==================================

==================================

==================================

La forma como se ejerce en éste momento la participación política, no solo no nos habilita a escoger nuestros representantes, impidiendo además que la sociedad civil lo haga.

Esta apropiación dictatorial y totalitaria fue concebida y madurada por las organizaciones políticas, que no cumplieron ni parece quieran cumplir con el reclamo de sus representados.

El espacio político de los ciudadanos establecido en normas constitucionales ha sido avasallado y no existe tutela para desarmar la maquiavélica acción de sometimiento, a punto de hacernos sentir extraños en la propia tierra.

Por eso debemos insistir una y otra vez en el papel fundamental que cabe a la información y formación de opinión en nuestro desprevenido y confiado pueblo.

Opiniones que por ahora parecen orientarse a sustentar métodos y sistemas que han logrado mantener a la población ajena a todas las decisiones, muchas de ellas inaceptables en las democracias más incipientes.

Lo anterior puede ser vulnerado por el abuso del poder político del momento, usando recursos públicos o extorsivos o también por grupos de intereses particulares con objetivos diferentes al ejercicio de la libertad y legitimidad de la representación, transformándose en ambos casos en peligroso instrumento de dominación.

Todo lo que atente contra la libertad personal, la libre expresión de las ideas, la capacidad de libre asociación, el acceso a la educación y la libre elección de representantes de la comunidad, cualquiera resulte su nivel, hace que la pretendida síntesis del uso de la palabra democracia resulte una falsedad.

Si no comenzamos a educarnos para realmente entender y disfrutar los beneficios de la libertad y la democracia ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo nuestras obligaciones, seguiremos en manos de los avaladores e iluminados de turno y será más profundo el abismo de los desencuentros.

==================================

"Señor Juez:

El carácter constitucional de las Actas Institucionales, tal la del 18 de junio de 1976 cuya consecuencia es la resolución n° 2 de la Junta Militar de la misma fecha, ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados fallos, entre los que merece citarse como ejemplo categórico el recaído en los autos "Lockman Jaime s/ habeas corpus" del 10 de noviembre de 1977.-

Como corolario de ello, necesariamente ha de coincidirse en que la privación de la libertad impuesta al beneficiario de este recurso encuentra su legitimidad en la misma Constitución Nacional - indudablemente reformada por el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y el Acta - de tal suerte que el art.3° inc.e) de ésta última constituye una norma de idéntica jerarquía que la contenida en el art.23 de aquella, en cuanto faculta al Poder Ejecutivo Nacional para arrestar personas a su exclusiva disposición, en tanto las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país así lo aconsejen.-

En consecuencia, parece claro que impugnar la Resolución n° 2 de la Junta Militar so color de repugnar a la Constitución Nacional resulta inadmisible, pues tal como lo sostenía en similar planteo realizado por la defensa de María Estela Martínez de Perón, ello equivale a afirmar que la Constitución es inconstitucional.-

Por otra parte, tampoco puede aceptarse que como se afirma a fs.20 el arresto que se impone a Jorge CEPERNIC carezca de término, ya que el comentado art.2°, inc.e) fija su plazo cierto de expiración, que tendrá lugar cuando el interdicto justifique la legítima adquisición de sus bienes, lo que ha de ventilarse en otra instancia y sin que resulte imprescindible el goce pleno de la libertad ambulatoria para hacerlo.-

Consecuencia de lo expuesto resulta también la improcedencia de lo peticionado en el punto 9 del escrito de inicio, que excede el objeto de este recurso.-

Hago expresa reserva del caso federal que autoriza el art.14 de la ley 48 para el caso de resolverse en forma contraria a mi pretensión.-

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

*****************

El fallo de la Corte no sorprende, la Justicia respetó el derecho de propiedad, resulta positivo como señal sobre cómo debe funcionar un sistema jurídico correcto en el largo plazo.

