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Soy geografa en Toulouse (Francia), especialista en las cadenas agro-alimentarias de los países del Mercosur. Estoy muy interesada en pertenecer a la RGE - red de geografia economica para intercambiar informaciones y documentos, y participar a discusiones. Desde ya, les agradezco en hacer lo necesario para inscribirme; quedo a su disposicion para informaciones mas detalladas.
Muy atentamente.
Martine Guibert
Universidad de Toulouse Le Mirail (UTM)
Departamento de geografia - ordenamiento del territorio
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La decisión del gobierno de China de revaluar su moneda, el yuan, de 8,28 a 8,11 por dólar, ha provocado ríos de tinta en la prensa financiera internacional. A partir de ahora, la moneda china dejará de estar pegada al dólar y oscilará de acuerdo con la cotización de una canasta de monedas, entre las cuales estarán el yen japonés, el euro y otras dos o tres monedas asiáticas, además del dólar.
La importancia de la medida no reside en el porcentaje de la revaluación, apenas un 2%, sino en el reconocimiento de la necesidad de hacer frente a un desequilibrio económico internacional de características potencialmente explosivas. Según distintas estimaciones, el yuan estaría desvalorizado, en su cotización actual, entre un 20 y un 40% con relación al poder adquisitivo de otras divisas, en particular el dólar. Aunque China tiene un comercio exterior relativamente balanceado, su superávit comercial con Estados Unidos es enorme, alrededor de 250.000 millones de dólares. Estados Unidos financia este déficit con emisión de moneda que recupera por la compra de títulos públicos norteamericanos por parte de China. China, mientras tanto, tiene que emitir moneda para absorber el excedente de dólares, lo que plantea el riesgo de una estampida inflacionaria. La expectativa de una revaluación del yuan había provocado el ingreso de una enorme masa de capital especulativo a
China. Todo sumado, China enfrenta una presión monetaria enorme, con sus efectos inflacionarios y la inevitabilidad de una crisis financiera. Por otro lado, si el déficit comercial norteamericano persiste, podría producirse una devaluación del dólar que obligaría a China a vender los títulos de Estados Unidos en su poder. Esto acentuaría la devaluación del dólar y la posibilidad de una crisis financiera en Estados Unidos. Una revaluación del yuan pretende contrarrestar la necesidad de una devaluación del dólar.
Es claro, sin embargo, que una revaluación del 2% no resuelve nada; al despegar al yuan parcialmente del dólar, a lo sumo se podría esperar que no siga acompañando por completo, de aquí en más, las devaluaciones que sufre el dólar. La expectativa de que deba producirse otra revaluación, en un plazo no muy largo, seguramente acelerará la entrada de capitales a China y agravará las tensiones que produce la cotización actual del yuan. En este escenario, estaríamos asistiendo al inicio de una cascada de revaluaciones, o sea a la revaluación permanente del yuan. Pero incluso en esta alternativa, no es claro que las tensiones económicas internacionales ofrezcan la posibilidad de alargar tanto en el tiempo el ritmo de la revaluación prevista.
El otro problema que enfrenta la moneda china es que para obtener la posibilidad de un acceso sin restricciones a los mercados de los países principales, China debe cumplir con la disposición de que el valor de la moneda del país no sea determinado por las autoridades del Estado. La decisión de dejar que el yuan fluctúe de acuerdo con las oscilaciones de una canasta de monedas va en esa dirección, pero no autoriza ni de lejos una fluctuación libre de la divisa. Un comercio libre de la moneda significa la intervención de los bancos y de los fondos financieros, que en el caso de China son muy débiles o están en situación de quiebra. De acuerdo con una estimación, los préstamos incobrables de los bancos chinos oscilarían entre los 500.000 y los 800.000 millones de dólares, o sea entre el 40% y el 70% del PBI. Un libre comercio de la moneda vaciaría los cofres de estos bancos y los llevaría a la bancarrota. El gobierno de China afirma que la libertad monetaria está
condicionada a una previa consolidación del sistema bancario, pero no es claro cómo se llegará a ello. Hay quienes sostienen que hay que actuar a la inversa y dejar que los bancos exploten como consecuencia de una desregulación financiera.
La cuestión principal, sin embargo, es que China no tiene una estructura económica similar u homogénea con los principales países con los que comercia, por lo cual los desequilibrios con ellos no son de origen monetario. Según un informe, “En algunos sectores, la utilización de equipos, diseños y constructoras nacionales les permite a los chinos construir fábricas e instalar maquinarias a un valor entre un 30% y un 50% del valor que pagarían los competidores extranjeros (...) General Electric, por ejemplo, tiene más de 300 agentes de compras en el país para certificar proveedores aptos para un abastecimiento global” (El Cronista, 20/7). Querer nivelar esta ventaja competitiva por medio de una revaluación de la moneda equivale a promover, no ya la destrucción económica de China, sino un aumento generalizado de los costos de producción internacionales. El desequilibrio podría ser resuelto por una planificación internacional de las inversiones, pero esto es
incompatible con la anarquía que caracteriza al modo de producción capitalista.
Además: “La revaluación del cambio arriesga con acentuar la brecha entre la ciudad y el campo. El ingreso de los campesinos depende de los precios agrícolas, que son fijados en dólares en la Bolsa de Chicago: si la moneda china se refuerza con relación al dólar, el precio del arroz y de los granos en los mercados internacionales cae y los campesinos se empobrecen” (Corriere della Sera, 22/7). “Pero hoy –continúa el comentarista italiano– el problema de la distribución de los ingresos ocupa el centro del debate político. El gran problema de China es cómo reequilibrar el crecimiento, pero sin frenarlo, porque (...) si el crecimiento se interrumpiese, el régimen tendría los días contados (...) La revaluación es un arma de doble filo: empobrece a 800 millones de campesinos.”
China y la economía mundial se encuentran en una impasse, porque China sólo puede evacuar sus tensiones internas desequilibrando las relaciones económicas internacionales e, inversamente, un reequilibrio a costa de China dejaría al régimen ‘con los días contados’.
La tensión creada por este desequilibrio mundial no tiene precedentes. La continuidad del excedente comercial chino y su reciclaje hacia Estados Unidos y Europa (así como las oportunidades comerciales que brinda a las exportaciones a China por parte de Japón, Corea del Sur o Alemania) explican el crecimiento de la economía mundial y el crecimiento aún mayor de la especulación y del endeudamiento internacionales (también hay que incluir aquí el nuevo reciclaje de dólares de los países petroleros). Se ha llegado al extremo de que la tasa de interés que pagan países que están quebrados es inferior a la que paga General Motors, debido a la confianza de que el flujo de dinero no se detendrá. Muchos confunden la reducción del llamado riesgo-país con estabilidad económica, cuando se trata apenas del agotamiento de las posibilidades excepcionales para invertir el dinero sobrante. De aquí que muchos teman las consecuencias catastróficas que pueda tener una resaca. Eso
ocurriría si se produjera un parate de la demanda de China en el mercado mundial.
China es una plataforma del capital mundial para disputar el mercado mundial. Exporta más de la mitad del PBI, lo que significa que el peso del consumo interno es muy bajo; invierte el 40% del PBI, la proporción más alta que se conozca. “Sólo el 4% de los hogares de China tiene ingresos superiores a los 20.000 dólares al año. El PBI per cápita en la región costera es de 2.100 dólares; en el resto del país promedia los 750 dólares al año” (El Cronista). “Hace sólo siete años, el ingreso per cápita en las ocho provincias más ricas era el doble de las veinte provincias más pobres; hoy la diferencia es de tres veces y la relación de ingresos entre la ciudad y el campo ha subido de 2,5 veces a 3,2” (Corriere).
El episodio de la revaluación de la moneda apenas oculta una situación histórica explosiva.
Jorge Altamira
Fuente: Prensa Obrera 910, Buenos Aires, 28 de julio de 2005.
Geografía Económica
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Hola Martine, que gusto saber que ingresas, con toda tu capacidad,
Fel;icidades
Jose G. Vargas-Hernandez,M.B.A.;Ph.D.
Visiting Scholar
Institute of Urban and Regional Development
316 Wurster Hall, # 1870
University of california at Berkeley
Berkeley, CA. 94720-1870
Tel.: (510) 642 4874
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Destrabar la economía y abrir paso a un fuerte crecimiento dentro de algunos años es la promesa de una nueva fórmula mágica que gobernantes, parlamentarios y economistas de Brasil debaten como alternativa a las políticas actuales.
La idea es definir como meta, en un plazo de cuatro o cinco años, la eliminación total del déficit fiscal, y el autor de la propuesta es Antônio Delfim Netto, ex ministro de Hacienda de Planificación durante la dictadura militar, y hoy diputado del conservador Partido Progresista.
Esa iniciativa es ”preocupante porque agravaría la actual política económica, que invirtió prioridades en un país de enorme deuda social”, evaluó para IPS Eliana Graça, asesora de Política Fiscal del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc), una organización no gubernamental de Brasilia que realiza un seguimiento de la actividad legislativa y las cuestiones presupuestarias.
El ”déficit nominal cero” que plantea Delfim Netto exigiría una fuerte reducción del gasto público, afectando principalmente el presupuesto de ministerios del área social como los de Salud, Educación y Previsión
Social, argumentó Graça, reflejando un temor de los movimientos y organizaciones sociales y de la izquierda política.
Desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a fines de 1998, el gobierno brasileño cumple metas de superávit fiscal primario, es decir ingresos superiores a los gastos corrientes, sin contar el pago de intereses de la deuda pública. El objetivo es contener la deuda.
Empezó cumpliendo un superávit primario equivalente a 2,6 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1999. La meta fue elevada en los años siguientes y llegó a 4,25 por ciento del PIB en el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado en enero de 2003, manteniendo en ese terreno la política económica anterior.
Pero aun así, en términos nominales hubo un déficit de 2,7 por ciento del PIB el año pasado, porque los intereses de la deuda pública superaron el esfuerzo de recaudación y contención de gastos. Este año se prevé que el déficit nominal llegará a
cerca de 3,6 por ciento del PIB, debido al aumento de la tasa básica de intereses del Banco Central, que se aplica a más de la mitad de la deuda.
El déficit nominal cero exigiría por lo tanto intensificar el esfuerzo fiscal, limitando aun más las inversiones estatales, y esperar una baja de los intereses.
La propuesta busca sacar a la economía brasileña de la ”trampa” en que está metida desde los años 80, según Delfim Netto. En los diez últimos años el crecimiento fue mediocre, de 2,3 por ciento al año en promedio, con altibajos.
Siempre que se logra un crecimiento mayor, como el 4,9 por ciento del año pasado, surgen presiones inflacionarias y el Banco Central eleva su tasa básica de interés para estimular la colocación financiera y disminuir el circulante, dificultando el acceso a crédito y determinando un estancamiento. Desde septiembre la autoridad monetaria elevó la tasa de 16 por ciento a la actual de 19,75 por ciento.
En consecuencia, la
economía no crecerá más que tres por ciento este año, según previsiones incluso de órganos gubernamentales. Además aumenta la deuda pública, restando al Estado capacidad de inversión.
El ex ministro de la dictadura propone que el redoblado esfuerzo fiscal se formalice y se haga permanente mediante una enmienda constitucional que establezca mayor flexibilidad en la asignación de partidas presupuestarias, que actualmente se realiza con constantes fijas como el 18 por ciento mínimo para educación, entre otras proporciones obligatorias.
También aboga por un ”shock de gestión”, es decir duras medidas de austeridad y racionalización de la administración pública, que reduzcan gastos y nombramientos por indicaciones políticas.
Ese plan, con fuerza constitucional, promovería una pronta reducción de los intereses y de la deuda pública, junto con un crecimiento económico vigoroso, alegó Delfim Netto.
El diputado repite lo que decía como ministro del régimen
militar hace mas de 30 años, que debe esperarse a ”que crezca el bollo antes de repartirlo”, es decir que la riqueza nacional debe aumentar antes de que comience su redistribución, y pide más años de ajuste y dificultades antes de que presuntamente comience la prosperidad, comentó Graça.
Para el gobernante Partido de los Trabajadores y sus aliados de izquierda es incómodo acoger ideas del economista que era el blanco de sus más airadas críticas, por haber sido un ministro poderoso en la dictadura militar y conductor del llamado ”milagro económico” de los anos 60 y 70, que agravó las desigualdades sociales de Brasil con la misma promesa de que tras el incremento del producto y del lucro vendría la redistribución.
Industriales de Sao Paulo apoyaron la propuesta, seducidos por la idea de cese la política de altos intereses, y la iniciativa de Delfim Netto también fue respaldada por economistas cuya preocupación central es el gasto público. Pero otros economistas y
muchos gremios empresariales la rechazaron por los riesgos de la rigidez que establecería y los desmesurados sacrificios que exigiría a corto plazo.
Delfim Netto fue estimulado por el gobierno a buscar apoyos parlamentarios para su propuesta, pero parece casi imposible que ésta sea aprobada. El ministro de Hacienda, Antonio Palocci, declaró preferir el mantenimiento de la actual política de superávit primario con metas de inflación, y avanzar hacia la eliminación del déficit fiscal nominal sin un plazo fijado de antemano.
Hay fuerte resistencia a la propuesta entre parlamentarios, y una enmienda constitucional como la necesaria para aprobar el plan de Delfim Netto requiere 60 por ciento de los votos en las dos cámaras del parlamento, en dos votaciones sucesivas de cada una.
Geografía Económica
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Proposta de déficit zero, defendida por Delfim Neto, merece o repúdio de todos que priorizam o combate à desocupação e à miséria, o qual exige a expansão do gasto social do governo e a urgente redução do gasto com o serviço da dívida pública, através da redução das taxas de juros.
Os objetivos de curto prazo das políticas macro-econômicas são, em geral, combinar o máximo de ocupação com o mínimo de inflação. As políticas macro-econômicas são fundamentalmente duas: a fiscal, que manipula a despesa e a receita pública, e a monetária, que determina a taxa “oficial” de juros, tendo em vista influir sobre o custo e o volume do crédito. Tanto a inflação como a ocupação dependem da relação entre demanda total e oferta total de mercadorias (bens e serviços). Se a demanda for elevada em relação à oferta, tanto a inflação como a ocupação tendem a subir; se, pelo contrário, a demanda for baixa em relação à oferta, tanto inflação quanto ocupação tendem a cair.
As políticas macro-econômicas de curto prazo influem diretamente na demanda agregada ou total. Se a política fiscal expandir o gasto público acima da receita, o déficit resultante expande a demanda; e vice-versa, se o gasto público for cortado até ficar menor que a receita, o superávit assim produzido reduz a demanda. O mesmo se aplica à política monetária: se ela baratear o crédito, ela expandirá o consumo e o investimento e, portanto, a demanda. Se ela encarecer o crédito, o efeito será o oposto e a demanda será diminuída.
O saldo das contas públicas e a taxa oficial de juros são instrumentos que o poder público usa para tentar determinar uma taxa de crescimento do PIB que atinja as duas metas: uma taxa de ocupação socialmente aceitável e uma taxa de inflação suficientemente baixa para que a indexação dos preços não se torne uma reivindicação irresistível dos assalariados. O governo brasileiro faz isso ao impor à sua política fiscal uma meta bastante alta de superávit primário e ao dirigir sua política monetária para metas anuais de inflação decrescentes.
A proposta de Delfim Neto é de reforçar a tendência recessiva da política fiscal para permitir uma queda posterior da taxa de juros. O viés da proposta é recessivo. Ela pretende engessar o gasto corrente do governo federal com educação e saúde, desvinculando mais 20% do mesmo, para conquistar a confiança dos “investidores” (dos ricos) na capacidade do governo de servir sua dívida. A promessa de Delfim é que isso permitirá em seguida a diminuição dos juros, o que poderá vir a suscitar nova retomada da atividade e aumento do nível de ocupação. Acontece que, se a proposta fosse implementada deste modo, a recessão seria certa e a recuperação uma probabilidade, na melhor das hipóteses.
Mas, o dilema entre mais arrocho fiscal para alcançar um possível alívio creditício é falso. Os juros podem ser reduzidos a partir de agora, sem que os “investidores” percam a confiança no governo, porque eles foram aumentados exagerada e desnecessariamente em primeiro lugar. O próprio Delfim Neto, em suas colunas na imprensa, desancou repetidamente a política monetária recessiva praticada nos últimos 10 meses. A contenção do gasto social do governo é totalmente dispensável para desfazer o que não passou dum erro lamentável da política monetária, criticada pela maioria dos economistas.
A proposta do “déficit zero” é dirigida ao mercado financeiro, para tentar impedir que a crise política, que hoje atinge o governo e o PT, venha a inquietá-lo. Ela oferece o sacrifício das camadas pobres da população, que dependem do ensino público, da assistência pública à saúde e dos programas públicos de transferência de renda, aos detentores do excedente financeiro para que mantenham os investimentos no país e especificamente nos papéis da dívida pública, apesar da intensa campanha de denúncias da mídia contra o governo e o Partido dos Trabalhadores.
Isso ficou claro quando a proposta, inicialmente apresentada ao Presidente e seus ministros, foi submetida a uma seleta audiência de grandes empresários, sem qualquer preocupação de consultar os outros setores da população. A proposta é de jogar nas costas dos setores carentes – de forma permanente, por meio duma emenda à Constituição – os efeitos sociais e econômicos da crise política, para conservar o apoio dos setores privilegiados ao governo e à sua política. Ela merece o repúdio que vem recebendo de todos que priorizam o combate à desocupação e à miséria, o qual exige a expansão do gasto social do governo e a urgente redução do gasto do governo com o serviço da dívida pública, através da redução das taxas de juros.
Paul Singer é economista, Secretário Nacional de Economia Solidária
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Proposta do déficit nominal zero implica pesados cortes nos gastos públicos. Entre outros efeitos, signficaria o fim do acesso ao seguro desemprego de 1,2 milhão de pessoas, corte de 20% nos investimentos em educação, afetando também o tratamento de 1,1 milhão de portadores do HIV.
Jonas Valente
Carta Maior
08/07/2005
Brasília - Uma cena conhecida. Um brasileiro ou brasileira usa o cartão de crédito para bancar despesas com as quais não consegue arcar. No mês seguinte, a pessoa não só não consegue abater a dívida como não dá conta nem de pagar somente os juros dela. Nos meses posteriores, a dívida dela passa a aumentar com o acúmulo dos juros que ela não consegue pagar. Ao final de um ano, a dívida de ‘x‘ reais duplica somente por conta deste processo, e a cada vez que ela cresce os juros aumentam, o que acelera a sua evolução. É isso que acontece com o Brasil. Frente à crise fiscal e este “túnel sem saída”, várias são as medidas possíveis.
O Ministério da Fazenda acredita que fazer economias duras dos recursos públicos pode, ao longo do tempo, diminuir a relação da dívida com o Produto Interno Bruto (PIB). Um dos instrumentos usados a partir das “orientações” do Fundo Monteário Internacional (FMI) é o superávit primário,
uma espécie de reserva antecipada. É como se o representante dos credores da dívida da pessoa citada acima tivesse proposto para que ela, mesmo não conseguindo pagar nem os juros de sua dívida e independente do que conseguir levantar de recursos, pagasse uma quantia ‘x‘ destes juros. Se ela não fizesse isso, o banco ameaçaria acioná-la na Justiça, o que praticamente a obriga a aceitar o “acordo”. Se ela tiver de comer menos, ou economizar com a casa, ou retirar as crianças da escola, não importa. No caso do superávit primário adotado pelo Brasil, a equipe econômica do governo não só aceitou o “acordo”, sob a argumentação de que o país poderia deixar de receber investimentos estrangeiros e quebrar, como quis se mostrar como um “devedor bonzinho”, aumentando no início da gestão Lula o índice do superávit de 3,75% para 4,25% do PIB e economizando em alguns períodos montantes superiores a este prometido.
O Banco Central acredita que, para garantir o fluxo de recursos
estrangeiros para o Brasil é preciso manter as taxas de juros em alta, pois somente assim o país conseguiria garantir credibilidade junto aos grupos internacionais, que passariam a ter mais interesse em aportar recursos no país. Além disso, os altos juros seguram a inflação em baixa, pois desaquecem a economia. E a alta da inflação significaria grande impacto na vida econômica do país e na dívida pública. Mas seria uma saída temporária, pois com a grande economia feita com o superávit primário e a aprovação da agenda proposta pelas grandes organizações financeiras internacionais (FMI e Banco Mundial), como a Reforma da Previdência, o país daria uma demonstração de credibilidade e os juros poderiam cair. “O superávit primário aumentou, saiu a reforma da Previdência, mas as taxas de juro continuaram na estratosfera”, pontuou o economista Paulo Nogueira Batista Jr no artigo “Déficit nominal zero?”, publicado no jornal Folha de São Paulo quinta-feira.
Mas se nem a
economia brutal que compromete qualquer capacidade de investimento e nem as altas taxas de juros conseguem mostrar uma luz no fim do túnel para a crise cambial brasileira, o que fazer? A nova fórmula da salvação vem ex-ministro da economia durante a ditadura militar e deputado Delfim Netto (PP-SP). A proposta, que vem ganhando a simpatia de empresários e do núcleo financeiro do governo, é fazer, nos próximos quatro anos por meio de uma emenda constitucional, um “aperto sobrenatural” que garanta ao país dinheiro suficiente para saldar toda a dívida oriunda somente da acumulação dos juros e passar a pagar, com um superávit um pouco maior do que o atual, todo o montante referente aos juros, impedindo que a dívida cresça mais e zerando o déficit de pagamento público, consolidando assim o chamado “déficit nominal zero”. Ou seja, a economia feita por meio do superávit primário se igualaria aos vários bilhões de reais que o país tem de pagar de juros por mês, hoje.
“A aprovação
dessa emenda constitucional despertaria tal credibilidade que surgiria ‘instantaneamente uma expectativa de baixa do juro real‘, garante Delfim. A diminuição dos juros reativaria a economia e permitiria zerar o déficit com níveis suportáveis de superávit primário, não muito mais altos do que os atuais”, explica Paulo Nogueira em seu artigo. Outra medida seria o aumento da desvinculação dos recursos da União, a chamada DRU, de 20% para 40%. Delfim Netto argumenta que os gastos vinculados prejudicam a gestão do país por não permitirem uma flexibilidade na destinação de recursos e por gerarem uma administração deficiente uma vez que a “fonte não pode secar”. Além dele, uma série de economistas e parlamentares se manifestaram nos últimos dias para tentar barrar a sedução da proposta, apelidada de Plano Delfim. Em jantar realizado com a presença de seu autor, o ministro Palocci e vários empresários, começou a ser esboçado um consenso na burguesia produtiva brasileira e no setor
financeiro. A única voz dissidente da reunião foi a do senador Aloizio Mercadante (PT-SP), que não considerou a proposta “o melhor caminho”.
Críticas Um grupo de parlamentares ligados à equerda do PT realizou esta semana seminário para debater o tema. A carta resultante do encontro afirma que “a proposta do deputado paulista apenas aprofunda o corte de gastos públicos não-financeiros e trata, dessa forma, de modo privilegiado os interesses dos que são regiamente remunerados na condição de credores da dívida pública, sobretudo aqueles que detêm os títulos em poder do público”. O documento sugere que a armadilha da crise cambial, a incapacidade do Estado basileiro de impedir o crescimento da dívida, se deve, entre outras coisas, à manutenção das “elevadíssimas taxas de juros praticadas no País e ao brutal estoque da dívida pública, mesmo reconhecendo-se que seu componente externo tem sido reduzido graças à
valorização do Real frente ao Dólar”.
Os parlamentares criticam também o processo já em curso de arrocho promovido pelo Ministério da Fazenda. No ano passado a economia ultrapassou o índice estipulado (4,25%) chegando a 4, 61% do PIB. Este ano, entre janeiro e abril o país praticamente pagou todas as suas despesas com juros, tendo que economizar para isso 7,1% do PIB. Para os deputados, a alta nos juros vem sendo um instrumento para piorar a dívida, e não auxliar na sua resolução. Segundo os dados divulgados na carta, as altas taxas de juros vêm gerando aumento na dívida pública interna, que passou de 22% para 27 % do PIB entre 2002 e 2004. A falácia, segundo o deputado Paulo Rubem Santiago (PT-PE), um dos coordenadores do seminário, está em separar os gastos com juros dos outros gastos públicos e no conto de que a resolução dos problemas cambiais do Brasil está atrelada ao ganho de confiança do mercado através de sacrifícios cada vez maiores.
“O Delfim fala
supostamente em nome do desenvolvimento mas preservando as despesas com juros hoje. O governo estaria a disposição de pagar toda a conta e o mercado amenizaria no processo de rolagem da dívida”, analisa Santiago. Para o deputado, a redução das taxas de juros deve ser uma escolha do governo e não uma permissão do mercado. Ele comenta que é falsa a idéia de que esta ação afugentaria o capital especulativo vindo de fora, pois os investidores internacionais não deixariam de comprar títulos públicos emitidos pelo governo pois eles têm retorno garantido, diferente de investimentos em empreendimentos privados.
Para a economista Leda Paulani, da USP, as políticas baseadas na busca da credibilidade, adotadas desde a crise cambial em 1999, geram um modelo “cachorro mordendo o rabo” que foi adotado pela gestão de Lula sob uma falsa idéia de sacrifício temporário para possibilitar um programa mais profressista depois. “O país precisa ter credibilidade para quem? Para conseguir atrair
investimentos externos, suprir a carência interna de poupança (o que é outra falácia) para sustentar o desenvolvimetno interno? Uma credibildiade que faz com que os preços dos papéis brasileiros no mercado internacional subam, que entrem no país investimentos externos diretos e capital especulativo à vontade? O preço é uma elevadíssima taxa real de juros e um superávit primário cavalar para garantir que os ganhos em moeda forte não seja ameaçados. Ora, é isso justamente o que impede o crescimento. E naõ adianta dizer, como disse o governo no início,que era só um moemtneo, que tinha de enfrentar a crise e que, depois, seria tocado o verdadeiro programa”, avaliou em entrevista ao jornal Brasil de Fato.
Ou seja, se coloca uma armadilha. O governo contingencia recursos de todas as áeras (custeio da máquina, custeios sociais e investimentos) para se mostrar como um bom devedor e aumenta as taxas de juros com vistas a receber investimentos externos, que fortalecem o
real frente ao dólar e possibilitam o saldo da dívida externa. Isso reduz a relação dívida / PIB, como aconteceu entre 2002 e 2004, quando o governo conseguiu baixar de 60% para 51% esta relação, mas aumenta a dívida interna e o estoque total da dívida pública. Entre dezembro de 2001 e dezembro de 2004, a dívida mobiliária interna nacional (acumulada por meio da emissão de títulos e não de empréstimos diretos), que corresponde a aproximadamente 80% da dívida interna brasileira, aumentou de R$ 485 para R$ 798 bilhões. A expectativa para o fim deste ano é que ela chegue a R$ 954 bilhões.
