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Archivos desde enero del 2000 en la dirección :

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El Comisario General fue asesinado por ser un peligroso enemigo para los grupos terroristas, es que era un profesional brillante, un hombre honesto y valiente, un patriota argentino, por todo ello un real conductor de la Policía Federal.

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Sitios web recomendados

¨Sitios sobre el caso del Capitán de Corbeta Ricardo Cavallo, de Miriam Mata:

¨Sitio sobre el caso del Capitán de Fragata Alfredo Astiz, de Miriam Mata:

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La preocupación instalada por la revista Noticias sobre el "apriete" oficial a la prensa no necesita otra prueba que el silencio que se impusieron sobre el tema los grandes medios. La autocensura es palpable y el único origen de la autocensura es el miedo.

Nunca antes declaraciones tan escandalosas como las emitidas por Elisa Carrió, que solía ser una especie de apéndice de la prensa argentina, en particular del grupo Clarín, merecieron una indiferencia mayor.

La diputada antes estrella se ocupó sólo de los aprietes que le molestan a sus amigos habituales en la prensa. Aquellos a los que el gobierno considera aliados naturales por identificación ideológica (sumada a la propensión a las operaciones) y que trata como "amigos que se portan mal" cuando no son genuflexos al cien por cien. Algo que no podría hacer con quienes no hubieran dado muestras previas de complicidad.

Lo que el oficialismo entiende es que ser favorito de la publicidad oficial tiene un precio, pero de ningún modo se les puede endilgar ser pecadores unilaterales. Que una prostituta conserve cierta ética para su actividad, no hace que sea menos prostituta. El trato con "los amigos" de este gobierno tal vez sea algo más descarnado, porque no disfraza de dádiva lo que es una compra o arrendamiento. Pero eso es todo.

El problema es más grave con la prensa independiente (cualquiera sea su ideología), cuando en un país arrasado el único anunciante firme es el estado y quienes reparten la pauta oficial carecen de escrúpulos. También cuando el gobierno ha dado muestras de manejar la economía con puño de hierro y arremeter agresivamente contra cualquier empresario que ose no obedecer ciegamente y la actividad privada empieza a dar muestras de no querer poner publicidad en medios o programas enfrentados al poder por temor real o ficticio a represalias.

Más aún cuando la Corte Suprema de Justicia ha sido arrasada y el Congreso obedece al poder Ejecutivo ciegamente porque éste es el que reparte el dinero y se sabe que solo lo reparte a los que se portan "bien". Si el vice-presidente de la nación puede ser silenciado por la fuerza y el más mínimo cuestionamiento o resistencia a la agresión desatada desde el poder es interpretada como "extorsión", la sociedad con todos esos elementos actuando al unísono, empieza a ser gobernada por el miedo.

El miedo "construye poder" más rápidamente que cualquier pacto o sutileza estratégica. La obediencia empieza a ser la única vía de supervivencia de muchos sectores de la sociedad. Sobre todo porque el miedo unido al manejo del dinero público de una patria clientelística no deja resquicio para la oposición.

El miedo posee un efecto inercial. Las personas prefieren convencerse de que están de acuerdo con la ola, antes que hacerse cargo de sus desacuerdos y quedar a merced de la ira de los poderosos.

En los primeros meses del gobierno del señor Duhalde las encuestas mostraban a la Iglesia y a las Fuerzas Armadas como las instituciones que gozaban del mayor nivel de confianza por parte de la población. Un año y algo más después, cuando el señor K arremetió con una purga en las tres fuerzas e inició una política de revancha montonera, las encuestas dan un margen abrumadoramente mayoritario de apoyo a su embestida. La única explicación de esta paradoja aparente es el miedo. Y ni siquiera puede saberse si en aquél verano del 2002, los encuestados no estaban dominados por el miedo a la posibilidad de un nuevo golpe de estado que nunca se dio.

Si vemos temblar a diputados y senadores, a empresarios, a jueces, a supuestos postulantes a opositores escondidos bajo la cama, a un vicepresidente que osó expresar una diferencia, a periodistas que parecían tan valientes con gobiernos inofensivos ¿qué le queda a la población general?

El Disidente no es más que un intento por encender una vela en el medio de gran un apagón que nada tiene que ver con las tarifas. Sin embargo una de las preguntas más frecuentes que recibo es ¿no tenés miedo? La percepción es que debería tenerlo por reprobar al gobierno. Tengo más miedo a que ciertas cosas que considero obvias no sean dichas.

