El genocidio, insistentemente denunciado por estos grupos por el alto impacto emocional que produce, fue definido por la Convención de Ginebra del 9 de diciembre de 1948, en su Art. 2º, como "la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal", circunstancias que no se dieron durante la guerra contra el terrorismo en nuestro país, ya que careció de las motivaciones que lo definen. Tampoco, de acuerdo con el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) creada en Roma en 1998 y reconocida por la Argentina en 2000, pueden tipificarse, técnica o jurídicamente, como genocidio los actos realizados por las partes enfrentadas en nuestro país.

Las seudo agrupaciones de "derechos humanos" reiteran también, sistemáticamente, la necesidad de reivindicar la memoria y la verdad de lo acontecido en los 70. La memoria es un valor sin el cual no se concibe la existencia de una nación solidaria y unida; es la "potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado", dice el Diccionario de la Real Academia Española (y no sólo parte de él, agregaríamos). La memoria a la que la desinformación insistentemente hace referencia aparece seriamente mutilada, a través de mentiras o verdades incompletas, porque no incluye el deliberadamente velado pasado anterior al 24 de marzo de 1976.

La memoria, la memoria genuina, no se cultiva de manera parcial extrayendo algunos momentos aislados de ese pasado, con desconocimiento de las acciones sangrientas de las bandas subversivas que asolaron en su momento al país. No es acertado y la historia lo demostrará.

La verdad, dice el mismo diccionario, es la "propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna; juicio o proposición que no se puede negar racionalmente ". Es un error examinar la historia reciente del país a partir de visiones reduccionistas y esquemáticas que hagan recaer unilateralmente las responsabilidades sobre un solo flanco institucional. Aceptar una memoria hemipléjica implica revalidar la verdad sólo aplicada a una parte de la historia y no precisamente a la inicial de esa época sombría.

Un futuro promisorio sólo habrá de lograrse con un restablecimiento pleno de la verdad, en toda su plenitud. ¿Por qué se ocultan los 21.655 hechos terroristas cometidos por esa juventud idealista, en verdad combatientes organizados militarmente para enfrentarse con las fuerzas regulares y no delincuentes políticos, como vimos lo había reconocido la Cámara Federal? ¿Por qué no afrontaron el castigo que la ley reserva a quienes atentan contra la vida o la integridad de las personas?

"Derecho, razón, equidad; lo que debe hacerse según derecho o razón", dice el DRAE. A través de una inclaudicable campaña de persecución ideológica con clamor de venganza, pero disfrazada de reclamo jurídico, los antiguos terroristas y sus organizaciones afines pretenden, y hasta ahora lo han logrado, que sólo sean sometidos a proceso los por ellos llamados "ex represores" mientras innegables "ex terroristas" y "ex secuestradores" están libres y sin cuestionamiento alguno.

Si como dijo la Cámara Penal en la Causa 13 "... No hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, pues ambas partes son bélicamente iguales", bien podemos decir que en la pretensión de esos grupos, no habría ni derecho ni razón ni equidad ya que se vulnera la Constitución Nacional en cuanto dice que todos los hombres son iguales ante la ley. Ellos únicamente reconocen y ponderan a la justicia cuando falla de acuerdo con sus intereses y esgrimen repetidamente como argumento que "los militares no han sido juzgados en el país". A esa manifestación respondía el ex ministro de Defensa Dr. Jaunarena: "Una cosa es que a alguien no le guste el contenido de un fallo o la aplicación de una determinada ley sancionada por el Parlamento en vigor de las garantías democráticas y otra cosa muy distinta es afirmar que no se ha juzgado" (8).

Debemos recordar que cuando los Comandantes fueron llevados a juicio, asumieron la plena responsabilidad tanto por las órdenes que impartieron como por lo actuado en consecuencia por sus subordinados contra el terrorismo, que cumplieron, primero por orden del gobierno constitucional y luego por el de facto. Sin embargo, muchos de ellos fueron procesados y condenados.

