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Comenzó enderezando contra las cúpulas castrenses una verdadera purga. La medida tuvo, cuando menos, tres consecuencias que aún perduran:

No contento con ello, el presidente hizo trascender - por boca de alguno de sus principales colaboradores, primero, y luego en reportajes a los que se prestó en estas playas y en el extranjero - que era intención del gobierno derogar el decreto que privilegiaba el principio de territorialidad en beneficio de otro que sentara el criterio opuesto, y dejar así expedito el camino para eventuales extradiciones de miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violar, durante la guerra antisubversiva, derechos humanos.

Si bien las decisiones del presidente no se discuten, en el seno del gabinete se abrió un debate entre quienes eran partidarios de acelerar los tiempos y dar por tierra con el decreto de De la Rúa y quienes, algo más cautelosos, insistían en la necesidad de pensar dos veces el tema y sólo después tomar la decisión. La disputa se venía arrastrando desde el momento en que cada uno de ellos terminó de acomodarse en sus respectivos ministerios o secretarías de Estado. De Vido, Alberto Fernández y el titular de la SIDE, Acevedo, habían sido hasta el pasado jueves los principales impulsores de la postura más dura.

Vienen, todos, en mayor o menor medida, de agrupaciones de izquierda y algunos de ellos formaron parte, en la década del '70, del aparato de superficie de la organización Montoneros.

En soledad, primero, y más tarde con algún apoyo del canciller, Rafael Bielsa, el titular de Defensa había hecho cuanto estaba a su alcance para postergar y moderar la derogación del famoso decreto.

Pero los tiempos - que nadie controla y menos los aprendices de brujo - se aceleraron en la última semana de una manera que ninguno de todos los involucrados en el tema podía imaginar. Por de pronto, la Cámara de Resistencia aceptó un recurso de habeas corpus del abogado defensor de los militares involucrados en los hechos de Margarita Belén, los dejó en libertad y ordenó que la causa retornase al lugar de donde nunca debió salir --la Cámara de Rosario--, si no hubiese sido por el capricho de un juez de pasado equívoco y la acción permanente de los organismos defensores de los derechos humanos de los guerrilleros muertos en la década del 70.

No se habían apagado los ecos y las reacciones del fallo antes citado y el apercibimiento hecho al teniente general (RE) Ricardo Brinzoni por sus declaraciones a Radio 10, cuando se conoció la decisión del juez federal Canicova Corral, a quien le había llegado - por vía de Interpol - el pedido de extradición de más de cuarenta integrantes de las Fuerzas Armadas y de un civil, del juez Garzón.

Ni bien Canicova Corral se declaró competente y pidió la prisión preventiva de todos aquellos que figuraban en la lista de Garzón, la noticia corrió como reguero de pólvora. Néstor Kirchner todavía se hallaba en Estados Unidos, al igual que el jefe del Estado Mayor del Ejército, de vacaciones en ese país, adonde había viajado con motivo del casamiento de su hija. La orden presidencial fue entonces inmediata: hacer silencio de radio y apurar la derogación del decreto de territorialidad, que finalmente se anunció el viernes en horas de la mañana.

En este orden de cosas, más allá de la diferencia de épocas y personajes, también Raúl Alfonsín y Raúl Borrás, el general Ríos Ereñú y el general Alais hablaban un idioma similar. Fueron muchos los que creyeron que su política militar y el sistema de enjuiciamiento que había imaginado el alfonsinismo en la Casa Rosada eran exitosos. Pero, en abril de 1987, el castillo resultó ser de naipes.

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"Frente a los múltiples problemas que tiene el país, el Grupo de Brigadieres Retirados, asociación que reúne a más de 100 de ellos, expresa la necesidad de superar con ponderado equilibrio e inteligencia de todos los argentinos ese pasado en que nos envolvió la guerrilla en contra de la República, terrorismo que creció al amparo de tolerancias, apoyos y confundidos homenajes hasta que las autoridades nacionales fueron incapaces ya de revertir tanta violencia y ordenaron a las FF.AA. el aniquilamiento de los subversivos; la guerra sin eufemismos.

"Y se hizo la guerra. No la que se quiso, sino la guerra que se pudo. No se hizo la guerra en el campo elegido, sino al que fueron llevadas las Fuerzas Armadas, y si en esa lamentable guerra hubo excesos es porque el terrorismo que en sí mismo es sólo exceso genera también el exceso en la lucha.