En lo práctico, primero cabe desentrañar el alcance de la sentencia, según el principio de los derechos adquiridos. Los bancos ya cancelaron sus deudas con quienes retiraron los depósitos pesificados o aceptaron los bonos en oferta. Esto no se puede volver atrás, no puede ser retroactivo.

Segundo, no se puede legislar, ni dictar sentencias que sean de cumplimiento imposible. Y los bancos no están ahora en condiciones de devolver los depósitos.

Por tanto, hay que encontrar un sistema que permita honrar las obligaciones, pero que no degenere en un caos. El único principio lógico es que los bancos paguen hasta $ 1,40 más el ajuste por CER, y que la diferencia hasta el dólar libre la asuma el Estado.

*****************

La Corte Suprema de Justicia hizo un enorme esfuerzo intelectual para tratar de generar el menor caos posible en los mercados y esto es algo positivo. Esa prudencia está en que el fallo habla sólo de los depósitos, no es retroactivo y otorga el plazo de 60 días para negociación entre las partes. De esa manera, ha colaborado para mantener la calma en el mercado financiero.

Más allá de eso, lo cierto es que todo el episodio me parece bastante triste: ver a los ahorristas que festejan porque logran una ganancia extraordinaria en un país que se achicó a la mitad es triste.

En un país que se debate en niveles de desempleo y de pobreza muy graves, donde los asalariados han perdido poder adquisitivo, ver que un sector se mantenga en dólares cuando ya habían duplicado la capacidad relativa de esos ahorros, con la aplicación del 1,40 y el CER, es un espectáculo triste; eso es algo que la Corte Suprema de Justicia no supo manejar adecuadamente.

*****************

De una vez por todas se definió si sí o no a la redolarización. Es un fallo sobre un depósito en particular pero sienta precedentes y genera distintos tipos de impacto.

El primer efecto es que la resolución de la Corte evita la inestabilidad financiera y cambiaria, evita el caos económico, porque se habla de una redolarización pero no en forma inmediata. El segundo punto es que la redolarización trae incertidumbre financiera, que ya la traía la proximidad de la elección presidencial.

Otro punto es que este reconocimiento parcial de la dolarización lo va a terminar pagando la mayoría silenciosa, toda la sociedad, con mayor endeudamiento público.

En el tema del costo político, la pregunta que surge es quién lo asume, si el gobierno que se va o el que viene. La respuesta es obvia y es más conveniente que lo asuma quien se está yendo.

*****************

La redolarización de los depósitos parece tan clara que no debería haber mucho debate. Cualquier país que pretenda tener un futuro de progreso debe respetar los derechos de propiedad.

Pero así como el reclamo de los ahorristas es absolutamente justo, el tema comienza a complicarse en la medida en que se reconozca que no sólo han sido confiscados los ahorristas sino casi toda la sociedad. Así como es incuestionable el derecho de propiedad de los ahorristas, también es incuestionable la violación que implicó la fenomenal transferencia de ingresos y patrimonio del sector privado al sector público mediante el impuesto inflacionario.

Cabe recordar que a principios de 2002 el Gobierno tenía dos alternativas frente al desequilibrio fiscal: a) bajaba el gasto público y evitaba la devaluación o b) devaluaba y autorizaba a emitir moneda para financiar al Tesoro. Al adoptar la segunda opción, lo que hizo el Gobierno fue aplicar el impuesto inflacionario, licuando los ingresos y patrimonios de la gente.

Imaginemos dos inversores, el señor A y el señor B. Ambos con US$ 100.000 que a mediados de 2001 toman las siguientes decisiones de inversión. El señor A hace un plazo fijo en dólares en un banco. El señor B decide comprar un departamento. Ambos eligen el riesgo institucional argentino, uno bajo la forma de un depósito y el otro bajo la forma de un inmueble.

Ese departamento hoy tiene un precio de mercado de US$ 50.000.