En la Argentina eso puede pasar. Tal vez nadie diría nunca que un señor que corta una ruta para sacarle plata al estado es un delincuente, que un presidente que destruye a la Corte Suprema de Justicia es un tirano, que un Congreso que obedece ciegamente a cualquier presidente a lo largo de todo el espectro ideológico, es una banda de corruptos e ineptos aunque no se queden con un centavo (y tal vez lo único que demuestren con eso sea su cobardía pero no su honestidad), que anular leyes de amnistía es una forma de condenar al país a no volver a tener un sistema jurídico ni garantías elementales, que tener un gobierno que dispone la prisión de las personas y se jacta de dar órdenes a los jueces nos retrotrae a la edad media, que convocar a la ciudadanía a pronunciarse sobre un candidato a juez de la Corte, para después ignorar las objeciones y perseguir a los objetores, es una muestra de hipocresía y despotismo como no habíamos visto en décadas. Da miedo lo que el miedo puede hacer con un país que fue alguna vez ejemplo para el mundo.

En la política argentina hay una regla de oro: el que actúa bien, pierde. En el mundo nos ven como si estuviéramos locos y tal vez lo estemos. Pero también existe la posibilidad de se trate de una sociedad enferma de miedo.

La táctica del terrorismo de las décadas de los sesenta y setenta puede que no haya terminado nunca; incluso que se haya perfeccionado. Los mesiánicos que querían dominar al país atemorizándolo, nunca dejaron de actuar con la misma estrategia. Periodistas, artistas, políticos, jueces, fiscales, todos tuvieron temor al ataque de la izquierda en las décadas del 80 y 90. El mejor negocio fue seguir la marea en lugar de remar contra ella. Parecía convicción lo que era cobardía.

Aprendieron eso si que existen métodos más eficaces, más sutiles pero más efectivos que las bombas, los secuestros y los asesinatos. La gente le teme a otras cosas casi tanto como a la pérdida de la vida. Perder el prestigio, el qué dirán, el quedar fuera del opresivo catálogo de lo políticamente correcto. Nada que una buena campaña de prensa no pueda poner en peligro. El falso manual de lo correcto que hay detrás de este nuevo terrorismo no repara en medios y los cobardes disfrazan así su cobardía de ética.

Se teme hasta quedar en minoría en una reunión social, porque cualquier mayoría lograda en temas triviales se ha vuelto agresiva y facciosa.

El quedar sin trabajo genera también temor. Ser periodista y no ser de izquierda es meterse en problemas, ser artista y no ser de izquierda significa sufrir el escarnio del medio. El terrorismo de hoy tiene armas que ni las peores bombas podrían superar. El resto del pánico lo provee el gobierno con cada una de sus acciones.

A partir del golpe de estado contra de la Rua ese estilo atemorizante tomó un impulso inusitado, con el manejo de los fondos públicos y los resortes ilimitados del poder ejercido por los "compañeros" del conurbano bonaerense.

Todo el mundo quiere pensar como piensa el poderoso. Si es necesario se forzarán las interpretaciones para demostrar que el mandamás se acerca al propio ideal y que toda actitud que contradiga esa creencia (a veces todas las actitudes conocidas) es en realidad una puesta en escena "para la gilada".

Aunque más no sea se encontrará algo en lo que se está de acuerdo y se lo convertirá en un absoluto. Las opiniones distintas o cualquiera que se atreva a decir que piensa igual que antes, "como en los 90" actúa como una amenaza en la psicología de los acobardados. Los discordantes son relegados y presionados a callarse, no tanto por los déspotas sino por sus aduladores.

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La pretensión de "no criminalizar la protesta social" encierra bajo un sofisma el deseo de otorgar impunidad al uso de la fuerza por las organizaciones de izquierda. No existe criminalización alguna de ninguna protesta en el derecho penal. Si en cambio están penalizados el robo, el daño, la extorsión, la intimidación pública, la privación ilegítima de la libertad y la interrupción de los servicios públicos. Hasta ahora gozan de una impunidad de hecho, pero no les conforma y pretenden una impunidad de derecho.

Ahora bien, si la acción política de los grupos de izquierda incluye habitualmente un cocktail de todos esos delitos, el problema no es que se encuentre criminalizada la protesta social, sino los procedimientos criminales de quienes se oponen a la existencia de un sistema jurídico (pacífico) de convivencia y quieren someter a sus semejantes a sus designios.

Organismos de "derechos humanos" internacionales, incluidos los oficiales, han comenzado a reprochar a la Argentina por las pocas veces en que los jueces (jamás el gobierno que es cómplice) actúan frente al delito de los grupos piqueteros y extorsionadores en general. Una de las características más sobresalientes de las "políticas de derechos humanos" ha sido justamente la de pretender que la izquierda tiene derecho a cometer delitos y que la sociedad que los impide es genocida.

Cuando ese ejercicio de la violencia es tolerado y además fomentado por el gobierno con subsidios, la llamada "protesta social" se transforma en una forma solapada de violencia oficial, una suerte de policía política del poder de turno.

Como consecuencia del copamiento del ministerio de trabajo al que el oficialismo llamó "privación ilegítima de la libertad" (cuando el ministro ni hizo, ni fue autorizado a hacer nada, ni recibió auxilio para salir del edificio), el gobierno anunció la formación de una "brigada especial" para actuar en caso de piquetes.