"Si las Fuerzas Armadas responsables de la lucha contra el terrorismo son llevadas otra vez a la Justicia, para hacer verdadera justicia debieran llevarse también a los estrados y sin excepciones a los que nunca fueron llamados: los que actuaron en los grupos terroristas, sus mentores, sus apoyos; los que abrieron las cárceles para reincidir en su triste entonces y a quienes desde el gobierno dieron oficialmente la orden de aniquilamiento.

"Asuma, reiteramos, cada uno su dolor desde su lugar y su hacer en esa historia y así como la sociedad dejó atrás el recuerdo de la bomba indiscriminada; de la toma de los pueblos y comisarías; de los asaltos a los cuarteles; de los que asesinaban a policías, obreros, empresarios, mujeres, niños y soldados; los que pergeñaban zonas liberadas; los que secuestraban y torturaban sin tiempo en las Cárceles del Pueblo para después matarlos, dejen también atrás ciertos sectores la lucha contra el terrorismo.

"No ignoremos la historia."

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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, para justificar su reciente orden de detención respecto de 46 ciudadanos argentinos, se ha amparado en la existencia de un pedido de Interpol y ha aducido el necesario cumplimiento de un artículo de la ley de extradición vigente.

Resulta un escándalo que magistrados de los poderes Judicial y Ejecutivo acepten mansamente que un juez extranjero pase por encima de lo establecido en nuestra Constitución en su artículo 116 y concordantes de los códigos Civil y Penal.

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Florencio Varela, abogado de tres de los militares acusados, calificó ayer como "injusta y arbitraria" la medida judicial . Y agregó que "la situación que están pasando es absolutamente ilegal".

El abogado, que representó a Díaz Bessone, Jorge Enrique Perren y Luis María Mendía, "sostuvo que el pedido de extradición no puede tener curso" al recordar que en noviembre de 2001, "el Estado argentino rechazó un pedido de extradición para 18 personas en la misma causa y por los mismos hechos" investigados por la justicia española.

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Se pudo confirmar ayer en fuentes gubernamentales que la intención real de Kirchner es generar las condiciones para que los acusados sean juzgados en nuestro país.

En la Casa Rosada no se descarta que Kirchner promueva en el Congreso una ley para anular las leyes exculpatorias y así se podrían reabrir en el país. De ese modo, sostienen, todas las extradiciones solicitadas en el exterior serían rechazadas en virtud de que esos delitos se estarían juzgando en la Argentina.

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El Ministro del Interior, ubicuo político que ha buscado ¨empleo¨ en diversas corrientes del más diverso signo, saltando de una a otra sin pudor alguno

Beliz expresó a La Nación estas dos penosas frases. Así demuestra que ignora leyes elementales o que manipula descaradamente a la opinión pública:

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Baltasar Garzón es, como el mundo sabe, un magistrado español. Alguna vez fue parlamentario del PSOE, encandilado por supuestas promesas de Felipe González para ser ministro de Justicia. Como sólo terminó siendo vice, se disgustó, volvió a la judicatura y tumbó al ingrato Felipillo acusándolo de represor.

Menudo problema le ha creado ahora a la administración Kirchner, que entre la remanida (pero cierta) "herencia recibida" se ha encontrado no sólo con 172 mil millones de deuda externa, contra un PBI muy menor, sino también con dos leyes que tambalean (las de Obediencia Debida y Punto Final, que el procurador Nicolás Becerra ha tachado de inconstitucionales), pero aún están en pie.

Pero este magistrado de estampa fotogénica sigue adelante. Tiene un sitio web (www.nobelgarzon. org) que promueve su candidatura en la asignatura "paz", con el patrocinio de su pueblo de nacimiento (Villa de Torres), la Asociación Latinoamericana por los Derechos Humanos - muchos de sus miembros de saberlo se habrían opuesto, incluyendo desde luego a Raúl Alfonsín, quien ordenó y obtuvo el juzgamiento y posterior condena de jefes guerrilleros y cúpulas militares, situación inédita en el mundo - y la FAI II (Artistas por los Indígenas) que ha de representar con seguridad muy poco. Quien sí vale en ese tipo de movimientos "de la tierra", se esté o no de acuerdo, el subcomandante Marcos ha definido a Garzón como un "payaso grotesco".

En pocas palabras, que nos deje resolver nuestra pobreza de espanto, reconstruir la industria, promover las exportaciones, incrementar el consumo y alguna vez honrar - quitas mediante - la deuda externa, en paz. Tal vez así pueda competir con esperanzas por un premio algo desacreditado, pero que conserva aún las luces mediáticas que tanto lo deslumbran.