Han sido llamados a declarar como testigos, ante los jueces que han dictado el procesamiento de militares, simples terroristas que nunca fueron imputados ni procesados. Tal es el caso de Sara Solarz de Osatinsky, una entre los entrevistados en Suiza por el juez Dr. Bagnasco para tratar de obtener información sobre desaparecidos: fue fundadora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que aparecieron en escena el 30/03/70 con la toma de Garín (que incluyó el asalto a la sucursal del Banco Provincia y el asesinato de un policía y de una mujer) e integrante del grupo que en 1975 secuestró y posteriormente asesinó al cónsul de EE.UU. en Córdoba, Patrick Egan.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia declaró en varias oportunidades constitucionales las leyes 23492/86 y 23521/87 (llamadas de punto final y obediencia debida) por haber sido dictadas por el Congreso en ejercicio del poder expreso que le otorga la Constitución, en forma regular (entonces Art. 67 inciso 17; luego de la reforma del 94, Art. 75 inciso 20) a propuesta del presidente de la Nación, Dr. Alfonsín.

Hoy, el terrorismo que proviene de los fundamentalismos religiosos ha sido calificado por el mundo como "salvaje", "bárbaro", engendros irracionales resueltos a destruir las sociedades civilizadas y republicanas. Y en verdad no difiere ése, en esencia, del terrorismo que se ejerce desde ámbitos supuestamente racionalistas, como el iniciado en la Argentina en los años 60. Los terroristas que promovieron la violencia en nuestro país, abortando con sus crímenes el normal desarrollo de nuestra vida ciudadana, han matado a destajo y sin motivos, pretextos o disculpas valederos. La lucha contra sus estructuras, altamente profesionalizadas, se convirtió en una ardua y muy peligrosa tarea. Promediando 1973, el accionar terrorista era tan grande y sangriento que su método, de "matanza sistemática", sobrepasó la represión de las fuerzas policiales y de seguridad, lo cual llevó a distintos gobiernos constitucionales a emitir los siguientes decretos:

El asesinato de Rucci, el 25/09/73, conmovió a la clase política de tal modo que el propio Congreso comenzó a expresarse en una forma hasta entonces inusual, no sólo reconociendo la guerra sino reclamando una reacción a la agresión. Un ejemplo de ello fueron las duras palabras del diputado justicialista Stecco, que recomendó en su Cámara la sanción de leyes que otorgaran "amplios poderes a las FFAA , sin que con ello se quiebre la libertad , para perseguir a los subversivos hasta sus guaridas y matarlos como ratas, porque no merecen vivir en este suelo" (Diario de Sesiones, páginas 2506, 2532 y 2533).

López Rega, amparado por Perón, y como respuesta al asesinato de Rucci, organizó un grupo clandestino y criminal que se conoció como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), banda de la derecha peronista destinada a combatir ilegalmente a los elementos más radicalizados de la izquierda y de la cual, posteriormente, Amnesty Internacional decía tener pruebas para incriminarla en 1.500 muertes en 18 meses.

Ya el 19/01/74, siendo presidente el general Perón, se había producido el intento de copamiento de la Guarnición Militar Azul con las consecuentes muertes del jefe de la misma Cnel. Gay, su esposa y un soldado, y el secuestro del TCnel. Ibarzábal (posteriormente asesinado). En esa oportunidad el Presidente envió un mensaje a los jefes, oficiales, suboficiales y soldados de la Guarnición. Entre otras cosas, dijo Perón: "... que el reducido número de psicópatas que van quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República"; explícito y claro sentir del momento. Lamentablemente ni era tan reducido el número ni los pudo exterminar en razón de su cercana muerte (1/07/74).

La gravedad de la situación en 1975 había llevado al ministro de Defensa, Tomás Vottero, a expresar : "... que ante la lucha total, sofisticada y compleja, despiadada, diabólica y criminal, promovida por la subversión armada, queda una sola alternativa, el exterminio total del enemigo". La posición del ministro reflejaba el criterio sustentado por numerosos dirigentes, impresionados por la guerra e impotentes ante la cruel embestida terrorista, de emplear las FFAA para combatir la subversión.