Além de aumentar, o perfil da dívida piorou. Isso significa que uma parte cada vez maior da dívida passa a ser formada por títulos de vencimento em curto prazo, obrigando o governo a economizar mais ou emitir novos títulos, reiniciando o ciclo. Em dezembro de 2002, o governo tinha que pagar no prazo de um ano 35% da sua dívida. Em dezembro de 2003, o compromisso para os próximos 12 meses
passou a ser de saldar 46,1% da dívida. De acordo com Paulo Rubem Santiago, este modelo se constitui como o maior processo de concentração de renda que o país já viu. Pois os recursos arrecadados da maioria da população que paga impostos são destinados aos detentores de algum título público, que hoje representam somente 4% da população nacional (7 milhões de pessoas).
Impactos Em estudo apresentado quinta-feira (7), na capital paulista, o economista Márcio Pochmann demonstrou os impactos da adoção do “Plano Delfim”. Segundo Pochmann, se o princípio proposto por Delfim fosse aplicado em 2004, o país teria de economizar R$ 57 bilhões além dos R$ 81,1 bilhões destinados ao pagamento de juros. Para zerar o déficit este ano, o governo teria de economizar mais R$ 42,5 bilhões, o que significaria um superávit primário de 7,85%. "É uma estimativa de corte nos dias de hoje de R$ 42,5 bilhões.
Esse corte seria
feito em maior escala na Previdência Social (R$19,7 bilhões), seguida de corte de benefícios dos funcionários públicos (R$ 8,5 bilhões) e também diz respeito à Saúde (R$ 5,7 bilhões), que seria a terceira categoria da área social a ser mais atingida pelos cortes dos recursos", afirmou o economista em reportagem da Agência Brasil. Segundo levantamento divulgado na mesma reportagem, a economia teria como conseqüência o fim do acesso ao seguro desemprego de 1,2 milhão de pessoas a partir do corte de R$ 1,8 bilhão na Previdência Social. Ainda de acordo com as estimativas do economista, 1,1 milhão de portadores do HIV ficariam sem tratamento e a pasta da educação, teria 20% menos de seu orçamento para o investimento em escolas, pesquisa, formação e capacitação.
Alternativas Para Paulo Rubem Santiago, a primeira medida para resolver a crise seria colocar a situação clara para a sociedade,
assumindo os gastos financeiros como gastos públicos, e portanto, passíveis também de cortes e escolhas políticas. “Não podemos reproduzir o argumento de separar os gastos com juros dos outros. Precisamos colocar tudo na mesa, encargos sociais, custeio da administração, investimentos e despesas vinculadas ao endividamento. Se fizerem isso, a população vai ver a brutalidade da diferença”. O parlamentar defende que a escolha de onde cortar ou economizar seja da população, mas que imediatamente o governo abaixe as taxas de juros.
Na opinião de Santiago, outra falácia da argumentação dos ortodoxos da fazenda está na afirmação de que as taxas de juros são o único instrumento para segurar a inflação. Ele explica que um dos elementos que tem grande influência no aumento deste índice são os preços administrados dos contratos de serviços privatizados durante a gestão de FHC, como telefonia e energia elétrica. Enquanto a inflação cresceu 160% desde a implantação do real em
1995, os preços de tarifas telefônicas cresceram 700%. Outro exemplo citado de produto que tem impacto no índice de inflação são os combustíveis, cuja composição do preço se dá majoritariamente por conta dos tributos e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).
O economista Paulo Nogueira Batista Jr analisa em seu artigo “Déficit nominal zero?” que a presença do déficit combatido por Delfim Neto já foi suportada por vários países em momentos da políticas ant-recessivas, de diminuição dos tributos e aumento nos investimentos. O economista usa como exemplo o Japão, que tem mantido déficit entre 6% e 8% do PIB e os EUA, que teve no início do governo Bush aumento do índice até alcançar 4% do PIB. “Segunda observação (de mau gosto, reconheço): na Argentina, o malfadado governo De la Rúa, depois de ter sido seriamente abalado por denúncias de corrupção, foi induzido pelo ministro da Economia, Domingo Cavallo, a radicalizar a política econômica e a
comprometer-se com uma meta de déficit zero. De la Rúa não terminou seu mandato”, provoca Nogueira Batista Jr
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POLÍTICA ECONÔMICA Vêm aí mais sacrifícios para o povo?
Lauro Veiga Filho Goiânia (GO)
Brasil de Fato, Nº 124
21/7
Eliminar o déficit nominal, que considera todas as receitas e despesas do setor público, incluindo gastos com juros, seria um "absurdo" para uma economia como a brasileira. A medida, defendida por setores conservadores, tenderia a produzir novos sacrifícios para a maioria do povo, com encolhimento da economia e desemprego, e mais privilégios para os rentistas (aqueles que vivem dos ganhos gerados pelos juros). O caminho mais fácil e menos penoso para atingir a estabilidade e assegurar o crescimento econômico, sustenta a economista Maria de Lourdes Rollemberg Mollo, doutora em Economia e professora da Universidade de Brasília (UnB), seria reduzir os juros e adotar controles sobre a entrada e saída de dólares do país. Cortar gastos ou deixar de gastar, no setor público, significa não resolver graves distorções sociais e econômicas, diz ela em entrevista ao Brasil de Fato.
Brasil de Fato - Quais as implicações se for adotado um aperto fiscal ainda maior?
Qual a viabilidade política de medidas como essa, neste momento, e quais suas conseqüências? Maria de Lourdes Rollemberg Mollo - O pensamento na área econômica, hoje, infelizmente, é dominado pela idéia neoliberal de que os mercados são os melhores reguladores da economia e que devem também controlar os próprios governos, por meio da chamada "disciplina de mercado". Ou seja, quando as economias estão abertas e liberalizadas como a nossa, os capitais entram buscando taxas elevadas de juros e, caso os governos não se comportem como eles querem, eles fogem do país.
BF - O que resulta da fuga de capitais? Maria de Lourdes - Essa fuga provoca inúmeros problemas, como a desvalorização abrupta da moeda nacional, com impactos desfavoráveis sobre os agentes endividados em dólar, e aumento da inflação interna. Isso leva os governos a manter elevadas as taxas de juros,
inibindo os investimentos, o crescimento e o emprego. Ao optarmos pelo liberalismo econômico ficamos vulneráveis. Assim, qualquer problema político ou econômico é motivo para ameaças de fuga de capitais. Primeiro, acenamos para o mercado com taxas de juros elevadíssimas para que os capitais não fugissem. Depois, isso se tornou insuficiente, em vista do crescimento da dívida (inclusive em função dos juros altos).
BF - Aumentar os juros não foi suficiente? Maria de Lourdes - Passamos então a prometer elevados superavits primários (diferenças entre receitas e despesas do governo, com exceção dos gastos com juros), mais elevados do que os pedidos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Para quê? Para acenar para o mercado que o governo tem condições de pagar o que deve. Quando, neste momento, enfrentamos novos problemas, desta vez políticos, novas promessas precisam ser feitas, segundo eles, para agradar ao
mercado.
BF - Mas o governo é obrigado a seguir a mesma receita ortodoxa? Maria de Lourdes - Observe-se que tudo isso só acontece porque houve uma escolha inicial de ficarmos sujeitos à tal "disciplina de mercado". Dentro dessa "disciplina", as coisas funcionam dessa maneira. Mas, obviamente, não temos que nos submeter necessariamente a ela, ou seja, essa não é a única alternativa. Poderíamos, por exemplo, controlar movimento de capitais e administrar o câmbio, como alternativas para evitar essa vulnerabilidade e perseguir os nossos próprios objetivos de desenvolvimento do país. Isso, porém, não é aceito pelos economistas liberais que conduzem atualmente a política econômica.
BF - O ex-ministro Delfim Netto vem propondo um aumento da Desvinculação de Receitas da União (DRU) para 40%; o congelamento das despesas de custeio, se possível, com novos cortes; a eliminação do déficit nominal em quatro
ou cinco anos; e a adoção de um "choque de gestão" na administração pública. Como analisa essas propostas? Maria de Lourdes - O maior aperto da política fiscal, que vem sendo mencionado, significa produzir um superavit nominal, além do primário. O superavit primário, como já dissemos, é a diferença entre as receitas do governo e suas despesas, sem incluir nessas últimas o pagamento de juros. O superavit nominal é a diferença entre receitas e despesas do governo, incluindo o gasto com juros. Já está sendo difícil para o país obter superavits primários elevados (4,58% do PIB em 2004). Se quisermos acrescentar o pagamento dos juros e ainda assim obter superavit, isso significa que as despesas do governo devem cair ainda mais. Como pensar, porém, em reduzir as despesas do governo, numa sociedade como a nossa, tão desigual, e onde o governo tem um papel enorme a cumprir nas áreas de educação, saúde, segurança, infra-estrutura e
habitação e está cumprindo mal exatamente por falta de recursos nessas áreas? A redução das despesas significa freio ao crescimento do emprego e redução dos gastos sociais. Cria-se desemprego, por um lado, e cortam-se gastos sociais, de outro. Ou seja, isso terá um custo social elevadíssimo.
BF - O aumento da DRU não significaria desviar recursos da educação e saúde para a geração de superavits primários? Maria de Lourdes - A desvinculação significa liberar a União de alguns gastos específicos, como, por exemplo, em educação, em que ela está obrigada a aplicar uma certa proporção de suas receitas. Com o aumento do percentual de receitas desvinculadas, essa obrigação fica reduzida. A vinculação criou uma obrigatoriedade de gastos em áreas consideradas prioritárias como a de educação, porque se julgou que isso garantiria que essa área não perderia espaço na luta pelos recursos públicos ao longo da execução
orçamentária (ou seja, durante o processo de autorização de despesas pelo governo, segundo estabelecido pelo orçamento aprovado pelo Congresso). Liberar o governo dessas vinculações ajuda, de fato, a administração de um orçamento apertado, porque permite, por exemplo, que o dinheiro destinado a uma despesa que ainda não está sendo feita e pode esperar por uma outra receita prevista, passe para outras despesas que não podem esperar. Isso permite que os gastos fluam melhor, dando mais eficiência às políticas do governo. O problema é: como confiar que um governo que está sujeito à "disciplina de mercado" vai gastar em educação, saúde e programas sociais prioritários e não em pagamentos de juros cada vez mais elevados?
BF - O que os cortes das despesas de custeio representariam, na prática? Em relação a outros países, o nível das despesas do setor público, no Brasil, comparativamente ao PIB, é excessivo? Maria de Lourdes - O superavit primário é a economia que o governo faz para pagar juros. Mas ele tem sido menor do que a parcela de juros a pagar. Por exemplo, neste ano, o Banco Central estima que vamos pagar 7,85% do PIB com juros. Isso significa que, além dos 4,25% previstos de superavit primário, ainda teríamos que arcar com uma redução adicional de 3,6% do PIB nas demais despesas, para honrar os juros e não ter que renovar a dívida, adiando seu vencimento parcialmente. Pois bem, em 2004, a despesa com juros representou 7,25 % do PIB, enquanto todos os gastos sociais do governo federal, excluídos os gastos com Previdência Social, representaram 6,4 % do PIB. A idéia que circula não é pagar tudo de uma vez, mas em seis anos. Ocorre que os gastos do governo, em particular na área social, são muito importantes, já são baixos quando comparados internacionalmente, e não podem, por isso, ser reduzidos ainda mais. Se o que se quer é reduzir a dívida, o melhor seria baixar a taxa de juros, o
que permitiria não apenas que a dívida não crescesse, como um aumento mais rápido do PIB, reduzindo a relação dívida pública/PIB, que é o que se pretende para convencer o mercado que estamos bem.
BF - Mas há espaço para isso? Maria de Lourdes - Pedir esse tipo de resultado de déficit fiscal equilibrado no Brasil é absurdo, ainda mais quando se sabe que os países da União Européia, em particular os mais desenvolvidos, estão buscando aumentar os déficits acordados.
BF - O que seria um choque de gestão? Maria de Lourdes - Tanto radicalizar a política de cortes das despesas de custeio quanto o choque de gestão são medidas que vão na mesma direção de redução de gastos públicos. As despesas com investimento já são mínimas. Assim, corta-se também em custeio, comprometendo a máquina do governo. Quanto ao chamado choque de gestão, não há dúvida que
os economistas - em particular aqueles para quem o Estado tem um papel a cumprir na regulação econômica - sabem que o Estado precisa ter uma gestão eficiente dos recursos, para permitir que possam ser usados na solução do maior número de problemas, em particular os considerados prioritários, e torcem e lutam para que isso aconteça. Na ótica liberal, todavia, a idéia de eficiência também se espelha na lógica privada do mercado, que não é igual à lógica do poder público. Para a primeira, por exemplo, a economia de recursos e de custos amplia o lucro, que é o objetivo da dinâmica do mercado. Na lógica dos gastos públicos, sobrar recursos ou deixar de gastar significa deixar de resolver problemas sérios da sociedade. Como a disciplina, como vimos, é determinada pelo mercado, é de se esperar que o choque de gestão desejado privilegie redução de gastos, deixando a sociedade a ver navios.
BF - Gostaria de retomar a questão do desmonte do Estado... Maria de Lourdes - Trata-se, sem dúvida, de reduzir o espaço do Estado, ampliando o do mercado, coerente com a lógica neoliberal da política econômica. A pergunta, porém, é: como reduzir gastos do governo, num país com tanta desigualdade, tão grande desemprego, com gastos sociais baixos como proporção do PIB, e com uma infra-estrutura em condições precárias, que dificulta o crescimento e a absorção de mão-de-obra? Dadas às nossas desigualdades, trata-se, de fato, de beneficiar aqueles que recebem juros altos, que constituem parcela ínfima da população - cerca de 7 milhões de pessoas ou 0,04% da população, conforme dados divulgados recentemente pela Folha de S.Paulo (15/06/ 2005), em desfavor da maior parcela da população que seria beneficiada pelos gastos sociais e pelo crescimento econômico.
BF - Como essa política se reflete no mercado de trabalho? Maria de Lourdes - Observese, por exemplo, que enquanto somos campeões mundiais de juros altos, nominais e reais, que beneficiam tão poucos, a parcela da população que ganha até dois salários-mínimos passou de 38% da população ocupada, em 2002, para 51%, em março de 2005, segundo o IBGE. Mesmo sabendo que o salário-mínimo subiu, nesse período, a fatia da população ocupada que aumentou foi a de renda mais baixa, e a fatia da população ocupada que mais se reduziu, foi a de classe média baixa, mostrando que houve um empobrecimento dessa classe média ocupada no Brasil. E isso, com relação à população ocupada, que ainda tem a sorte de ter emprego...
BF - Analistas conservadores voltam a apontar que os juros são altos porque o endividamento do Estado é elevado, e por causa do déficit nominal do setor público. Esse tipo de argumento não distorce as premissas reais do debate econômico? Maria de Lourdes - O problema dos juros
altos não decorre do déficit e da dívida do setor público. Estes são elevados porque os juros são altos. Não fosse assim, não estaríamos tendo, já há alguns anos, superavits primários mais elevados do que os exigidos pelo FMI. Não fossem os juros, que só fazem aumentar, nossa dívida como proporção do PIB já teria caído. Ao contrário, quando os juros sobem, não apenas é preciso pagar maior serviço da dívida, aumentando-a, ao renová-la, como o PIB se reduz, como mencionamos anteriormente, com o freio aos investimentos que a taxa de juros alta provoca. A razão, porém, para esses juros elevadíssimos, de novo, é a concepção neoliberal da política econômica. Eles poderiam ser mais baixos se, por exemplo, a fuga de capitais fosse contida com controles de capitais, e se o câmbio flutuasse menos por meio de intervenções no mercado de câmbio. Mas isso os neoliberais não aceitam, porque significa maior intervenção estatal.
Quem é Maria de Lourdes Rollemberg Mollo é professora titular do Departamento de Economia daUniversidade de Brasília (UnB) e doutora em Economia pela Universidade de Paris X, Nanterre, França, na área de moeda, finanças e bancos. Atua, ainda, em pesquisas nas áreas de economia monetária, economia política e história do pensamento econômico.
Geografía Económica
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No Brasil de hoje, há sinais cada vez mais claros de retrocessos no compromisso das finanças públicas para com o bem estar do conjunto da população. Parcela significativa do fundo público tem sido drenada para o financiamento do patrimônio dos ricos.
Ao longo do século 20, algumas reformas foram capazes de alterar uma das vertentes selvagens que se sobressaem do modo de produção capitalista. A reforma tributária embalada pelo princípio da justiça fiscal terminou por onerar progressivamente os ricos, assim como constituiu a base dos fundos públicos voltados para o desenvolvimento do Estado de bem estar social.
Dessa forma foi possível constituir a universalidade do acesso ao ensino público e gratuito, bem como o avanço da saúde pública, juntamente com a ampliação considerável dos serviços públicos de transporte, previdência e assistência social, habitação de interesse coletivo, entre outros. A elevação do padrão de vida do conjunto da população teve na ação das políticas públicas um de seus principais esteios de sustentação.
Essa foi a experiência dos países desenvolvidos que ousaram realizar reformas civilizadoras do capitalismo. O Brasil, mesmo sem ter realizado as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, registrou alguns avanços nas políticas públicas favoráveis à elevação do padrão de vida. Mas isso não ocorreu para todos. As estreitas bases fiscais sempre foram um dos limites do financiamento de políticas universais no país, uma vez que os ricos praticamente não pagam impostos, que têm nos pobres a base regressiva da arrecadação tributária.
No Brasil de hoje, contudo, há sinais cada vez mais claros de retrocessos no compromisso das finanças públicas para com o bem estar do conjunto da população. Por conta do atual ciclo de financeirização de riqueza, parcela significativa do fundo público tem sido drenada para o financiamento do patrimônio dos ricos.
Trata-se, em síntese, da gestão das finanças públicas contra o bem estar do povo, ou simplesmente das finanças anti-sociais. A razão disso está no padrão de ajuste das finanças públicas que visa valoriza o atendimento dos compromissos com o pagamento de juros e encargos do endividamento estatal. Para isso, buscou-se, durante o plano real a ampliação das receitas governamentais. A privatização do setor produtivo estatal serviu para a transferência às famílias financeirizadas o dote equivalente a 25% do Produto Interno Bruto (PIB) anual do país, enquanto a elevação da carga tributária bruta possibilitou aumentar a receita governamental em mais 10% pontos percentuais do PIB.
Mesmo que essas ações governamentais fossem importantes para elevar a arrecadação do Estado - em meio ao baixo crescimento econômico -, elas se mostraram insuficientes para atender o total dos gastos com juros e encargos financeiros. É bom lembrar que o Ministério da Fazenda poderia mudar de nome tranqüilamente de Ministério dos Juros, pois representa a segunda maior despesa pública nacional. Por conta disso, diversas medidas foram adotadas com o objetivo de cortar o gasto público, especialmente nas áreas sociais, como forma de aumentar os recursos a serem transferidos ao pagamento dos juros.
Pode-se constatar, por exemplo, que durante o governo de FHC houve distintas situações na evolução das despesas governamentais. Entre 1995 e 2002, as despesas sociais do governo federal decresceram 13,8% como proporção do total do gasto público, enquanto o dispêndio financeiro aumentou 13,4% como proporção da despesa total.
Com recursos relativamente menores para atender a área social, cresceu a dívida social, especialmente aquela vinculada ao financiamento do custo de reprodução das classes trabalhadoras no país. Ou seja, faltam recursos para educação, saúde, assistência, previdência social, entre outros gastos fundamentais ao bem estar do povo.
Em contrapartida, uma minoria de ricos não tem o que reclamar. Diante do enorme esforço realizado pelo governo federal no interior das finanças públicas tem sido possível atender parcialmente o pagamento dos encargos do endividamento público no Brasil.
A proposta de déficit público nominal zero consiste em mais uma medida de corte explícito do gasto público, sobretudo social. Há vários caminhos para o país alcançar o equilíbrio nas finanças públicas. O rápido crescimento econômico é uma alternativa consistente, uma vez que a arrecadação de impostos cresce num ritmo superior à própria elevação do PIB. Também o corte drástico dos juros permitiria ainda mais rapidamente a redução dos gastos com juros, uma vez que 1 ponto percentual da taxa de juros do país equivale a uma despesa anual equivalente a 10 bilhões de reais. Para isso, contudo, o governo precisa enfrentar os detentores da riqueza financeirizada.
Talvez por isso, ganhe destaque a proposta do déficit nominal zero que visa cortar gasto público, especialmente com a desvinculação das receitas sociais. Esse parece ser o caminho de menor resistência política, pois se refere, mais uma vez, à socialização do prejuízo entre os pobres, com prosseguimento da prática das finanças anti-sociais.
Marcio Pochmann é professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Foi secretário do Trabalho na gestão de Marta Suplicy (PT) na Prefeitura de São Paulo (2001-2004).
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Ultimo artículo de Celso Furtado. Publicado en 'Jornal do Brasil' en noviembre de 2004 y vuelto a publicar el día 22, después de su fallecimiento
Traducción de Octavio Carsen para ARGENPRESS.info
Los economistas de la nueva generación se preguntan frecuentemente sobre las causas de las bajas tasas de crecimiento de la economía brasileña durante el último cuarto de siglo. Los datos son sorprendentes si tenemos en cuenta que en cuarto del siglo anterior el país mostró un dinamismo considerable, ubicándose entre las dos o tres economías de más rápido crecimiento de todo el mundo. Los economistas no parecen tener explicación para este cambio tan significativo.
Un país dotado de inmensa reserva de recursos naturales y mano de obra aplica una política que se satisface con una tasa de crecimiento próxima a cero. No es fácil descubrir las causas de este proceso, pero debemos reconocer que tiene origen o está reforzado por el llamado consenso de Washington, que no pasó de ser una receta neoliberal al servicio de la consolidación de la política imperial de los Estados Unidos.
De acuerdo con esta nueva doctrina surgida en los años noventa, los estados
nacionales ya no tendrían un importante papel en la creación de empleos. Esta fórmula, que es el ideal del neoliberalismo, funcionó muy precariamente o no funcionó. Brasil se endeudó desmesuradamente, a punto de comprometer su gobernabilidad. Si persistimos en el camino del creciente endeudamiento externo, revertir esta situación será cada vez más difícil. Ocurriría lo mismo si el país intentara alguna forma de negociación con los acreedores, no podríamos vislumbrar una solución fácil, puesto que el sistema financiero internacional actúa con rapidez y unidad de mando.
Una alternativa para escapar a este cuadro de vulnerabilidad externa sería que el gobierno practicara un estimulo interno que permitiera triplicar el superávit en cuenta corriente. Sin embargo, este segundo camino, que parece lógico en términos contables, es impracticable por sus implicaciones políticas y por exigir un profundo reajuste del sistema fiscal que apunte a modificar el perfil de la deuda
interna.
Cuando, en los años noventa, los gobernantes adhirieron al famoso Consenso de Washington, adoptaron, sin mayores explicaciones y sin debates con la sociedad, la doctrina de que era necesario concentrar la atención en los mercados externos, condición esencial para recuperar el dinamismo perdido. Con todo, ninguno fue capaz de explicitar la razón de ser de este cambio de estrategia ni tampoco por qué éste sería más beneficioso a un país populoso y continental como el nuestro. Aparentemente, el cambio provino que las empresas transnacionales iban controlando progresivamente los centros de dirección de las actividades económicas. Sea como sea, el resultado de esta suma perversa del Consenso de Washington con las tasas de crecimiento en vías de declinar fue la desarticulación del mercado interno y del parque industrial llevando a algunos millones de brasileños a buscar sobrevivir con trabajo informal. Hoy, además, sufrimos las consecuencias de esos años de 'Consenso'. Si,
en vez, nos remitimos a aquellos años en que Brasil presentó tasas de crecimiento elevadas o razonables, nos encontramos con otro problema de igual gravedad. Me refiero al hecho de que, históricamente, el dinamismo de la economía brasileña se hizo acompañar por la acentuada concentración de renta, lo que es una forma espuria de generación de ahorro.
Llegamos así al fondo del problema: la variable que rigió el dinamismo de la economía brasileña desde los años cincuenta hasta fines de los años setenta, se apoyó en el proceso de concentración de renta. No había cómo escapar a esta dura realidad: el sistema económico sólo funcionaba de forma regular cuando la remuneración del capital alcanzaba determinados niveles. Esta constatación nos permite entender otro punto sorprendente de la dinámica de la economía brasileña: sus extravagantes tasas de interés.
Es innegable que hay una estrecha vinculación entre el proceso de concentración de renta, el nivel de las tasas de interés
y las tasas de crecimiento de la economía. Así, para captar las paradojas de nuestra economía se hace necesario tener en cuenta estos múltiples factores aparentemente desvinculados entre sí.
En pocas palabras: si las tasas de interés no son suficientemente altas (y la de Brasil figura entre las más altas del mundo), los capitales extranjeros no se sienten atraídos a invertir en el país; sin estas inversiones externas (los sectores internos no satisfacen sus necesidades y acumulan un considerable pasivo), el país tiene poco margen para crecer.
Ahora bien, acudir inmoderadamente a las inversiones extranjeras es aumentar de forma considerable nuestra deuda; de la misma manera, promover el crecimiento sin criterios sociales tiende a agravar fuertemente la concentración de la renta.
Antes de que se diga que se trata de la cuadratura del círculo, conviene recordar que la reforma fiscal, tan reiteradamente prometida por los gobiernos recientes, es el instrumento más
adecuado para enfrenta los problemas más arriba expuestos. Esta reforma, con todo, no ha conseguido el apoyo del Congreso Nacional.
La carga fiscal en Brasil es alta pero injusta, pues incide en forma desproporcionada sobre la parte de población de menor poder adquisitivo, ya que los impuestos indirectos (esencialmente los de consumo) son relativamente los que más pesan. Necesitamos una reforma que modifique la distribución de la carga fiscal liberando a las capas de baja renta.
No se trata de gravar más aún a la clase media que paga impuesto a la renta, sino de corregir un cuadro de profundas desigualdades, siendo el ejemplo más notorio el de las instituciones bancarias que, a pesar de sus ganancias fabulosas, están prácticamente exentas de impuestos. La reforma fiscal deberá corregir estas distorsiones, pero no ella sola.
Su objetivo, tal como nos mostraron las reformas similares implantadas en países de Europa es también el de crear sociedades más homogéneas.
