Mails para desuscribirse: al final de esta Síntesis

Durante la última parte del siglo XX, la noción de "derechos humanos" causó problemas entre los liberales. Por un lado se los definía en tratados internacionales de manera muy vaga y por otro quedaban ligados con una ola de llamados "derechos sociales" logrados a costa de atropellos antisociales hacia derechos individuales.

El problema que en realidad traía más conflictos con quienes defendían el estado de derecho fue que los comenzaron a esgrimir terroristas que como tales carecían de límites a la hora de destruir y matar, para cuestionar a quienes los combatieron. El "mundo libre", el único dónde regían derechos de las personas, era cuestionado en sus procedimientos por salvajes partidarios del totalitarismo. Algo no cerraba bien.

El terrorismo como fenómeno constituía, y constituye aún, una amenaza para la cual no existe un manual de combate, ni una estrategia de represión legal. Su metodología desafía la concepción de un estado que actúa bajo la ley para impedir que agresores internos y externos conculquen derechos individuales.

Mientras el estado se había planteado dos campos de batalla definidos: el interno y el externo; y cuenta con doctrinas legales para ambos supuestos, el terrorismo le propone un campo confuso que lo desafía a quebrantar la ley o perecer. Estados Unidos y su guerra antiterrorista bastante más atropellada que la vivida en Latinoamérica de hace treinta años, vive hoy esta encrucijada, sin saber del todo que la padece.

La incomodidad fue resuelta a la larga, porque los cuestionamientos a los militares se hicieron unánimes. El conflicto se había superado, sobre todo por el hecho de que el terrorismo había sido derrotado, los militares ya no estaban el poder, y el costo de saltear algunos dilemas era muy bajo.

Muchos liberales en ese contexto optaron por la salida más fácil que fue la de aceptar, sin más que los militares habían actuado como una banda de criminales. Algunos incluso esgrimen argumentos de un crudo utilitarismo tales como que no se debe permitir a los socialistas "robarnos banderas". Como a su vez lo más fácil y lo más útil aparecía como lo más valiente, el negocio era perfecto.

Treinta años después, cuando un gobierno que se manifiesta sin tapujos simpatizante de las bandas terroristas asume el poder rodeado de varios personajes que ensangrentaron en aquella época al país y que ahora desde los resortes del estado, arrasan la ley para perseguir a los militares, cuando ni siquiera se encuentran ante la encrucijada de un grupo armado que les presenta un campo de batalla confuso, lo que se ve es que nada se resolvió y que la alfombra bajo la cual la sociedad argentina tapó su pasado, no da más.

Pero la alusión a terrorismo de estado tiene que ver más bien con el ejercicio del terror unido a los resortes del gobierno. El terror constituye en un mero método para mantener y acrecentar el poder. Fue inaugurado de manera sistemática en la Revolución Francesa a través del partido de los jacobinos y sus herederos en el siglo XX fueron los países socialistas, tanto en sus variantes comunistas como fascistas o nacionalistas.

Luego de las grandes guerras, los gobiernos de los países civilizados buscaron universalizar la libertad de manera ingenua a través de tratados internacionales. De ahí viene el término "humanos" adherido a "derechos", como una forma de afirmar que no se trataba sólo de beneficios propios de los norteamericanos, los ingleses o del mundo libre, sino que se extendían traspasando todas las fronteras. No se quería hacer una distinción respecto de "derechos animales o vegetales", como a veces se cree, sino llevar el paradigma más allá de los sistemas jurídico-políticos que en definitiva lo garantizaba.

El problema fue que los países que habían conquistado la libertad compartían los organismos internacionales donde se negociaban los tratados de derechos humanos, con otros países que practicaban todo tipo de salvajismos políticos y dominaban gran parte del mundo, con particular preeminencia del socialismo del entonces enorme bloque soviético. Estos países trataban de demostrar que en el mundo libre había "otros derechos" que no se respetaban, incorporando en las negociaciones todo tipo de aspiraciones que ellos querían alcanzar (y de las que se alejaban cada vez más) como si fueran derechos, que se conocen como "sociales".

El resultado no podía ser otro que términos y definiciones crípticos como los que contienen esos tratados, que al compararlos con las declaraciones de derechos y garantías de los países que por sí mismos los habían definido, como la Argentina, representaban una profunda involución.

Tampoco sirvieron para proteger a los individuos de países totalitarios que se multiplicaban y se sentaban en los mismos foros de los que participaban los defensores (en términos generales) del mundo libre.

La Unión Soviética extendió su reino del terror sin ningún problema a todo su éjido de influencia, siendo miembro pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras el resto del mundo hacía la vista gorda en función de compromisos políticos o comerciales y realizaba proclamas al estilo de la Declaración Universal de Derechos del Hombre.

Los tratados de derechos humanos funcionaron así, más que como un mecanismo favorable a la libertad de las personas, como un medio de convalidación o blanqueo del terror de Estado. Para el mundo libre no eran importantes, de manera que sólo se ocuparon de ellos los socialistas, pero no para liberar del yugo a sus súbditos, sino para cuestionar la falta de "políticas sociales" del mundo civilizado.

