor desencadenante del drama de los niños huérfanos en desamparo, fue sin duda la criminal actividad terrorista de sus padres, con quienes eran llevados a vivir clandestinamente y sometidos a los riesgos y tensiones más extremas a sus cortas edades. Muy avieso el pretender equívocamente dar el vuelta el argumento, echando las culpas a los militares y policías que debieron jugar sus vidas para detener las salvajadas de los irresponsables padres. Interesante preguntarnos que cuota de esa irresponsabilidad le cabe además a las que hoy se presentan como dolientes abuelas, las madres de los entonces terroristas, no pocas de las cuales reivindican abiertamente las tropelías de esos hijos. Muy bien se cuidan, por otra parte, de demostrar el menor dolor por los huérfanos de las víctimas del terrorismo revolucionario, jamás lo han hecho.

· En solo 2 de los 12 casos los apropiadores responsables directos fueron militares.

· Son los únicos 12 casos hasta hoy probados en toda una guerra de años de duración, difícil esgrimir ese número como la evidencia de una acción sistemática y es sabida la falta de otras evidencias de tan absurdo presunto plan.

· Ninguno de los jueces intervinientes en los 12 casos dictaminó que formaran parte de plan sistemático alguno.

· El juez Bagnasco no los consideró en la causa sobre un presunto plan sistemático.

· No se han incluido un par de casos más de aparentes inscripciones ilegales, por no haberse aun comprobado que los niños fueran hijos de desaparecidos. Debe tenerse en cuenta que el lento sistema de adopciones - particularmente en esos años - ha fomentado durante décadas el negocio de la inscripción directa y como propios de niños cedidos o robados, con miles de casos totalmente ajenos a la guerra contra el terrorismo; es más, sigue ocurriendo a la fecha el problema, como es público y notorio.

· En 4 de los 6 casos (Garbarino, Spoturno, Moscato y Hernandez Hobbas) fueron apropiados ilegalmente por otros compañeros de militancia. Llama mucho la atención que no haya causas judiciales por estos delitos - algunas hasta con transporte al exterior - hecha por aparentes militantes; es evidente que la Abuelas solo denunciaron formalmente apropiaciones ilegales cuando supusieron que involucraban a las FFAA y las omitieron cuando esos delitos fueron cometidos por terroristas.

· El juez Bagnasco no procesó por estos casos en la investigación del presunto plan sistemático de apropiación de menores, lo cual llama la atención y crea un interrogante: aparentemente tendría el libro de las Abuelas incorporado al expediente, por lo cual debería tal vez haber actuado de oficio.

· En 2 de los 6 casos (Arce y Scaccheri) fueron apropiados ilegalmente por vecinos sin que se involucre a las FFAA, pero solo en el segundo caso intervino la justicia; es sospechoso que no haya actuado en el caso Arce.

· 4 de los 6 casos fueron presentados bajo testimonio por el finado D'Andrea Mohr como presuntos robos por militares; ya se sabia que no era así, en consecuencia, acumul hasta aquí en este análisis 33 posibles falsos testimonios.

· 7 de los 11 casos corresponden a situaciones poco claras, con informaciones muy escuetas y sin datos sobre apropiaciones ilegales de los niños por las FFAA (casos García Hernandez, Gatica, Catnich, Villanueva, Alvarez, Abdala y Gallo). No mencionan en ninguno de ellos - ni se conoce por otras fuentes - sobre la apertura de causas judiciales puntuales por apropiación ilegal y el juez Bagnasco no procesa por ninguno en la investigación del presunto plan sistemático.

· En 3 de esos 7 casos habrían permanecido con la familia con la cual se los encontró.

· En 5 de estos 7 casos D'Andrea Mohr testimonió en 1998 ante el juez Bagnasco como robos por militares del Proceso, pese a que ya se sabia que no era así

· En 1 de los 11 casos (Gallardo) jamás estuvieron desaparecidas la madre ni la niña. Recibieron denuncia de los familiares y luego en 1987 se comprobó que la desaparición de ambos se debió exclusivamente a problemas familiares, habiéndose perdido su rastro desde 1976. Sin embargo D'Andrea Mohr testimonió esto en 1998 ante el juez Bagnasco como robo por militares del Proceso, once años después de haber quedado claro el tema.

· En 3 de los 11 casos (hermanos Fuentes Alcober) jamás estuvieron desaparecidos, ni la madre ni los tres niños, se trata solo de un tío que perdió contacto con ellos al desaparecer el marido de ella en 1976. En 1994 reaparecen para el tío. En el colmo de la especulación y mala fe, las Abuelas dicen que "la familia estuvo separada por el temor del terrorismo de estado" (sic). Parece que tal mentado terrorismo subsistió durante el gobierno de Alfonsín y hasta el fin del primero de Menem; evidentemente es difícil montar una larga cadena de infundios si caer en las contradicciones más flagrantes y en casos, como este, en el ridículo. Pese a lo dicho, D'Andrea Mohr testimonió esto en 1998 ante el juez Bagnasco como robo por militares del Proceso, 4 años después.