Ciertos sectores del sistema productivo por cierto sufrirán baja de rentabilidad, pero es la sociedad como un todo, la que se beneficiará con el esfuerzo de adaptación que apunta dar al gobierno los medios de enfrentar los serios problemas sociales del país.
En realidad, una reforma fiscal puede ir tan lejos al punto de modificar el sistema de valores de las clases dirigentes de determinada sociedad. En nuestro caso, ya se hizo evidente la fragilidad de las estructuras sociales provenientes de tantas décadas de concentración de renta conjugada con el bajo crecimiento. Esta es una problemática que merece la atención, no sólo de los jóvenes economistas, sino de toda la sociedad y, en particular, de nuestros gobernantes.
Polémica sobre política económica: última nota.
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El modelo de los noventa fracasó pero todavía no emergió con claridad uno nuevo. Aparece el Estado como actor relevante de esta etapa.
Veronica Gago
El economista estadounidense James Cypher visitó Buenos Aires invitado por el IADE. Durante su estadía, Cypher planteó en sus intervenciones públicas cuál es el papel que le toca jugar al Estado en un contexto de internacionalización de la economía. Especialmente para desmitificar la idea que el Estado desarrollista se trate de una cuestión del pasado. “Sólo en Asia oriental –aclara el economista– podemos ver naciones que han experimentado un rápido desarrollo durante la era neoliberal y es porque han utilizado la política del Estado desarrollista para construir sistemas de producción nacional altamente intensivos y dinámicos.”
¿Por qué considera que hay espacio para un nuevo modelo económico?
–Hoy muchos de los jefes del Banco Mundial dicen que la táctica del Consenso de Washington no es un modelo de desarrollo y que cuando un país es más fiel a sus dictados peor resulta en términos de crecimiento de PIB o índices de pobreza. Esos análisis no son hechos por personas de izquierda, sino por quienes estuvieron de acuerdo con esas recetas. Creo que hay una apertura en términos de modelos tras un fracaso. Tomemos México: el neoliberalismo no ha funcionado y esto lo dicen incluso sus funcionarios de derecha. Otra cosa que hay que diferenciar es entre el mito de Chile, por un lado, y su realidad, por otro. Los elementos del sistema productivo chileno que están funcionando bien son los que han tenido mucho apoyo del Estado: salmoneras, frutas y cobre. Detrás de esos pilares de la economía chilena no está el mercado, sino políticas sectoriales estatales. La economía es ciencia más ideología. Y lo peor es que hay quienes en América latina que son
más neoliberales que los del Banco Mundial y el FMI.
¿Aceptar el fin del Consenso de Washington daría lugar a proyectos de tipo desarrollista en América latina?
–No hay que plantearlo en términos de volver al pasado. Creo que la idea –compartida por la izquierda y la derecha– de que la política de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) fracasó, es un mito. El intento neoliberal de demonizar al Estado carece de validez empírica. Sin embargo, para repensar el Estado desarrollista tiene que plantearse otra relación entre el Estado y el sector privado, distinta a la del pasado, donde el Estado trataba de ser líder sobre el sector privado.
¿Cómo sería otra relación posible?
–Estoy investigando la relación entre sector público y privado en casos como Corea, Taiwán y Malasia. Aquí aparece una relación bien diferente respecto de la relación de subordinación-dominación-captura que existió durante la época de ISI. Cuando han aceptado empresas trasnacionales en su territorio no se han mostrado pasivos. Hoy tiene que tratarse de una relación horizontal y el Estado debe tener cierta autonomía y, al mismo tiempo, estar asentado dentro del sector privado. La gran lección de estos nuevos modelos para pensar un Estado desarrollista es que debe haber una reciprocidad entre lo que da el Estado y lo que hace el sector privado.
¿De qué forma el Estado construye la fuerza para imponer esa reciprocidad?
–Eso es muy complicado en un país como Argentina donde no se accede a los puestos políticos por méritos, sino por conexiones políticas o personales. Lo mismo en México, donde tener un diploma de Chicago alcanza para entrar al Ministerio de Economía aun si se trata de gente incompetente. Si Argentina trata de crecer por la exportación de soja y de carne, ya conocemos cómo se dieron desde 1918 en adelante los términos de ese intercambio. A mí me cuesta entender la pasividad argentina. Creo que no se piensa en una política industrial porque se supone que implica el regreso al pasado. Sin embargo, el corazón del desarrollo tiene que estar en la industria manufacturera.
¿Cómo articula el desarrollismo con la Inversión Extranjera Directa?
–Según algunos economistas, la IED atrae todo lo demás –capacitación, conocimiento, nuevos empresarios– por efecto de derrame. Pero cuando se ven los datos se observa que eso no es estrictamente lo que pasa o no pasa tanto como se supone. Menos aun, ese efecto de derrame se va a concretar si hay una actitud pasiva por parte de los países que reciben IED. Por ejemplo, Asia siempre ejerció una táctica de selección sobre las inversiones. Si la inversión consiste en comprar tierras, eso no tendrá derrame; si es una inversión en comercio, tampoco. El efecto derrame aparece cuando las inversiones se realizan en el sector manufacturero.
Fuente: diario Página 12 (suplemento Cash), de Buenos Aires, Argentina; 7 de agosto de 2005.
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É preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, de observar com atenção a vida real, de confrontar a observação com nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias” (Lênin - Que fazer?)
Introdução Houve um tempo em que essas palavras, impressas em cartazes coloridos, eram avidamente procuradas pelos trabalhadores, durante as assembléias do final dos anos 1970 e no início dos anos 1980. Depois, as legendas foram mudadas, pois estava em curso a construção do "sonho" que tomou o nome de Partido dos Trabalhadores (PT). Passados 22 anos de sua fundação, eis que o PT, em 2002, finalmente, elegeu Lula para presidente da República. O sonho, antes de alguns, havia sido adotado por 53 milhões de brasileiros que viam na eleição de Lula a possibilidade de, finalmente, o país começar a mudar, independentemente do que era dito na campanha eleitoral e do que estava escrito em seu programa. Desejo de mudança que significava a ruptura com o passado, pois parecia não ser mais possível a continuidade do consórcio entre as oligarquias locais e os "donos do mundo", tal o nível da exploração dos trabalhadores, a
desigualdade de renda e do patrimônio, e a deterioração dos serviços públicos, os mais elementares, tais como educação e segurança.
Nem bem assumido o poder, aquele que havia sido eleito para mudar mostrou-se mais eficiente na condução da continuidade, do que os próprios representantes das classes dominantes brasileiras. Para isso contava com o apoio da maioria das direções sindicais, incluindo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), com a força do PT e com um incontável número de militantes que passaram a integrar o aparelho do estado federal. Pela primeira vez na história brasileira vimos, de forma escancarada, a criação de um verdadeiro amálgama entre governo, sindicatos e partido, o dos "trabalhadores". Esse amálgama, que se traduziu no rolo compressor que passou por cima das posições históricas dos movimentos sindical e sociais, foi que possibilitou a aprovação da reforma da previdência social dos servidores públicos; a mudança do processo decisório sobre questões do
sistema financeiro nacional, o que poder vir a facilitar o surgimento da tão falada autonomia do Banco Central; a manutenção de elevadas taxas de juros reais, entre outras. A facilidade com que essas proposições foram aprovadas deveu-se ao fato de que a capacidade de resistência dos trabalhadores tornou-se quase nula, pois estavam manietados como um dos resultados do entrelaçamento entre governo, sindicato e partido. Foi essa facilidade de assumir a agenda neoliberal e fazer passar suas proposições, posto que as classes dominantes já tinham esgotado sua capacidade disso fazer diretamente, que as levou a apoiarem financeira e abertamente sua eleição.
E a razão desse apoio não tardou a se manifestar. No campo estritamente da proteção social, mal assumido o governo, Lula encaminhou proposta ao Congresso Nacional que modificava as condições de acesso e o nível das aposentadorias dos servidores públicos, além de instituir uma "contribuição" sobre as aposentadorias, ferindo um
princípio básico da política social. Ao mesmo tempo, concretizando o que já havia sido anunciado tão logo saiu o resultado da eleição, definiu como prioritário o combate à pobreza, o que seria feito através do chamado Fome Zero.
O objetivo deste artigo é analisar no que consiste o combate à pobreza desenvolvido pelo presidente Lula. Para isso, em primeiro lugar, descreve-se o sistema de proteção social existente no Brasil, pré-existente a sua ascensão ao poder e, por isso, fruto de construção anterior a seu governo. Numa segunda parte, analisa-se o programa carro-chefe do governo na área social, teoricamente desenvolvido para combater a pobreza. Depois, descreve-se os principais traços do mercado de trabalho e da distribuição de renda no Brasil, com o intuito de se ter um parâmetro para avaliar a importância dos mecanismos de transferência de renda hoje existentes no país. Por último, apresenta-se as conclusões.
1 – A
garantia de renda no campo da segurança Social 1.1 – A renda mínima na Previdência Social "O movimento político e social contra a ditadura militar - que culmina na democratização do país e na ascensão à presidência da república de José Sarney, em 1985 – teve na discussão e elaboração de uma nova constituição importante momento, mobilizando as atenções do conjunto da nação. Estava em jogo a definição das bases do novo regime, agora democrático. Entre essas bases, a questão social assumiu importância ímpar, pois se fazia necessário dar passos concretos para resgatar a enorme dívida social herdada do regime anterior" (Marques e Mendes, 2005, p. 4).
Entre os vários avanços introduzidos na Constituição de 1988, um dos mais importante foi o estabelecimento da correspondência entre o piso previdenciário e o salário mínimo, isto é, a definição de que o valor pago a título de aposentadoria não poderia ser menor do que o
salário mínimo. Em termos previdenciários, isso seria o equivalente a uma renda de base, tal como existe em sistemas de outros países. Ao ser feito isso, deixou a Previdência Social de ser balizada exclusivamente pelo critério do mérito, isto é, voltada para os trabalhadores que tivessem contribuído ao longo de sua vida ativa. Antes da promulgação da constituição de 1988, o benefício era calculado com base no valor das contribuições, sendo garantido um mínimo de valor inferior ao do salário mínimo. Depois de instituído o piso de um salário mínimo, inclusive para os trabalhadores rurais que não haviam previamente contribuído, dois critérios definidores do acesso aos benefícios previdenciários ficaram imbricados: o do mérito e o da cidadania.
Dessa forma, paralelamente aos trabalhadores contribuintes com aposentadoria calculada basicamente a partir de suas contribuições, passaram a co-existir os trabalhadores rurais e aqueles com salários muito baixos que recebem o piso
de um salário mínimo, valor pago independentemente da ausência de contribuições ou do fraco esforço contributivo anterior. Destaca-se que, atuarialmente, quem contribui sobre um salário mínimo não forma provisão suficiente para garantir o piso no momento da aposentadoria.
O componente "cidadão", agora presente no interior da Previdência Social, nada mais é, então, do que a extrapolação, no campo da proteção social, do mesmo entendimento sobre o que deve ser o valor mínimo pago a um trabalhador ativo: que qualquer salário abaixo dele é considerado imoral pela sociedade [4] .
A importância do piso correspondente ao salário mínimo nos benefícios pagos pela Previdência Social brasileira é claramente evidente quando vemos que, em fevereiro de 2005, a quantidade de benefícios de valor igual a um salário mínimo representou 58% do total de benefícios pagos no mês. Desses, 42% foi recebida por
trabalhadores urbanos e 58% por trabalhadores rurais. Em termos absolutos, foram 11.883.977 benefícios de valor igual ao salário mínimo. Desnecessário dizer que a imensa maioria desses benefícios se refere a aposentadorias, pois essas constituem 64,01% do total de benefícios pagos. Em termos de volume de recursos envolvidos, foram gastos R$ 3,081 mil milhões, representando 32% das despesas totais com benefícios realizadas pelo Regime Geral da Previdência Social (MPAS, 2005).
Esses números seriam suficientes para indicar que o piso de um salário mínimo é um poderoso instrumento para a redução da pobreza no Brasil. Mas estudo realizado por técnicos do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) verificou que, para o ano de 1999, caso não fossem pagos os benefícios previdenciários, o número de pessoas com renda abaixo da linha de pobreza, passaria de 34% para 45% (Brant, 2001). Isso significa que em 1999, os benefícios pagos pela Previdência Social eram responsáveis
por diminuir em 11 pontos percentuais a população miserável do país.
O Gráfico 1 apresenta a evolução da pobreza no Brasil no período 1988-1999, considerada ou não a presença dos benefícios previdenciários. Nele fica evidente que, em 1988, antes portanto da vigência do piso de valor igual a um salário mínimo, a Previdência Social era responsável por manter 5,6% da população acima da linha de pobreza. Em 1999, essa importância já era de 11%. Segundo esse mesmo estudo, somente o aumento dos gastos previdenciários foi responsável por 67% da redução da população situada abaixo da linha de pobreza, entre 1988 a 1999.[6]
Beltrão et alli (2005) analisaram os efeitos da extensão do direito ao piso aos trabalhadores rurais nas condições de vida dos beneficiários e de suas famílias. Um dos destaques revelados por essa pesquisa é que, no período 1992 a 2002, as famílias de três gerações ou mais invertem a tendência de queda observada nos dez anos anteriores (de 17,5% passaram a 19,3% das famílias rurais). Essas famílias são compostas, principalmente, por chefe idoso, filhos e netos, sendo que 57,7% desses filhos são homens. Segundo esses pesquisadores, "esse padrão de co-residência e suporte intergeracional está associado, entre outras razões, à redução de oportunidades econômicas para a população jovem.....(Beltrão et alli, op.cit p. 18)", em outras palavras, ao desemprego.
Essa pesquisa também indica que a ampliação da cobertura junto aos
rurais, contribuiu em muito para a redução da pobreza rural. Seguem as evidências dessa realidade:
"Desde 1982, a maior proporção de famílias pobres e indigentes era encontrada entre as famílias sem idosos e a menor nas de idosos. Entre 1982 e 1992, essas proporções declinaram nos dois tipos de famílias que continham idosos e aumentaram naquelas sem idosos. Dessa forma, as famílias de idosos continuaram a ser as menos pobres, aumentando o hiato com a situação de pobreza das famílias sem idosos. Nos anos 1990, a pobreza e a indigência declinaram em todos os tipos de famílias, com uma redução mais intensa nas famílias de idosos, ampliando ainda mais o hiato existente desde 1982" (Op. cit, p. 18). (Tabela 1).
Esse conjunto de informações mostra que os constituintes introduziram dispositivos/direitos no corpo da Previdência Social que tiveram grande impacto sobre o nível de pobreza no país. Destaca-se, mais uma vez, que se tratou de uma constituinte pós ditadura militar, mas com claro domínio de representantes de partidos burgueses.
1. 2 – A garantia da renda mínima no campo da Assistência Social Para aqueles que não contribuíram à Previdência Social, que não são trabalhadores rurais e que integram família de baixa renda, o sistema de proteção social brasileiro prevê, ainda, o pagamento de um benefício, também de valor igual ao salário mínimo, no campo da Assistência Social. Esse benefício, embora regulamentado alguns anos depois da promulgação da Constituição de 1988, nela foi definido. Nesse caso o risco velhice toma o nome de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e é concedido a pessoas com 65 anos ou mais [8] , que apresenta renda média mensal familiar inferior a 25% do salário mínimo vigente.
Essa última condição é considerada baixa entre os especialistas da área, mais rígidas do que as exigidas para a concessão de um salário mínimo aos trabalhadores rurais, deixando de proteger segmento importante da população idosa, que também não conta com a cobertura da Previdência Social [9] . Os trabalhadores rurais, para terem acesso ao piso de um salário mínimo, apenas necessitam comprovar que trabalharam durante o período definido na legislação e, evidentemente, terem atingido a idade mínima para a aposentadoria.
O Benefício de Prestação Continuada beneficiou, em 2003, 1.701.240 pessoas, a um custo de R$ 4,533 mil milhões. Em 2004, o BPC foi pago a 2.061.013 beneficiários (1.127.849 portadores de deficiência e 933.164
idosos), a uma despesa de R$ 5,814 mil milhões. Tal como vimos para a Previdência Social, em vários municípios os benefícios pagos constituem importante fonte de recursos. Apenas para exemplificar, pesquisa realizada em 2005 demonstrou que, em Caxias, no Estado do Maranhão, localizado na região nordeste do país, o valor recebido pelos beneficiários do BPC corresponde a 78% da Receita Disponível (impostos, mais transferências constitucionais); a 102% do Sistema Único de Saúde (SUS); é 9,5 vezes maior do que o ICMS (imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços) e 15 pontos percentuais superior aos recursos do Fundo de Participação do Município (FPM). Caxias tem 139.736 habitantes, dos quais 74% moram na zona urbana; registra Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) abaixo da média nacional e desenvolve atividades na sua maioria junto ao setor terciário da economia. Nessa pesquisa, Caxias está representando 11 municípios homogêneos, isto é, município nordestino, com
população de 100 mil a 500 mil habitantes, IDH – M abaixo da média, urbano e com atividades concentradas no setor terciário (Marques, et alli, 2005).
Essa é a realidade para diferentes tipos de municípios localizados na região nordeste, sabidamente a mais pobre do Brasil, mas também se reproduz, com menor impacto, mesmo nas regiões sudeste e sul, onde o nível de pobreza é mais reduzido.
É importante salientar que o BPC, embora esteja no campo da Assistência Social, pois exige teste de meios, constitui um direito, o que o diferencia em relação a outras políticas chamadas de assistenciais.
2 - Fome Zero – Bolsa Família. De acordo com o Projeto Fome Zero: uma Proposta de Segurança Alimentar para o Brasil, a população com renda abaixo da linha de pobreza, que seria objeto de sua atenção prioritária, atingia 44,043 milhões de pessoas, envolvendo 9,32 milhões de famílias. Em outras
palavras, o tamanho da pobreza absoluta correspondia a 27,8% da população total do país; 19,1% da população das regiões metropolitanas, 25,5% das áreas urbanas não-metropolitanas e 46,1% da população rural. Em relação às famílias, correspondia a 21,9% das famílias brasileiras. Mas segundo outra metodologia de cálculo, o tamanho da pobreza é ainda maior, atingindo 57,7 milhões de pessoas (IBRE, 2001). Embora a diferença diga respeito a milhões de pessoas, destaca-se que, independentemente do número adotado, a pobreza absoluta no Brasil atinge parcela extremamente significativa de sua população. O tamanho dessa pobreza torna problemático, inclusive, a utilização do termo "focalizado" para as políticas dirigidas a essa população. É claro que no sentido restrito não se tratam de políticas universais, mas o tamanho da população-alvo é "desmesurado".
Mesmo antes de seu início, especialistas da área social criticaram duramente determinados aspectos do Projeto Fome Zero,
especialmente com relação às idéias relacionadas ao Cartão, instrumento da transferência de renda que seria destinada às famílias em situação de extrema pobreza. Na sua concepção original, o Cartão somente poderia ser utilizado para compra de alimentos, e estes seriam previamente definidos pelo governo. É claro que essa definição não seria gratuita, estando vinculada à preocupação de desenvolver certas culturas locais, entre outros aspectos. De qualquer forma, a determinação de que a renda recebida deveria ser gasta somente em alimentação indicava desconhecimento com relação ao comportamento das famílias mais pobres. Como é sabido, empiricamente, que pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza dirigem praticamente todo o acréscimo de renda para a compra de alimentos. Mas existem pesquisas que comprovam esse conhecimento "popular". Para se ter uma idéia, estudo sobre o impacto de outros programas de transferência de renda mostrou que, para famílias com renda mensal per capita
inferior a R$ 90,00, para cada 1 real (R$ 1,00) de benefício recebido, 89 centavos são gastos em alimentos (MS, 2003). Além disso, o dirigismo da compra pareceu, apesar de suas boas intenções, estar fundado na idéia de que o povo pobre não sabe comprar, sendo de um autoritarismo a toda prova.
Passados alguns meses, durante os quais seu principal representante foi objeto de constantes críticas com relação ao Fome Zero, o que levou a seu afastamento, o programa ficou basicamente concentrado no chamado Programa Bolsa Família, muito embora a "marca" Fome Zero continue a fazer parte dos sites do governo e, em seu site específico estejam arroladas atividades desenvolvidas por diferentes ministérios, tais como incentivo à agricultura familiar, o Plano Nacional de Reforma Agrária, entre vários outros.
Segundo os órgãos oficiais do governo, o Bolsa Família foi criado para atender duas finalidades básicas: enfrentar o maior desafio da sociedade brasileira,
que é o de combater a miséria e a exclusão social, e também promover a emancipação das famílias mais pobres. Antes de sua criação pelo governo Lula, haviam vários programas voltados à família de renda abaixo da linha de pobreza, tal como o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e o Auxílio Gás. A unificação de todos esses programas deu origem ao Bolsa Família.
O Bolsa Família, ao contrário do piso previdenciário e do BPC, não constitui um direito. Como seu nome designa, trata-se de um programa, fruto de decisão do executivo federal. Em dezembro de 2004, estava implantado em 5.533 municípios, atingindo portanto 99,50% do total existente no país, atingindo 6.571.842 famílias, a um gasto mensal R$ 439,9 milhões (R$ 5,3 mil milhões anuais). Pesquisa realizada por Marques et alli (2004) estimou que, em dezembro de 2003, quando "somente" 4.103.016 famílias recebiam o Bolsa Família, a população atingida, considerando a média de pessoas por família em cada estado
do Brasil, era de 16 milhões e 512 mil brasileiros. O Quadro 1 apresenta a definição do público-alvo e o valor pago pelo Bolsa Família.
Como seria de esperar, 69,1% da população beneficiária estava localizada no Nordeste. Nessa região, o percentual da população beneficiária sobre o total da população dos municípios é bastante elevado, variando de 13% a 45%. Este último percentual é atingido em municípios com população de até 20 mil e urbana, com IDH - M abaixo da média nacional e atividade econômica predominantemente no setor terciário, mas também em municípios com população entre 20 a 100 mil, localizada mais na zona rural, com um IDH - M abaixo da média nacional e cujas atividades econômicas são predominantemente realizadas no setor terciário.
É claro que o resultado observado na região Nordeste é, antes de tudo, reflexo da situação de pobreza em que vivem os habitantes de seus municípios. Mas a importância assumida pelo Bolsa Família no Nordeste não significa que nas demais não se encontrem grupos de municípios nos quais parcela significativa da população seja beneficiária do programa.
Exemplo disso ocorre em Itaguatins (município de até 20 mil habitantes, com IDH - M abaixo da média, predominantemente urbano e que desenvolve atividade econômica terciária), no estado do Tocantins, localizado na região norte, onde 38% de sua população é beneficiária do Bolsa Família.
Já região Sul, com raras exceções, o percentual da população beneficiária do Programa Bolsa Família é relativamente baixo, refletindo a situação sócio-econômica de sua população. Mesmo assim cumpre o papel de sustentador de um determinado nível de renda. Em Porto Alegre, por exemplo, capital do estado do Rio Grande do Sul, palco de vários Fóruns Sociais, que apresenta nível de IDH – M acima da média nacional, 5% de sua população é beneficiária, o que não é desprezível.
Do ponto de vista da importância dos recursos transferidos, quanto menor for a Receita Disponível do município (compreendida pelas receitas próprias e pelas transferências constitucionais), maior será a importância
relativa do programa Bolsa Família. Há casos, como em Pedra Branca, por exemplo (no estado nordestino do Ceará, representando na pesquisa 57 municípios), onde os recursos do Bolsa Família correspondem a 43% da Receita Disponível. Em relação aos recursos federais, transferidos ao Sistema Único de Saúde, os recursos do Bolsa Família chegam a ser 283% maior, como acontece no município de Vitória de Santo Antão (localizado no estado de Pernambuco, no nordeste). Mesmo em Porto Alegre, os recursos recebidos pelos 5% da população equivalem a 2% da Receita Disponível, 6% das transferências federais para o SUS, 6% da arrecadação do ICMS e 31% dos recursos do Fundo de Participação do Município.
Esses indicadores do Bolsa Família – em relação ao total da população e da Renda Disponível dos municípios brasileiros – mostram quão importantes são os programas compensatórios na promoção da distribuição da renda e da atividade econômica nos recantos mais pobres do país. Persiste, no entanto,
o fato de seus benefícios não derivarem de um direito, de forma que esses podem ser extintos pelo simples ato de vontade do governo de plantão.
3 – Mercado de Trabalho e Distribuição de Renda Para podermos avaliar a dimensão da política de combate à pobreza realizado nos dois primeiros anos do governo Lula, é preciso se ter uma idéia de como se estrutura o mercado de trabalho no Brasil e como é distribuída a renda nacional.
3.1 – Mercado de trabalho Os trabalhadores brasileiros enfrentam uma realidade extremamente adversa. O primeiro deles é, sem dúvida o desemprego. Em dezembro de 2004, quando a economia acumulou um crescimento anual de 5,2%, na Região Metropolitana de São Paulo (principal centro das atividades no país) a taxa de desemprego aberto estava em 10%, isto é, 4,2 pontos percentuais acima do observado em dezembro de 1985. Se levarmos em conta o
desemprego oculto (trabalho precário e desemprego por desalento) a taxa atingiu 17,3%, quando em dezembro de 1985 estava em 9,8%. Assim, mesmo tendo o desemprego baixado em relação ao ano de 2003 (em dois pontos percentuais para as duas taxas), a falta de trabalho nas últimas décadas constitui uma realidade persistente e em alta, situação que se reproduz em todos os cantos do país.
O segundo grande problema se refere ao nível de formalização daqueles que têm a sorte de ainda contarem com um trabalho. Em 2003, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), se levarmos em conta o trabalho principal, 53,9% dos trabalhadores não contribuíam para nenhum tipo de cobertura previdenciária, fosse ela pública ou privada. Além disso significar que esse contingente está excluído da cobertura para o momento da aposentadoria, implica em não estar regido pelos dispositivos legais que regem a relação capital / trabalho, não tendo direito, por exemplo, a férias
remuneradas e ao 13º salário, quando forem trabalhadores assalariados ou mesmo trabalhadores domésticos. Essa mesma pesquisa mostra que essa realidade é um pouco mais acentuada para as mulheres, pois 54,4 % delas são não contribuintes. No caso dos homens esse percentual é de 53,4%.
Esses são os trabalhadores que pertencem ao chamado mercado informal. Em geral são assalariados sem carteira assinada (documento que concretiza seu vínculo à cobertura previdenciária e o acesso aos direitos decorrentes das leis trabalhistas), aqueles que exercem atividades por "conta própria" (o que pode representar desde alguém que venda mercadorias nas ruas, a profissionais como eletricistas, chaveiros e mesmo especializadas com título universitário) e os trabalhadores domésticos.