El caso de la Argentina en la década del 70 ha sido tratado como terrorismo de estado, pero más allá del entusiasmo puesto por los involucrados y por más que se repita esta caracterización es difícil de sostener. Si bien el Estado operó contra población interna, su fin no era el ejercicio del terror para el mantenimiento del poder, sino responder a una agresión armada. En lo que tenía de legal e ilegal, esa represión era una respuesta y no una metodología política afirmativa tendiente a la dominación.

Por otra parte, si bien el terrorismo de los años setenta estaba compuesto sobre todo por población local, respondía a una estrategia general de revolución universal, promovida desde el bloque soviético en los términos de esa guerra fría que en esta zona fue caliente. El fenómeno se dio en buena parte de América del Sur, por lo que no puede tratárselo seriamente cómo un asunto meramente doméstico.

Sin embargo, si bien el terrorismo de estado está relacionado a la idea de derechos humanos históricamente, eso no quiere decir que ese caso extremo sea necesario para que exista una cuestión de derechos humanos. Siempre que se verifique una indefensión del individuo frente al Estado y violaciones a derechos o garantías elementales reconocidas más o menos universalmente, estaremos en presencia de una cuestión de derechos humanos. Y en nuestro caso, en tanto la declaración de derechos y garantías que la constitución argentina contiene es mucho más precisa y liberal que ningún tratado jamás suscripto, no haría falta invocar derechos humanos porque bastaría y sobraría con aplicar nuestro sistema jurídico.

La preocupación en materia de derechos humanos entonces, es la de la debilidad del individuo frente al poder del Estado. El problema desde este ángulo, nunca puede ser como se pregona casi siempre en la actualidad, el de "poner fin a la impunidad" (es decir facilitarle al Estado los instrumentos para castigar), sino el de cuidar la legalidad (cuidar los medios) y limitar al gobierno.

En la década del 80 en la Argentina esto estaba claro. Cuando comenzó a revisarse lo ocurrido en la década anterior, algunas argumentaciones tendían a la compensación, entre crímenes terroristas y crímenes de los agentes del Estado. Otras, que prevalecieron, señalaban con acierto que una cosa era el problema de seguridad y otro el de derechos humanos.

No es que el problema de seguridad no exista y que no deba resolverse. Tampoco esta distinción santifica al terrorismo ni quiere presentarlo como un conjunto de idealistas perseguidos por su forma de pensar como pretenden hacer sus apologistas. De lo que se trata es de distinguir la exigencia al Estado de que cumpla su rol y la cuestión de hasta donde puede llegar en el cumplimiento de ese cometido. Es este último punto el que atañe a los derechos humanos.

Como señalé al inicio, el terrorismo sigue constituyendo un desafío no resuelto para la legalidad. Pero como conflicto sólo se da cuando está operativo. Mientras la sociedad vive en paz, no hay un contexto en el que se pueda entender, aunque no justificar, un quebrantamiento de derechos desde el poder.

Esa es la situación en la que nos encontramos hoy. La lucha antiterrorista forma parte del pasado en la Argentina. Los atentados de la década del 90, no implicaron la instalación permanente de bandas operativas.

Pero existe además otra particularidad y es que los roles se han invertido. Quienes tuvieron el papel de dirigir o participar en el conflicto desde el lado oficial, ya no están en el poder, sino que son sujetos pasivos del aparato punitivo estatal. El gobierno argentino simpatiza con las organizaciones terroristas que en aquellas épocas se encontraban, por así decirlo, del otro lado del mostrador.

El problema de los derechos humanos debe ser analizado hoy en ese contexto, para proteger los de aquellos que están en peligro de ser tratados despóticamente. El tratar los derechos humanos como un tema histórico vinculado a una época anterior, conlleva el riesgo de violar los de los imputados actuales en función de vengar víctimas del pasado.

La regla general para la existencia de derechos humanos es la existencia de un debido proceso. No sólo debido en sentido positivo por responder a las leyes formales del país, sino en cuanto a asegurar un derecho de defensa amplio y sin interferencias, a permitir un debate adecuado, a estar basado en la presunción de inocencia del imputado y ser conducido por un juez imparcial, sin influencias políticas, ni del gobierno, ni de partidos políticos, ni de ONGs u otras organizaciones privadas, ni de presiones mediáticas. A riesgo de ser reiterativo vuelvo a decir que este principio que debiera regir de manera universal, es patrimonio de cualquier persona, con o sin uniforme.

Una vez que hayamos aceptado que hay derechos aplicables a todos, estaremos en condiciones de decir que hay derechos humanos. Mientras algún sector se crea con derechos que no se reconocen a otros, estaremos disfrazando despotismo de humanitarismo.

