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Archivos desde enero del 2000 en la dirección :

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Ahora vemos cómo un "arrepentido" confesó el supuesto pago de sobornos en el Senado de la Nación, durante su presidencia, para comprar las voluntades y lograr la aprobación de la Ley de Reforma Laboral.

De resultar cierta tal confesión…¿puede un Presidente de la Nación ser ajeno al manejo de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia conducida por su fiel amigo y ex banquero, Fernando de Santibáñez, o la magnitud de los hechos lo superaron - como tantas veces durante sus 740 días de gobierno? - Las decisiones políticas… ¿pueden superar a quienes las generan?.

Los actos de gobierno, de resultar falaz la confesión del ex Secretario Parlamentario del Senado, Mario Pontacuarto, ¿pueden constituirse en linchamiento político con consecuencias prejudiciales impredecibles e incontrolables, o meramente quedarán al margen de lo judiciable?.

En la Argentina de la sospecha todo resulta posible. Pero resulta altamente necesario que la investigación castigue si hubo cohecho - activo y pasivo - o sobresea definitivamente a los inculpados si todo se debió a una maquinaria guiada por el resentimiento personal y el aprovechamiento político.

La indefinición y la sospecha conducen a la "vindicta pública": la más injusta de las condenas.

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La explosiva aparición del arrepentido Mario Pontaquarto en la escena es funcional al gobierno de Néstor Kirchner por donde se la mire.

La sobreactuación del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anteanoche, calificando como "día de gloria" a esa jornada, en la que salieron a la luz las acusaciones del cesanteado secretario parlamentario de la Alianza, casi eximiría de mayores comentarios sobre esa impresión, que ganó no pocos adeptos entre observadores y analistas y, en general, en el radicalismo y en partidos de centro-izquierda -- amén de la esperada reacción crispada de los involucrados por la denuncia --, si no fuese porque el caso aparece como una formidable pantalla para cubrir los días aciagos que vive la Casa Rosada frente a dos hechos para los que no encuentra salida: cómo frenar sin palos ni gases el plan de algún modo insurreccional que prepara el piqueterismo duro para el sábado próximo y cómo bajarle el tono a una pelea de final incierto en la que se ha embarcado con los poderosos intendentes del duhaldismo bonaerense, por el manejo de los planes de asistencia a pobres y desempleados.

Ibarra, Álvarez y Fernández, en ese orden, fueron los hitos que recorrió Pontaquarto en sus pasos como el primer arrepentido político de la democracia antes de llegar a la redacción de la revista "TXT" y al despacho del juez Norberto Oyarbide y de los fiscales Freiler y Delgado. Antes, había logrado un compromiso del jefe de Gabinete y del presidente Kirchner: protección para su familia, llevada el viernes por la tarde a Ezeiza en dos camionetas de la SIDE, y el compromiso judicial, también diligenciado desde la Casa Rosada, de que no quedaría preso.

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Sitios web recomendados

¨Sitios sobre el caso del Capitán de Corbeta Ricardo Cavallo, de Miriam Mata:

¨Sitio sobre el caso del Capitán de Fragata Alfredo Astiz, de Miriam Mata:

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De un lado, la posibilidad que todo sea 'humo' para un buen fin de semana mediático. Del otro, que Néstor Kirchner tenga el 'disparador' para la reforma política que prometió. El caso Pontaquarto aún es una incógnita para una sociedad escéptica.

En una sociedad acostumbrada a las enormes denuncias, seguidas por formidables fiascos, el caso de Mario Pontaquarto fue tomado con cierto escepticismo por los líderes de opinión pública.

La historia tiene todo para conmocionar a quien la escuche pero, ¿qué pasa en una sociedad a la que, sin ir muy lejos, se le prometió que unas cajas con documentación llegada desde USA revelaría los nombres y el destino de millones de dólares lavados por argentinos, y resulta que al final no pasó nada? Debe recordarse que Cristina E. Fernández de Kirchner integró aquella comisión. También Elisa Carrió, quien hoy manifestó su legítimo entusiasmo por el 'caso Pontaquarto'.