A importância relativa dos assalariados sem carteira, dos conta-própria e dos trabalhadores domésticos no mercado de trabalho brasileiro pode ser visualizada na Tabela 2. Na primeira coluna, levou-se em conta o
total dos ocupados, isto é, incluiu-se os militares e os funcionários públicos. Nesse caso, essas ocupações atingem 58,1% dos ocupados. Se desconsiderados os militares e os funcionários públicos estatutários, esse percentual vai para 69,4%. Embora na tabela os empregadores estejam somados aos conta-própria, isso não altera substantivamente o resultado. Para se ter uma idéia, na população ocupada de 10 anos ou mais de idade, considerando a posição na ocupação do trabalho principal, e levando em conta as atividades de produção para consumo próprio e de construção para uso próprio, os conta-própria representavam 22,3% do total e os empregadores apenas 4,2%.
3.2 – Nível dos rendimentos e concentração de renda A terceira grande dificuldade que enfrenta o trabalhador brasileiro é o nível de sua renda. Em 2003, entre os ocupados, considerando um leque de remuneração que inicia com valores menores do que o salário mínimo e termina com 10 salários mínimos ou mais, é patente que os trabalhadores brasileiros estão altamente concentrados junto aos rendimentos mais baixos. A Tabela 3 mostra que 73,2% dos ocupados recebiam até 3 salários mínimos, em 2003.
Além disso, é assustador verificar que 24,1% dos ocupados ganham menos do que 1 salário mínimo e que 20,6% recebe de 1 a 1,5 salário mínimo. Uma das conclusões que se pode tirar dessa distribuição é que, mesmo entre os ocupados, há uma forte desigualdade de renda. Para se ter uma idéia, apenas 2,8%
ganha entre mais do que 10 e menos do que 20 salários mínimos; acima de 20 salários mínimos, apenas 1,3% dos ocupados.
Em 2000, considerando todos os rendimentos (e não apenas o do trabalho) o Índice de Gini era de 0,633. Dessa forma, o Brasil apresenta uma das piores concentrações de renda do mundo, só sendo superado por poucos países, tais como Serra Leoa, República Centro-Africana e Suazilândia. A renda das famílias mais ricas (renda familiar mensal, em 2000, acima de R$ 10.982,00 de setembro de 2003), famílias que totalizam 1,162 milhão, corresponde a 75% do total da renda nacional. Entre essas, as 5.000 famílias mais ricas absorvem 45% da renda nacional (Pochmann, 2004).
O quadro de desigualdade de renda no país é estrutural, mas, por diversos motivos, tem-se agravado nas últimas décadas: enquanto que a renda média da população mais rica era 10 vezes maior do que a renda média da população brasileira em 1980, atualmente essa relação é de 14 vezes. Em relação à
renda dos 20% mais pobres, essa relação aumenta para 80.
4 – Conclusões Não há dúvida de que o governo Lula, com a implantação em praticamente todos os municípios do Bolsa Família, provocou melhora nas condições de vida de milhões de brasileiros. Se considerarmos que a média da família brasileira é formada por 3,62 membros, o Bolsa Família atingiu, em março de 2005, 23 milhões e 755 mil pessoas (número de famílias beneficiadas = 6.562.155 famílias), o que é um número bastante expressivo. Isso significa que parcela da população brasileira situada abaixo da linha de pobreza conseguiu ultrapassá-la, por meio do recebimento dessa transferência.
Mas as condições mínimas de acesso ao Bolsa Família exigem uma renda per capita inferior a R$ 50,00, o que é, sem dúvida muito baixo. Se tomarmos como parâmetro o salário mínimo de R$ 260,00 [cerca de €89,66] (vigente até 31 de abril de 2005) como a renda de uma família de
quatro membros (para ficarmos mais próximos do tamanho da família da região nordeste (4,34 membros) e da região norte (4,01), regiões sabidamente as mais pobres do país, a renda per capita fica em R$ 65,00. Se tomarmos como referência o novo salário mínimo de R$ 300,00 [cerca de €103,45] , o diferencial entre a renda per capita exigida pelo Bolsa Família e a referenciada ao salário mínimo aumenta em R$ 10,00.
Isso significa que, mesmo sendo o Bolsa Família importante, posto que modifica as condições de vida de parcela importante do povo brasileiro, não está considerando sequer o parâmetro salário mínimo. Como sabido, o salário mínimo constitui um piso salarial legal, e qualquer pagamento abaixo dele é considerado imoral pela sociedade. Segundo sua legislação fundadora, o salário mínimo seria, ainda, um salário capaz de manter o trabalhador e sua família. Evidentemente que seu valor real foi deteriorado ao longo das décadas que nos separam da adoção do
primeiro salário mínimo no Brasil, de forma que hoje está longe de corresponder ao mínimo necessário para a sobrevivência de uma família de dois adultos e duas crianças, tal como escrito naquela legislação.
Assim, mesmo considerando que o salário mínimo perdeu o seu sentido primeiro, passando hoje a representar o piso legal nacional, o fato de o Bolsa Família não o ter como referencial implica que essa política do governo Lula não leva em conta a necessidade de todos terem o direito de poder contar com igual renda mínima, no caso, de valor igual ao salário mínimo. O entendimento que o salário mínimo corresponderia à renda mínima necessária para alguém sobreviver decorre do fato óbvio que não há diferença entre as necessidades básicas de um assalariado e de um catador de caranguejos, por exemplo.
Talvez a diferença entre as condições de acesso do Bolsa Família e as do piso previdenciário e do valor do Benefício de Prestação Continuada seja explicada pelo fato de esses
últimos, que se constituem direitos, estarem fundamentados na idéia do trabalho. Tanto um como outro são, em última análise, um valor de base concedido a quem se retirou do mercado de trabalho, isto é, corresponde à cobertura do risco velhice. No caso dos beneficiários do Bolsa Família, essa "condição" não está explícita, pois trata-se de transferir renda à população extremamente pobre, com idade inferior a 65 anos, posto que se tivessem essa idade, poderiam requerer o BPC. Mas o Bolsa Família também tem como referencial o trabalho (ou a perda da capacidade laboral devido à idade), pois pressupõe a necessidade da família trabalhar para completar sua renda.
Cabe perguntar em que condições os beneficiários do Bolsa Família vão buscar essa complementação. A resposta é uma só: nas mesmas condições em que vinham fazendo antes, pois as determinações das rendas nos grotões do país e mesmo na periferia das grandes capitais não sofreram nenhuma alteração para melhor. A história da
acumulação brasileira indica que ela contempla uma lógica perversa, de forma que, mesmo quando a economia cresce, se aprofundam as desigualdades e aumenta a pobreza absoluta.
Mudar esses determinantes é, portanto, um imperativo para quem afirma que deseja lutar contra a pobreza escandalosa que existe no país. O combate à pobreza não pode se resumir à transferência de renda, e ainda mais nas condições de acesso em que está fundamentada. Evidentemente que a transferência de renda para as famílias mais pobres deve ser vista como uma tarefa emergencial, que nenhum governo poderia se furtar de fazer. Mas combater a pobreza somente com o Bolsa Família, sem que esse programa esteja associado a outras políticas, pode resultar, inclusive, no aumento de seus "demandantes".
É por isso que não basta, também, para promover a inclusão social e diminuir o nível de desigualdade, que o governo estimule a geração de emprego e renda — o que dificilmente se pode dizer que esteja
fazendo, ao praticar elevadas taxas de juros e ao perseguir elevados superávits operacionais para pagar o serviço da dívida. Sem que seja promovida a reforma agrária e sem o enfrentamento dos demais fatores determinantes da concentração de renda e do patrimônio, o resultado será a manutenção eterna de políticas compensatórias, que no caso brasileiro não podem sequer ser chamadas de focalizadas [12] , estando mais para uma política de massa, do tipo de um grande "holofote".
Ao mesmo tempo que se fazem necessárias medida que quebrem a lógica perversa da acumulação capitalista brasileira, é urgente a instituição, como um direito, da garantia de determinado nível de renda para todos. Já chamava a atenção o mestre Furtado (2002) que "para participar da distribuição de renda, a população necessita estar habilitada por um título de propriedade ou pela inserção qualificada no sistema produtivo (p.16)."
De forma contundente, para esse autor isso seria possível por meio de uma reforma patrimonial.
No que se refere à renda, ela precisa ser entendida como um direito derivado do conceito de cidadania, portanto garantida pela constituição brasileira.Dessa forma, essa renda mínima, no espírito original do projeto do senador Eduardo Suplicy, não comporia uma política assistencial e sim faria parte dos direitos "básicos" de qualquer cidadão brasileiro, tal como são compreendidos o acesso aos cuidados com a saúde e o ensino fundamental.
A garantia dessa renda não teria como propósito substituir o sistema de proteção social atualmente existente, mas, ao reconhecer a complexidade da realidade brasileira, de complementar o sistema atual. Não seriam necessários muitos recursos para diminuir o número de famílias localizadas abaixo da linha de pobreza. Mas mesmo que um programa mais ambicioso (que se preocupe em garantir uma qualidade de vida mais elevada, e não somente permitir
que as famílias pobres ultrapassem essa linha) envolvesse uma quantidade de recursos mais significativa, essa deveria ser a prioridade em termos de política social imediata, pois somente dessa maneira pode-se dizer que a sociedade brasileira estaria verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento do país. Crescer sem distribuir a renda é não só reproduzir o passado de desigualdades, como aprofundá-lo. Essas foram sempre as palavras do mestre Furtado, deixando entre nós a idéia-síntese: "o desenvolvimento verdadeiro só existe quando a população em seu conjunto é beneficiada (Op.cit, p.21)".
Para a sustentação dessa política, no entanto, seria necessário que o Estado brasileiro recuperasse sua capacidade de intervenção, o que exigiria rediscutir as conseqüências do enorme esforço que tem sido feito nos últimos anos para promover o superávit primário. Seria necessário, ainda, que o sistema tributário fosse bastante alterado, de maneira a promover as bases para uma
redistribuição de renda, angariando recursos para a promoção dessa e de outras políticas, consideradas essenciais pela sociedade brasileira.
Existe uma relação estreita entre pobreza e concentração de poder. É dessa compreensão que decorre o entendimento que, no caso do Brasil, onde milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, os benefícios atualmente assistenciais, que promovam redistribuição de renda, devem superar o assistencialismo e constituírem parte dos direitos básicos ou fundamentais de qualquer brasileiro. Essa mudança de status, além de garantir a continuidade dos programas, retira do assistencialismo seu caráter de moeda política, o que reforça a força dos poderosos entre os segmentos mais carentes da população.
Tal proposição, no entanto, como já mencionado acima, implica mudanças que se relacionam à ordem econômica e política do país. Alterar o quadro estrutural brasileiro, que reproduz sem parar os determinantes da pobreza significa
enfrentar os interesses dos beneficiários do processo que historicamente cria e recria a pobreza e a desigualdade. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), na apresentação do Relatório do Desenvolvimento Humano 2004, está correto ao dizer que:
"..... A menos que as pessoas pobres e marginalizadas – que na maioria das vezes são membros de minorias religiosas, étnicas, ou migrantes – possam influenciar ações políticas, a nível local e nacional, não é provável que obtenham acesso eqüitativo ao emprego, escolas, hospitais, justiça, segurança e a outros serviços básicos." (PNUD, 2005, p. V.)
Mas dificilmente pode-se afirmar que a democracia formal é suficiente para garantir o acesso aos benefícios, ações e serviços que compõem a proteção social, a educação, entre outros aspectos a que deveriam ter direito qualquer pessoa. Isso porque, para a população mais pobre, não lhe falta somente a base material para levar uma vida digna, mas a consciência ativa, portanto, a capacidade de fazer valer os direitos que uma democracia formal garante em suas leis. No Brasil, há inúmeros exemplos dessa realidade: desde o salário mínimo não cumprido em grotões do país, até a dificuldade de acesso a informações que expliquem o caminho burocrático a ser percorrido para, ao final, garantir um benefício.
Desnecessário dizer que a adoção de uma renda mínima, que dificilmente poderia ser de valor diferente do que se entende por um salário mínimo, exigiria a redefinição do mínimo a ser pago ao trabalhador ativo. O pretenso conflito entre o direito à renda mínima e o
desejo de trabalhar seria resolvido pela elevação do piso salarial e, quem sabe, pela redução da desigualdade existente no país.
Bibliografia BALTAR, Paulo "Salário Mínimo e Mercado de Trabalho". Texto para o Seminário Salário Mínimo e Desenvolvimento, Unicamp, 28 e 29 de abril de 2005. BRANT, Roberto - Desenvolvimento Social, Previdência e Pobreza no Brasil. In Conjuntura SOCIAL – A previdência Social Reavaliada nº I, v. 12, nº. 2, abr - jun, 2001. Brasília, MPAS, 2001 BELTRÃO, Kaizô Iwakami; CAMARANO, Ana Amélia e LEITÃO E MELLO, Juliana. Mudanças nas Condições de vida dos Idosos Rurais Brasileiros: Resultados não-esperados dos Avanços da segurança Rural. Textos para Discussão 1066. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Rio de Janeiro, 2005. FURTADO, Celso. Em busca de novo modelo: reflexões sobre a crise contemporânea. São Paulo: Paz e Terra, 2002. INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA – FGV – www.ibre.fgv.br - acesso em 29/julho/2004. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa
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Brasil". São Paulo: Cortez, 2004. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório para o Desenvolvimento Humano 2004. http://www.pnud.org.br/rdh/ Acesso em 15/março/2005
Notas: 1- Professora titular do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política daPUCSP. Texto finalizado em 30 de abril de 2005 para o V Colóquio Latino Americano de Economistas Políticos, a ser realizado na Cidade do México, ao final de outubro. 2-Professor da Faculdade de Economia da FAAP/SP e coordenador do Centro de Estudos de Pesquisas de Administração Municipal. 3- A Segurança Social, segundo o artigo 195 da constituição brasileira, compreende os ramos Previdência Social, Assistência Social, Sistema Único de Saúde e o seguro-desemprego. 4- É importante destacar que neste artigo não se discute se o valor do salário mínimo é suficiente ou não para as despesas de um trabalhador, e muito menos de sua família. 5- Na época que o estudo foi feito, em junho
de 2001, a Linha de Pobreza foi definida em R$ 98,00 mensais, conforme metodologia utilizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. 6- O estudo também isolou o impacto da estabilidade dos preços. 7- O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é definido pela Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 8- O BPC também é concedido à pessoa portadora de deficiência, quando essa lhe impede de ter vida independente e trabalhar 9- Em 2001, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Economia (IBGE), 40,7 milhões de ocupados junto ao setor privado da economia não eram contribuintes do Regime Geral da Previdência social ou a qualquer tipo de outro regime, correspondendo a 57,7% da população ocupada nesse setor, nesse ano. Esse contingente integra o chamado mercado informal da economia brasileira. 10- Para esse cálculo, a equipe de Lula
utilizou o critério de linha de pobreza do Banco Mundial (U$ 1,08 por dia), ajustando para os diferentes níveis regionais de custo de vida e pela existência ou não de auto-consumo. 11- Essa afirmação se funda no fato de parcela importante dos ocupados receberem até 1 salário mínimo, como visto na página 13. 12- Embora tecnicamente o sejam, pois exigem teste de meios.
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En el siglo XXI, la masacre y la superexplotación del pueblo congoleño se hacen más complejas
La Fiebre del Coltán: el Imperialismo continúa. II Parte
Ramiro de Altube
“Decide que todos los Estados, incluida la República Democrática del Congo (RDC), tomen las medidas necesarias, durante un período inicial de 12 meses a partir de la aprobación de la presente resolución, para impedir el suministro, la venta o la transferencia, directa o indirecta, a partir de su territorio o por parte de sus nacionales o utilizando buques o aeronaves de su pabellón, de armas o material conexo o la prestación de asistencia, asesoramiento o adiestramiento conexo a las actividades militares a todos los grupos y milicias armados congoleños o extranjeros que operen en el territorio de Kivu del norte y del sur y de Ituri en la República Democrática del Congo y a grupos que no sean partes en el Acuerdo global e inclusivo […] Condena categóricamente la explotación ilegal de los recursos naturales y otras fuentes de riqueza de la RDC y manifiesta su intención
de examinar qué medios podrían utilizarse para ponerle fin..”
(Del Consejo de Seguridadde las Naciones Unidas a través de su resolución Nº 1493 del 28 de julio de 2003)
“Una ‘lucha’ contra la política de los trusts y de los bancos
que no afecte la base económica de los trusts y de los bancos,
es simplemente reformismo y pacifismo burgués,
es una benévola e inocente expresión de buenos deseos.”
(V. Lenin; El Imperialismo, fase superior del capitalismo)
INTRODUCCIÓN
El Imperialismo es un concepto pasado de moda para la mayor parte de los historiadores profesionales. Se lo puede o no reconocer vigente cuando se discute “política” actual, pero son muy pocas las veces que oímos hablar “de él” en las discusiones académicas. Claro que su aceptación o rechazo, su vigencia o su reemplazo, dependen del significado que se le otorgue, y dependen, en especial de la perspectiva política (reconocida o no) del que escribe, pero en general parece ser considerada una categoría “política” o anacrónica, sin demasiada importancia para los que estudiamos historia. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la historia que aquí esbozamos no puede ser aprehendida, en sus rasgos más importantes, si no retomamos la conceptualización que hiciera Lenin a principios del Siglo XX, y que no muchos otros desarrollaran y especificaran para épocas diferentes y países del Tercer Mundo. Además, queremos dejar en claro, en
una polémica que se cierne sobre nuestras cabezas mediáticas, que el contenido que el propio Lenin dio al concepto (más bien deberíamos decir el entramado conceptual) es originaria y esencialmente distinto de los significados dominantes hoy sobre el Imperialismo, muy cercanos, quizá, a las desventuras de nuestro sentido común, guiado por la simplicidad y la ideología reproductora del orden. Recuperamos de otra manera las coordenadas básicas de la conceptualización leninista, para ponerla en el terreno de la lucha por la construcción (que es permanente) de nuestro sentido común, sobre todo en lo que hace a la dilucidación de lo que constituyen los rasgos más significativos del capitalismo hoy, “pues sin su estudio será imposible valorar y comprender la política actual”[1]
Haremos desde aquí un sintético viaje al África Central. Y ustedes dirán, ¿en busca del Imperialismo? No, no, no. Iremos buscando el coltán, o si se prefiere, el colombio-tantalio. Lenin, por supuesto, no sabía de la existencia de este mineral de tan grandes propiedades...mercantiles. El coltán es la conjunción de dos minerales considerados materias primas estratégicas para el desarrollo de las nuevas tecnologías. De acuerdo a lo que parecen ser propiedades físico-químicas “mágicas”, este mineral es fundamental para las industrias de aparatos electrónicos, centrales atómicas y espaciales, la aeronáutica, los misiles balísticos, video juegos, aparatos de diagnóstico médico no invasivos, trenes sin ruedas (magnéticos), fibra óptica, etc... Sin embargo el 60 % de su producción se destina a la elaboración de los condensadores y otras partes de los teléfonos celulares. El coltán permite que uno de los
sueños occidentales se haga realidad, con él las baterías de los mini celulares de bolsillo mantienen por más tiempo su carga, ya que los microchips de nueva generación que elaborados con coltan optimizan el consumo de corriente eléctrica. Después de ser usado, en un principio, para los filamentos de las “lamparitas”, fue reemplazado en esta función por el más barato y accesible tungsteno, y parecía condenado al olvido. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX, el valor volvió a preñar al coltán, volvió a darle vivacidad, a convertirlo en mercancía. Mucho más cuando se produjo el boom comercial de los teléfonos móviles que, en número de 500.000, inundaron el mercado en el año 2000. Desde unos años antes, sin embargo, el colombio-tantalio que era extraído en Brasil, Australia y Tailandia había empezado a escasear. La japonesa Sony, por ejemplo, tuvo que aplazar el lanzamiento de la segunda versión del juguete preferido de los niños occidentales, el Play Station, debido
a este incordio. El gran aumento de la demanda ha hecho establecer un mercado ilegal paralelo en el África central. Nótese, a modo de introducción, uno de los resultados de esta nueva “fuerza del mercado”: más de 3 millones de muertos en cuatro años. Veamos.
Para muchos países africanos, en los finales del siglo XX, la devaluación de los productos agrícolas y la desertificación, provocaron una fuerte revalorización de sus recursos mineros, nueva fase del errante camino para relacionarse con el mercado internacional. En las provincias del este de la República Democrática del Congo (RDC, Zaire) [2], consideradas por la UNESCO reservas ecológicas de gran importancia, se encuentra el 80 % de las reservas mundiales de coltán. Allí han puesto sus ojos, sobre todo en los últimos diez años, las grandes empresas y multinacionales: Nokia, Ericsonn, Motorola, Siemens, Sony, Bayer, Intel, Hitachi, IBM y muchas otras. “Desmintiendo la devaluación geoestratégica del continente africano, tantas veces mencionada
por los teóricos de la política internacional actual, las empresas multinacionales, protagonistas principales del reordenamiento económico del mundo que conocemos como globalización - y, por consiguiente, de la recomposición geopolítica en curso en el continente africano - se empeñan en asegurarse el control de esta materia prima, clave del liderazgo del futuro.” [3]
Se han formado en esta zona de la RDC, toda una serie de empresas (muchas de ellas “fantasmas”) asociadas entre los grandes capitales transnacionales, los gobiernos locales y las fuerzas militares (estatales o “guerrilleras”) para la explotación (“extracción”) y comercialización ilegales del coltán y de otros minerales como el cobre, el oro y los diamantes industriales. Las grandes marcas que comenzaron la disputa por el control de la región a través de sus aliados autóctonos, han disparado un proceso que la misma Madeleine Albright calificó como “la primera guerra mundial africana”.
EL REPARTO DEL PODER, DEL TERRITORIO Y DE LAS RIQUEZAS
En 1997 fue derrocado el presidente congoleño Mobutu Sese Seko, de estrecha relación con los capitales imperialistas de origen francés. Paul Kagame (sic), actual presidente de Ruanda, quién estudió en centros militares de EE.UU. e Inglaterra, y Museveni, presidente de Uganda, país considerado por Washington, un ejemplo para las naciones africanas, lideraron la conquista de la capital de la RDC, Kinshasa, y pusieron a cargo de este país a un amigo, Laurent Kabila. En un nuevo reparto se dispusieron concesiones mineras para empresas varias entre las cuáles figuran la Barrick Gold Corporation, de Canadá, la American Mineral Fields (en la que Bush padre tenía intereses) y la surafricana Anglo-American Corporation, todo ello en desmedro de las antiguas “concesionarias” francesas.
En los años transcurridos hasta hoy han disputado la guerra dos bandos no demasiado estrictos. Ruanda, Uganda y Burundi, apoyados por los EE.UU., solventados por créditos del FMI y el Banco Mundial, y ligados a varias milicias “rebeldes” con nombres exóticos: Movimiento de Liberación del Congo (MLC), Coalición Congoleña para la Democracia (CCD-GOMA), Ejército Patriótico Rwandés, Reagrupación Congoleña para la Democracia (RCD), por un lado, y la República Democrática del Congo (liderada por uno de los hijos de Kabila, luego de que su padre fuese asesinado por ruandeses), Angola, Namibia, Zimbabue y Chad y las milicias (hutus y maji-maji) correspondientes, por otro.
En 1999 se establecieron las líneas divisorias entre las fuerzas opuestas, en el Acuerdo de Lusaka, una suerte (siempre provisional) de reparto del territorio, a la usanza de la Conferencia de Berlín de 1885, donde las potencias europeas se distribuyeron el continente para facilitar el saqueo y explotación. “El Acuerdo de Lusaka, aunque exija la retirada de las tropas extranjeras, establece la línea divisoria entre las fuerzas rebeldes (apoyadas por Ruanda y Uganda) y las tropas gubernamentales (que reciben ayuda de Angola, Zimbabwe, Namibia y Chad), santificando de cierto modo la partición del país, quedando las regiones mineras más ricas en territorio rebelde.” [4]Las tropas
y los mercaderes ruandeses se focalizan en el este y controlan especialmente el coltán, mientras que la avanzada ugandesa se da también en el norte y nordeste y posee el monopolio de la comercialización de los diamantes industriales. [5]Además de organizar campamentos para la extracción de los minerales, las tropas extranjeras roban cargamentos ya preparados para la exportación por grupos de trabajadores o milicias congoleñas.
Una de las posibilidades futuras es, de acuerdo a esta repartija, la partición de la RDC. “Hay que subrayarlo una vez más: estos oscuros negocios son, en primera instancia, los culpables de una guerra no por olvidada menos dramática y bochornosa. Con un agravante: se teme que sobre el mismo territorio de la República Democrática de Congo pesa la amenaza de la fragmentación. Es decir, la división en varios estados, lo que facilitaría aún más la explotación de los recursos. Ya lo presintió y denunció –y por eso lo asesinó el ejército ruandés - Mons. Christophe Munzihirwa, arzobispo de Bukavu.” [6]
Es de nuestro interés destacar cómo, para este negocio, se relacionan estrechamente los grandes capitales monopólicos de las grandes potencias con los poderes y capitales locales, a través de las formas típicas del capital imperialista [7]: las asociaciones monopolistas de comercio, industria y bancos (organizadas a través del mecanismo de la participación, que ya destacara el propio Lenin) y la vinculación entre empresas privadas, estados y familiares del gobierno [8]. No se trata de malas personas y gobernantes corruptos, estamos ante los mecanismos arquetípicos del imperialismo. Véase un ejemplo: “Eagle Wings
Resources (EWR) es una joint-venture (empresa de riesgo compartido) entre la americana Trinitech y la holandesa Chemi Pharmacie Holland. El representante local de EWR en la capital de Ruanda es Alfred Rwigema, el cuñado del presidente Paul Kagame. La ONU acusa al presidente ruandés de jugar un papel motor en la explotación de los recursos naturales de la RDC”[9].
En las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CS), repetidas año a año, los representantes internacionales hacen llamamientos grandilocuentes que apuntan no tanto a frenar la catástrofe como a regularizar la situación. Así mientras exclaman la ilegalidad de las intromisiones ruandesas y ugandesas, convocan a la resolución consensuada de la guerra, perspectiva en la cuál se aceptan de antemano los intereses contrapuestos y la posibilidad de una repartija territorial, jurisdiccional y mercantil. El CS “Reafirma que, llegado el momento oportuno, se debería organizar una conferencia internacional sobre la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo en la región africana de los Grandes Lagos, con la participación de todos los gobiernos de la regióny todas las demás partesinteresadas y bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, a fin de
afianzar la estabilidad de la región y propiciar condiciones que permitan a todos ejercer el derecho de vivir en paz dentro de las fronteras nacionales..”[10]Orden y progreso capitalista como perspectiva, y reparto geopolítico por parte del imperialismo es lo que tenemos ante nuestros ojos.