Decidir en esos días su empeñamiento en el conflicto era un acto de gravedad extrema resuelto a conciencia por las autoridades, toda vez que la guerra, para la cual las fuerzas son formadas, es de por sí la "no ley", y ellas deberán remover a cualquier precio, los obstáculos que pueden presentarse en el camino trazado hacia su objetivo. Pese a que no estaban preparadas para una guerra revolucionaria - tal como luego la reconocería la Cámara Federal -, los cuadros de las FFAA y de Seguridad iniciaron las operaciones por disposición de esos decretos, actuando institucionalmente; el sistema operativo adoptado fue uno solo y no sufrió cambio alguno a partir del 24/03/76. En pocos meses, y según propias declaraciones de subversivos, "... las FFAA inutilizaron 68 campamentos en la selva tucumana".

El 20-06-75 el ministro del Interior Rocamora daba, a requerimiento del periodismo, estadísticas que señalaban que desde el 25-05-73 a esa fecha se habían producido 5.079 actos terroristas, de los cuales 385 fueron homicidios. ¿Era ésa la juventud idealista, amante de la democracia, a la que se busca exonerar de su histórica responsabilidad?

Entre los atentados de considerable repercusión pública cometidos antes de 1973 y durante los gobiernos constitucionales del período 1973/76,estuvieron los atroces secuestros y muerte del ex presidente Aramburu, del TCnel. Ibarzábal, del coronel Larrabure, del empresario italiano Sallustro, del cónsul estadounidense en Córdoba John Egan y del director de El Día de La Plata, David Kraiselburd; los asesinatos del ex ministro Mor Roig, de los Altes. Berisso y Quijada, de los profesores Genta y Saccheri, de los sindicalistas Vandor, Alonso, Kloosterman, Rucci y Coria, y del jefe de la Policía Federal comisario Villar, entre otros muchos.

En nuestro país, los atentados terroristas no solamente fueron realizados contra militares y policías, gremialistas, políticos y notorios representantes de la institucionalidad y del empresariado opuestos al asalto del poder, sino también contra ciudadanos inocentes, mujeres y hombres, ancianos y niños, argentinos y extranjeros, la mayoría de los cuales realizaba sus tareas ajenos a la lucha ideológica en curso.

En 1975, las capacidades operativas de la subversión habían alcanzado un nivel muy alto: les permitió excavar entre las cloacas de Buenos Aires para amurar 70 kg de explosivos junto al túnel de Avenida del Libertador, para hacerlos explotar cuando pasara la Presidente y su comitiva en su trayecto desde Olivos a la Casa Rosada; dañar con explosivos, utilizando buzos, al destructor ARA Santísima Trinidad, a la sazón en alistamiento en AFNE, Río Santiago, y atacar el Batallón de Arsenales 601 en Monte Chingolo en un espectacular operativo nocturno con 300 combatientes.

Más allá de los asaltos a cuarteles y tomas de comisarías con robo de armamentos; secuestros de empresarios, muchos de ellos seguidos de muerte y con cuyo rescate financiaban sus operaciones (sólo el de los hermanos Born les reportó U$S 64 millones); asaltos y robos de camiones blindados, entidades financieras y bancos, etc., el concepto de los terroristas de "combate contra militares" parecía ser esperarlos emboscados o disfrazados en la puerta de sus casas o en la calle y disparar indiscriminadamente contra ellos y sus familiares. Así cayeron la hija del TCnel. Cabrera, el Cap. Viola y su hija de 4 años, el Gral. Cáceres Monié y su esposa, el Cap. de Corbeta Bigliardi y el CN Burgos, por nombrar sólo algunos.