· Totalizando los datos, 9 de estos 11 casos, fueron presentados bajo testimonio años después - en 1998 - ante el juez Bagnasco por D'Andrea Mohr como presuntos robos por militares; en consecuencia, el sujeto habría incurrido en más falsos testimonios y acumula hasta aquí en este análisis un total de 42.

· En 1 de los 11 casos (Scaccheri) fue localizada la menor en 1985, apropiada ilegalmente por un vecino del lugar donde vivía al ser capturada la madre, el cual la inscribió como hija propia. Fue llevado a juicio en el Juzgado C.C. 3 de La Plata en la causa 8291 y el juez en la sentencia no establece que el hecho sea parte de plan sistemática alguno, ni hace cargos de complicidad a integrantes de las FFAA; el juez Bagnasco no procesa por el caso en su causa.

· Constituyen nuevas evidencias de mala fe en el uso de los menores para la propaganda y agitación política, llegando aquí a lo macabro.

· En varios de estos seis casos reconocen que las mujeres embarazadas cayeron muertas en tiroteos durante el intento de captura por las FFAA., pese a ello y como norma rígida de propaganda los mencionan impávidamente como "asesinatos".

· Tampoco refieren que en muchos casos y ante la instancia de la captura, los terroristas se suicidaban con pastillas de cianuro, que les eran repartidas masivamente a tales efectos a todos los miembros por su Servicio de Sanidad, por expresa decisión de los cabecillas de la conducción. Sin duda muchas mujeres embarazadas murieron de esa horrible forma, de lo cual las abuelas evitan hablar.

· Siendo la causa del juzgado de Bagnasco dirigida únicamente a un presunto plan sistemático, de "apropiación ilegal y cambio de identidad de niños menores de 10 años capturados con sus padres o nacidos en prisión", es más que evidente la desconexión de ese objetivo con el caso de mujeres embarazadas muertas en enfrentamientos. Pero hay una razón que explica su inclusión en el tema e inclusive su denuncia en la causa: necesitan desesperadamente abultar los números, para hacer al menos creíble la absurda teoría del plan. El juez Bagnasco obviamente no procesó por estos seis casos.

· Estos 6 casos también fueron presentados bajo testimonio por D'Andrea Mohr como presuntos robos por militares; en consecuencia, acumula hasta aquí en este análisis un total de 48 posibles falsos testimonios.

· El Gpo. Abuelas presenta falazmente el episodio, presentándolo como el de dos "niños asesinados" juntos por sus padres, en ocasión del asalto a su casa en San Isidro por fuerzas policiales y militares el 4 de septiembre de 1976.

· Es otra deformación propagandística y muestra de mala fe, los padres y los dos menores fueron muertos en un tiroteo nocturno famoso en la época , durante un allanamiento en San Isidro, con empleo de granadas de mano, cazabobos y lanza cohetes por los terroristas. Habrían habido otros tres terroristas más también muertos, aparte de sus padres.

· A requerimiento de las fuerzas armadas intervinientes, los padres accedieron a dejar salir de la casa a los dos menores; pero cuando salían a la vereda y un suboficial se acercaba a ellos, los otros terroristas abrieron fuego y los menores murieron en la reanudación del tiroteo.

· Obviamente en este caso no han localizado a ningún menor robado. El episodio fue solo una desgracia y la responsabilidad recae sin duda en las acciones de sus padres. El juez Bagnasco no procesa por este caso en la investigación del presunto plan sistemático.

· El gpo. Abuelas sobreactua su participación en los 66 casos, en muchos de ellos no actuaron ellas en la localización sino otras personas, en varios fueron entregados de inmediato a la familia legal.

· El factor determinante del desamparo de los niños fue la vida clandestina de sus padres como militantes terroristas.

· La conducta de estas mujeres que de aquí surge, contradice la elaborada imagen de simples y dolientes abuelas buscando nietos robados. Es notable su constancia para deformar los hechos, hasta mediante una manipulación del lenguaje; sus hijos terroristas, aun los claramente caídos en públicos combates frente a decenas de testigos, son según su jerga "asesinados".

· Califican de robo a todo, aun a los muchos casos de menores entregados a los jueces acorde a la ley.

· Como contrapartida, en los casos de niños apropiados por compinches militantes, puestos a su nombre ocultando la acción a los mismos abuelos y llevándoselos al exterior por más de una década, los denominan hipócritamente como "acciones para preservarlos del terrorismo de estado...".

· El poco espontaneo "denunciante" de las Abuelas, D'Andrea Mohr, acumularía unos 48 posibles falsos testimonios, en su presentación ante el juez Bagnasco a mediados de 1998, presentando un listado de 194 presuntos robos de niños, que además publicó en el diario Página 12 y sigue a la fecha publicando en un sitio de Internet.

· Queda muy poco que agregar a lo que surge de la lectura de los Cuadros anexados, con los detalles de cada caso.