Si todas estas “naciones” se disputan el control del territorio, desde otra perspectiva son las propias corporaciones las que están repartiéndose la zona. Se han creado distintas empresas mixtas con este fin, la más importante de las cuáles es la SOMIGL (Sociedad Minera de los Grandes Lagos) que está integrada por tres sociedades: la Africom (belga), la Promeco (ruandesa) y la Cogecom (surafricana). “Treinta y cuatro empresas están acusadas de importar coltán y casiterita del Congo; de ellas, 27 son occidentales, la mayoría belgas holandesas y alemanas […] existen cinco o seis comisionistas hasta que el mineral llega a manos de los comerciantes regionales; entre estos intermediarios están los mandos de los ejércitos ocupantes …”[11]Todas las
licencias para la compra-venta del coltán fueron suprimidas a fines del 2000. Las fuerzas militares ruandesas ligadas a la SOMIGL han logrado de esta manera evitar el “gasto” de intermediarios, controlan monopólicamente la comercialización del coltán. “El Ejército ruandés traslada en camiones el mineral a Kigali, capital de Ruanda, donde es tratado en las instalaciones de la Somirwa (Sociedad Minera de Ruanda), antes de ser exportado.” [12]Sus camiones y helicópteros hacen el traslado interno. Poseen, por supuesto, sus propias compañías de transporte que son propiedad de parientes cercanos a los presidentes de Ruanda y Uganda. Utilizan los aeropuertos de Kigali y Entebe (de Ruanda) entre otros. En estas verdaderas zonas militares las compañías aéreas privadas (una de las cuales - Sabena - de origen belga, está
asociada a American Airlines) ingresan armas y se llevan minerales.
La mayor parte del coltán extraído (luego de ser acumulado hasta subir los precios) tiene como destino los EE.UU., Alemania, Bélgica y Kazajstán. La filial de Bayer, Starck, es la productora del 50% del tantalio en polvo a nivel mundial.
Tal como vemos, están vinculadas con el tráfico y la elaboración decenas de empresas, con participación en grandes corporaciones monopólicas de diversos países. Naturalmente “una entidad financiera, creada en 1996 con sede en la capital de Ruanda – Kigali -, el Banco de Comercio, Desarrollo e Industria (sic, BCDI) y que ejerce de corresponsal del CITIBANK en la zona[13], mueve fuertes sumas de dinero procedente de las operaciones relacionadas con coltán, oro y diamantes”[14] .
Las grandes empresas financian, por supuesto, a las distintas fuerzas militares, que montadas en los preexistentes conflictos interétnicos, sostienen una guerra por el control de las minas, en la que, sólo entre los años 1998 y 2002, han muerto más de 3 millones de personas. Ruanda y Uganda han diseminado en la zona este y nordeste de la RDC (en especial en los Parques Nacionales donde se hallan la mayor parte de las reservas) unos 40.000 soldados, que cuentan con los mejores equipos y con el apoyo logístico de los gobiernos.
Según el mismo Kofi Annan ha declarado: “la guerra del Congo se libra por el control de sus riquezas naturales”. En un informe del IPIS (investigación del Servicio de información para la Paz internacional independiente) se demuestra que las sociedades europeas y norteamericanas que comercian con el coltán contribuyen a la financiación de la guerra. Tienen un gran interés en que continúe la “inseguridad” para permanecer en el Congo a través de las tropas guerrilleras. Pero los representantes de estos gobiernos parodiando su propia “legalidad” instan a todas las partes y en particular ¡al Gobierno de la RDC!, a que “adopten las medidas necesarias para impedir que se sigan cometiendo transgresiones de los derechos humanos y del derecho internacional comunitario”. [15] Mientras
tanto la misma ONU, “Exhorta a los Estados vecinos de la RDC, en particular a Ruanda y Uganda, que tengan influencia sobre los movimientos y grupos armados que operan en el territorio de la RDC a que la ejerzan de manera positiva para que solucionen sus controversias por medios pacíficos y se sumen al proceso de reconciliación nacional..”[16]
La situación militar puede ser pensada como una cuadrícula en la cuál se posicionan y movilizan las distintas fuerzas; en ella encontramos a las tropas gubernamentales de la RDC (muchos de sus soldados están desertando desde hace un tiempo por la intensidad de los combates), los Cascos Azules de la ONU (que intentan conformarse en los controladores generales de la región), los ejércitos ruandeses y ugandeses (entre los cuáles contamos a los antiguos rebeldes “guerrilleros” – UCD) que controlan, como vimos antes, zonas relativamente diferenciadas, y finalmente, los autoorganizados “movimientos de autodefensa” de los lugareños (autodenominados “mai-mai”). Entre todos ellos circulan algunos (cada vez menos) voluntarios de Organizaciones Humanitarias (Médicos sin Frontera, etc.). La situación, por tanto, es considerablemente compleja.
LA “ORGANIZACIÓN” DE LA PRODUCCIÓN Y EL MERCADO DE TRABAJO
En las minas aluvionales de las regiones mencionadas trabajan diariamente más de 20.000 mineros, bajo un sistema represivo organizado por las fuerzas militares y los poderes locales (jefes consuetudinarios locales y regionales) - de los dos bandos en disputa. Estos pagan a los trabajadores unos diez dólares por kilo de coltán (que en el mercado de Londres cotiza alrededor de 250-300 dólares) y les exigen además para “permitirles” trabajar que se pongan con una cucharada diaria del mágico mineral (una para la milicia y otra para los jefes civiles), modo muy especial de tributo en especie, con el que recaudan alrededor de un millón de dólares mensuales.
La fuerza de trabajo aquí utilizada está compuesta fundamentalmente por ex campesinos y ganaderos (luego de que se devaluara la producción agrícola congoleña para la exportación - algodón y otros productos), que se alejan por largos períodos de sus comunidades y familias, además de refugiados, prisioneros de guerra (sobre todo hutus) a los que se les promete una reducción de la condena, y de miles de niños de la región, cuyos cuerpos pequeños pueden fácilmente adentrarse en las minas a ras de tierra. El reclutamiento de esta mano de obra opera en una doble dimensión, mercantil y coercitiva, en un doble mercado de trabajo. Las zonas mineras y las zonas de operación militar terminan por confundirse. Las migraciones frecuentes desde otras regiones hambreadas son, muchas veces, definitivas, si observamos el número de muertos. Las poblaciones vecinas reclutadas a trabajar y trasladadas por la fuerza, sirven de cantera de
mano de obra para esta empresa capitalista; hostigadas por grupos armados han abandonado sus residencias o se han convertido en mineros. Estos trabajadores rescatan coltán de sol a sol, y duermen y se alimentan en la selva montañosa de la zona. Se reproducen en las comunidades y en la selva por sus propios medios, alimentándose de elefantes y gorilas autóctonos, mientras las guerrillas comercializan cueros y marfil. En otros términos: el capital no se encarga de la totalidad de la reproducción de esta fuerza de trabajo, que además de aportar en la producción de plusvalía (del coltán), aporta una especie de renta en trabajo metamorfoseada. Superexplotación: los mineros dan valor al coltán con su trabajo, pagan un tributo al estado local y además trabajan para conseguir los medios de supervivencia, alimento y refugio. Superbeneficio para el capital invertido que obtiene tasas de ganancia exorbitantes, realizadas con el sustento indispensable de la represión y el trabajo
forzado. Como es tradicional en África, el racismo, la xenofobia y la ideología discriminatoria en general, son esenciales para el funcionamiento de este doble mercado de trabajo (asalariado y forzado - no libre). Aquí se monta específicamente en los conflictos interétnicos: son reclutados en especial los pigmeos y los hutus.
El capital imperialista que desde siempre (sobre todo desde la colonización de África a fines del siglo XIX) contó con el poder local, sostenido “consuetudinariamente”, para la provisión y reproducción de mano de obra barata, encuentra a través de los mecanismos descriptos, una forma de su “actualización” (neocolonización dicen algunos). El trabajo forzado fue abolido por ley luego de la independencia, en la mayoría de los países africanos, pero como está sostenido en las particulares relaciones de poder consuetudinario de obediencia al jefe local, continua existiendo. Salongo lo llaman en el Congo actual. Los funcionarios de los estados locales asumieron históricamente, por supuesto, funciones de policía. Cuando los campesinos o los niños no acuden a las minas por el simple atractivo de los dólares, allí está la compulsión estatal-policial como forma alternativa de reclutamiento. Mercado y fuerza no son aquí
contradictorios.
CONFLICTOS INTERÉTNICOS
La superexplotación capitalista en el Congo tiene como una de sus singularidades secundarias el hecho de que se recubre – ideológicamente pero en algún aspecto también materialmente [17]- con la “manta” de los conflictos interétnicos. Así, comentan algunos informadores que una de las “tribus” que más sufre las condiciones extremas de la explotación capitalista en el Congo es la de los Pigmeos Twa, pertenecientes a una de las primeras etnias que poblaron el África Ecuatorial. Las “tribus”[18]pigmeas, básicamente cazadoras y recolectoras, fueron afectadas significativamente ya desde la colonización europea (sobre todo
belga) a finales del siglo XIX, desde la cuál fueron confinados paulatinamente a las zonas selváticas que se incluían en los nuevos “Parques Nacionales” de la provincia de Kivu Meridional. Desde allí los pigmeos se integraron durante el siglo XX con otras etnias “bantúes” (sedentarias y hegemónicas en la región de los Grandes Lagos) conformando un “vasto sistema sociocultural y económico”[19]. Pero en las últimas décadas del siglo XX una desmesurada presión demográfica que se vio saturada por las migraciones de refugiados ruandeses hacia la zona este de la RDC, complicó el equilibrio étnico-social. Bantúes y pigmeos antes “complementarios” ahora empezaron a competir por los recursos. A esto se sumó la llegada de los Hutus (en su mayoría refugiados ruandeses expulsados por los Tutsis) dedicados según comentan
algunas fuentes a la rapiña y el saqueo de los campamentos y de las periferias urbanas. A su vez, desde el auge del coltán, distintas grupos se enfrentan militarmente por el control del territorio y los cargamentos, entre ellas los Lindus (pueblo bantú forestal) y los Hemas (congoleños “nilóticos”) que encierran entre dos fuegos a los pigmeos, uno de sectores sociales más sometidos al mercado de trabajo forzado organizado para la extracción del coltán[20]: “En espera de un hipotético giro de la situación, las oportunidades de sobrevivir de los Twa parecen estar peligrosamente amenazadas. Marginados, expoliados, desarraigados y en lo más bajo de la escala socioeconómica, los Twa ven a los pueblos dominantes de la región y a los refugiados ruandeses disputarse lo que en otro tiempo fue su paraíso de caza.
¿Hasta dónde llegará su facultad de adaptación y su sorprendente capacidad de resistencia cultural?” [21]“Presentes en Ruanda, Burundi, Uganda, RDC, Congo Brazzaville, Gabón, República Centroafricana y Camerún, serán hoy en día aproximadamente 200.000. Dispersos en islotes de población, se encuentran cada vez más enfrentados a la deforestación, a los gobiernos que quieren transformarlos en sedentarios, y a la influencia cada día más fuerte de los Bantúes que a menudo se consideran propietarios de "sus" Pigmeos. En Camerún, el oleoducto Tchad-Camerún representa una amenaza real para los Pigmeos Gyélis.”[22]
EXPLOTANDO ADEMÁS “LA CONTRADICCIÓN DE LA SUPEREXPLOTACIÓN”
La patronal de las grandes empresas, los gobiernos de la región y los organismos internacionales “explotando la contradicción de la superexplotación” [23] pretenden jugar el rol de mediadores entre los semiesclavizados trabajadores y las bandas militares xenófobas. Mientras tanto la ONU propone un embargo provisorio de la mercadería.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha conformado y enviado a la región un comando denominado Misión de la ONU en el Congo (MONUC) - que viene a agregarse a otras fuerzas como la llamada Fuerza Multinacional de Emergencia -, y que tiene la potestad de requisar y apropiarse de las materias primas, armamentos, etc. que circulen en las regiones en conflicto. De esta manera intentan las naciones más importantes del mundo imponerse “diplomática y legalmente” como una de las fuerzas en juego para las negociaciones y disputas armadas: “Exige que todas las partes dejen de interferir en la libertad de desplazamiento de las Naciones Unidas, recuerda que todas las partes tienen la obligación de dar a la MONUC un acceso total y sin trabas para que pueda cumplir su mandato y pide al Representante Especial del Secretario General que dé cuenta de todo incumplimiento de esa
obligación..” [24]El Consejo de Seguridad de la ONU aumentó durante el 2004 los efectivos militares en la región a más de 10.000 luego de que sus intentos de pacificar la explotación fracasaran rotundamente.
Pero la caracterización de los objetivos de la ONU en el Congo está, por supuesto, en cuestión.
El obispo congoleño de Kamina, Mons. Jean-Anatole Kalala Kaseba durante un encuentro con el Comité de Solidaridad con el África Negra en Madrid ha comentado: “Creemos que los que han creado esta situación pueden ponerle fin, especialmente los americanos. La ONU está allí, incluso en mi diócesis. Son observadores, pero ¿qué es ser observador? Tienen un programa que no quieren decirnos. Aseguraron que venían para ponerse entre los beligerantes, pero vienen a confirmar la partición del país. Nosotros hubiéramos preferido que estuvieran en todas las ciudades, pero resulta que no están presentes ni en Uganda ni en Ruanda. Tenemos razones para creer que estos observadores han sido enviados por las multinacionales. El ex presidente de Botsuana Kett Masire –el mediador en el conflicto congoleño – ha dicho claramente que si fracasa el diálogo intercongoleño, la ONU tomará de nuevo el país en sus manos. No es nuevo. Esta
guerra ha sido provocada para esto. La ONU quiere que fracase el diálogo intercongoleño para dirigir el país como un protectorado. Creo que la ONU está hoy al servicio de una gran potencia y hace lo que ella quiere”. [25]
Mientras tanto las ONG y los ecologistas denuncian … ¡la extinción de los monos! En lo que constituye un sentimiento humanista maravilloso, titulan: “Los teléfonos celulares agravan la situación de los gorilas del Congo”. Y quieren que las mismas empresas que acumulan su capital aquí a sangre y fuego ¡inviertan en proyectos de ayuda para el tercer mundo!. En Angola y en Sierra Leona el tráfico de diamantes financia y necesita de una guerra muy similar desde hace años.
LOS INTENTOS, LAS POLÍTICAS Y LOS POLICÍAS DE LA “PACIFICACIÓN”.
La ONU impulsa en la RDC la conformación y estabilización de un nuevo Estado en el cuál podría asegurarse el rol de policía internacional: “El Consejo de Seguridad […] Alienta a la MONUC a que, en coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas, donantes y organizaciones no gubernamentales, durante el período de transición preste asistencia a la reforma de las fuerzas de seguridad, al restablecimiento del Estado de Derecho y a la preparación y celebración de elecciones en todo el territorio de la RDC […] Aprueba el despliegue temporario de efectivos de la MONUC destinados a participar, durante los primeros meses del establecimiento de las instituciones de transición, en un sistema de seguridad múltiple en Kinshasa […] aprueba también la reconfiguración del componente de policía civil de la MONUC […] y alienta a la MONUC a que siga prestando apoyo al desarrollo de la policía en lugares donde la necesidad es urgente
[…] Alienta a los donantes a apoyar el establecimiento de una unidad de policía congoleña integrada y aprueba que la MONUC preste la asistencia adicional[26]que sea necesaria para adiestrar esta unidad…”[27]A buen entendedor pocas palabras, aunque habría que decir que esos “primeros meses” de la transición trascurren sin cambios importantes para la población congoleña súper explotada y de semanas terminan sufriéndose durante muchos años. La ONU demuestra su incapacidad para torcer el rumbo del proceso de dominación imperialista y cuál discurso de ahogado “exhorta a la comunidad internacional, en particular a las organizaciones internacionales especializadas que corresponda, a
prestar asistencia financiera y técnica al Gobierno de la RDC para que pueda ejercer un control efectivo sobre sus fronteras y su espacio aéreo.”[28]
Año a año tenemos “novedades” en el conflicto. A mediados del año 2002 (30 de julio) se celebró una fantarruchada de acuerdo de Paz entre Kagame y Kabila, a través del cuál se pretendía dar fin a la “guerra civil” que asola la región. ¿Quién fue el intermediario? El vicepresidente de Sudáfrica, país capitalista de primer orden, de donde provienen muchos de los capitales que explotan las minas congoleñas. Del mismo modo un año después, el 30 de junio de 2003 se anunció la formación de un Gobierno de Unidad Nacional y Transición, maniatado por las distintas partes en disputa y tironeado por los intereses divergentes y convergentes de los capitales y gobiernos imperialistas y sus representantes locales. Pero en el 2004 la ONU vuelve a incitar a su organismo especial a confiscar o recoger las armas o pertrechos que circulen por la zona de conflicto y “a disponer de esas armas y pertrechos de manera
adecuada”[29]y amplía su mandato de vigilancia y control, pues las “expectativas” en el gobierno transicional no han sido efectivas.
Luego del “Acte d’Engagement de Bujumbura”, firmado por “todas las partes” el 19 de junio de 2003 y que nuevamente ponía fin “por completo” a las hostilidades, “sin demoras ni condiciones”, la CCG-Goma aliada de Ruanda ha iniciado presurosamente nuevos ataques incluso con mayor fuerza de choque y armamentos, los mismos que recibe gracias a sus relaciones con las multinacionales “legales” o “ilegales”. Entonces una vez más el Consejo de “Seguridad” de la ONU “entra en acción”: la resolución 1596 adoptada el 20 de abril de 2004 “prohíbe la posesión de material militar a cualquier persona en la RDC, a excepción de policías y soldados llamados a formar el Ejercito nacional congoleño, así como las armas necesarias para la formación técnica y operaciones de la MONUC”, según las declaraciones de Fred Eckard, portavoz del Secretario General de la ONU, Kofi Annan.[30]Discursos y más discursos llenos de “buenos” deseos y mucha hipocresía no logran detener la fuerza del capital imperialista. El CS de la ONU “decide seguir ocupándose activamente de la cuestión”. [31]
Se regularán quizás, es decir, se legalizarán algunos aspectos de las relaciones de explotación, pero la masacre continua. Así es que aunque las cifras sean distintas según las fuentes, podemos considerar que desde 1998 hasta fines del 2004 la guerra imperialista en el Congo a dado como resultado al menos 4 millones de civiles muertos, más de tres millones de “desplazados” y migrantes y una cifra variable de alrededor de 500.000 refugiados. [32]
LA ACTUALIDAD DE LA FIEBRE DEL COLTÁN. AÑO 2005.
A fines del 2004 la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra elaboró un comunicado que analiza la situación en la RDC de la siguiente manera:
“Actualmente se está jugando una baza importante del futuro de África en la guerra de la República Democrática del Congo. Es un país enorme (España, Portugal, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Polonia y parte de Rumania juntas), en el centro del África Negra, con frontera a 9 países vecinos. Estratégicamente es fundamental para controlar de Sudán hacia abajo, una parte de África muy rica en recursos. Por otra parte el río Congo posee entre el 40% y el 50% del agua de toda África, con lo que supone esto a corto y largo plazo. La presa hidroeléctrica de Inga, si tuviera construidas sus tres fases, produciría la electricidad equivalente a todas las centrales hidroeléctricas de EEUU juntas. Daría electricidad al cono sur de África. Con varias centrales hidroeléctricas en el río Congo se podría abastecer a toda África (al menos hasta que el consumo de electricidad se disparase). Luego están los recursos naturales del este del Congo: oro y
diamantes en cantidades exuberantes. El coltán y la casiterita, el petróleo aún virgen del norte, el gas natural del lago Kivu, el uranio, el cobre, el cobalto, los minerales raros (germanio, euripio, niobio, thorio...). Todo esto hace que controlar el Congo suponga el paso fundamental para controlar media África.
La guerra de EEUU por controlar esta región empezó con movimientos tácticos. Primero se alió con ciertos clanes de Ugandeses y Ruandeses para que tomaran el poder. Así lo obtuvieron Yoweri Museveni en Uganda y Paul Kagame en Ruanda. EEUU formó militarmente a ciertas élites militares de ellos. Luego, una vez en el poder, multiplicó la ayuda para el desarrollo a estos países, aunque claro está, esta ayuda se convirtió en ayuda militar. Creó bases militares también en ellos. Toda esta estrategia está en función de dominar el Congo, ya que Uganda y Ruanda no son ni por asomo tan ricos ni tan importantes estratégicamente. […]
4 millones de congoleños han muerto a causa de la invasión del Congo (por parte de sus tropas y las de Uganda básicamente). Nunca ha habido tanto sufrimiento, tanto odio y tanta muerte en esta zona de África como desde que EEUU decidió apostar fuerte por su gran aliado, Paul Kagame. La política de alentar el enfrentamiento étnico y el terror, forma parte de la estrategia para dar a entender que se trata de luchas internas entre etnias africanas.
A EEUU no le interesa que se sepa lo que ocurre. Pero tampoco le interesa a buena parte de Europa (Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania) por ser parte también implicada directa o indirectamente (a través de sus multinacionales) en el asunto.
Esto hace en conjunto que sea una guerra de la que ni EEUU ni parte de Europa quiera que se mencione siquiera en los medios de información, máxime cuando los medios usados por sus aliados, especialmente Paul Kagame sean especialmente sanguinarios. La ONU desde luego, tiene las manos atadas en este asunto.
Lo que está ocurriendo en esta región africana desde el 2 de agosto de 1998 hasta hoy día, es también crucial para el futuro de toda África ya que Paul Kagame desea apropiarse del este del Congo (tal y como Israel se ha adueñado de los territorios palestinos). Si esto ocurriera, se tendrá al mando de una región inmensamente rica (oro, diamantes, coltán, casiterita, petróleo, gas natural...) a una persona que puede producir mucho sufrimiento. Al no tener este tipo de personas condenas y represalias internacionales (como sucede hasta ahora) sus ambiciones (mientras sigan teniendo básicamente el apoyo de EEUU) posiblemente no quedarían ahí. Es, desde luego, la situación actual un momento crítico para el futuro de África. […] ¿Acaso 4 millones de congoleños muertos no son suficientes?”. [33]
A finales de noviembre del 2004 Ruanda comenzó una re-invasión del Congo aumentando el número de sus tropas y la capacidad de sus armamentos, luego de un nuevo y “fracasado” proceso de pacificación. De la misma manera durante enero de 2005 han cruzado hacia el Congo otros 12.000 soldados ruandeses con el objetivo de reconquistar ciudades cuyo control habían abandonado como consecuencia de los tratados de paz. Frente a las guerrillas ruandesas y a la intensidad de los combates, cientos de miles de congoleños respondieron con desplazamientos “temporarios” abandonando los poblados cercanos a las zonas mineras, mientras las filas del ejército oficial de la RDC respondían a su vez con deserciones numerosas (emboscadas a su vez por el propio ejército gubernamental). A los preexistentes, se han añadido durante los primeros meses del 2005, nuevos frentes de batalla y zonas de control militar y explotación ilegal del coltán. Mientras las
poblaciones se refugian en las montañas vecinas, las milicias extranjeras saquean las ciudades y poblados rurales de la zona. “Al frente de Kanyabayonga se han añadido estos últimos días los de Walikale y Masisi, al Oeste de las regiones controladas por los antiguos RCD/Goma (Unión Congoleña para la Democracia). Una gran parte del Este de la RDC está de nuevo en guerra, mientras que las tropas gubernamentales y los movimientos de defensa de los lugareños, llamados "mai-mai", tratan de que termine la influencia ruandesa en el Kivu Norte.” [34] La ONU ha notado ya que, como consecuencia de los nuevos combates, se viene produciendo durante 2005 una nueva oleada de refugiados (200 por día aproximadamente) que se dirigen hacia Uganda u otros campamentos.[35]
A su vez, parece concretarse la posibilidad de que tanto las milicias de lugareños “mai-mai” como algunos otros grupos guerrilleros (por ejemplo la facción rebelde de la RDC-Goma) vayan integrándose en el ejército regular “nacional” congoleño para poder enfrentar en mejores condiciones la nueva avanzada de las fuerzas extranjeras. En medio de estos “reacomodamientos” las fuerzas de la ONU se enfrentan continuamente con las distintas guerrillas y responden prontamente a los atentados de los que son objeto los “Cascos Azules” bengalíes, paquistaníes, etc.
Por otra parte dentro de las fuerzas que conforman el Gobierno de Transición de la RDC se han producido disidencias importantes “alrededor del reparto de poder en el seno del Gobierno de transición y sus instituciones, del cuerpo diplomático, la dirección de Policía y los servicios de seguridad.” [36] El presidente de la RDC (Joseph Kabila) esta “rodeado” por 4 vicepresidentes que representan a las distintas fuerzas en conflicto, incluidas las milicias “rebeldes” proruandesas y pronorteamericanas. Luego de los conflictos políticos y militares recientes, las elecciones generales que esta coalición había programado, ya han sido postergadas. Pero lo más significativo de esta situación es que las controversias han sido generadas y extendidas por los mismos representantes de las “guerrillas
imperialistas” y por los seguidores políticos del ex-presidente pro-francés Mobutu Sese Seko. La organización política de la RDC se encuentra trastornada por la lucha entre los distintos sectores del imperialismo que están repartiéndose el territorio y el poder.
GUERRA MÚLTIPLE Y TELÉFONOS CELULARES
Guerra múltiple (económica, civil, interétnica, regional pero también solapadamente interimperialista o intraimperio como dirían algunos) y saqueo sistemático, nos hablan de un proceso de expoliación y proletarización (muchos no han conservado ni siquiera la vida), de acumulación primitiva de capital, continuamente renovada, que asume formas específicas en los países del tercer mundo: trabajo forzado, reclutamiento, endeudamiento, doble mercado de trabajo, propiedad de la tierra de hecho garantizada por las fuerzas armadas. Las multinacionales no han necesitado aquí muchos planes de modernización, se benefician de la fuerza de trabajo casi gratuita, un ejército industrial de reserva que vive en una pauperización absoluta en muchos casos. Esto, sumado al estricto control que llevan a cabo las mismas empresas extranjeras, limita, como es evidente, las posibilidades de desarrollo de un mercado interno y de una burguesía
industrial local o “nacional”. Sólo quedan para ésta el control del comercio ilegal de armas y materias primas. La llamada transferencia de valor de la periferia hacia el centro significa que de la totalidad de la plusvalía producida en estos países, a costa de millones de muertos, las grandes multinacionales, acaparan la mayor parte, justificadamente de acuerdo a la concentración de sus capitales. Tal como explicaba Paul Sweezy a fines de la década del 60’: el imperialismo establece en los países periféricos, a través de inversiones e invasiones extranjeras “una gigantesca bomba de succión de excedente de los países subdesarrollados y la transferencia del control de una gran parte de sus recursos productivos a las grandes corporaciones imperialistas.”