El precio de la propiedad bajó porque el Estado causó un estrago no teniendo equilibradas sus cuentas públicas. Al fallar la Corte que el señor A tiene derecho de recibir sus US$ 100.000, el costo del desajuste del sector público recae sobre el señor B. Y esto mismo ocurre con aquel que vive de un ingreso fijo, que luego de la devaluación puede comprar menos bienes con el ingreso que tiene, o con el empresario que invirtió US$ 1.000.000 en una empresa y que luego del descalabro institucional y económico tiene una empresa que no vale ni el 50% del valor inicial.

El costo del desajuste del sector público quedaría sobre todos aquellos que fueron expoliados por el Estado mediante el impuesto inflacionario; un estricto acto de justicia implicaría no sólo reconocerle al ahorrista sus depósitos.

Pero la dura realidad es que si alguien le hiciera un juicio al Estado por la licuación de ingresos y patrimonio que sufrió y, en el caso que la Corte fallará en favor del demandante, sería como ir a cantarle a Gardel , porque resultaría de incumplimiento práctico resarcir a todos por el costo del desajuste del Estado dado los montos confiscados en forma de salarios y patrimonios.

Lo más preocupante de todo, este debate actúa como una cortina de humo que esconde el problema de fondo, dado que mientras todos discutimos sobre ella, buena parte de la dirigencia política sigue usando al Estado como botín de guerra, apropiándose de los ingresos y patrimonios de la gente, el problema de fondo seguirá intacto mientras el Estado siga estando en manos de corsarios.

Discutir la redolarización es absurdo. Se sabe que debe imperar el derecho de propiedad. Lo que hay que discutir en serio, para que en el futuro no volvamos a debatir lo mismo, es por qué se ha llegado a una situación como la actual.

*****************

Las normas vigentes en cuanto a la responsabilidad personal de los funcionarios que adoptan medidas que se declaran contrarias a la Constitución deberían modificarse. Ministros de Economía y presidentes de la banca central deberían asumir las consecuencias de sus tropelías, por lo menos la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los bancos privados deberían atender los reclamos de los ahorristas con sus patrimonios con las quitas y refinanciaciones que se acuerden entre las partes. Ocultarse tras un bono o un redescuento oficial significa que el vecino pagará los platos rotos. Que a uno lo asalten no es justificativo para asaltar a otro. Cada uno podrá demandar el resarcimiento que corresponda. Entre los banqueros ha habido también tramposos que, por ejemplo, tomaron fondos para invertir en el exterior con tasas bajas de interés que colocaron en la plaza local a tasas superiores, en violación a lo pactado con sus clientes.

Por otro lado, los bancos, eventualmente, reclamarán a aquellos deudores con los que no hayan efectuado otros arreglos. En este contexto debe corregirse lo corregible.

*****************

Los ahorristas con dinero atrapado en los bancos han recibido en triunfo el fallo de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, falta mucho todavía para que cada uno de ellos reciba el importe íntegro de lo que depositó en moneda contante y sonante.

El fallo, aunque pronunciado sólo para el caso de San Luis, sienta jurisprudencia en el sentido del reconocimiento pleno y sin retaceos de ninguna naturaleza, del derecho que les asiste y que han reclamado con tan admirable constancia. Pero no es igualmente terminante sobre la forma de restitución.

Lo que sí ha quedado consagrado del modo más solemne es la legitimidad del título de los peticionantes. Al reconocerle su plena validez, en un asunto trascendente y de gran repercusión social, la Corte da un paso importante hacia el restablecimiento progresivo de la seguridad jurídica.

*****************

El fallo de la Corte Suprema sobre la dolarización, implica un reconocimiento a los derechos conculcados de miles de ahorristas, pero, al mismo tiempo, agregó un nuevo elemento de incertidumbre económica y política y una nueva carga a la herencia del próximo gobierno.

El fallo de la Corte es una pieza compleja que ha dado lugar a interpretaciones diversas de los juristas y cuyos alcances se irán viendo a medida que sirva de base para futuras decisiones judiciales de tribunales de menor instancia.