Hasta ahora, el gran beneficiario de los hechos ocurridos desde ayer es Carlos Álvarez, apodado Chacho, quien así logra una reivindicación pública que le permitiría regresar a la política, un deseo de Néstor Kirchner desde que fracasó su intento de llevarlo a la secretaría general de la Comisión Económica para América Latina, porque Kofi Annan prefirió a José Luis Machinea.

Otro gran beneficiario es el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, ya que fue él quien recibió a Daniel Bravo, el hijo de Alfredo Bravo, quien le llevó a Mario Pontaquearto decidido "a cantar todo". Ibarra presentó al ex funcionario del Senado de la Nación al jefe de Gabinete del Ejecutivo Nacional, Alberto Fernández.

Ibarra, quien le debe tanto a Néstor Kirchner y a Alberto Fernández, ahora puede decirles que redujo su deuda al permitirles tener un caso que corrobora el perfil de honesto y de luchador contra la corrupción que desea exhibir la Administración K.

Por supuesto que el otro beneficiario es el millonario empresario farmacéutico Hugo Sigman, el editor de TXT (ex Trespuntos), y a su director, Adolfo Castelo, quienes desde que comenzó esta etapa del semanario nunca había agotado una edición como sí ocurrió anoche, apenas llegó a los kioscos TXT.

La cuestión ahora es que Pontaquarto pueda demostrar lo que afirma. De inmediato, Fernando De la Rúa, José Luis Gioja y otros involucrados han negado lo que el ex funcionario del Senado ha denunciado ante el juez Mariano Oyarbide.

¿Tiene Pontaquarto las pruebas suficientes que avalen su confesión, o luego de que el impacto mediático ceda todo regresará al olvido?

El Ejecutivo Nacional logró su hecho mediático del fin de semana, justo cuando le faltaba una buena nota de tapa. Pero esto debería ir más allá del aprovechamiento mediático del que tanto le place usufructuar a Kirchner.

Hay un dato que a muchos no les pasó desapercibido: Daniel Bravo dijo una y otra vez que el "deprimido" Pontaquarto le dijo que era el momento de hablar "porque hay un gobierno decente, decidido, dispuesto a investigar todo", lo que resulta en una vulgar propaganda política.

Ocurre que, por un lado, Bravo está intentando reinsertarse en la política, ahora que cesó su mandato como legislador de la Ciudad de Buenos Aires y debe regresar como funcionario administrativo del Congreso de la Nación. Luego, Pontaquarto debe resolver problemas jurídicos luego de que fue exonerado por Daniel Scioli por un faltante de caja que nunca logró aclarar.

En cualquier caso, el Senado de la Nación es la institución con peor imagen en la opinión pública, y esto volverá a profundizar el desgaste de esa institución que, para muchos, no representa el espíritu republicano que le dio origen, y no estaría tan errado forzar una unicameralidad en el Legislativo Nacional, acompañado por una reforma política que permita la elección uninominal por circunscripción de los diputados nacionales.

Por último, Tato, como apodan a Pontaquarto, termina de enviar al lugar que se merecen a Fernando De la Rúa, Fernando de Santibañes, Alberto Flamarique y otros políticos.

El problema es si esto será aprovechado por otros para legitimar el golpe de Estado del 19 y 20 de diciembre de 2001, lo que sería tan terrible como suponer que la corrupción se circunscribe a los mencionados.

Kirchner tiene todo para iniciar su reforma política. Ojalá no defraude a quienes creen en que lo hará.

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Con énfasis digno de mejor causa hay quienes sostienen que tras el escándalo de las presuntas coimas en el Senado para la sanción de una nueva ley laboral alumbra la "nueva política". ¿Es así? Veamos.

Quien por esa época era jefe natural del cuerpo, el entonces vicepresidente Alvarez, acaba de proyectar al presente - y obviamente al futuro inmediato - prácticamente las misma sospechas. El jefe del casi extinguido Frepaso se animó a sostener en público que "la clase política está refugiada bajo la popularidad del presidente Kirchner". Pero hay algo más grave aún: él cree que las prácticas repudiables, nuevamente denunciadas, "continúan".

Sin lugar a dudas, la postura actual de quien acompañó a Fernando de la Rúa en la fórmula aliancista llama la atención y, de hecho, debería ser considerada - en términos de actualidad - mucho más relevante que la búsqueda de los pormenores del affaire histórico que el grueso de la opinión pública juzgó hace tres años.