Las acciones de las organizaciones terroristas no sólo no fueron delitos comunes sino que los más virulentos fueron realizadas durante gobiernos constitucionales, cuando los terroristas no tenían argumentos para alzarse contra ellos. La metodología del terror indiscriminado, iniciada como dijimos el 12/03/60 y agudizada - como consecuencia de la ley de amnistía sancionada por el Congreso en 1973 - en el período 25/05/73-6/10/75, consistía en secuestros, atentados con armas o bombas y asesinatos. ¿Qué clase de insondable odio los condujo a hacer lo que hicieron? Parecería que la respuesta estuviera en una frase de la admonición que el juez estadounidense William Young le hizo a un terrorista, después de condenarlo por abordar un avión de pasajeros ocultando un explosivo en la suela de sus zapatos para hacerlo estallar tan pronto aquél levantara vuelo: "... Me parece que usted odia una cosa preciosa. Usted odia nuestra libertad, nuestra libertad individual, nuestra libertad para vivir como elegimos".

Entre 1962 y 1979, los terroristas perpetraron 21.642 hechos delictivos que, aproximadamente, pueden desglosarse de la siguiente manera: 1.501 asesinatos, 1.748 secuestros extorsivos denunciados, 2.213 intimidaciones armadas; copamientos de 45 unidades militares, policiales y de seguridad, 20 localidades, 80 fábricas, 22 medios de comunicación social y 5 locales de espectáculos públicos; atentados: 5.215 con explosivos, 1.052 incendiarios y 54 contra medios de comunicación social; robos: 2.042 de armamentos, 551 de dinero, 589 de vehículos, 36 de explosivos, 40 de documentos, 17 de uniformes , 73 de material sanitario, 19 de equipos de comunicaciones y 151 de materiales diversos; 261 repartos de víveres robados; 3.214 actos de propaganda normalmente armada; secuestros de materiales: 1.511 artefactos explosivos y 32 de materiales incendiarios; 866 actos de intimidación y 157 izamientos de banderas o símbolos subversivos en reemplazo de los nacionales (10).

De acuerdo con documentos de las propias organizaciones, sólo entre 1974 y 1975 ellas cometieron 6.762 hechos subversivos.

No se luchaba en ese momento contra ninguna dictadura ni había un régimen despótico ni opresivo. Entre mayo de 1973 y marzo de 1976, período durante el cual los terroristas subversivos cometieron el 52% del total de sus crímenes y los de las Tres A el 100%, no se dictó condena alguna contra ellos.

Cabe preguntarse, entonces: ¿por qué nunca llegó la hora de recordar esos hechos monstruosos?; ¿habrá que creer que por conveniencias políticas e ideológicas?

No debemos olvidar que al comienzo se intentó frenar los actos de terrorismo por métodos legales mediante la creación por ley, en 1971, de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, tribunal que juzgó y procesó, de acuerdo a derecho y garantizando el debido proceso, a más de 2.000 agentes del terrorismo y la subversión. Sin embargo, cuando asumió la presidencia el Dr. Cámpora, en 1973, el Congreso disolvió la Cámara Federal, derogó una veintena de normas destinadas a combatir el terrorismo y dictó por ley una amnistía general (que el Congreso aplaudió de pie y de la que hoy no se habla), que benefició con la libertad a más de 1.000 terroristas condenados y/o procesados judicialmente por esa Cámara, a cuyo ex juez Quiroga los mismos terroristas asesinaron en 1974. Además, por un decreto presidencial, se indultó a otros 370 con sentencia firme de la misma Cámara. Así, las bandas volvieron con mayor organización y saña para acrecentar su actividad, reincidir en sus crímenes y volver a atacar con más violencia a la sociedad.

Se llega así al 24 de marzo de 1976, sin que el oficialismo tuviera la capacidad para enfrentar a la desastrosa vorágine política, social y económica en que había caído el país. Tampoco la tenía la oposición; 48 horas antes del 24 de marzo decía públicamente Ricardo Balbín: "Hay soluciones, pero yo no las tengo". Estas declaraciones claramente se constituyeron en una exhortación virtual a las FFAA a que solucionaran de oficio lo que el gobierno no podía ni sabía resolver. Y así se dio la intervención militar, anhelada, esperada y alentada por toda la ciudadanía, como se puede leer en todos las revistas y los diarios nacionales y extranjeros de la época.

