En una república el Estado y sus poderes, sus funcionarios son los primeros en estar sometidos a la ley, como una regla inviolable como garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cuando esos poderes, sus funcionarios gobiernan según su capricho y desbordan el marco de la Constitución y las leyes estamos ante un poder dictatorial, cuyo límite es el poder de los otros, de nosotros. Pero ya no hay estado de derecho.

Los días pasan y las ilusiones sin fundamento empiezan a quedar atrás, el autoritarismo de Kirchner y su banda empiezan a ser inocultables. La existencia de su rojo inspirador Horacio Verbitsky fijando la política de odios y revanchismos como un nuevo López Rega empieza a fructificar.

Hay quienes quieren creer que por ahora Kirchner está "acumulando poder" para su mandato desde el 10 de diciembre, lamentablemente es una ilusión, el mandato legal de Kirchner empezó el 25 de Mayo aún cuando el Congreso en forma inconstitucional le haya dado un mandato de 4 años y 6 meses, porque la Constitución fija un máximo de 4 años.

Claro que al Congreso Nacional hace ya mucho tiempo que no parece importarle cumplir la Constitución y mis palabras suenan a perogrullada. Un congreso que dio mandato a Duhalde para completar la presidencia de De la Rua que ya no estaba vigente, y merced a ese truco le dieron 2 años de presidencia para reemplazar a Adolfo Rodríguez Saa cuyo mandato era de 120 días, que ha sido capaz de votar anular leyes derogadas estos días ya no es la institución constitucional, sino un poder cuyo límite será el poder de otros poderes fácticos.

En un vertiginoso recuento de los 100 días de gobierno nos muestra la destrucción y vaciamiento de las instituciones estatales y privadas para generar el vacío donde se imponga y gobierne el poder.

Entre los primeros actos estuvo vaciar las Fuerzas Armadas, descabezando ilegalmente a sus Estados Mayores. No solo arruinó un "capital humano" al cual todos los argentinos hemos contribuido a financiar y crear, sino que requirió al Congreso una ley de emergencia posterior que permitiera hacer lo que estaba ilegalmente hecho.

Luego Kirchner tomo la "cadena nacional" de radio y televisión para embestir contra la cabeza del Poder Judicial. Y la mayoría automática de sus favoritos diputados, encabezados por el diputado Falú de inmediato inició el jacobino proceso de remover los jueces que dictaren sentencias no convenientes al programa político del dictador.

Las usinas de propaganda tercerizadas con el generoso uso del dinero de todos los contribuyentes, tanto en radios, como en televisión y diarios comenzaron la tarea de demolición del honor de los jueces, y a señalar que se necesita una Corte que acompañe el cambio político.

Mientras tanto Beliz, el camaleón de la política, dejo sus zapatos blancos y abrió su boca para lo único que sabe hacer bien, insultar, denostar .

Eduardo Luis Duhalde tiene todo el derecho de elegir a sus clientes y ser el jefe de un grupo de abogados dedicado a defender terroristas comunistas, lo inaceptable es que termine siendo el funcionario a cargo de los derechos humanos quien defiende a pone bombas, secuestradores extorsivos, asesinos, etc.

Así se ha logrado amedrentar a los jueces, quien ponga un pie fuera de la línea del dictador santacruceño sabe que lo espera la mayoría automática de Falú y Cristina, la iracundia de Beliz y el deshonor frente a sus familiares, amigos, y ciudadanos.

Al otrora camarada a cargo de la vicepresidencia se lo fue marginando pero él sin aceptar ese triste papel recuperó súbitamente la voz y quiso dar a conocer alguna idea distinta a las del "humilde dictador". De inmediato el viento patagónico saco a la luz su intolerancia y descubrió que el área de turismo no cumplía los objetivos.

Y mientras el Comisario Santos sigue preso por haber impedido la toma de la Casa de Gobierno, cumpliendo con su deber, De la Rua tiene falta de mérito.

Así han hecho con la cuestión de la "guerra revolucionaria de los 70". Juicio y castigo para los militares, policías y gendarmes. Para los políticos que no supieron conducir la nación, dieron las órdenes y las acompañaron hay cargos, jubilaciones de privilegio, "embajadas", diputaciones, etc.

¿Quién ha de defender las instituciones y la Constitución cuándo el ejército piquetero tome las calles y las sedes del gobierno, la justicia, las empresas,?

Algunos pensaban, piensan, que solo se tocaría a los militares y nada más. Luego que sería a los menemistas, a algunos jueces menemistas, o a las privatizadas, a los demás no. O piensan que no se llegará a tanto, como pasaba con muchos alemanes cuando se pintaban cruces de David en amarillo para marcar a los judíos y sus tiendas en los años 30.

Pero sería bueno que vayamos pensando que todos podemos ser Scioli. Que si no se obliga a que Kirchner comience a gobernar dentro de la Constitución, que el Congreso en lugar de "legalizar sus atropellos" sea un cuerpo que defienda nuestra garantías.

Algunos amigos me dicen eso no puede pasar acá, alguien lo va a impedir.....No creo en eso de que "alguien hará algo", creo que cada uno debe hacer algo, cada uno debe impedir que se lleven al vecino, no aplaudir con la hipócrita esperanza que allí terminará la redada.

Porque acá como en muchas otras partes no solo puede pasar, está pasando, y para mayor gravedad estamos persiguiendo a quienes lo impidieron una vez.

