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Sitios web recomendados

¨Sitios sobre el caso del Capitán de Corbeta Ricardo Cavallo, de Miriam Mata:

¨Sitio sobre el caso del Capitán de Fragata Alfredo Astiz, de Miriam Mata:

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El Foro de Generales, el Grupo de Almirantes y el Grupo de Brigadieres retirados, repudian el vandálico atentado llevado a cabo contra la catedral de la ciudad de Buenos Aires, el reciente sábado primero de noviembre.

El hecho en cuestión, no solo ha inferido un profundo agravio a la Iglesia Católica y a sus creyentes, sino que también hiere los sentimientos religiosos de la mayor parte de las personas, tal como lo expresaran las autoridades religiosas de todas las entidades confesionales del país.

Estas expresiones de solidaridad, implican el claro reconocimiento de la ofensa infligida al conjunto de la sociedad y que, por lo tanto, merece el mas enérgico rechazo de la ciudadanía agredida, una vez más, por este tipo de intolerancia y barbarie.

Asimismo, es motivo de generalizada preocupación, la impunidad de la que gozan grupos cuyo accionar no respeta principios básicos de la convivencia social, ni se detiene ante instituciones que son pilares del acervo histórico de nuestra nacionalidad.

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Este número 10 de ´El disidente´ se lo dedicamos al estreno mundial de Matrix III. Descubrimos muchas coincidencias entre la actualidad de la Argentina y esa obra de la ciencia ficción.

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El problema de la seguridad siguió siendo protagonista toda la semana. Y lo seguirá siendo en tanto no hay indicios de que se piense en una solución y la cuestión es tratada como un elemento para la lucha política entre la facción de K y la de Duhalde. A veces esa lucha encierra cuestiones de poder real, otras responde a la necesidad de satisfacer la ira de un presidente que se enoja mucho cuando lo contradicen o cuando se siente despechado, lo que tiene más relación con la psicología que con la política. Nos vamos acostumbrando a que la función principal del Estado es complacer sus caprichos.

Un presidente así se obsesiona no tanto por los problemas sino por su reflejo en los medios. Su acción se centra en ellos. Más que preocuparle que haya gente que salga a protestar contra él, le molesta que los diarios lo digan. Entonces sus laderos salen a rescribir lo escrito, a dotarnos del guión oficial que termina haciéndonos vivir una realidad paralela a la verdadera. La realidad se equivoca; se la debe cambiar como si se tratara de un programa informático defectuoso. El único absoluto es la visión del monarca.

A este monarca en particular no le faltan lacayos. Los mismos que en otros tiempos hacían de cualquier diferencia con el gobierno una cuestión de libertad de expresión aunque no la hubiera, están ahora bien dispuestos a servir al poder con la devoción de un perro faldero.

Así se rescribió la noticia de una delincuencia creciente y un grupo de ciudadanos hartos. Se trata ahora de un complot en contra de la familia presidencial de una organización mafiosa llamada policía (complot que evolucionará tal vez hacia la caza de autores y "sospechados"), grupos de "ultraderecha" (que vendría a ser cualquier cosa que no sea ultra izquierda) y políticos corruptos (que llevaron a K al poder). En síntesis: "sectores". Los "sectores" siempre están causando problemas en la Argentina.

La manipulación de la información es burda en el caso de Clarín. La Nación, el mismo domingo publica sus tradicionales columnas de fondo. La de Mariano Grondona habla de la lucha de los "puros contra los impuros", olvidando una larga lista de impurezas oficiales, tanto en el pasado como en el presente. Grondona comenta directamente la imagen proyectada oficialmente como si fuera cierta. Morales Solá nos presenta un K nuevo en la política, decidido a terminar con la "vieja política".

Tal vez toda esta reprogramación sea una consecuencia benéfica de la ley de protección de "bienes culturales". Una reinterpretación que debemos agradecer a las fuentes así preservadas de la cultura argentina.

Otras partes del programa "defectuoso" ya habían sido corregidos o borrados. El record de policías muertos en cumplimiento de su deber se olvidó. No parece encajar con la visión oficial del problema. Incluir esta cuestión haría obvio que buena parte de la policía merece felicitación más que persecución. La mayoría de los delitos violentos involucran a menores, pero a nadie se le ha ocurrido una solución estilo Herodes como la que el Huracán K promueve con los uniformados.

El último de los programas pasado a la papelera de reciclaje fue la gran panacea prometida por el solícito ministro Beliz: "la ley antisecuestros". Con ella que nos prometió poner fin a esta modalidad delictiva y por eso ejerció fuertes presiones para sacarla en el Congreso. Si la noticia no se hubiera borrado, debería rendir cuentas de sus resultados.

En la campaña electoral el programador principal, Página 12, hablaba refiriéndose a la crisis de seguridad como una "psicosis" promovida por los periodistas malos.