Este mito merece una consideración especial ya que la cifra que la propia CONADEP ha registrado es de 8.960 y sólo 7.400 familiares cobraron los subsidios por desaparición o muerte, dispuestos por ley (para esa ley los fallecidos por acción del terrorismo no cuentan y a los familiares que hicieron una presentación judicial, les fue negado el beneficio. "Aquéllos" parecían ser muertos VIP; "éstos", en cambio, parecían no tener valor). D´Andrea Mohr, afín a los subversivos, registra en su libro ´Obediencia debida´ 7.970 desaparecidos, de los cuales 977 lo fueron entre 25/05/73 y 24/03/76.

Los diputados nacionales Ramón Torres Molina, Marcela Bordenave, Jorge Rivas y Alfredo Bravo presentaron en 2000 un proyecto de ley prorrogando por 5 años el plazo fijado por la ley 24411 de enero/95 para la presentación de solicitudes de indemnización por fallecimientos debido a la acción de las FFAA entre el 16/06/55 y el 9/12/83, así como de desapariciones forzadas (tal plazo, que ya había sido prorrogado por otra ley anterior, vencía el 12/07/2000). Desde principios de 1995 y hasta el 30/03/00,según ellos, solamente se habían presentado 5.998 solicitudes por desapariciones y 1.402 por fallecimientos: en total 7.400.

Si, como repiten maliciosamente hasta el hartazgo las Madres de Plaza de Mayo y el CELS, entre otros, los desaparecidos fueron 30.000: ¿cómo es posible que los familiares de los otros 24.002 hayan guardado silencio hasta hoy? ¿Cuántos de los presuntos desaparecidos incluidos en el informe de la CONADEP se ha ido comprobando después que residían en el extranjero? ¿Cuántos fueron posteriormente "resucitando" en el país, a su pedido, para que se los diera de baja de esa nómina, como la Dra. Argibay Molina, hoy propuesta para ocupar una plaza en la Corte Suprema?

Si esto es así, y el artículo 5º de la ley 24411 dice textualmente: "En caso de aparición de las personas mencionadas en el artículo 1º, se deberá comunicar esta circunstancia al juez competente, pero no habrá obligación de reintegrar el beneficio si ya hubiera sido obtenido", ¿a cuántos "desaparecidos resucitados" se les habrán pagado los U$S 250.000

de indemnización?

Como es bien conocido, durante las presidencia de Perón y María E. Martínez de Perón se registraron centenares de desaparecidos y múltiples asesinatos, casi todos ellos planeados y ejecutados desde las mismas filas del gobierno constitucional, demostrativas de que lo que los grupos de DDHH califican hoy como "terrorismo de Estado" había empezado bastante antes de 1976. Hubo 908 desaparecidos sólo entre 1975 y el 24-03-76 y se dice que casi todos por la Triple A. ¿Quién se hace cargo de ellos? Decía René Balestra: "Se sabe, aunque una ancha franja de la sociedad finja ignorarlo por especulación non sancta, que la Triple A no fue una creación espontánea, original , de López Rega sino la respuesta a una orden impartida por quien lo dirigía para repeler el copamiento del partido político inventado por él. Creer que a Juan Domingo Perón - hasta su muerte - ‘se le escapaba de las manos’ López Rega es la obra maestra de la prestidigitación" (11).

Para encubrir ese dato irrefutable de la historia, esas 908 desapariciones aparecen minimizadas en el informe de la CONADEP, que las define como "pruebas piloto". Resulta procedente preguntarse entonces ¿por qué el gobierno instaurado en 1983 no dispuso investigarlas? Otros "desaparecidos" resultaron refugiados en México, Suecia, Francia, Alemania, España, etc. Algunos pocos fueron ejecutados por traidores por sus mismos compañeros.