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En nuestro editorial del 11 del actual, titulado "La reconciliación nacional y la memoria", afirmamos categóricamente que los reclamos de justicia que quedan pendientes en relación con los hechos de violencia acaecidos en nuestro país en la década del 70 deben ser resueltos y juzgados en nuestro propio territorio y por jueces y tribunales argentinos, de acuerdo con la legislación vigente en nuestro suelo.

La pretensión de magistrados extranjeros de tomar intervención en esas causas - y de exigir, con ese fin, la extradición de ciudadanos argentinos, militares o guerrilleros - debe ser rechazada de plano, en un todo de acuerdo con la doctrina de la territorialidad establecida en el artículo 1° del Código Penal, expresión clarísima de soberanía que en ningún caso puede ser contrariada o desconocida.

Por eso resulta lamentable que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral haya dispuesto la detención preventiva de 45 militares retirados y ex militares y de un ciudadano civil en cumplimiento de la orden de captura impartida - vía Interpol - por el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, que pretende extraditarlos y someterlos a juicio en suelo español por violaciones a los derechos humanos cometidas en territorio argentino entre los años 1976 y 1983.

Anteayer, cuando el magistrado firmó esas órdenes de detención, estaba en plena vigencia en nuestro país el decreto del Poder Ejecutivo que obligaba a la Cancillería a rechazar los pedidos de extradición interpuestos por organismos judiciales extranjeros. Por lo tanto, la actitud del magistrado fue claramente violatoria de la legislación vigente.

El cuestionado juez actuó con animosidad y parcialidad manifiestas, desobedeció la normativa vigente en sus aspectos de fondo y vulneró principios esenciales de la lógica jurídica, ya que no tenía sentido ordenar detenciones con miras a una extradición que por expresa disposición de las normas vigentes no iba a poder concretarse.

El hecho de que el Presidente haya firmado ahora, a su regreso de los Estados Unidos, la derogación del decreto sobre las extradiciones no modifica esencialmente la situación: las órdenes de detención dictadas por el juez Canicoba Corral continuarán siendo arbitrarias, pues se apartan del principio de la territorialidad de la ley penal, ya mencionado, que somete a la jurisdicción de nuestro país el juzgamiento de cualquier delito perpetrado en la República Argentina.

Aun en el caso de que existiere algún acuerdo tendiente a establecer tribunales o procedimientos supranacionales para el juzgamiento de determinados delitos, está claro que esos mecanismos regirían para los casos futuros y no podrían ser aplicados con retroactividad. En el caso de los pedidos interpuestos por Baltasar Garzón ni siquiera se trata de un intento de avanzar hacia la intervención de tribunales internacionales, sino de la mera pretensión de un tercer país de resucitar una teoría completamente perimida: aquella que sostenía que los ciudadanos de ciertos países llevaban sobre sus hombros, como una "mochila", el derecho de ser juzgados en sus países de origen. Hace ya muchos años que esa supuesta doctrina fue abandonada por el pensamiento universal, que adhirió al principio de la territorialidad.

El intento que se está haciendo de revivir en nuestro país la polarización que nos desangró en la década del 70 constituye un gravísimo error. El debate sobre el pasado debe hacerse mirando hacia el futuro. Transcurridos treinta años, los argentinos nos estamos volviendo a plantear el mismo debate y en los mismos términos, y eso constituye una trágica involución.

Obviamente, los pueblos deben tener memoria y aprender las lecciones del pasado, pero de ninguna manera deben quedar prisioneros de ese pasado. Si vuelven a quedar cautivos del mismo conflicto, significa que no ha habido ningún cambio, ninguna evolución.

Es falso plantear la antinomia "juicio o extradición" como si se tratara de examinar dos opciones excluyentes. En realidad, no es así. En nuestro país ya hubo juicios. Las 46 personas cuya detención se procura ya han sido juzgados en distintos grados. A determinados grupos o sectores puede no haberles gustado el desenlace de esos juicios y tienen todo el derecho a formular una crítica legítima de lo actuado por la Justicia. Pero ningún sector puede sostener que no hubo juicio por el solo hecho de que el resultado de la intervención judicial no lo dejó satisfecho o conforme.

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La derogación, por parte del actual Poder Ejecutivo del decreto 1581/01 sin haber tenido en cuenta la razón de su dictado y la continuidad jurídica de la Nación, no obstante los cambios de gobierno, y que esa continuidad jurídica es necesaria para la seguridad jurídica tanto en el orden interno como en las relaciones internacionales, constituye un hecho de gravedad institucional.