Ha generado expectativas en los ahorristas que celebraron el fallo y ha creado inquietud en el sistema financiero y en el propio gobierno.

Por una parte, es indudable que quienes depositaron dólares en el sistema financiero sufrieron una modificación compulsiva y perjudicial del contrato de depósito. Desde este punto de vista, una redolarización de los depósitos puede ser considerada como un acto de justicia.

Pero tampoco pueden desconocerse los efectos secundarios que podría tener una redolarización. En este punto hay que tener en cuenta que la pesificación abarcó tanto depósitos como deudas privadas con el sistema financiero.

Si no hubiera sido así, miles de particulares y empresas habrían caído en la insolvencia y el colapso económico y social hubiera sido mayor que el experimentado.

Si se hubieran pesificado sólo los depósitos los bancos habrían sufrido un inmediato desbalance de sus cuentas, llevando a la quiebra a más de uno.

El Estado, por su parte, no estaba en condiciones de hacerse cargo de todo el costo que la devaluación causó en los deudores privados ni de financiar el desequilibrio de los bancos ante una pesificación de deudas con depósitos dolarizados.

La reflexión sobre los dilemas planteados por la devaluación es pertinente porque el fallo de la Corte puede volver a plantear el mismo tipo de problemas. Si el mismo llega a poner a los bancos en la obligación de devolver depósitos redolarizados, el sistema financiero o el Estado, o ambos, deberán hacerse cargo de la diferencia entre los ingresos que surgen de deudas pesificadas y los pagos de depósitos redolarizados. Considerando el total de los depósitos reprogramados existentes, ese costo podría ascender a unos 3.000 millones de dólares o 10.000 millones de pesos, una suma gigantesca tanto para el presupuesto nacional como para los bancos.

Se trata, por lo tanto, de un cuadro que debe ser evaluado concienzudamente por el Poder Judicial, teniendo en cuenta tanto los derechos de los ahorristas como los requisitos de sustentabilidad del programa fiscal, del sistema financiero y de la economía en general.

*****************

"¿Cómo el mundo puede confiar en la Argentina, si ha quedado demostrado que allí cuando alguien con poder no quiere que se vote, no se vota?", podría resumirse, la cruel puntualización a ese "país de Macondo" en que se convirtió Catamarca tras el frustrado proceso electoral que culminó con los escandalosos acontecimientos del pasado domingo.

Y la otra gran incógnita tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la redolarización a favor de San Luis: ¿cuál es el verdadero grado de capacidad destructiva de la bomba de tiempo que caerá en las manos del gobierno que asuma el 25 de mayo? La herencia que recibirá la siguiente administración será poco menos que ilevantable, apenas se admita que las decisiones de esta semana para solucionar "la peor catástrofe de nuestra historia" se sostienen con alfileres.

La pregunta con respuesta es hasta qué punto el bochorno de Catamarca, y no sólo el veredicto contra la pesificación, contribuyó a caldear el clima y reforzar dudas propias y externas sobre el efectivo cumplimiento del cronograma electoral.

Volvamos al fallo de la Corte, que encuentra más de una tela para cortar. El gobierno se dividió en dos bandos bien diferenciados cuando hubo que enfrentar al toro: los políticos asentados en la Casa Rosada, reclamaron "salida del 'corralón' ya", convencidos de que esa medida levantaría los puntos del candidato oficialista. Los economistas cobijados bajo el ala de Roberto Lavagna pusieron el grito en el cielo y dejaron sentado que, para ellos, es mejor barrer todo debajo de la alfombra y dejar que, si hay alguna bomba por estallar, que sea cuando ya se hayan ido del gobierno

Desde Julio Nazareno para abajo, todos los miembros de la Corte parecen abundar tanto en las diferencias que esgrimen en sus fallos como en la coincidencia en cuanto a que redolarizar créditos y préstamos es un paso de final incierto, hasta para la salud misma de la República. Pero, ¿quién puede asegurar que no darán, eventualmente, ese paso

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

FM CULTURA 97.9 - Diariamente 17.00 a 18.00 horas

Teléfonos para mensajes durante emisión: 5031-0714

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

NUEVA YORK - La pretensión norteamericana de tener luz verde de la ONU para atacar a Irak sufrió ayer otro contraste, cuando los inspectores de arsenales dijeron que Saddam Hussein Al-Tikriti avanzó en su colaboración en el desarme. Asimismo, rebatieron versiones de Londres y Washington sobre presuntos intentos del país árabe de fabricar armas nucleares.