A veces algunas líneas de código se mezclan en el texto y se dan a conocer como si fueran hechos inocentes. Juan José Álvarez, el flamante ministro de seguridad bonaerense, es una de las víctimas semanales de la ira presidencial. Su pecado no es la falta de resolución del problema de seguridad (ni podría serlo a 40 días de iniciada su gestión, máxime con la paciencia que se le tuvo a su antecesor). Nuestros problemas no interesan tanto como para que un funcionario sea cuestionado por no darles respuesta.

El conflicto con él es que tenía otro candidato, que no era K, para que el aparato duhaldista llevara al sillón de Rivadavia: el ministro Lavagna. ¿Cómo perdonar semejante atrevimiento? En alguna "asociación ilícita" debe haber andado. Falta que la Oficina Anticorrupción la "descubra".

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Hablando de nuestro ministro santo, partió a su última cruzada: el descubrimiento de las cuentas en Suiza atribuidas a Carlos Menem y Ramón Hernández. La justicia de ese país (que venera un concepto muy en boga en lugares así, llamado: derecho) se niega sistemáticamente a conceder información porque no cierra la versión ni las motivaciones de los funcionarios y magistrados argentinos.

Se sabe que Menem es una obsesión del señor K. Los temas por los que pagamos un ministerio de Justicia pueden esperar. Beliz tiene que ocuparse de asuntos judiciales que interesan al presidente (de esos que la Constitución le prohíbe expresamente siquiera conocer) y que a él le dan un profundo placer.

Habría que analizar algunas de las incoherencias de esta misión para entender la índole del problema. El ministro dijo (confesó) antes de partir que desconocía montos y movimientos de las cuentas. En consecuencia lo que el gobierno hace con Menem, es ver qué se le puede encontrar, lo que se conoce como "excursión de pesca" o dicho de un modo más llano: una persecución personal.

El muy gracioso "testigo C" de la investigación por el atentado a la AMIA afirmó que un ex funcionario Iraní muerto (oportunamente) le comentó que un supuesto enviado de Menem habría cobrado una coima de diez millones de dólares para que el propio ex presidente callara la relación de ese país con el hecho.

El muerto no podrá desmentir semejante confabulación, aunque el sentido común podría hacerlo. Sería una curiosa dilapidación de recursos. Un gobierno acusado en todos los rincones de la tierra y por la principal potencia mundial de promover el terrorismo, preocupado por posibles imputaciones hechas por un ex presidente de un país por el que tienen tan poco respeto que se atreven a hacerle dos atentados gigantescos y no uno.

¿Cuál es la efectividad de semejante pago? ¿Qué tenía que ver Menem como para que alguien le pagara algo? No nos podrán hacer creer que la efectividad de la SIDE, teniendo al servicio secreto israelí y norteamericano encima, preocupaba tanto a los Iraníes como para coimear a un presidente con un monto tan suculento.

La Argentina se ha convertido en un país al que se le puede hacer creer cualquier cuento sin que nadie lo considere ridículo, siempre que confirme creencias o sentimientos mayoritarios. La única coima por la que se podría investigar, tal vez no a Menem pero si a sus funcionarios, es la que el Juez Galeano ofreció a Telleldín para que involucre a policías en su declaración, hecho por el que en su momento se privó de su libertad al denunciante y que tuvimos oportunidad de ver por televisión.

Esta historia de la vinculación de Menem en el atentado a la AMIA no nació porque sí. Fue una ocurrencia de los laderos de Fernando de la Rua, cuando descubrieron que no podrían obtener información alguna de su propia excursión de pesca antimenemista respecto de estas cuentas, si invocaban la figura del "enriquecimiento ilícito" que no existe en Suiza, ni podría existir porque los países civilizados no sólo no anulan leyes por el Congreso, sino que no invierten la carga de la prueba en los procesos penales. Debían encontrar otro delito que pudiera conectarse con ese dinero. Si el único delito que permitiera revisar las cuentas de Menem fuera la violación de menores, estaría siendo imputado de tal cosa por algún otro testigo conocedor de algún otro muerto. Y lo que es peor es que a mucha gente le parecería bien.

Pero los Suizos, siempre tan aburridos, se atienen al derecho (¡hasta con Menem!). Los jueces de ese país en serio, pese a todos los esfuerzos y recursos puestos por los últimos gobiernos argentinos para ese cometido, no creen inocente este cambio de "motivo" para averiguar que hay en esas cuentas y por eso se niegan sistemáticamente a hacerse cómplices, como sí lo aceptan jueces y funcionarios locales.

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El doctor Quantín no se refería al Presidente. Sabemos que en la actualidad las normas, como ésta tan particular viniendo de un secretario de seguridad, se aplican a unas personas y no a otras.

En este caso se refería a las amenazas recibidas por el secretario letrado de la Procuración General de la Nación, doctor Juan Martín Romero Victorica (h). Como hijo del fiscal Romero Victorica, cuya actuación más conocida fue contra los líderes montoneros, no tiene derecho a asustarse como el presidente. Es más, contra "gente así" se pueden decir barbaridades como la dicha por Quantín sin que los medios reaccionen, ni los abogados, ni las instituciones que agrupan a magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

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