“Las crecientes necesidades de la industria tecnológica del mundo han creado graves conflictos en los países menos desarrollados” nos dice el rotativo canadiense The Industry Standart, en un comentario que es aplicable a cualquier época por lo menos desde el siglo XIX. Los países capitalistas periféricos reciben en el reparto mundial funciones específicas en beneficio de los grandes capitales monopólicos [37]. La tasa de ganancia media se regula a nivel del Mercado Mundial, y para cada época, depende en especial de las ramas industriales de punta, que funcionan como motor de la acumulación del resto. Hoy el coltán es fundamental para que muchas de estas industrias “de punta” rindan sus frutos. En este sentido la explotación de las minas africanas, que el mismo Pentágono
considera estratégicas, son fundamentales para la reproducción del capital imperialista globalmente considerado. Esta forma monopólica del capital, que en una lectura atenta del libro de Lenin, constituye el rasgo más importante en la definición del Imperialismo, organiza en la República Democrática del Congo y en muchos otros países, militar, política y económicamente, la vida de las masas proletarias de ayer y de hoy. Aquí reside, a nuestro entender, la clave de la actualidad y la pertinencia del concepto. El imperialismo es fundamentalmente una forma específica de organización de la producción y reproducción del capital y del trabajo, y no tanto la hegemonía de una nación sobre otras. En el sentido destacado el Imperialismo necesita del Estado (de los estados) más allá de si éstos asumen o no, rasgos nacionales.
Sobre la tumba de los 2000 niños y campesinos africanos que mueren por día en el Congo, podemos, distraídos, seguir usando nuestros celulares.
Ramiro de Altube
Agosto de 2005.
BIBLIOGRAFÍA
1. Samir Amin; La acumulación a escala mundial. Crítica de la teoría del subdesarrollo, Siglo XXI, 1974.
2. Mahmood Mamdami; Ciudadano y súbdito. África contemporánea y el legado del colonialismo tardío; en especial, Capítulo V: “La autoridad nativa y el campesinado libre”; Editorial Siglo XXI, 1996.
3. Claude Meillassoux; Mujeres, graneros y capitales; en especial Segunda Parte: “La explotación de la comunidad doméstica. El imperialismo como modo de reproducción de mano de obra barata.”; Editorial Siglo XXI.
4. Rodolfo Stavenhagen; Las clases sociales en las sociedades agrarias; Editorial Siglo XXI, 1969.
5. V. I. Lenin; Imperialismo, fase superior del capitalismo (1917); Editorial Anteo, octava edición, 1974.
6. Carlos Marx; El Capital (1867); Editorial Ciencias del Hombre, 1973.
7. Fuentes documentales e informativas, citadas a lo largo del trabajo.
[1]Lenin; Imperialismo, fase superior del capitalismo (1917); Editorial Anteo, octava edición, 1974.
[2]En especial en las Provincias de Kivu Norte y Sur, y en Ituri.
[3] Edith Papp (Centro de Colaboraciones Solidarias); El retorno silencioso del colonialismo; Rebelión (www.rebelión.org), 28 de Mayo de 2001.Remarcado nuestro.
[5]“Los datos son contundentes: Uganda, que no posee yacimientos de diamantes vendió en 2000 por valor de 1.263 millones de dólares; tampoco extrae coltán pero en 1999 exportó 69,5 toneladas. […] Uganda ha destinado 10.000 soldados regulares en apoyo de sus dos guerrillas, el MLC y la facción del CCD en Kisangani. Su negocio se centra en Bunia, donde hay minas de oro, y en la provincia de Ecuador, fronteriza con la República Centroafricana […] Tanto Ruanda como Uganda cuentan desde 1997 con el respaldo de Estados Unidos, cuyas empresas lideran el sector de las nuevas tecnologías, una industria dependiente del coltán y del germanio, otro elemento estratégico para los microchips de alto rendimiento y para el espacio (células solares). 'El germanio es más importante y escaso
que el coltán', asegura una fuente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Tal vez por ello se cotiza a 640 dólares por kilo en el mercado de materias primas de Londres, es decir, siete veces más caro que el tántalo.”; Ramón Lobo; diario “El País” de Madrid; 02/09/2001.
[6]Comité de Solidaridad con el África Negra; Madrid; 2001.
[7]Es necesaria una aclaración. Para Lenin el rasgo más importante de la época imperialista es la conformación hegemónica de capitales monopólicos. Aunque en un sentido literal estricto estos sean muchas veces oligopólicos y no monopólicos, la conceptualización leninista nos parece pertinente pues pone énfasis en la diferencia cualitativa entre este período y el anterior donde predominaba la competencia entre capitales de mucha menor cuantía. Además el concepto pone especial atención a la fusión entre capitales industriales, bancarios, comerciales y estatales, rasgo cada vez más marcado si seguimos la evolución del siglo XX. Desde esta perspectiva la competencia entre capitales no sólo continua sino que se da en niveles aún mayores, pues se trata ahora de las disputas entre capitales compuestos
(“financieros: industriales y bancarios”), de enorme concentración y gran organización, que conforman una nueva forma de producción, circulación y reproducción a nivel mundial.
[8]Estas relaciones pueden adquirir distintas formas, pacíficas o bélicas. Pero, ¿a partir de que criterios e intereses se redefinen estas relaciones? Indudablemente el primer objetivo del capital (en cualquiera de sus formas) es reproducirse en forma ampliada, es decir, seguir siendo lo que es, una forma de relaciones sociales de producción orientada a la ganancia y reproducir sus distintas formas políticas-estatales e ideológicas de dominación.
[10]Resolución 1493, Aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en su 4797ª sesión, celebrada el 28 de julio de 2003; Punto 30. Remarcado Nuestro.
[11] Ramón Lobo; Diario El País de Madrid; Septiembre de 2001.
[12]Comité de Solidaridad con el África Negra; Madrid; 2001.
[13]Los bancos cumplen en la etapa del imperialismo una función especial que es la constituir centros contables de todas las actividades productivas (de capital) por lo menos tendencialmente. Dejan de ser meros intermediarios de pagos y distintas actividades comerciales, para adquirir una importancia extraordinaria en la organización de la producción capitalista. Esta función es posible por su propia concentración (a través de fusiones, asociaciones y sobre todo de la participación en los capitales, y por lo tanto en las actividades, de bancos mas pequeños) que a gran escala se da ya a principios del siglo XX. A su vez la concentración bancaria acelera aún más la concentración industrial y comercial, modificando la relación
entre estas distintas actividades.
[15] Resolución 1493, Aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en su 4797ª sesión, celebrada el 28 de julio de 2003; Punto 8.
[16] Ídem, Punto 24: Verdaderamente toda una declaración de buenos deseos. La ironía se nos escapa por los poros cuando leemos las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, es inevitable. Léase con atención lo que hemos remarcado.
[17]La materialidad social no es para nosotros el conjunto de las “cosas” sino específicamente las relaciones sociales concretas.
[18] El término "tribu" tiene en África un sentido despectivo que se refiere a lo no occidentalizado o tradicional, pero lo usamos para designar a un grupo étnico diferenciado.
[19]Paul Lorsignol; Demain Le Monde, Belgique; Octubre de 2001.
[20]Mencionamos aquí, tomándonos de las fuentes informativas, a "bantúes" y "nilóticos". Los bantúes no constituyen realmente una etnia sino más bien un grupo lingüístico, aunque algunos etnólogos e historiadores llegaron a hablar de "raza bantú" y "cultura bantú". Pero concretamente el término define la “familia lingüística” a la que pertenecen aquellos que hablan esa lengua. Por "nilótico" se entiende al conjunto de personas y grupos que tienen su origen en el valle del Nilo. En general los primeros etnólogos atribuían ese origen a todos los negros que, a su juicio, tenían algún bagaje cultural: los negros no podían “hacer cultura”, debían habérsela “copiado” a los egipcios. De la misma manera los primeros lingüistas consideraron nilóticos a los bantúes, porque pensaban que una lengua tan elaborada no
podía ser “cosa de negros”, hoy se sabe que su origen real estuvo en alguna región de Camerún. Finalmente puede utilizarse el término bantú para diferenciar a la mayoría de los congoleños de otro grupo, el de los tuas, pero el concepto de nilótico no posee corrección analítica.
[21]Ídem. La pertinencia de las categorías es lo de menos en este comentario.
[31]De esta manera tan significativa culminan todas las resoluciones del Consejo de Seguridad.
[32] Véase por ejemplo www.elcorresponsal.org ; www.umoya.org (Federación de Comités de Solidaridad con el África Negra).También Diario “El País” de Madrid, BBC Mundo, etc.
[37]Un capital con un alto grado de concentración, produce y debe producir un excedente, tan alto como lo es su grado de concentración. La conformación de una tasa media de ganancia entre los distintos capitales así se lo garantiza, al beneficiarlo en forma proporcional a su cantidad. Pero un capital cada vez más concentrado, aumenta cada vez su composición orgánica (capital constante/capital variable: salarios), por lo que disminuye (también proporcionalmente) la fracción de plusvalor que produce como capital particular, motivo por el cual su tasa de ganancia particular también cae. La inestabilidad que nota Lenin en los grandes capitales monopólicos, ahora se nos aclara, proviene de esta situación contradictoria: los grandes capitales son cada vez más poderosos y cada vez más
débiles: imponen su fuerza en regiones alejadas de su origen y dependen cada vez más de estas regiones menos desarrolladas para su reproducción. La competencia en niveles jamás vistos queda evidenciada de esta manera en la lucha por el control de estas zonas “periféricas” - aunque se ubiquen en los propios países desarrollados- a las que se intenta exportar incluso la conflictividad social. De esta manera la misma estabilidad política de las naciones desarrolladas depende de la competencia de las grandes corporaciones.
Como la mayoría de los países emergentes, la Argentina está acumulando reservas en forma espectacular. Luces y sombras de esta política monetaria.
La economía argentina cumple con uno de los siete pecados capitales: la codicia. Cualquiera que se detenga un segundo a mirar las estadísticas sabrá de qué se trata. Solamente en los últimos 40 días las reservas del país se han incrementado en U$S 1.500 millones, con lo cual llegaron a tocar un techo de U$S 25.500 millones. Desde enero de 2003 aumentaron alrededor de un 180%. Y todo indica que el nivel seguirá creciendo por los próximos años, de no mediar ninguna crisis mundial.
El Gobierno está decidido a sostener esta política de atesorar divisas. Por un lado, es del agrado del presidente Néstor Kirchner. Por el otro, el Central dice que se trata de una acción deliberada para brindarle mayor solidez al programa económico.
Todo esto tiene, sin dudas, consecuencias sobre la economía. Expertos señalan que por primera vez en muchos años la Argentina hoy vuelve a tener
reservas "de verdad" luego de los años de la Convertibilidad. Pero las opiniones están divididas acerca de si esto es bueno o malo. En lo que sí coinciden todos es en que el Gobierno hace bien en guardar la mayor parte de los fondos en Suiza. Por lo menos ahí no corre el riesgo de sufrir un robo como el que le tocó la semana pasada al Banco Central de Brasil.
Habrá más dólares
Según datos de 2004, las reservas argentinas en términos de su producto (12,9%) son más altas que las de las dos economías latinoamericanas más grandes: Brasil (8,7%) y México (9,5%). 200 años atrás, los primeros economistas creían que un país era más rico cuanto más oro atesoraba en sus arcas. Luego esta idea quedó en desuso cuando se supo que la riqueza de un país en realidad dependía de otros factores. ¿Ha vuelto hoy la Argentina a la prehistoria económica, pensando que con más divisas se convertirá en un país más rico?
Lo primero que hay que tener en cuenta
es que esta historia arranca luego de la crisis de 2001. Las reservas cayeron de U$S 27.000 millones hasta 18.700 millones al intentar mantener la Convertibilidad. En octubre de 2002 tocaron un mínimo de U$S 8.800 millones.
El flujo de inversión externa directa y el superávit comercial que recibe hoy el país (en total unos U$S 4.000 millones por año), formarían un excedente que podría destinarse a aumentar el colchón de dólares. Según un informe del Banco Francés, entre 2006 y 2008 las reservas argentinas aumentarían 2,2% del PIB.
¿Pero por qué la Argentina seguirá acumulando más dinero? Por varios motivos. Por un lado, para continuar con la política de desendeudamiento. Por otra parte, en el Central admiten que el objetivo de la política de acumular reservas es respaldar el plan económico; o sea, mantener el tipo de cambio en niveles altos.
Buenas y malas
En el último Informe de Inflación que realiza el Banco Central se expresa que
"la acumulación de reservas internacionales puede verse como la adquisición de una garantía que permita restablecer los flujos de capitales hacia el país". Sucede que las calificadoras de riesgo asocian inversamente el nivel de divisas atesoradas con el riesgo país.
Mario Blejer, ex presidente del Banco Central, es de los que apoyan esta tesitura. Piensa que le agrega mayor liquidez al sistema financiero en su conjunto. Según este economista que reside en Londres, donde trabaja para el Banco de Inglaterra, el país todavía carga con una pesada deuda y con una dosis de incerti dumbre por parte de los inversores extranjeros. "Dada la historia de inestabilidad de nuestro país es bueno acumular como para ganar credibilidad y pasar bien el ciclo", le dijo a Clarín.
Otros analistas, en cambio, señalan que esta política tiene aspectos negativos. Por ejemplo, el riesgo que una mayor liquidez presione más sobre la tasa de inflación. Para evitar ello, el Central
interviene retirando dinero de circulación y emitiendo deuda. Según el Banco Río, el diferencial negativo entre la tasas de interés a la que el BCRA coloca sus reservas internacionales y el costo de los pasivos que emite para adquirir dichas divisas es equivalente a algo más de $ 1.500 millones anuales.
Sin embargo, si se toma una foto más amplia, la situación no aparece tan comprometida por el momento. "El resultado cuasi-fiscal sigue siendo positivo", resalta Luciano Laspina, economista de la consultora Macrovisión. Distintos cálculos privados indican que las ganancias por los redescuentos y la rentabilidad de las reservas internacionales superan en más de 400 millones de dólares los egresos del Central.
Existen otros dos puntos que no convencen demasiado a quienes desafían la acumulación de reservas. Uno es el costo de no aplicar esos fondos en inversiones con mayor rendimiento. Otro es que ciertamente un buen colchón dólares no asegura la inmunidad
económica frente a cualquier shock adverso: la Argentina de la Convertibilidad es un ejemplo claro de ello.
El nivel óptimo
El nivel óptimo de las reservas puede depender de tres cuestiones: del tipo de cambio, del perfil de la deuda de un país o de su sistema financiero. Si un país tiene un tipo de cambio fijo, entonces necesitará más divisas para defender el valor de su moneda. Si tiene una deuda con perfil de vencimiento de corto plazo, entonces le convendrá tener más dólares a su disposición para ir cancelando. Lo mismo si cuenta con un sistema financiero dolarizado.
Hoy, con un sistema de flotación (en teoría), la autoridad monetaria puede disponer de una variación tanto en las reservas como en el tipo de cambio. "Estos recursos son de más libre disponibilidad que con el 1 a 1, ahora actúan como un seguro más verdadero", opina Miguel Kiguel, economista de Ecoviews.
En el Banco Central piensan que el nivel óptimo surge de
analizar el siguiente cocktail de variables: la posibilidad de afrontar emergencias de corto plazo en las importaciones, los pagos de intereses por deuda externa, salidas de capital, evitar una excesiva volatilidad del tipo de cambio nominal y reducir el riesgo de la economía.
A nivel mundial
El fenómeno que hoy vive el país no es un caso aislado. En los últimos diez años, las reservas internacionales en el mundo han crecido de manera explosiva. La mayor parte de la nueva acumulación estuvo en manos de países emergentes y, en particular, de los asiáticos. China guarda U$S 750.000 millones (37% de su PBI), más de seis veces lo que produce la economía argentina en un año.
Distintos países de América latina están llevando a cabo esta misma política, aunque a través de diferentes mecanismos, coincidieron los economistas jefes de los bancos centrales de la región en la última reunión del Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos organizada en México semanas atrás. Por ejemplo, la Argentina y Brasil intervienen de forma discrecional (cuando el BCRA lo dispone) y México a través de una regla. En general, todos participan activamente en el mercado cambiario con el objetivo de incrementar sus arcas para poder afrontar situaciones de crisis. "Ya sean derivadas de problemas de liquidez interna o dificultades en la situación financiera internacional", aclara Hernán Lacunza, jefe de Investigaciones Económicas del BCRA.
Con el tiempo, los objetivos por atesorar reservas fueron cambiando. En los años 30 servían para respaldar el sistema de Patrón Oro. En los 60 cumplieron el rol de estabilizador los flujos comerciales para evitar los grandes desequilibrios que habían llevado al crack del 29. En los 70 para atenuar la volatilidad financiera tras el abandono de Bretton Woods.
Pero con las crisis de los 90 vino una nueva interpretación: hoy se utilizan como un seguro ante un
repentino cambio en el flujo de capitales.
Sin embargo, los analistas internacionales coinciden que en la actualidad hay sobreacumulación de reservas. Según el economista estadounidense Ben Bernanke (candidato número uno a suceder a Alan Greenspan al frente de la Reserva Federal en enero próximo), las economías emergentes han reaccionado a las turbulencias financieras de los noventa aumentando sus tasas de ahorro de manera espectacular.
Un informe de este mes del Banco de Pagos Internacionales (BIS, siglas en inglés) con sede en Suiza, señala con preocupación la alta probabilidad de que la economía mundial enfrente una nueva crisis financiera. A pesar de que las reservas del mundo totalizan alrededor de 3.800 billones de dólares, aún así aparecen dudas sobre la marcha de la economía global y el dólar como moneda de reserva.
Paradójicamente, es en el mismo BIS donde se encuentra el grueso de las reservas argentinas. Allí, en una cuenta
que no se puede embargar, están a salvo de los fondos buitres como Dart o Elliot. El BIS actúa como custodio de las reservas argentinas. Pero también como una suerte de asesor al alertar con informes como estos sobre los peligros que se avecinan. No vaya a ser cosa que a la Argentina la agarre un corralito a nivel mundial.
Fuente: diario Clarín (suplemento Económico), de Buenos Aires, Argentina; 14 de agosto de 2005.
Geografía Económica
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"En los años 90, todo el mundo le prestó dinero a EE.UU."
Mabel Thwaites Rey
(Cl, 5/5/02)
El título de una de las conferencias que usted dio en Buenos Aires es "El fracaso de la globalización". ¿Cómo lo explica?
—Como economista que soy, siento cierta vergüenza. Porque creo que, en general, los economistas se comportan como si fueran una fuente de conocimiento, pero lo que dicen entra frecuentemente en contradicción con los hechos. Es shockeante, por ejemplo, que según los economistas del FMI, el proceso de globalización del capital de las últimas dos décadas, bajo la "religión" del libre mercado, ha producido un mejoramiento de las condiciones generales del mundo y, en particular, de los países que han seguido sus indicaciones. Mi intención, entonces, fue constatar los hechos. Como el viejo Galileo, que dijo: "Ustedes
piensan que la Tierra está en el centro y que el Sol se mueve. Vamos a ver con el telescopio". Y yo quería aportar el telescopio de los hechos económicos.
¿Qué resultados obtuvo?
—Partí de comparar el crecimiento mundial durante dos partes del período posguerra, para ver si en realidad el mundo creció más bajo el régimen neoliberal, de libre mercado de capitales, que lo que había crecido antes. Y la respuesta es que no. Hice un cálculo muy simple: sumé todos los productos brutos del mundo, en términos de dólares reales, para hacer la comparación de la producción mundial. Tomé dos períodos. El primero es el que se inicia alrededor del 1952 y llega hasta 1973. Este es el llamado "período de oro" del capitalismo mundial. En esos años la expansión de la economía mundial fue del 150%. Es decir, 10% anual. Si hacemos una comparación con el período posterior al crash de 1974, advertimos que la tasa de crecimiento entre 1975 y 1990 fue de 70%. Es decir, menos de la mitad.
¿Y qué pasó durante los años 90?
—Fue muy diferente de los 80. En este período, el crecimiento total fue del 20%. Esto representa un exiguo 1,5% anual. Es decir, el problema era de la tasa de crecimiento de la producción mundial y provocó la intervención neoliberal (el GATT, la Ronda de Uruguay, la formación de la Organización Mundial del Comercio), y la nueva política del FMI. Pero la intervención no sólo no mejoró este problema, sino que lo empeoró. Esto significa que las condiciones actuales de expansión mundial son peores, no solamente respecto del período de oro, sino de los años 80. Esto genera un gran problema, porque, desde el punto de vista de los estadounidenses, su país tuvo una expansión masiva de las acciones, de las bolsas, de la producción.
Si Estados Unidos crece y el resto del mundo no, ¿qué está pasando?
—El período de los años 90 se distingue de los anteriores en el siguiente sentido: los Estados Unidos crecieron a expensas de casi todo el resto del mundo. En los años 80 hubo una expansión americana acompañada por una expansión japonesa y en el sudeste asiático, pero con disminución de la producción en el tercer mundo y, comparativamente, en Europa. En los años 90, en cambio, únicamente la economía estadounidense crecía rápidamente y todo el resto del mundo disminuía o no crecía tan rápido. Con ciertas excepciones muy importantes, sobre todo China, que creció —y sigue haciéndolo— más rápido que todo el resto del mundo, inclusive los Estados Unidos. Tomando el mundo que entra en el mercado de capital (y no únicamente en el mercado de los bienes), hubo una pérdida relativa en la mayor parte de los casos, en comparación
con EEUU.
¿De qué otra forma puede medirse esta disparidad?
—Otra cosa que ilustra esto es la situación en las bolsas. Hice un cálculo sobre las bolsas de las economías emergentes, como Hong Kong, India, Indonesia, Mala sia, y también América latina, los países del Tercer Mundo y de Europa del Este. Supongamos que en 1993 usted hubiere invertido cien dólares, en cualquier economía emergente. Hoy valdrían menos, con excepción de China. Es más, usted hubiera perdido absolutamente el valor del capital invertido. Esto significa que el capital de dos tercios del mundo no está creciendo. nicamente lo hace en los países desarrollados, de manera impactante. Por ejemplo, estos cien dólares invertidos en los Estados Unidos valdrían, en el punto más alto (alrededor de julio de 2001), cuatrocientos dólares. En la fase que suponemos la peor de la Bolsa americana (tras los atentados de setiembre), esa
inversión valdría unos doscientos cincuenta dólares. Quiere decir que hay un crecimiento absoluto del capital americano, a expensas del resto del mundo. No tanto de Europa, pero sobre todo de Japón, donde estos cien dólares valdrían ahora ciento diez.
¿Qué implicaciones tiene esta asimetría?
—Lo que se produjo fue un boom de inversión en los Estados Unidos. Y esto ha cambiado la relación entre este país y el resto del mundo. Porque ellos quisieron expandirse sobre la base de modificar su productividad interna. Pero para hacerlo les hacía falta una inversión enorme. Y el problema es que su ahorro nacional es negativo: el consumidor no financia esta expansión de la inversión. Entonces, ¿de dónde viene? Del resto del mundo. Durante los años 90 no hubo sector del mundo que no estuviera prestando dinero a los Estados Unidos para financiar su inversión. Sobre todo los países del sudeste asiático y los del tercer mundo. Es vergonzoso que los países más pobres estén financiando esta inversión de EE.UU.
¿Qué podemos deducir de todo esto?
—Que la función real de la liberalización de los mercados de capital era chupar todos los ahorros de los pueblos del mundo para financiar la inversión en la economía estadounidense. En realidad, quizás esto hubiera constituido un progreso si hubiese producido una nueva fase de expansión mundial, como en los años 50. Pero no fue así. Al revés, ha deprimido la producción y la inversión en todo el mundo y no ha revertido el déficit comercial estadounidense. De estos hechos se deduce, aun sin teoría, que el rol del capital financiero estadounidense es esencialmente parasitario. Porque no adelanta la situación de la humanidad ni, incluso, la producción capitalista. Adelanta sólo las ganancias personales de los sectores financieros de los Estados Unidos. Y este es el marco en el cual cualquier país del mundo, sobre todo la Argentina, debe orientarse para
encontrar una política que pueda hacer avanzar su producción y su progreso social.
¿Es por eso que usted dice que fracasó la globalización?
—El efecto de la globalización fue, por un lado, que no recuperó la economía de los Estados Unidos de la manera esperada y hoy parece más fuerte, pero realmente es más débil que antes. En segundo lugar, creó condiciones de catástrofe social y política en amplias regiones del mundo, que se convirtieron en ingobernables. Este es el problema clave: hay lugares en los cuales el dominio del capital no está garantizado, porque estos países se vuelven ingobernables. La conclusión a la que llegó la administración Bush es que no era suficiente usar estas instituciones internacionales, y que tendrían que acompañar las acciones en el mercado con operaciones directamente políticas.
¿Esto no implica exhibir poderío?
—Si, pero es un signo de debilidad. Cuando usted encuentra a alguien en la calle que quiere pelear, no significa que es fuerte. Quien es fuerte no necesita pelear. El débil pelea para establecer su superioridad, porque está en cuestión. Entonces, ¿qué vemos? Una intervención más o menos belicoso-militar, como el ataque en Afganistán, cuyo tamaño era mucho más grande que lo que correspondía a la amenaza actual del terrorismo, y buscaba una dominación geoestratégica de la región. La mira principal no es Afganistán, sino China y Rusia. Esta fue la intención real. Entonces, tomaron regiones enteras y apoyaron las intervenciones militares más bárbaras del mundo, como la de los israelíes. Tomaron la decisión consciente de que la dominación es más importante que la paz.
¿Quiere decir que se agotaron los recursos de legitimación ideológico-política?
—Y financiera. Entonces, se vuelven más y más un poder que quiere compensar su debilidad económica e ideológica sobre la base de intervenciones políticas armadas. Eso explica el apoyo que dan directamente a las políticas golpistas, como en Venezuela, que ya empezaron a preparar en octubre. Hay artículos que se pueden leer en la prensa americana, donde está documentada la preparación de un golpe en Venezuela. Y el Plan Colombia. También impulsan una intervención mucho más abiertamente política del FMI.