El marido de la Sra. De Bonafini "la denunció, en conferencia de prensa, poco después de la guerra de Malvinas, asegurando que su hijo no estaba ‘desaparecido’, sino que vivía en Barcelona, España, pagado por el aparato extranjero de la red de ‘solidaridad’; que estaba casado y tenía un hijo" (12). Saque el lector sus conclusiones. Hay gente que, como una forma de vivir, ha hecho un negocio de este conflicto; a veces vive de la muerte y otras lucra con ella.

Esgrimen también la denuncia de este mito que, por su contenido, resulta ridículo y sin sustento ni asidero real. Esta campaña la motorizan las Abuelas de Plaza de Mayo y los grupos de "derechos humanos", y la basan en la también falsa afirmación de un plan sistemático de apropiación indebida de niños provenientes de madres caídas en la guerra. En 1984, la CONADEP comenzó a recibir denuncias que fueron posteriormente transferidas a diversos juzgados federales y a la cámara federal que juzgaba a los comandantes.

Un trabajo de investigación llevado al cabo por el ´Foro de la verdad histórica´, formado por militares y civiles, determinó con especificación de nombre, modo, tiempo y lugar, la entrega de 227 menores a sus familiares o autoridades tutelares, habiendo comprobado que sólo hubo 12 casos de apropiación de menores. De esto resultó que: 1) ninguno de los jueces intervinientes en los 12 casos probados ni en ningún otro, juzgó diciendo que formaran parte de plan sistemático alguno; 2) los responsables de los 12 casos mencionados (de los cuales sólo 2 eran militares) fueron enjuiciados.

En 1996 las Abuelas de Plaza de Mayo , desplegando en los medios una intensa acción de propaganda , comenzaron una fuerte campaña denunciando "500 casos" de apropiación de menores (inexistentes), p e r o, al carecer de evidencias , pronto los redujeron a 240.

El ex fiscal adjunto actuante en el juicio a los comandantes (Causa 13), Luis Moreno Ocampo , dijo en 2003, en un reportaje periodístico, que "... la sustracción de menores es cosa juzgada. Dentro de la denominada "causa trece " se englobó todo y esto lo vengo diciendo desde hace años" (13).

De lo expuesto, debemos inferir que no sólo resulta ruin, falsa y ridícula la denuncia, sino que, por el contrario, el único plan sistemático alrededor de este mito, fue la devolución de los 227 menores por parte de las FFAA.

Para conocer en profundidad la historia completa y los objetivos del terrorismo que asoló la Argentina en las décadas de los años 60 y 70, así como interpretar los hechos de hoy y lo que puede deparar el futuro que buscan, nada mejor que, además de releer a Gramsci, examinar las publicaciones (notables por su contenido auto condenatorio), en las que los propios terroristas narran y hacen público su verdadero accionar y los hechos que cometieron. Relatan en ellas con total desprecio e impunidad asesinatos, atentados, robos, secuestros extorsivos, etc. Y así, tal vez sin proponérselo, han realizado por medio de ellas, un aporte inopinado al esclarecimiento de la verdadera naturaleza de la guerra interior que ellos iniciaran contra el Estado argentino y su sociedad.

A la luz de esos documentos y ante las voces de los sectores que ensalzan la acción de los guerrilleros y exaltan al terrorismo subversivo como una gloriosa gesta que pretendió mejorar la sociedad, las palabras memoria, verdad y justicia esgrimidas por esas agrupaciones resultan vacías de contenido y sinceridad.