Pero estamos lejos de ese final deseado. El Estado argentino hoy, con la complicidad de innumerables organizaciones que se dicen defensoras de derechos humanos pero en realidad defienden intereses políticos de los remedos del socialismo en el mundo, viola sistemáticamente los derechos humanos de militares en actividad y retirados, al no reconocerles prerrogativas básicas como la de gozar de jueces naturales, ni el principio de legalidad para los delitos que se les imputan, ni un debido proceso establecido antes de los hechos y al no acatar la presunción de inocencia, ni otorgarles el beneficio de la cosa juzgada, ni asegurarles jueces imparciales no politizados, etc.

La creencia general parece responder a la idea de que cualquier forma es lícita para perseguir a quienes se consideran responsables de violaciones a los derechos humanos, incluidos aquellos que nunca han sido juzgados, lo cual constituye una enorme contradicción. Como también es una contradicción que no haya organismos de derechos humanos que los defiendan pese a que están en la mira no de uno sino de varios estados.

Si el caníbal se comió al caníbal en los setenta, ahora es otro caníbal el que se lo come a él.

La tendencia general en el mundo también parece desorientada. Tiende a fortalecer el poder punitivo, por ejemplo cuando se aplaude que un juez farandulero traspase jurisdicciones y viole todas las normas existentes para perseguir a los militares argentinos, o cuando se instala un Tribunal Penal Internacional que no tiene límites precisos ni otros poderes que lo controlen, que se rige por un tratado internacional que contiene definiciones de delitos mediante tipologías ambiguas, conocidas como abiertas, que permiten ser aplicadas con extrema laxitud y arbitrariedad; característica que comparte, curiosamente, con el derecho penal del Nacional Socialismo.

El peligro de la instalación de un gobierno mundial es creciente, con el riesgo que ello conlleva para la humanidad. Tal vez no de manera tradicional, pero si mediante poderes punitivos que no reconocen fronteras ni límites. Los individuos se ven sometidos a persecuciones desde cualquier sistema jurídico, por jueces que no pueden controlar, que poseen una autoridad que ni de manera remota ni ficticia procede de ellos.

La "globalización", como fenómeno político, al contrario que cuando abarca aspectos comerciales, constituye una dilución de los límites del poder. Los controles que se dan en lo interno, desaparecen en lo externo. Mientras que el ideal de protección de los individuos es la existencia de múltiples estados con fronteras que contengan al poder pero dejen pasar a las mercaderías y las personas, el universalismo político sigue la línea opuesta.

Así se da la paradoja de que el estado español o el francés impiden a un extranjero radicarse en su territorio y mucho más formar parte de su sistema político, pero se permiten extender el poder de sus jueces más allá de sus fronteras.

Ninguno de esos límites existe para este Tribunal Penal Internacional, ni para jueces que bajo la moda universalista se salen de sus fronteras para incursionar en un terreno en el que no son contrapesados ni controlados. Sólo se le pueden oponer remotas protestas diplomáticas que no son eficaces en función de la justicia que las anime, sino del poder político del país que las realice.

El poder judicial, como los otros dos, es solo aceptable, sobre todo para liberales, en el marco de un gobierno limitado. Marco en el que no se encuentran estos fenómenos universalistas que ni siquiera consideran el problema. Un poder judicial que es útil a la defensa de los derechos en el contexto de un estado limitado, constituye una amenaza tiránica fuera de ese ámbito.

La corriente dominante en la materia se inclina a considerar todo como "delito de lesa humanidad", algo que nadie se preocupa mucho por definir, pero que termina siendo una caracterización sólo útil para la persecución arbitraria.

La pretensión de instaurar la no prescriptibilidad de delitos también es un refuerzo a la capacidad represiva del Estado a un punto intolerable. Y no se puede pretender llamar a una línea de acción que conduce a potenciar el rigor del castigo salteando etapas indispensables de reaseguros contra la arbitrariedad, como defensora de los derechos humanos. Por cierto no es, como se la llamaría en la Argentina, en absoluto garantista.

Medio siglo de esfuerzo para trabajar en función de los derechos de las personas en todo el mundo y tal parece que no hemos aprendido nada, porque aún a la hora de juzgar a imputados de violar derechos humanos se actúa con igual despotismo que aquel de que se acusa a los imputados.

Una visión liberal del problema debe apuntar a fortalecer los límites al estado. A cualquier estado y con más razón a varios estados actuando en conjunto. Una mirada histórica que requiera utilizar mecanismos punitivos, sea por violaciones a los derechos o por cualquier otro crimen, tiene que poner el acento en el debido proceso tendiente a establecer la veracidad de los hechos y la responsabilidad individual, no colectiva, de aquellos a quienes se les atribuyen los hechos.

La posición políticamente cómoda de colocarse contra los militares cuando están en el banquillo de los acusados y no en el poder ya no es posible, al menos desde un punto de vista liberal.

A nivel internacional el liberalismo debe bregar por impedir la formación de estructuras de poder sin control y sin un límite preciso.

"Folleto Otrosi" -------------- www.geocities.com/otrosi_again

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"La década del 70" --------- http://www.ladecadadel70.com.ar

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