No se trata solamente del detalle según el cual las reuniones que por entonces mantuvo el ministro Alberto Flamarique - proveniente de la misma agrupación en la que se apoyaba el "chachismo" - muchas veces se desarrollaron en el despacho del titular del Senado.

También es dable recordar que su participación en un seminario sobre transparencia y política realizado en los umbrales de la elección para la fórmula presidencial de 1999, bajo los auspicios de Poder Ciudadano y de la Fundación Ética Pública, convirtió a "Chacho" en algo parecido a una suerte de coequiper de la esgrima del no compromiso frente a planteos de "mani puliti" en el seno de la Justicia. Tanto él como su compañero de fórmula se apoyaron en la existencia del Consejo de la Magistratura para desechar la "vía italiana" para el mejoramiento del referido poder del Estado. Es obvio: no sirvió y, hasta aquí, no se conoce autocrítica alguna del hoy conductor televisivo.

Nada de lo señalado debería invalidar la indispensable necesidad de investigar en serio lo ocurrido.

Eso sí: que hoy se alimente esa aspiración de la sospechada y frágil inclinación ética de una persona como el señor Mario Pontaquarto, que se reconoce vehículo para la materialización de delitos, constituye algo más que un contrasentido. ¿Por qué hay que creerle al milímetro a quien esperó tres años para hacer aportes a una investigación que, por su falta de colaboración, él mismo ayudó a "dormir"?

Se dirá - y es cierto - que en la marcha política de la Argentina hubo innumerables acciones de corrupción que no fueron esclarecidas por la Justicia y sí existieron también abundantes casos de utilización de los estrados tribunalicios para finalidades "poco transparentes", o sencillamente políticas.

Todo esto fue contribuyendo a generar en la ciudadanía una tendencia funesta: se trata del desarrollo de un músculo no siempre cuidadoso de las formas, a cargo de acusadores esencialmente mediáticos.

La genuina búsqueda de la verdad y de la Justicia debería contener ingredientes más serios que la verborragia de los dirigentes, mucho más si ellos merodearon las alfombras rojas sin comprometerse seriamente con la construcción del país mejor que todos anhelamos. Atravesar las fronteras del mal en la tarea de la materialización de saludables políticas públicas, en dirección a la acción virtuosa, demanda algo más que declamaciones: se requieren actitudes vitales consecuentes con lo que se anuncia defender. ¿Alguien cree que proclamando que "sólo el infierno son los demás" se avanza en la gestación de una sociedad mejor? El cinismo político, claro, bien pude constituir otra de las antesalas de la corrupción.

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Son varios los altos funcionarios del gobierno nacional que parecen haber llegado al poder para hacer oposición. Propio de la oposición es el hábito de formular denuncias, se cuente o no con las pruebas necesarias, lo que es, en cierta medida, aceptable cuando se trata de una denuncia para que se inicie determinada investigación. Desde el gobierno, en cambio, la denuncia sin pruebas es absolutamente irresponsable.

Si el funcionario sospecha algo indebido dentro del ámbito de su competencia, tiene el deber de iniciar las actuaciones tendientes a aclarar el asunto y, entretanto, guardar discreto silencio.

Exactamente a la inversa ha procedido el subsecretario general de la Presidencia de la República, Carlos Kunkel. De buenas a primeras, y sin autorización de nadie, declaró ante el periodismo que "es probable que haya sectores de la policía bonaerense detrás de los grupos piqueteros".

Se trata de una imputación muy grave lanzada bajo el manto de cosa probable. Lo probable, la mera sospecha, no debe ser materia de declaraciones oficiales, máxime cuando importa una calumnia solapada.

Se comprende, por eso, la reacción que las manifestaciones de Kunkel ha suscitado tanto en el gobierno bonaerense como en el nacional. El gobernador Felipe Solá y su ministro de Seguridad, Raúl Rivara, coincidieron en repudiarlas. En igual sentido se expidieron el vicepresidente y los ministros del Interior y de Trabajo.