No utilizarán la fuerza sino la persuasión según se anunció. Una especie de junta de psicólogos. El ideal de los derechos humanos tal y como son entendidos por la izquierda.

Si la justificación del estado es el ejercicio del monopolio de la fuerza, es hora de disolverlo, porque está visto que no la utilizará contra los violentos sino a lo sumo para cobrar impuestos para entregarle dinero a los violentos. Desde ya que los piqueteros son mucho más baratos que el resto del gobierno.

Pero esta política comprensiva con los criminales con marketing marxista, contrasta con la intolerancia oficial contra las empresas, aquellos egoístas que quieren ganar plata (la plata para el nuevo sistema de valores imperante debe ser obtenida con palos, con impuestos, con devaluaciones y con subsidios, nunca trabajando, comerciando e invirtiendo), contra militares que en Latinoamérica se están convirtiendo en los únicos defensores convencidos de la democracia, o contra cualquiera que haya estado cerca del menemismo, salvo los que se le suman como Alberto Fernández, Gustavo Beliz, Antonio Boggiano, el "chueco" Mazzón, etc, etc. Sucumbir santifica. En realidad no es este un gobierno que esté contra los menemistas o contra los procesistas, sino sólo contra aquellos que no se le subordinan.

El que solo sabe hacerse respetar por la fuerza, respeta sólo a los que se le pueden oponer por el mismo medio, mientras desprecia a los débiles.

Los empresarios son débiles. Pese al paradigma mítico del derecho laboral, la riqueza no encierra fuerza, sino virtud, trabajo acumulado. La formación del capital implica confianza de quién lo acumuló y lo invirtió, en que el resto (que juntos son más poderosos), lo respetarán. La acumulación de riqueza y su aplicación para la producción requiere ese ámbito pacífico sin el cual cada uno viviría al día para no correr el riesgo de ser despojado por las hordas.

El "derecho laboral" ha sido construido a favor de los fuertes contra los débiles y su único efecto es atentar contra la formación de riqueza. Ahora la Argentina ha universalizado el error, con violentos que son premiados y emprendedores que son castigados.

El caso de Carrefour es sintomático. Ese mismo derecho laboral que actúa contra los formadores de riqueza establece que los empleados de Carrefour deberían "pertenecer" al sindicato del señor Cavalieri por ser el comercio la principal actividad del empleador. Un derecho, como hemos dicho que convalida el abuso en lugar de impedirlo, pero que ni aún así es respetado. La tolerancia y simpatía del gobierno con la acción violenta de Moyano para "apoderarse" de esos empleados muestra que aún esa versión tan particular del derecho sucumbe ante la fuerza bruta.

Lo que tenemos es una sociedad sin normas donde domina la intimidación, con varios zorros sueltos en un gallinero progre.

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Atónitos presenciamos la incubación de un problema en el que terminarán pagando los platos rotos TODOS los argentinos. El Gobierno es el que debe actuar. Dije actuar y no mediar. Es tradicional que el Ministerio de Trabajo no se expida en un caso de encuadramiento gremial. Históricamente son escasas las veces que lo hizo, ya que debió hacerlo en miles de oportunidades. Pero a ningún Ministro de Trabajo le gusta darle la razón a un sindicalista en detrimento de otro, para no ganarse el enemigo. El caso CARREFOUR, es el momento de mostrar "Un país en serio".

El Gobierno debe decir: CARREFOUR no es para ninguno de los dos. Los empleados de Carrefour tienen que decidir que quieren un gremio propio, sin pertenecer a Comercio ni a Camioneros.

Este es el momento de cambiar las cosas que expresaban las voluntades del "Que se vayan todos" de Diciembre de 2001.

Quién mejor que los empleados, van a ser los intérpretes de las necesidades que tienen sus ámbitos de trabajo o de mejorar sus propias condiciones de vida. Terminemos con eso de que otros nos manejan nuestras vidas mejor que nosotros mismos.

Con esto vamos a evitar paros nacionales, peleas diplomáticas con sus consecuentes deterioros y mil problemas más sentando las bases para que seudos caudillos dejen de usar a todos los argentinos para sus intereses personales.

Espero que esto sea un aporte.

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Numerosas notas se dedicaron a celebrar lo que se llamó el aniversario número 20 del retorno a la democracia.

Sin embargo el proceso institucional que se inauguró un 10 de diciembre de 1983, fue interrumpido el 20 de diciembre de 2001.

Lamentamos no poder sumarnos al festejo, pero significaría hacernos cómplices del quebranto institucional producido en esa fecha para la mega devaluación con pesificación asimétrica y confiscación general de depósitos que sufrió la Argentina. Los avances de este gobierno sobre la Corte Suprema y demás transgresiones constitucionales que viene denunciando El Disidente.ar, nos impiden considerar que el orden institucional haya sido reestablecido.

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