La soberanía nacional expresa la idea del Estado con una personalidad que trasciende al orden internacional. Nos enseñaba el jurista Rafael Bielsa (padre) que "no se es soberano en la propia nación o Estado, sino respecto de otras naciones o Estados. El pueblo de un Estado es soberano en cuanto se identifica con el Estado mismo, como suma de voluntades que lo constituyen. Pero esa voluntad con el Estado organizado es potencial y se convierte en actual cuando ese pueblo se da una Constitución".

Son caracteres esenciales de la soberanía:

En ejercicio de la soberanía, el dictado de las normas y preceptos, al igual que su derogación, debe responder a los principios y garantías consagrados en la Constitución y a la forma de gobierno adoptada por la República; no al capricho de los ocasionales gobernantes que pretenden desconocer actos jurídicos cumplidos por aquella en el devenir de su historia.

La República no es pieza de caza de quienes desempeñan el poder, sino una unidad política nacional y con reconocida personalidad internacional tanto en sus gobiernos de iure como en los gobiernos de facto. De lo contrario, sino se aceptase la continuidad jurídica, todos los actos jurídicos cumplidos durante los segundos serían nulos y su desconocimiento, de una gravedad institucional, de tal magnitud, que nos llevaría a la desintegración como Nación libre e independiente.

El Gobierno de la República Argentina lo componen los tres poderes - Ejecutivo, Legislativo y Judicial - estando reservada la representación en las relaciones exteriores al primero. Por ello es que los pedidos de extradición deben tramitarse, según lo dispone la ley 27.767, por vía diplomática siendo el primer filtro, del cumplimiento de los requisitos por ella exigidos, el Poder Ejecutivo cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto debe dictaminar si se da curso al pedido, y si se lo rechazare deberá devolverlo al Estado requirente por igual vía, con copia del decreto respectivo. Las actuaciones del trámite administrativo tendrán carácter reservado (arts. 19 a 25 de la ley).

Es así que al dictar el decreto 1581/01 el Poder Ejecutivo ha reglamentado el "·exequatur" necesario para dar andamiento a los requerimientos de extradición, previo examen sobre forma y fondo de los mismos y su conformidad con el orden público de la República.

La ley penal de cada Estado es derecho público - consecuencia de su soberanía -, y por ello, normas y preceptos penales de un Estado se efectivizan de acuerdo a las reglas instituidas por el Código Procesal Penal, que también es público, porque es el que responde a los principios y garantías consagrados en la Constitución Nacional, en particular en el artículo 18 de la misma. A ello debemos unir las leyes de competencia del Poder Judicial dictadas por el Estado, en ejercicio de su poder soberano, para determinar cual es el Tribunal que debe ejercer sus funciones en el caso concreto sometido a él.

La jurisdicción es un atributo del imperium del que están investidos los poderes de una Nación y que lo tienen los jueces nacionales como atributo del poder de gobierno que ejercen dentro del territorio de la República y para ello se hallan investidos de competencia.

El artículo 1º de la ley 24.767, de cooperación internacional, establece que la República "prestará a cualquier Estado que lo requiera la mas amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquél.", razón por la cual por los delitos cometidos que no corresponden a la jurisdicción (competencia) del requirente no deben recibir la ayuda que significa la extradición del nacional.

El Derecho Internacional Público, como lo dice el decreto 1581 en sus fundamentos, "en la eventualidad de conflictos de diversos principios de distribución de jurisdicción penal, la práctica internacional concede primacía al de territorialidad, como resulta, por ejemplo, de la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional y de diversos Tratados bilaterales suscritos por la República Argentina".

El juzgamiento de los hechos ocurridos en el País en el período 1976-1983 corresponde en forma exclusiva y excluyente a los Tribunales argentinos, aplicando las leyes argentinas relativas en cada caso concreto. Y al decir leyes nos referimos no sólo a ley penal sino también a todas aquellas dictadas en ejercicio de la soberanía y de acuerdo a las normas constitucionales. Las leyes dictadas por el Congreso y promulgadas por el P.E., son leyes vigentes en el País y si se declarase su inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia, lo es solo para el caso concreto sometido a su pronunciamiento, dado que no existen leyes nulas.

Es por todo lo dicho que, aún derogado el decreto 1581/01, el Poder Ejecutivo no puede dar curso a ningún pedido de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional.

Hay que separar la paja del trigo, mas aún cuando la cosecha ha sido solo del 22% de lo sembrado.

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