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Históricamente, el rol del Ejército en particular y de las fuerzas armadas en general ha sido importante en términos de ocupación territorial. En el último cuarto del siglo XIX, fue la presencia del Ejército la que permitió incorporar al país 60% de su actual territorio continental, tanto en el noreste como en el sur del país.

A comienzos del siglo XX, la presencia militar en la Antártida resultó esencial para que la Argentina haga efectivos sus derechos en dicho continente.

En el caso de la Patagonia, la ocupación por parte de unidades militares asentadas en forma permanente comienza en los años ’20 del siglo pasado.

Fue una presencia que tuvo un doble sentido. Por un lado, responder a la hipótesis de conflicto con Chile y por otro establecer la presencia del Estado nacional en territorios deshabitados.

La instalación de unidades militares en el extremo sur del país se incrementó a fines de los años ’70 del siglo XX, a raíz del conflicto con Chile por el Beagle.

Es a fines de esta década y comienzos de los ’80 que el V Cuerpo de Ejército, del cual dependen las unidades de la Patagonia, pasó de ser el más chico al más grande.

La presencia militar en la Patagonia ha perdido sentido en función de la hipótesis de conflicto con Chile que ya no tiene vigencia. En cuanto al rol del Ejército en términos de ocupación territorial, pienso que no tiene la importancia que tenía en el pasado. Hoy está claro que no tiene demasiado sentido cerrar cuarteles que están siendo ocupados, como ocurrió en los ’90. Terminan siendo decisiones costosas e implican perjuicios en los casos que las unidades están asentadas en pequeñas poblaciones.

Pero tampoco tiene sentido abrir o construir nuevos cuarteles, dado que la cantidad de efectivos es muy reducida para lo que requieren las actuales unidades y, además, tampoco existen los recursos necesarios para ello.

La ocupación territorial por parte del Ejército mantiene vigencia como una misión secundaria, pero en mi opinión no es una función central ni principal.

Se ha planteado en tiempos recientes una paradoja: la Gendarmería dejando las fronteras para concentrarse en los grandes centros urbanos por el deterioro de la seguridad pública y la política de desplazar al Ejército hacia las fronteras para sustituirla.

Pienso que no es una buena política, porque cambia el fin específico de cada institución, que tiene un adiestramiento y equipamiento adecuado para determinadas funciones.

En conclusión, la ocupación territorial ha sido una misión importante del Ejército en el pasado, pero ya no tiene la misma vigencia. Puede constituir una misión secundaria de la fuerza pero, en mi opinión, no la principal al comenzar el siglo XXI.

La investigación realizada por una comisión mixta del Ministerio de Defensa y del Ejército determinó que el general de división Roberto Bendini no efectuó consideraciones antisemitas durante una charla en la Escuela Superior de Guerra. El ministro de Defensa comentó que "el resultado de distintas averiguaciones no encontró ninguna aseveración del general Bendini que afecte en forma específica, individual ni colectivamente a individuos de la comunidad judía".

La comisión ad hoc que analizó los supuestos dichos de Bendini aceptó la palabra del principal general en actividad y los escritos presentados. Así se dio por terminada la controversia. No hubo llamado a testigos.

Más allá de esa comisión hubo una acción de respaldo político, y de esa manera habrá que analizarla para establecer en qué situación quedó el jefe del Ejército. El Ejército quedó conmovido por esta crisis, ya que rozó la médula de la institución: el principio de autoridad.

La sola creación de una comisión para investigar las palabras de un jefe del estado mayor general golpeó en el ánimo colectivo. En el esquema militar eso provoca una inevitable mella en la figura del jefe.

El titular de la AMIA, Abraham Kaul, anunció que esta tarde concurrirá a una sede del Ejército para revisar todos los expedientes en los que constaría el contenido de una clase dictada por el jefe de la fuerza, general Roberto Bendini, para recién determinar si da por concluido el episodio.

El Gobierno emitió un informe en el que consignó que tras una exhaustiva investigación, no se hallaron indicios de que Bendini hubiera realizado esas manifestaciones, y la DAIA se dio por satisfecha con esas explicaciones.

Sin embargo la AMIA no tuvo la misma actitud y, según anunció hoy Kaul a distintas emisoras radiales, recibió permiso del Gobierno para concurrir esta tarde al Regimiento de Patricios con un grupo de colaboradores "para leer el expediente de 60 páginas y saber qué consta en esas páginas, a fin de dar una opinión concreta" sobre lo ocurrido.

El doctor Mariano Narodowski renunció a su cargo de vicerrector de investigaciones por negarse el Consejo Superior de esa casa de estudios a condenar de manera expresa las controvertidas declaraciones del rector, ingeniero Julio Villar.

En una sesión extraordinaria, el Consejo Superior de la universidad, organismo que cumple funciones legislativas y controla la gestión del rectorado, no reunió los votos suficientes para condenar los dichos de Villar y exigirle una rectificación pública.

► Sin embargo, aprobó una declaración de tono muy general, en la que condena "todo acto que en forma explícita o encubierta constituya una discriminación de cualquier índole en el ámbito universitario", omitiendo mencionar las polémicas declaraciones del rector. El texto fue votado, incluso, por el propio Villar.

"Entiendo que no es ésta la posición que esperaba la comunidad universitaria, expresada en diferentes ámbitos, ni la que esperaba buena parte de la opinión pública", escribió ayer Narodowski en su renuncia.

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