Dura pero interesante publicación de "Alejandra Torres" en el diario
La Mañana de Córdoba, en Agosto del 2005. Cuanta verdad!!!




"Son las instituciones, ¡estúpido!

El manoseo de nuestras instituciones es la madre de la decadencia
argentina.
La Corte, el Congreso y el Ejecutivo tienen una gran
responsabilidad.


Alejandra Torres (*) - Especial

Si algo distingue a los países que progresan de los que permanecen
en el letargo de la decadencia es la calidad de sus instituciones.
Crecer de manera sostenida y con altos niveles de integración social
depende fundamentalmente de reglas de organización racionales,
respetadas por todos y mantenidas a lo largo del tiempo. No se trata
de aferrarse a un rígido inmovilismo, sino de que todos acepten
someterse a un conjunto de normas y poner en funcionamiento
mecanismos no conflictivos para que las adaptaciones y los
perfeccionamientos se realicen de manera consensuada y con una
perspectiva de largo plazo.
El éxito chileno se puede explicar a partir de la madurez de sus
dirigentes para acordar un conjunto básico de instituciones
políticas, económicas y sociales modernas y racionales, que se
cumplen estrictamente más allá de los gustos e intereses de cada
sector y se perfeccionan a través del tiempo en base a consensos,
priorizando el interés general por sobre las personas y los
sectores. En el sentido opuesto, la decadencia argentina se puede
explicar a partir de la irracionalidad de muchas de sus reglas de
juego, la sistemática violación de otras y los permanentes vaivenes
según los balances del poder de cada momento.
Aunque la recuperación del nivel de actividad económica luego de la
crisis del 2002 pareciera indicar lo contrario, en los últimos años
hemos descendidos varios escalones en nuestra degradación de las
instituciones. No sólo que con la excusa de la crisis hemos
propiciado una masiva violación de contratos sino que, de manera más
solapada, se ha enquistado en el Estado un principio de gestión que
implica asumir como práctica la violación del principio de división
de poderes propio del sistema republicano.
Presenciamos un récord de sanción de decretos de necesidad y
urgencia, a pesar de que existe un Congreso operando formalmente y
que la mayoría de los temas abordados no demandan definiciones de
emergencia. Por otro lado, el Poder Legislativo presiona para asumir
facultades ejecutivas administrando parte del gasto asistencial vía
pensiones graciables y otro tipo de subsidios. Para completar las
violaciones sistemáticas a las reglas básicas de organización del
Estado, el Poder Judicial se atribuye potestades legislativas
haciendo abuso de la figura de la declaración de
inconstitucionalidad, que nuestra Carta Magna contempla -como ocurre
con los decretos de necesidad y urgencia- de manera muy acotada y
restrictiva.
Los argumentos utilizados para justificar estas prácticas son muy
débiles. El Ejecutivo señala la mora en el accionar del Congreso. Si
esto fuera así, y no hay razones para no creerlo, la vía
institucional no es apelar a un instrumento irregular sino generar
las condiciones para que el Congreso adopte otra dinámica y asuma
sus responsabilidades. Sería un gran aporte a la calidad
institucional que el Presidente reconociera que armar alianzas sólo
para capturar el poder (en este caso incluso acordando "con la
mafia" tal como lo definió su esposa) es una metodología muy costosa
que seria bueno no repetir en el futuro. También seria muy
constructivo identificar con nombre y apellido quiénes son los
legisladores que ponen trabas a la gestión del Estado, de manera que
sean presionados por la sociedad para cambiar de actitud y se tengan
referencias para que en las próximas elecciones reciban a través de
las urnas el castigo que se merecen.
Análogamente, si hay legisladores que declaran tener la capacidad y
sensibilidad suficientes para hacer una gestión eficiente del gasto
asistencial, el camino no es reclamar fondos para el Poder
Legislativo sino postularse para ocupar un puesto ejecutivo de
relevancia en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o de
algunas de las jurisdicciones locales. En igual sentido, si los
nuevos miembros de la Corte consideran que es beneficioso cambiar
algunas leyes -como por ejemplo las normas laborales–-no es bueno
que lo hagan emitiendo fallos que generan una gran inseguridad
jurídica. Harían un gran aporte al país si esa vocación de reforma
fuera canalizada usando sus vínculos políticos para acceder a un
cargo de legislador.
El manoseo de las instituciones es la madre de nuestra decadencia.
La lógica es tan simple como efectiva, en los países serios las
cosas funcionan bien porque las instituciones funcionan bien y no
por el accionar de un dirigente providencial. Por eso mientras
ocupen cargos importantes personas que están dispuestas a manosear
las instituciones (por ejemplo, planteando cambiar la Constitución
provincial para permitir un nuevo mandato al actual gobernador)
nuestro fatal destino es la decadencia.
Las próximas legislativas son una nueva oportunidad para impulsar
una depuración y renovación dirigencial. Para construir las bases de
un proceso de desarrollo sostenido es muy importante que el Congreso
se nutra de gente con idoneidad y vocación para impulsar leyes
modernas y no personas que asuman el cargo de legislador como un
trampolín para proyectos personales o como un puesto de privilegio
para repartir prebendas entre sus amigos.
(*) Candidata a diputada por Primero la Gente. Economista."