¿Es esa línea la que aplica el Fondo Monetario en la Argentina?
—El Fondo representa, cada vez más, los intereses abiertos de los sectores financieros estadounidenses. La intervención en la Argentina fue política. Está claro. Aunque el enviado Anoop Singh haya dicho que es sólo técnica, al plantear que hay que reformar leyes está haciendo una clara intervención política. Y veamos qué leyes quiere reformar. La Ley de Quiebras: con ello pretende favorecer directamente los intereses de los americanos que quieren comprar a bajo precio las empresas que ahora son de propiedad argentina o europea. Esto es una guerra entre sectores dominantes. Y el FMI entra directamente en esta lucha, llamada comercial, para favorecer el interés de un sector específico, el americano, en relación con el otro sector.
¿Y la supuesta racionalidad técnico-económica que debería primar en los consejos del Fondo?
—No existe. Es una intervención abiertamente política, vergonzosa. Las organizaciones financieras internacionales no son neutrales. De hecho, están más o menos directamente vinculadas a los intereses de grandes grupos del capital, como si fueran negociantes de ellos. Por eso son abiertamente portadores de sus reivindicaciones en la discusión con los países. Esto es acompañado por un discurso cada vez más colonial. En The Wall Street Journal, por ejemplo, se pueden leer artículos, durante las últimas semanas, donde se dice abiertamente que en el mundo los estados inviables no pueden gobernarse, por lo que es necesario que se sometan directamente a la dirección externa.
Algunos economistas estadounidenses ya lo propusieron para la Argentina.
—¡Como si ustedes fuesen un pueblo inferior a la humanidad! Ellos se arrogan el derecho, en nombre de la civilización, de dirigir al resto del mundo. Esto es un discurso directamente colonial. Es un regreso al período del imperialismo clásico, el que va desde 1893 y la Primera Guerra Mundial, del ''14. El mismo discurso, los mismos métodos, el intento de dominar regiones utilizando acciones de guerra o instrumentos financieros.
Se ha hecho evidente que las promesas de las reformas neoliberales en los países emergentes no se materializaron.
—Es cierto. Sin embargo, la conclusión que sacan los ortodoxos no es que falló la teoría, sino que fue mal o insuficientemente aplicada. Le cortan el pie y luego lo culpan por no poder caminar. El problema es que no deberían haberle cortado el pie. Tras el fracaso, han abandonado la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de la gente. Les plantean a la mayor parte del mundo resignarse al empobrecimiento y están pensando cómo dominar a ese planeta con una mayoría empobrecida. Han abandonado la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de los pueblos del mundo.
¿Cree que es allí donde se inserta la visión neocolonial?
—Exactamente. Hay regiones y países en todo el mundo en los cuales los pueblos están tan agotados, desde el punto de vista ideológico, político, económico, que no son más gobernables con los parámetros neoliberales. Se los ve como estados inviables, en los cuales inevitablemente encontraremos terroristas. Entonces, para protegerse, EE.UU. tiene que prepararse para intervenir en todos estos países. Allí está la lógica de dominación y de recolonización.
¿Y esta estrategia puede ser efectiva?
—Desde el punto de vista de los propios Estados Unidos es irracional, porque los recursos que gastan en la dominación podrían usarlos para recuperar su productividad, para invertir en su país. Cuanto menos inviertan en su propia productividad, cuanto más chupen los ahorros del resto del mundo, cuanto más depriman los estándares de vida de la población mundial, cuanto más desestabilicen la situación política, más recursos tendrán que gastar en la dominación, en la guerra. Es una situación estructuralmente inestable, que sigue una lógica que se refuerza: más dominación, menos inversión; menos inversión, más necesidad de dominar. Esto es muy peligroso para la humanidad.
( * ) Alan Freeman: economista inglés experto en finanzas internacionales. Profesor de la Universidad de Greenwich y asesor del alclade de Londres, Ken Livingstone.
Fuente: diario Clarín, de Buenos Aires, Argentina; 5 de mayo de 2005.
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Alan Greenspan, el poderoso jefe de la Reserva Federal (Banco Central) de Estados Unidos, se está despidiendo. En enero dejará su cargo después de 18 años en los que la economía mas grande del mundo casi no paró de crecer.
Pero el viernes, los mercados temblaron después de escucharlo hablar sobre la temida burbuja inmobiliaria. Haciéndose eco de lo que numerosos economistas vienen advirtiendo en los últimos meses, Greenspan dijo que los valores de las casas y otros activos no van a seguir aumentando: "Lo que la gente percibe como una abundante liquidez puede desaparecer rápidamente".
Sus críticos observan que si el mercado inmobiliario cayó presa de la especulación, es precisamente a causa de la política de crédito fácil que impulsó Greenspan. Pero sus defensores responden que ni siquiera la poderosa Fed puede controlar las tasas
de interés de largo plazo que se aplican a las hipotecas.
En EE.UU:, los bancos han llegado al extremo de ofrecer créditos a "sólo interés", es decir sin exigir la amortización del capital, confiando en la continua valorización de las propiedades. Y financian el 100% del precio de las viviendas, más un 5 o 10% adicional para los costos de hipotecas y otros gastos.
Si la burbuja llegara a estallar, muchos temen que la economía estadounidense se precipite a una recesión. El asunto es determinar cuándo y en qué forma. En diciembre de 1996, Greenspan lanzó una célebre frase cuando advirtió que el aumento en los precios de las acciones era el reflejo de una exuberancia irracional de los mercados. La burbuja de Wall Street estalló cuatro años más tarde.
Habrá que ver si ahora hay que esperar tanto. Según Paul Krugman, esto podría ocurrir en marzo de 2006.
En cualquier caso, Greenspan ya no estará en su cargo cuando esto suceda. Su legado
quedará para los tres candidatos a reemplazarlo: Martin Feldstein (ex asesor de Ronald Reagan), Ben Bernanke, el actual asesor de Bush y Glenn Hubbard, decano de la escuela de negocios de la Universidad de Columbia.
Fuente: diario Clarín (suplemento económico), de Buenos Aires, Argentina; 28 de agosto de 2005.
Geografía Económica
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HASTA AHORA, NADIE en Estados Unidos y Gran Bretaña le atribuye a Osama Bin Laden la creación del huracán Katrina, que asoló la costa estadunidense del golfo de México. Osama aún no posee la capacidad de controlar el clima, pese a lo bien que maneja el montaje del terrorismo trasnacional islámico.
LEJOS DEL RUDIMENTARIO reduccionismo economicista tan errático en materia energética, con o sin el huracán Katrina, la metodología del análisis "multidimensional" (herramienta que empleamos para nuestro libro por aparecer Los cinco precios del petróleo) esperaba una elevación sensible del crudo y, sobre todo, del gas, seguidos del alza del oro y la plata, así como de la caída imparable del dólar.
ANTES DE SU lastimosa despedida a finales de año, Alan Greenspan, quien sucumbió a la frivolidad mediática (su actual esposa es Andrea Mitchell, la polémica reportera de NBC, propiedad de General Electric, hasta el año pasado la primera trasnacional planetaria y que será desbancada este año por la petrolera texana Exxon-Mobil), no tiene más remedio que reconocer el inminente estallido de la burbuja de los bienes raíces que el solvente economista Paul Krugman, desde su tribuna de The New York Times, vaticina que será a inicios del año entrante o a más tardar en dos años.
EN EL MUNDO existen pocas opiniones públicas tan intoxicadas por la desinformación como la estadunidense, lo cual se reflejó con la delirante recepción durante un partido de béisbol que le dieron a su conspicuo verdugo, el "gobernador" de la Reserva Federal, quien pasará a la historia como el aniquilador del dolarcentrismo y el modelo pernicioso del monetarismo centralbanquista.
GREENSPAN ES YA el sepulturero de la globalización financiera feudal y del liderazgo financiero de Estados Unidos, al que desfondó mediante la creación de múltiples burbujas especulativas fomentadas por la expansión de la masa monetaria y un crédito barato. El estallido de su enésima burbuja, la de los bienes raíces, representará el tiro de gracia del efímero orden unipolar que intentó perpetuar por la vía militar el unilateralismo bushiano detenido en Irak. Para aquellos que todavía duden de la agonía de la globalización financiera feudal, recomendamos el reciente libro El colapso de la globalización, del enorme filósofo canadiense John Ralston Saul, que debe formar parte del acervo cultural de los sensatos tomadores de decisiones a escala planetaria.
LOS IMPERIOS SE resquebrajan en varios sitios, y Greenspan simboliza en las finanzas y la economía lo que representan Richard Cheney en la gobernación, Donald Rumsfeld en el militarismo, y Baby Bush en la puerilidad del poder.
EN LA FASE de transición turbulenta del orden unipolar al incipiente nuevo orden multipolar, cada vez se asienta más la correlación inversamente proporcional entre la debilidad del dólar y el alza del petróleo (además del gas, el oro y la plata). Hace exactamente un año Fred Bergsten, director del influyente Instituto de Economía Internacional (IIE, por sus siglas en inglés), en un sonado artículo, que en su momento abordamos en Bajo la Lupa ("Los riesgos por delante de la economía mundial", The Economist, 9 de septiembre de 2004), refirió los "cinco riesgos que amenazan a la economía mundial", que parecen haberse conjugado: tres propios de Estados Unidos -"déficit de cuenta corriente que lleva al derrumbe del dólar" (Nota: en The Financial Times del 24 de agosto vaticina otra caída de 20 por ciento del dólar); un "presupuesto fuera de control", y la "irrupción del proteccionismo comercial"-, y otros dos ajenos a Estados Unidos: un probable aterrizaje duro de China y
una alza de 60 a 70 dólares del barril de crudo, "o un precio mayor, aun sin una interrupción política o terrorista". Bergsten cita al muy solvente economista especializado en energía Philip Verleger, quien "ha concluido que tal 'combinación letal' puede empujar el precio de 60 a 70 dólares el barril el próximo año o los siguientes dos, quizá excediendo el récord de 1980 en términos reales (Nota: que con inflación sería de más de 82 dólares el barril) (...) Los precios se dispararían todavía más si eventos políticos o terroristas afectan la producción en Medio Oriente, la antigua URSS o en otra parte".
ESTA SITUACION ES ampliamente conocida por los banqueros y petroleros anglosajones, quienes controlan el duopolio bursátil donde se cotiza el oro negro: la Bolsa Mercantil de Intercambio de Nueva York (Nymex, por sus siglas en inglés) y la británica Intercambio Internacional de Petróleo (IPE, por sus siglas en inglés), las cuales, a nuestro humilde entender, manipulan a su antojo los precios mediante los ominosos hedge funds ("fondos de cobertura de riesgo"). Tal parece que pueden cumplirse las prospectivas de la correduría estadunidense Goldman Sachs (con doble asiento en el duopolio bursátil del Nymex y el IPE), de 102 dólares el barril y un promedio de 60 dólares el año entrante, de Osama (144 dólares, en su fascículo clandestino publicado en Beirut), y de Matthew Simmons (182 dólares), el inversionista texano en energía muy cercano a la dupla Cheney-Bush.
EN UN INOLVIDABLE artículo en The New York Times (primero de diciembre de 2004), el israelí estadunidense Thomas Friedman cita a Philip Verleger, quien vincula la manipulación del precio del petróleo a factores de orden geoestratégico más que al simplismo de la oferta y la demanda: "en noviembre de 1985, el petróleo se cotizaba a 30 dólares el barril (...) En julio de 1986 cayó a 10 dólares, y no volvió a subir a 20 dólares hasta abril de 1989" (Nota: año de la salida del ejército soviético de Afganistán). Según Verleger, "todo el mundo piensa que Ronald Reagan derrotó a la URSS. Esto es falso. Fue más bien el colapso de sus rentas petroleras". Y Friedman remata que "no fue accidente que la década de los 90 haya sido la del derrumbe de los precios del petróleo y los muros políticos". El llamado "choque petrolero" de 1985 fue debido a un acuerdo secreto entre Estados Unidos y Arabia Saudita para inundar el mercado petrolero por la vía del dumping, mientras Washington
soltaba furibundamente sus reservas estratégicas, que en suma descuartizaron los ingresos petroleros de la URSS, sumida en la estagnaflación y empantanada en Afganistán. Cuatro años después del deliberado "choque petrolero", la URSS era expulsada de Afganistán y se derrumbaba el Muro de Berlín. Dos años más tarde, la URSS se desintegraba y Estados Unidos imponía la globalización financiera feudal mediante el decálogo neoliberal del delirante Consenso de Washington, que despedazó a Latinoamérica, el sureste asiático y Africa.
SI RESULTAN CORRECTOS los asertos de Verleger, entonces queda claro que una abrupta baja desmedida de 30 dólares el barril a 10 dólares en el lapso de un año, es decir, un diferencial de 20 dólares, no es producto de la oferta y la demanda, sino más bien de factores geoestratégicos manipulables.
SERA EL SERENO o será Katrina, pero la realidad es que en la fase paradigmática que vivimos los precios del petróleo se han disparado y el dolarcentrismo se ha desplomado. Philip Verleger, miembro de importantes agrupaciones gubernamentales y del influyente Consejo de Relaciones Exteriores, analiza puntualmente que el escenario presente se parece mucho al de los finales de la década de los 70 (cuando se disparó 10 veces), además de otros factores, que incluyen la fuerte demanda de India y China.
SOLIA DECIR San Agustín que el precio justo de las cosas sólo Dios lo conoce. Un precio realista en condiciones normales y sin turbulencias debería estar entre 30 y 40 dólares el barril, como desea la mayor parte de la OPEP, que no quiere matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Se puede volver a desplomar el barril de sus alturas estratosféricas cuando el destino alcance su paroxismo? Es notorio que el influjo de los fondos de inversiones ha excedido la capacidad del mercado, que ha creado una "burbuja energética" que se autoperpetua por la inestabilidad tanto geopolítica como financiera (el derrumbe del dólar). En forma persuasiva, Verleger aduce que existe una "burbuja energética" y que los bancos centrales poseen "pocas herramientas" para paliar la situación. Sin embargo, puede suceder que "si se permite una mayor alza en los precios, será mayor el riesgo de una debacle energética de los hedge funds que lleve los precios a niveles inesperadamente bajos". Es cierto:
todas las burbujas acaban por estallar y, a nuestro juicio, en la fase presente es factible que Greenspan haya trocado la burbuja de los bienes raíces por la nueva "burbuja energética", en particular la del gas, en la que fincó sus apuestas terminales para los próximos cinco años.
EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS paradigmáticas, es muy peligroso para la seguridad nacional de México que su petróleo y gas sean manejados por la kakistocracia ("el gobierno de los peores") del neoliberalismo monetarista centralbanquista, que perdió su apuesta sobre un precio regalado del petróleo (v. gr. Luis Téllez Kuenzler, bisagra del hankismo tropical con el salinismo, el zedillismo y el foxismo, y representante del texano Grupo Carlyle, quien proclamó un precio de 6 dólares el barril ante un Congreso todavía más ignaro, donde destacaron los aldeanos perredistas, los entreguistas priístas y los apátridas panistas).
MAS TARDARON LA semana pasada Agustín Carstens (en su nuevo puesto en el moribundo FMI), y Francisco Gil Díaz (fanático monetarista de los Chicago Boys, y bisagra del zedillismo y el foxismo en la Secretaría de Hacienda), en proferir la "transitoriedad" y la "fuerte caída" que los precios rompían todas las barreras sicológicas de todos los tiempos. El cordobista Carlos Hurtado López y el desorbitado Vicente Fox Quesada habían vaticinado (sic) un precio de 23 dólares el barril para este año (¡!). ¿Por qué se equivocan tan grotescamente los ridículos adictos al neoliberalismo monetarista centralbanquista? Porque sencillamente no entienden el nuevo mundo que vivimos, y mucho menos captan los alcances multidimensionales de los simultáneos "cinco precios del petróleo", lo cual los hace ineptos para gobernar en cualquier rincón del planeta.
Fuente: diario La Jornada, de México D.F., México; 31 de agosto de 2005.
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A finança mundializada - raízes sociais e políticas, configuração e conseqüências
Livro revela a face real da globalização neoliberal: uma intrincada rede de interesses construída pelos mercados financeiros internacionais, sob a necessidade voraz de reprodução do capital que gera ilusões de riqueza, desestrutura países e estimula guerras em nome do lucro.
As relações e conseqüências dos poderes do mercado financeiro são analisadas e questionadas nesta coletânea organizada por François Chesnais, continuação e atualização de A mundialização financeira - gênese, custos e riscos, também lançado no Brasil. O autor virá a São Paulo e Rio de Janeiro para lançamento do livro.
Em A finança mundializada, Chesnais e mais 11 autores de diversas áreas da economia dissecam as relações entre mercado-financeiro e a hegemonia (militar, política, no mercado de câmbio etc.) norte-americana. Os riscos da combinação da grande dependência externa da superpotência com uma doutrina de segurança agressiva de guerras “preventivas”. Na disputa política-econômica mundial, os autores questionam se a Europa representa de fato uma “alternativa” ou se é apenas um ponto de apoio para o capital financeiro em investimentos na região, na América Latina e na Europa Oriental. Uma disputa não de modelo, mas apenas de concorrência entre as praças financeiras de Frankfurt, Paris e Londres.
O livro expõe a insaciabilidade do capital financeiro e sua relação estreita com o capital industrial. Mamadou Camara e Pierre Salama propõem uma análise diferenciada da inserção dos países em desenvolvimento na globalização e assim como dos efeitos contraditórios ou “paradoxais” dessa inserção.
Catherine Sauviat e Dominique Plihon estudam os efeitos nocivos dos fundos de pensão, que passam para o mercado financeiro os recursos e a responsabilidade das aposentadorias dos trabalhadores, modelo defendido pelas reformas da previdência do PT no Brasil e de Bush nos Estados Unidos.
Os autores tratam também dos efeitos da crise financeira de 1990 no Japão, e porque suas conseqüências são sentidas até hoje em uma das economias mais fortes do mundo. No último capítulo, Luc Mampey e Claude Serfati abordam as perspectivas sombrias do entrelaçamento entre mercado financeiro e do complexo militar-industrial nos Estados Unidos
A evolução das relações entre as tecnologias militares e civis – em particular nas tecnologias de informação e de comunicação – e o comprometimento entre as instituições políticas (sobretudo aquelas que fazem parte do executivo) e os grupos financeiros do complexo industrial-militar, ainda mais após a eleição da G. W. Bush e o 11 de Setembro de 2001.
Os autores perguntam-se se os mercados financeiros não estariam em vias de colocar a inevitabilidade de novas guerras e de novas operações militares em seu horizonte de cálculos, em forjar de algum modo um “compromisso” nas bolsas de valores, em torno de uma “guerra sem limites”. Seus rendimentos não seriam fundados sobre a frágil base da especulação imobiliária, mas sobre o cálculo de que somente a supremacia militar pode permitir aos Estados Unidos se protegerem dos contragolpes sociais e políticos que um modo de produção e de consumo “insustentável” gera para o planeta como um todo.
A finança mundializada explica, com ensaios que dialogam e completam uns aos outros, a face real da globalização neoliberal: uma intrincada rede de interesses construída pelos mercados financeiros internacionais, sob a necessidade voraz de reprodução do capital que gera ilusões de riqueza, desestrutura países e estimula guerras em nome do lucro.
François Chesnais é professor emérito da Universidade Paris XIII e membro do conselho científico da Association pour la Taxation des Transactions pour l’Aide aux Citoyens (Attac).
A finança mundializada – raízes sociais e políticas, configurações e conseqüências François Chesnais (org.) Prefácio de Luiz Gonzaga Belluzzo Tradutores: Rosa Marques e Paulo Nakatani 256 páginas
Fuente: Agencia Carta Maior (Br).
Geografía Económica
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Su sucesor en la presidencia de la Fed enfrentará una tarea tan difícil como la que él encontró en el año 87
Alan Murray The Wall Street Journal
31/8/05
¿Habrá hecho demasiado bien su trabajo Alan Greenspan? Ese parecía ser el mensaje clave durante la conferencia de la Reserva Federal, celebrada la semana pasada bajo los grandes candelabros de la sede del Banco de la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming.
La sesión anual se convirtió casi en una canonización del presidente de la Fed, cuyo mandato de 18 años ha navegado exitosamente por el colapso del mercado accionario, una crisis financiera global, una burbuja en el sector bursátil y los ataques terroristas del 11 de septiembre, lo cual le dejó apenas un par de modestas recesiones como cicatrices.
Pero fue el propio Greenspan quien le quitó brillo a su halo dorado.
El "largo período de estabilidad económica", dijo, ha "alentado a los inversionistas a aceptar niveles cada vez más bajos de compensación por el riesgo". Además advirtió en tono inquietante que la historia "no ha reaccionado amablemente a los prolongados períodos de primas de bajo riesgo".
Esa es la forma de hablar de Greenspan para decir que su éxito puede haber engendrado su propio fracaso. O, traducido al francés: Après moi, le deluge.
La mayoría de las personas con edad suficiente recuerdan dónde estaban cuando John F. Kennedy fue asesinado, o cuando el primer hombre llegó a la Luna. Yo recuerdo dónde estaba cuando Alan Greenspan fue nombrado presidente de la Reserva Federal. Estaba en Seattle, visitando a un legislador estatal —que más tarde se convirtió en miembro del Congreso— llamado Jack Metcalf, que estaba librando una campaña para abolir el banco central. Metcalf veía a la Fed como la raíz del mal y consideraba que el mal era inminente. Era propietario de una cabaña de madera repleta de provisiones de supervivencia y tenía miles de dólares en monedas de plata enterradas cerca de allí. Este no era un hombre que tomara el riesgo económico a la ligera.
Pero ésas eran otras épocas. Estados Unidos había atravesado un vertiginoso período de inflación de dos dígitos, seguido de tasas de interés del 20% y luego una recesión aplastante. Los tiempos difíciles eran fáciles de recordar.
Hoy es diferente. Ningún desafío económico parece demasiado desalentador, ningún riesgo demasiado amenazante. Los inversionistas son complacientes.
Sienten poca necesidad de enterrar lingotes en sus jardines. Firman grandes cheques a fondos de cobertura amantes del riesgo, toman préstamos para casas enormes o compran acciones de Google. Están convencidos de que el futuro no será demasiado diferente del pasado reciente, y que cualquier problema económico puede ser resuelto.
La prueba de ello está en el mercado. Hay tanto dinero en busca de activos de riesgo que los retornos por las operaciones arriesgadas casi han desaparecido.
La diferencia entre las tasas de interés de los papeles del Tesoro de EE.UU. y de los bonos corporativos, por ejemplo, se ha vuelto sorprendentemente pequeña, como si estas compañías fuesen un poco más vulnerables al fracaso que el gobierno federal. Del mismo modo, el mercado de opciones les está dando a los inversionistas muy poco a cambio de tomar riesgos.
Un experimentado gestor de fondos de inversión, que ha estado en la vanguardia de creación de técnicas para obtener elevados retornos tomando riesgos calculados, dijo que en 20 años "nunca he visto tanta escasez de oportunidades de inversión. Los precios de los distintos activos de riesgo han sido llevados a niveles que prometen retornos que no son suficientes como para compensar a los inversionistas adecuadamente".
El problema es que el mundo sigue siendo un lugar de mucho riesgo. Y cuando llegue el próximo gran problema, los inversionistas complacientes pueden encontrarse con grandes desilusiones.
¿Cuánto mérito, o culpa, merece Alan Greenspan por toda esta complacencia?
Curiosamente, el rol del presidente de la Fed es, por encima de todo, generar confianza.
En realidad, la junta de la Reserva Federal no hace demasiado. Sus integrantes se reúnen cada seis semanas para decidir si elevar o no las tasas de interés un cuarto de punto porcentual. El resto del tiempo, los pasillos de mármol de sus oficinas parecen un mausoleo.
Más que lo que hacen, lo verdaderamente importante es cómo hacen sentir a la gente. Greenspan ha logrado que el público tenga confianza en el futuro de la economía. Eso, a su vez, genera más inversiones, mayor productividad y más crecimiento económico.
Pero en el proceso, ¿les ha dado demasiada confianza y así sembrado la próxima crisis? Esa es la pregunta con la que tendrá que lidiar su sucesor.
Vale la pena recordar que cuando Greenspan tomó el mando hace 18 años, muchos dudaron de que pudiese llenar el vacío que dejaba su predecesor, Paul Volcker.
Los mercados inmediatamente pusieron a prueba su temple. Durante los primeros 90 días en el cargo, el dólar bajó en picada, cayeron los precios de los bonos, Greenspan se vio obligado a elevar la tasa de descuento por medio punto porcentual y hubo una crisis del mercado accionario. Su sucesor no lo tendrá mucho más fácil.
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Invita a «prepararse para cuando explote la mayor burbuja inmobiliaria de la historia»
El prestigioso semanario británico «The Economist» estima que los precios de la vivienda en España están sobrevalorados un 50%, cifra similar a la de Gran Bretaña y Australia, según un análisis sobre el mercado inmobiliario mundial publicado en su último número y citado por Servimedia.
En su informe, «The Economist» insiste en su tesis de que existe «la mayor burbuja inmobiliaria de la historia» e invita a «prepararse para cuando ésta explote». «La única esperanza», agrega el semanario, «es que en un futuro los propietarios tengan que vender por diferentes motivos y esto les haga bajar los precios hasta lograr la venta».
«The Economist» ve, además, tres factores que pueden ayudar a una caída de los precios nominales de los pisos: las casas están sobrevaloradas; la inflación es más baja, y mucha más gente ha comprado casas como inversión. «Durante los próximos cinco años algunos países
tendrán una bajada de los precios» de la vivienda, augura la revista británica.
El 2004 fue el octavo año en que, de forma consecutiva, subieron los precios de la vivienda en nuestro país. El ciclo comenzó en 1997, cuando la recuperación económica tuvo un impacto negativo en los precios de la vivienda y los precios subieron un 3,4%. El fin de la crisis económica y la carestía de alternativas de inversión llevaron a muchos ciudadanos a pensar en la vivienda como alternativa para obtener beneficios de su dinero.
Año tras año batiendo records. Si en el 2000 se registró la mayor subida en una década (12,5%), en 2002 se experimentó la mayor subida desde 1989, (14,7%) multiplicando por siete la inflación prevista por el Gobierno. En 2003 el ciclo alcista continuó hasta alcanzar la mayor subida en 14 años y la más fuerte desde que comenzó el boom inmobiliario.