Una muestra de ello la da Juan Gasparini, autodefinido como "militante de FAR, luego de Montoneros y sobreviviente de la ESMA", hoy radicado en Ginebra, Suiza. Dice en su libro Montoneros, final de cuentas (Ed. de la campana, 1999, pág. 29) refiriéndose a la estrategia de los primeros terroristas Montoneros: "Se proponía ‘ir constituyendo el Movimiento Armado Peronista, que junto a otros grupos armados desarrollará la guerra popular para la toma del poder y la puesta en marcha del socialismo nacional’ [...] A fin de ‘reconquistar el poder, para hacer posible el regreso de Perón y el pueblo al poder, tenemos que derrotar definitivamente al ejército de la oligarquía y el imperialismo. Para ello no bastan las movilizaciones, las huelgas, la lucha electoral, porque si bien las formas de lucha son legítimas, lo son encuadradas dentro de una estrategia de guerra popular ya que a un ejército se lo derrota con otro ejército’. Esa ‘guerra popular’ debía ‘ser total, nacional y prolongada, pues suponía la destrucción del Estado capitalista y de su ejército’, ‘la emancipación del dominio extranjero, a la par que la reivindicación del pueblo argentino’ y la formación de un ‘ejército popular’, lo que implica tiempo para desarrollarlo y además debido a las características del ejército enemigo, al cual no es posible derrotar en un combate y sí, en cambio, desgastarlo en la lucha a través del tiempo".

Ya parecía presagiar ese período y este presente Ricardo Balbín, innegable demócrata y republicano, al cerrar su campaña electoral en La Plata en septiembre de 1973, cuando entre otras cosas dijo: "...Así, sin reconocerlo o queriendo, se ha fomentado una juventud para matar, para destruir. La toleraron, la utilizaron... y nosotros decíamos siempre ¡cuidado! No fomentarla. Porque algún día vendrá a presentar la cuenta..." (14).

Entre otros libros escritos por terroristas subversivos, amén de revistas y documentos, vale la pena ojear :

Tampoco pueden dejar de consultarse las obras que, desde una visión conceptual opuesta a la guerra por ellos desatada, han tratado de difundir la otra cara de la verdad que la desinformación ocultó, obras que, en un principio, circularon limitadamente fuera del ámbito militar. Entre ellas:

Interesante resulta también revisar los Diarios de Sesiones de la época, en ambas Cámaras del Congreso, como señaláramos más arriba, para conocer las cambiantes posturas y discursos de los legisladores de entonces en cada circunstancia, muchos de los cuales hoy, con la complicidad de considerables medios de comunicación, especulan con la desmemoria de gran parte de la sociedad.

Sí, hay que creer en la memoria, en la verdad y en la justicia como se declama constantemente, pero completas y sin amputaciones. El pretendido encubrimiento sistemático de ese período, que nos dejaría anclados en un pasado insanablemente falso, no ayudará a cerrar heridas ni a obtener la buscada reconciliación.

Los esquemas de la interpretación de la historia deben inspirar la educación ciudadana con un balance sereno y racional, una visión histórica completa, equilibrada y veraz de lo que realmente ocurrió.

Los pueblos deben rescatar toda la verdad al revisar su pasado, no sólo la que conviene a un sector o a una concepción ideológica determinada.

La historia no admite fragmentaciones interesadas; es necesario iluminar todos sus recovecos para, así, extraer todas sus enseñanzas.

Hoy, cuando ha transcurrido más de un cuarto de siglo de todos estos hechos dolorosos, el país necesita construir un camino de reconciliación a partir de la verdad, rigurosa, sin dobleces y sin trampas. Así el país podrá mirar hacia el futuro, manteniendo viva la memoria pero enterrando los odios y sin que ningún sector pretenda extraer ventajas políticas ocasionales de lo que fue causa de tanto dolor y de tanto derramamiento de sangre.

Para que emerja la completa verdad, tenemos que batallar y generar un clima de debate que permita hacer la defensa institucional, porque hoy, la Argentina, como adormecida, sigue públicamente mirando la mitad de la realidad.

Debemos hacerlo en homenaje a los centenares de personas asesinadas y torturadas por la subversión, a sus familiares que pasivamente están soportando una reivindicación del terrorismo que segó esas vidas, y al sacrificio de nuestros muertos y de todos los que combatieron al terrorismo convencidos que lo hacían dentro de un esquema institucional.

en la dirección web: http://members.fortunecity.com/foroverdad/calandra.htm

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