==================================

Los inspectores de armas de la ONU no sólo no proveyeron a Washington de argumentos para justificar la guerra, sino que, en varias oportunidades, refutaron la información de sus servicios de inteligencia que indica que Irak tiene un arsenal o está fabricando de armas de destrucción masiva. Hans Blix, que está a cargo de la UNMOVIC, indicó que aún si la cooperación de Bagdad fuera total, se necesitarían "no años, no días, sino meses" para completar las inspecciones. Estas no pueden arrojar resultados instantáneos.

Por su lado, Mohamed ElBaradei, titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica, sostuvo que "después de tres meses de inspecciones intrusivas, no hemos encontrado hasta la fecha pruebas o señales plausibles de que Irak haya revivido su programa de armas nucleares". También rechazó categóricamente las afirmaciones de los Estados Unidos, de que Bagdad haya adquirido tubos de aluminio reforzado, imanes reforzados o uranio para fabricar armas atómicas.

Blix señaló que era más importante tener mejor información de inteligencia, que el doble de inspectores. En tanto, ElBaradei describió que la capacidad industrial de Irak quedó muy deteriorada en los últimos años, por falta de mantenimiento y fuga de científicos. Dijo que en ese contexto era difícil que el país tuviera un programa de producción de armas atómicas, que su agencia había podido comprobar que la información de que Irak había adquirido uranio en Nigeria entre 1999 y el 2001 "no es auténtica".

==================================

En una vuelta de tuerca, Rusia advirtió ayer que si EE.UU. lanza un ataque unilateral contra a Irak "violará el estatuto de la ONU y obligará al Consejo de Seguridad a reunirse y tomar las decisiones correspondientes".

"Cuando el estatuto de la ONU es violado, el Consejo de Seguridad debe reunirse para discutir la situación y tomar las decisiones correspondientes", expresó Igor Ivanov. El ministro agregó que Rusia continúa con sus esfuerzos para evitar la guerra, a pesar que los norteamericanos parezcan decididos a lanzarla.

El alto funcionario moscovita señaló que su país rechaza el ultimátum de Washington y Londres a Irak, manifestando además que el nuevo proyecto de resolución presentado por estos países ante el Consejo de Seguridad de la ONU "es inviable, pues abre las puertas a la guerra".

"No creemos que tales ultimátum estén justificados y menos ahora, cuando los jefes de los grupos de inspección han pedido varios meses para completar su trabajo", explicó.

El ministro francés de Exteriores, Dominique de Villepin, visitará 3 países africanos del Consejo de Seguridad en busca de apoyo contra el proyecto de ultimátum de EE.UU. En consonancia, Pekín rechazó los planes bélicos de Washington para derrocar a Saddam y consideró la agresividad del Pentágono estadounidense como una seria amenaza para la frágil cohesión del mundo islámico.

La Misión de Observación de la ONU para Irak y Kuwait (UNIKOM) declaró nivel de "alerta roja" en la frontera entre los dos países debido a la creciente amenaza de que EE.UU. ataque a Irak.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

- Los que reciben directamente, dirigir un mail con Asunto: 'SUSCRIBIR' a la dirección:

- Los que reciben vía yahoogroups, dirigir un mail con texto en blanco, para suscripción automática, dirigido a la dirección yahoogroups:

que figura al final de cada mensaje recibido

/////////////////////////////////////////////////////////////////////