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Diarios y columnistas claramente afines a la izquierda y otros que se supone no lo son, han repetido en estos días, palabras más o menos, los siguientes dichos falaces acerca de la hoy discutida constitucionalidad de las leyes de pacificación, cuestionadas luego de 16 años de aplicación corrida y de haber sido ya declaradas constitucionales hace el mismo tiempo y por la misma Suprema Corte:

Mal comienzo de la pretendida pureza de la nueva Corte Suprema sería su estreno con semejante atropello al derecho elemental..

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FM CULTURA 97.9

"Debate Ciudadano se transmite diariamente de lunes a jueves de 1705 a

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Pese a sus críticas a los piqueteros, Kirchner reiteró que no está dispuesto a "pegar palos". Confirmó así que la estrategia del Gobierno es que el tiempo vaya agotando la lógica piquetera. Ni el gobierno de Fernando de la Rúa ni el de Duhalde resistieron frente a las muertes de manifestantes. Y los hombres de Kirchner no están dispuestos a correr el más mínimo riesgo.

Lo grave es que se genere la sensación general de que se confunde la recreación del orden público con la represión ilegal. El Gobierno parece dar muestras de que no es posible conciliar la necesidad de garantizar la libre circulación y el orden con una acción eficiente de las fuerzas de seguridad. En otras palabras, transmite una severa desconfianza en las fuerzas policiales que el propio Estado debería controlar. Y esa percepción no hace más que aumentar la percepción de inseguridad.

Es probable que, a partir de sus últimas declaraciones, el Presidente esté apuntando a aislar a los grupos más duros como la antesala para sacarlos de la calle. Pero por ahora no existe convicción oficial para hacerlo, entre otras cosas porque el gobierno nacional no cree en sus propias fuerzas del orden.

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….otra prueba más de que durante la guerra civil de los 70´ lo sistemático, lo normal, era que los hijos de los terroristas caídos fueran entregados a sus familiares o en su ausencia sometidos a adopción legal, en ambos casos vía Jueces de Menores....... las mentiras a la larga tienen patitas muy cortas.

En los datos de la única Casa Cuna incorporados a la causa por las defensas, la de La Plata, aparecieron 35 casos de hijos de terroristas detenidos o muertos entregados a sus familias o a adopción vía jueces menores en esos años. Tomen nota los abogados de los detenidos desde hace cinco años en esta injusticia que inicio Bagnasco en 1996, con absurdas detenciones en 1998.

Sería quizás momento oportuno que las defensas exijan al juez que pida todos los antecedentes de las casas cuna y juzgados de menores del país, además de llamar como testigos a sus ex autoridades y empleados.

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La designada jefa de policía de la provincia, Leyla Perazzo, quiso dejar en claro cuál fue su actuación como empleada de la fuerza en los primeros años de la dictadura militar.

"Me desempeñé como celadora en la Policía de Menores de Rosario. Donde tuvimos que tramitar la entrega a sus familiares de chicos de militantes políticos muertos o desaparecidos. Lo que se hizo en todo los casos mediante intervención judicial: no hay una sola denuncia sobre alguna irregularidad con esos menores en la policía de Rosario en esa época", precisó.

Con la intención de conjurar versiones descalificadoras sobre su actuación policial durante la dictadura, Perazzo contó que al producirse el golpe de estado de 1976 fue destinada como celadora a la Policía de Menores, en Cafferata al 300, desde la Secretaría General de Jefatura, donde era jefa de despacho.

La actual directora de Asuntos Internos destacó que aquella "fue la peor época, porque llegaban la mayoría de los hijos de militantes políticos que habían sido muertos o detenidos en los procedimientos policiales.

Para los que estábamos en ese momento fue un shock: llegaban un montón de chicos. Lo que hacíamos las celadoras era labrar el acta de ingreso de los chicos y entregarlos a sus familiares".

Todos los tratamientos, comentó Perazzo, fueron iguales:

"Poner a los chicos a disposición del juez de menores, que en todos los casos ordenaba la búsqueda de los padres - de lo que nos ocupábamos nosotras como celadoras - para entregarlos.

"Quiero reiterar esto: a todos los chicos se les dio entrada legalmente, se inscribieron y se los puso a disposición de los familiares por orden del juez. No hay una sola denuncia en contrario hacia la policía de Rosario".

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