La idea de una sobrevaloración de los precios de la vivienda lleva varios años vigente, ya en agosto de 2003
el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España vaticinó en que la ‘burbuja’ estallaría a medio plazo, con una bajada en los precios de hasta el 30% cuando “la desproporción de la oferta se coma la demanda futura”, quizás el momento en el cual saltaron todas las alarmas sobre un posible desinfle del mercado inmobiliario a corto plazo, fue en junio de 2004. El pistoletazo de salida fue un reportaje de la revista ‘The Economist’ donde se denunciaba el aumento del 121% de los precios de la casas en España entre 1997 y 2004, sólo superado en Europa por el mercado irlandés.
La revista económica hablaba de un posible ‘pinchazo de la burbuja’ tanto en España, como en Reino Unido, Holanda, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Su principal argumento era que el incremento de los precios de las casas no había sido paralelo al de los salarios y los alquileres, lo que podría hacer que a corto plazo el mercado se desinflara de forma brusca, hasta en un
30%.
El propio Fondo Monetario Internacional (FMI), con Rodrigo Rato al frente, alertó meses después del riesgo de una “inminente” y “brusca” corrección del precio de la vivienda.
En 1987 adquirir una vivienda requería 3 veces el salario medio, en 2004 hacía falta 8
El precio de la vivienda ha crecido catorce veces más
que los salarios desde 1987
Agencias/Rebelión
16/7
¿Quiere un piso? Pida 14 aumentos de sueldo
Un dato puede resumir, a juicio de CC.OO., el problema de acceso a la vivienda en España: el precio medio se ha multiplicado por cinco en términos nominales en el periodo 1987-2004 (+130.3% deducida la inflación). Mientras tanto, los salarios en el mismo periodo sólo se han duplicado en euros nominales (+9,6% sin inflación). El precio de la vivienda en términos reales ha crecido casi catorce veces más que los salarios de las personas que deberían acceder a esas viviendas. Este mayor esfuerzo queda reflejado en el índice que relaciona el salario bruto con el precio medio de una vivienda. En 1987 adquirir una vivienda en propiedad de noventa metros cuadrados requería 3,4 veces el salario bruto medio. En el año 2004 era necesario destinar 8,2 veces el salario bruto medio para poder adquirirla.
Los precios de la vivienda están protagonizando su segundo ciclo expansivo de los últimos 20
años. En ambos casos (1986-1991 y 1999-2004) han ido asociados a periodos de intenso crecimiento económico. La anterior fase de subida de los precios de la vivienda coincidió con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea y la posterior entrada de la peseta en el Sistema Monetario Europeo. La más reciente ha coincidido con el proceso de acceso a la Unión Monetaria y con la plena puesta en circulación de la moneda única.
Efecto de arrastre de la vivienda nueva
Las viviendas nuevas que se construyen son una minoría en relación con el parque residencial existente (suponen el 3% del total existente). Sin embargo las viviendas nuevas construidas ejercen un efecto de arrastre y la evolución de su precio de venta es la que determina el precio de compraventa del resto de las viviendas, que al ser bienes sustitutivos (vivienda nueva y usada) tienden a igualar sus precios, manteniendo un diferencial en función de la
calidad y antigüedad de la vivienda, entre otros factores.
En el periodo 1980-2003 se han construido 7.566.700 viviendas, mientras que el número de hogares sólo se ha incrementado en 2.750.000, de lo que resulta una diferencia de 4.816.700 viviendas (63,6% del total) cuyo uso ha sido dirigido a renovar el parque, segunda residencia o permanecer desocupada. Las cifras muestran de forma bastante rotunda, la ausencia de prioridad concedida al acceso a la vivienda habitual en la política de construcción de vivienda aplicada en este periodo de tiempo, primando su vertiente de actividad productiva.
La actual fase de crecimiento en los precios se ha traducido, por tanto, en un encarecimiento del 107% nominal del metro cuadrado construido, es decir, el precio se ha duplicado en tan sólo seis años y seis veces superior a la subida registrada por los salarios. Sin embargo, la evolución del precio de la vivienda desde 1987 ha presentado diferencias acusadas en función del tamaño del municipio donde se ubica. Por ejemplo, los municipios de mayor tamaño y sus áreas de influencia han registrado incrementos en los precios de sus viviendas sensiblemente superiores a los de municipios más pequeños.
Madrid lo más caro
Madrid cuenta con unos precios más altos, un 80% más que la media nacional. Mientras que los núcleos urbanos de Barcelona y Bilbao se sitúan igualmente por encima del precio medio, aunque por debajo de Madrid. En concreto, en Madrid un metro cuadro cuesta de media más de 3.000 euros, en Barcelona cerca
de 2.800 euros y en Bilbao por encima de los 2.500 euros.
CCOO, además, considera en su informe que el otro grave problema existente en la adquisición de una vivienda es la falta de atención que los poderes públicos conceden al alquiler y a sus precios. Las cifras manejadas por el Consejo Económico y Social de España, actualizadas hasta 2002, cifran el precio medio del alquiler en algo menos de 630 euros al mes. Cantidad que supera los 800 euros si la vivienda es de nueva construcción.
Geografía Económica
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Nuevo contrato social en América Latina, basado en el empleo
Nancy Birdsall y Rachel Menezes(*)
Foreign Affairs en Español Julio-Septiembre 2005 Volumen 5, Número 3
En la década de 1990 América Latina adoptó con firmeza el paquete de reformas económicas que llegó a conocerse como Consenso de Washington. Las políticas pusieron énfasis en la estabilización de precios para reubicar a los países en desarrollo en una senda de crecimiento sustentable, y en medidas de ajuste estructural para volver más eficientes y competitivas sus economías. Pero después de más de una década de reformas de mercado abierto y renovadas políticas democráticas, ha habido escaso crecimiento o progreso social en la región, lo cual ha causado una espiral de ansiedad y profunda frustración en los países. La actividad económica de los cinco últimos años creció sólo 2.4% en promedio, en comparación con el 3.8% mundial, y a 3% en la década de 1990. La proporción de los pobres, que había estado disminuyendo, se ha incrementado a partir de 2000, no sólo en Argentina, donde las tasas de pobreza se han duplicado, sino también en Bolivia,
Perú, Uruguay y Venezuela. La desigualdad de ingreso sigue siendo alta. Encuestas de opinión pública realizadas por Latinobarómetro muestran latinoamericanos cansados de austeridad fiscal, de los niveles sin precedente del desempleo, y resentidos con la privatización y otras llamadas reformas del Consenso de Washington.
Esta creciente ansiedad refleja en parte los desafíos planteados por la globalización. Pero también se hace eco de que los beneficios de la reforma no han sido compartidos por todos. Si bien el incremento del gasto social en la década de 1990 benefició a los pobres hasta cierto grado, las reformas económicas del Consenso de Washington beneficiaron sobre todo a los que ya eran ricos y tenían los mejores estudios, sin generar crecimiento ni empleos. El consiguiente ajuste de los hogares de la clase trabajadora y de medianos ingresos en zonas urbanas ha conducido a un sentido más acusado de inseguridad y a una creciente oposición a las reformas de
mercado.
Los resultados de la reforma han desatado un acalorado debate entre economistas y funcionarios respecto de las deficiencias del Consenso de Washington: si las reformas son la causa del magro crecimiento y el pobre desempeño social de la década de 1990, y dónde pueden residir algunas de las fallas del paquete de reformas. En este artículo sugerimos que el principal problema del consenso original fue la falta de preocupación por la secuencia de las propuestas y por la forma en que impactarían los resultados en términos de empleos, crecimiento y desigualdad. Ponemos de relieve una zona clave que faltó en la reforma -- los mercados de trabajo -- y formulamos preguntas sobre el problema del rezago en la reforma laboral por las implicaciones que las demás reformas estructurales tienen sobre la igualdad. Por último, para volver a las políticas que aseguren la creación de empleos, miramos más allá del Consenso de Washington hacia un nuevo contrato social de economía abierta,
conectado a las aspiraciones de la vasta mayoría de hogares de clase media que están cerca de la pobreza, cuya participación es clave para lograr crecimiento y fortalecer la democracia. Este contrato pondría énfasis en el manejo fiscal firme y transparente; en impuestos y gastos que sean más progresivos; en creación de empleos y protección de los derechos de los trabajadores, y en incremento del acceso a los mercados globales, inclusive mediante la colaboración regional.
LOS HOGARES POBRES Y DE MEDIANO INGRESO SE QUEDAN A LA ZAGA
La inseguridad económica es difícil de evitar en las economías abiertas de hoy. Pero tres sombrías realidades latinoamericanas indican la necesidad de poner mayor atención al problema del mercado de trabajo en la mayoría de los países, y de un nuevo contrato social, políticamente visible y más explícitamente "justo", basado en el empleo y en la economía abierta.
Primero, el crecimiento
del empleo ha sido extremadamente débil, lo cual aumenta la inseguridad entre los hogares de medianos ingresos. El empleo y el mercado de trabajo no formaron parte de la agenda reformadora de la década de 1990 y, en retrospectiva, estuvieron sorprendentemente ausentes del discurso político. Los esfuerzos por cuantificar la extensión de las diferentes reformas en la región pusieron la reforma laboral al último y con la menor importancia, incluso ya en 2005. Sin embargo, recientes encuestas de actitudes muestran que la falta de empleos y los bajos salarios son ahora las principales preocupaciones en América Latina, adelante de la corrupción, la delincuencia y otros problemas sociales.
Las tendencias del mercado de trabajo son causa de inquietud. El desempleo ha crecido de 5% en 1990 a 11% en 2003, el mayor nivel jamás registrado en la región. Las tasas fueron persistentemente altas a lo largo de la década, incluso durante el temprano repunte del crecimiento económico. Al mismo
tiempo, la proporción de trabajadores cubiertos hoy por las normas laborales y la protección social (alrededor de 40%) es menor que a principios de la década de 1990, lo cual vuelve particularmente doloroso el desempleo en la región. En México y Argentina, más de 60 y 80%, respectivamente, de los desempleados que encuentran trabajo no reciben beneficios de seguridad social.
La creación de empleos ha sido muy débil y se ha concentrado sobre todo en actividades de baja productividad. Entre 1997 y 2002 el empleo creció menos de 2% al año en la región. Durante la década de 1990 el incremento fue de sólo 2.2% anual, sin mantenerse al ritmo del crecimiento de la población en edad de trabajar. Durante el mismo periodo muchos países registraron incrementos relativos en la proporción de empleos considerados de baja calidad, como el trabajo de tiempo parcial involuntario, el empleo temporal, el autoempleo y los trabajos en empresas muy pequeñas. En todas partes persiste un gran sector
informal, en el que la productividad laboral es baja y los trabajadores carecen del mínimo de protección y beneficios.
Por último, los indicios de las encuestas en hogares sugieren que se ensancha la brecha entre trabajadores con educación superior y los que tienen estudios primarios y secundarios. Los salarios han aumentado mucho más aprisa para quienes tienen estudios más allá de secundaria que para la mayoría que cuenta con menor nivel de estudios. En Brasil y Colombia la sobretasa salarial para trabajadores con educación primaria y secundaria cayó de hecho durante la década de 1990, en tanto la sobretasa para trabajadores con estudios universitarios u otros de nivel postsecundario se elevó sustancialmente. Igualmente preocupante es el descenso en el diferencial salarial entre trabajadores con secundaria respecto de los que tienen primaria, al punto de que la educación secundaria, con su alto costo de oportunidad en salarios perdidos, puede ya no parecer atractiva a
adolescentes que no ven perspectivas de continuar hasta completar estudios postsecundarios.
En segundo lugar, los hogares de medianos ingresos no son de "clase media" para nada, sino más bien pobres. En la década pasada, los mercados globales han traído inseguridad económica a hogares de medianos ingresos en todas partes. Pero la ansiedad es particularmente aguda para ese grupo en América Latina, porque las personas de medianos ingresos son demasiado pobres como para que las llamen "de clase media". En Estados Unidos la mediana de ingreso nacional es de 90% del ingreso nacional promedio. En contraste, en Honduras la mediana de ingreso per cápita entre 1989 y 1996 fue menor que la línea de la pobreza, que el Banco Mundial fija en dos dólares diarios. En Brasil, la mediana de ingreso per cápita fue de más o menos la tercera parte del ingreso nacional promedio en la década de 1990. En Chile, la mediana de ingreso anda por la mitad del ingreso promedio.
Los niveles de
salud y educación de los hogares de ingreso mediano están asimismo muy por debajo de cualquier cosa que pudiera esperarse de la clase media en el sentido occidental del término. En Perú, durante la década de 1990, casi 20% de los niños menores de cinco años en hogares de medianos ingresos eran de baja estatura para su edad. En Bolivia, los menores de tres años en el quintil más pobre de los hogares tenían más probabilidades de ser de baja estatura que los del quintil más pobre de Ghana. La mediana del nivel educativo de los adultos bolivianos es todavía de menos de dos años. En Argentina está apenas arriba de cinco años, es decir, primaria incompleta.
Como tantos hogares de medianos ingresos están cerca de la línea de la pobreza, incluso las dificultades económicas de corto plazo pueden empujarlos a la pobreza. En Argentina y Venezuela, los problemas económicos de los cinco últimos años crearon toda una clase de nuevos pobres: ahora hasta 41% de todos los hogares en
Argentina, y 69% en Venezuela, cuentan como pobres. En Brasil, entre 1981 y 2002 hubo una caída de 6.5% en el número de asalariados que reportaban ingresos por arriba de 1000 reales (346 dólares), y un incremento de 5.4% en el de los que reportaban ingresos debajo de 500 reales (173 dólares).
En tercer lugar, aun cuando los hogares de medianos ingresos y pobres recibieron grandes beneficios con la reducción de la inflación, las reformas estructurales de la década de 1990 los aplastaron. La reducción del gasto público, la cancelación de deuda (incluida en los procedimientos de privatización) y la mayor firmeza de la política monetaria y cambiaria redujeron la inflación en los noventa, así como la volatilidad en países que escaparon de la crisis financiera de finales de esa década. Análisis de los efectos de las reformas estructurales -- liberalización comercial y financiera, apertura de mercados de capital, privatización y desregulación -- indican que, en general, América
Latina estaría en peores condiciones sin ellas. El ingreso per cápita y la producción podrían haber sido más bajos, la volatilidad más alta y la pobreza más profunda. Por otro lado, los beneficios visibles de las reformas estructurales han sido pequeños en términos de crecimiento, y se han concentrado en su mayor parte en quienes tienen mayor nivel educativo y activos inicialmente mayores.
AUSENTE: REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO
La reforma del mercado de trabajo ha ido a la zaga de otras emprendidas en América Latina (ver gráfica), presumiblemente porque el énfasis en la "flexibilidad" del mercado de trabajo ha sido muy amenazador en términos políticos para lo que queda del contrato social anterior a la década de 1980, basado en la protección del empleo en el sector industrial. Los mercados de trabajo en la región (con excepción de Chile y, en algunos aspectos, Uruguay) están sobrerregulados y son muy ineficientes, con
rígidas prácticas laborales que favorecen a un pequeño grupo de trabajadores calificados sobre la mayoría de trabajadores no calificados, de jóvenes y mujeres.1 Las rigideces laborales se volvieron aún más asfixiantes con la pérdida de flexibilidad de los salarios reales en la década de 1990, conforme desaparecían las políticas de "muletas" que (irónicamente) proporcionó la inflación.
En retrospectiva, el fracaso en atender las rigideces del mercado de trabajo probablemente socavó el éxito de las aperturas del comercio y del mercado de capitales, así como de la privatización. El impacto de esas reformas sobre la productividad y el crecimiento del empleo fue modesto por muchas razones, entre ellas la incapacidad de evitar la apreciación de la tasa de cambio. Las rigideces laborales probablemente complicaron los problemas, por ejemplo (según estudios del FMI y el BID) al reducir la capacidad de las empresas de adaptarse a cambios en el entorno económico y dificultar el ajuste
al colapso financiero y otras crisis de la década de 1990.
Las rigideces del mercado laboral también minaron la creación de empleos, de modo que los efectos de otras reformas no sólo fueron menos eficientes de lo que pudieron ser, sino menos aceptables en términos políticos. En sociedades que comienzan con altos niveles de desigualdad y mercados de trabajo altamente segmentados, no es probable que las nuevas oportunidades de mercado alcancen a quienes carecen de activos educativos, económicos y otros. Los países de la región que han liberalizado otros mercados, pero no el laboral, vieron incrementos en el tamaño del sector informal, pero no en salarios o en productividad, al caer el costo del capital, pero no el del trabajo. Debido probablemente a que el trabajo calificado tiende a ser complementario del capital en la producción, pero no el no calificado, la demanda de trabajo calificado en el sector formal se incrementó mucho más aprisa que la de trabajo no calificado, lo
cual contribuyó a ensanchar la brecha entre las retribuciones a la educación superior y las de la educación primaria y secundaria, y la distancia salarial entre los empleos de alta y baja paga.
En muchos países (entre ellos Argentina, Perú, Colombia y Brasil), los esfuerzos por atender las rigideces laborales se limitaron a la introducción de reformas parciales, como contratos de trabajo temporal y por tiempo determinado sin beneficios o incentivos para capacitación. Los resultados han sido más distorsiones y desigualdades (por ejemplo, mayor distancia salarial entre trabajadores protegidos y temporales, reducción del acceso y de la movilidad a empleos de mejor calidad para jóvenes, mujeres y trabajadores no calificados), sin los beneficios de incremento del empleo o disminución del desempleo.
ELEMENTOS DE UN NUEVO CONTRATO SOCIAL
Al elaborar el contrato social, conjuntamos tres elementos relativos a la política
interna, y uno a las políticas de las economías avanzadas. Este contrato social parte de la premisa de que las economías latinoamericanas permanecerán abiertas para explotar los beneficios potenciales de la integración a la economía global. Pero también reconoce que el proceso de integración producirá perdedores al igual que ganadores, y continuará ayudando sólo a una pequeña minoría de hogares de la región. Además, poner tanta confianza en el ahorro externo y la resultante vulnerabilidad a crisis financieras y de otra índole podrían continuar creando una inestabilidad que lesiona no sólo a los pobres, sino a una porción mucho mayor de hogares no ricos.
En primer lugar, un contrato social de economía abierta implica un nuevo énfasis en creación de empleos y protección de los derechos de los trabajadores. La situación de bajo ingreso de los hogares que supuestamente son de mediano ingreso en la mayoría de países es causado por la incapacidad de crear más empleos en el sector
formal. Los mercados de trabajo de la región, pese a estar sumamente reglamentados, no logran proteger a la gran mayoría de los trabajadores. La regulación se centra en la seguridad en el empleo, no en los derechos de asociación o negociación colectiva que permitieran a los trabajadores negociar directamente con los empleadores. Existe escaso o ningún apoyo público durante los lapsos de desempleo, puesto que pocos países cuentan con esquemas de seguro de desempleo que abarquen toda la sociedad. Irónicamente, las indemnizaciones por despido resultan una regulación costosa para los trabajadores. Como se aplican sólo a quienes están cubiertos por contratos de beneficios totales en el sector formal, su generosidad está fuera de la realidad, y conduce a los empleadores a encontrar formas de evitar pagarlas, lo cual desalienta la creación de empleos, así como la seguridad y calidad de los mismos.
Un contrato social que sea significativo para los hogares de medianos ingresos no
puede ya pasar por alto el problema del "empleo". Un nuevo contrato social de economía más abierta, basado en el empleo, implica asignar un alto valor a crear empleos en vez de protegerlos y, por lo tanto, al ingreso y consumo de la gran mayoría de hogares. El énfasis debe ponerse en proteger la movilidad en el empleo, no la seguridad, y los derechos de todos los trabajadores. Significa tomar en cuenta que los empleos no sólo se refieren al ingreso, sino también a la dignidad y a ocupar un lugar en la sociedad.
Proteger la movilidad en el empleo no necesita descansar en un seguro de desempleo como el que es común en las economías más ricas, el cual requiere mayor capacidad para financiarlo de manera contracíclica de la que tienen la mayoría de países en este momento. Puede construirse sobre un programa autofinanciable de aportaciones obligatorias de empleadores y empleados a cuentas individuales, las cuales pueden integrarse en fondos de retiro. Chile ha desarrollado un
sistema así, financiado y portátil, de cuentas de trabajadores individuales que pueden utilizarse para el seguro del desempleo, así como para un grupo limitado de otros retiros de efectivo por parte de los trabajadores afiliados, por ejemplo para comprar una casa. Un esquema colectivo o solidario financiado por los empleadores y el Estado rinde beneficios (seguro parcial) a los trabajadores con fondos insuficientes en sus cuentas individuales. Este enfoque podría proporcionar un sustituto real para los niveles de salarios mínimos, las indemnizaciones excesivas por despido, los beneficios pensionarios rígidos y otros privilegios que obstruyen el empleo formal debido a su alto impacto en los costos laborales. Además podrían diseñarse sistemas de aseguramiento de la salud, contra el desempleo y de pensiones para los trabajadores del sector informal. España ha tenido éxito en instaurar programas en dichas áreas para los autoempleados.
Además, es necesario proteger los derechos de
negociación colectiva de todos los trabajadores, junto con programas regulatorios para asegurar que los propios sindicatos sean genuinamente democráticos, lo cual permitirá que los trabajadores individuales sean escuchados. Los trabajadores del sector informal también necesitan programas que brinden un mínimo de seguridad económica.
Las restricciones políticas a la reforma laboral en América Latina son desalentadoras. Pero jamás se ha dicho que la política sea una barrera imposible para la reforma en áreas que la comunidad de desarrollo y funcionarios gubernamentales consideran realmente importantes, como la estabilización macroeconómica y la apertura de mercados. Con excepción de Chile, las leyes del trabajo en América Latina son las más restrictivas de cualquier región. Sin duda es posible volver más flexibles y dinámicos los mercados de trabajo (y mejorar la suerte de los trabajadores no calificados) dentro de las restricciones políticas existentes.
En segundo
lugar, y también esencial para el contrato social, está una política fiscal radical, destinada a crear una sólida base impositiva y tasas de interés más bajas. Esto implica, sobre todo, voluntad y habilidad política durante los días de bonanza para reducir la deuda pública. La palabra "radical" se usa a propósito para dar a entender que la norma para América Latina, con su negativo historial de inflación y deficiente manejo de deuda, debe ser más alta que para Estados Unidos y Europa. Con la sola excepción de Chile, todos los países de la región han tenido un déficit fiscal global de 1993 en adelante, y por tanto no pueden escapar a la carga de generar superávit durante los años de crecimiento para los años por venir. Condiciones económicas más favorables en tiempos recientes han permitido a muchos gobiernos fortalecer su posición fiscal. Sin embargo, la deuda pública en la región sigue siendo muy alta, muy arriba de la proporción deuda-PIB de 25 a 30% considerada sustentable en el
tiempo para mercados emergentes.
Los superávit fiscales son esenciales para el contrato social por dos razones. Un endeudamiento público reducido ayudaría a mantener tasas de interés más bajas, lo que a su vez podría elevar la inversión privada y la creación de empleos. Las tasas de interés reales en América Latina promediaron más de 10% durante la década de 1990, en comparación con alrededor de 5.6% en Estados Unidos y 6.3% en el sudeste de Asia. De 2001 en adelante, las tasas se han reducido ligeramente contra un trasfondo de inflación relativamente baja (excepto en República Dominicana y, en menor grado, Colombia). Pero siguen siendo relativamente altas, de casi 9%, en comparación con el promedio mundial de 2%. Reducir las tasas de interés será fundamental para generar empleos para la gran mayoría de la fuerza de trabajo que tiene estudios limitados en América Latina. Su impacto positivo en la capacidad de endeudamiento de las empresas alentaría las inversiones y el
crecimiento que crean nuevos empleos.
Además, el ahorro público (por ejemplo, un superávit fiscal) permite una política contracíclica para proteger a los pobres y a la clase media durante periodos de retroceso económico. Durante las recesiones en países desarrollados, los gobiernos incrementan el gasto para adoptar medidas que constituyan una red de seguridad social para sus ciudadanos. El incremento del gasto puede en ocasiones generar un déficit fiscal que a su vez contribuya a estimular una economía estancada. En cambio en América Latina los gobiernos no pueden responder con una política contracíclica semejante. Pocos países cuentan con sectores financieros locales capaces de absorber más deuda, excepto a altos costos, y pocos inspiran suficiente confianza en los mercados externos para obtener créditos en tiempos de dificultad. En algunos casos, ensanchar el déficit fiscal puede socavar más la confianza y conduce a elevar aún más las tasas de interés. Irónicamente, la
mejor manera de profundizar los mercados locales de crédito y mejorar el acceso al crédito externo es manejar una cadena de superávit fiscales cuya sustentabilidad sea demostrable.
Tercero, un contrato social de economía abierta requiere un sistema fiscal justo, que vuelva más progresivos los impuestos y el gasto. Por el lado de los impuestos, existen por lo menos dos aspectos. Uno es que en la mayoría de países latinoamericanos el 10% de hogares más rico paga pocos impuestos. Las lagunas y la evasión son la norma. En Argentina, Chile y Guatemala a mediados de la década de 1990, los hogares más ricos tenían una carga fiscal de no más de 8% de su ingreso, aun cuando las tasas impositivas eran en teoría mucho mayores. La recaudación general de impuestos no puede ser sino pobre cuando los hogares que controlan más de 50% del ingreso contribuyen tan poco en impuestos.
América Latina se apoya fuertemente en el impuesto al valor agregado (IVA), el cual, junto con otros
impuestos al consumo, representa 60% de los ingresos totales en la región, en comparación con alrededor de 30% en Europa. Pese a diversas excepciones en productos básicos como alimentos y medicinas, este impuesto, así como otros basados en el consumo, como los que se fijan a la producción y al comercio, tienden a ser regresivos. Recaban un porcentaje mayor de los ingresos de los pobres que de los ricos, en buena parte porque los pobres gastan una proporción mayor de su ingreso que los ricos. Los impuestos aplicados sobre la nómina -- con una tasa de más de 15% en la mayoría de los países -- son altos (lo cual desalienta aún más la creación de empleos en el sector formal) y también regresivos. Además, al igual que el IVA el impuesto sobre la nómina es invisible, y los ciudadanos no se dan cuenta de su carga: no puede encarnar para los latinoamericanos la otra cara del contrato social entre el Estado y los ciudadanos, en el cual éstos asumen la responsabilidad de financiar al Estado y
exigen cuentas a los representantes políticos de un gobierno responsable y que dé respuestas.
Para implantar políticas fiscales más visibles y progresivas no se requiere elevar las tasas impositivas marginales. Se requiere, primero y sobre todo, reducir la evasión (sobre todo de los impuestos al ingreso y a la riqueza), eliminar lagunas y exenciones, y mejorar la administración fiscal. Implica reducir los impuestos aplicados sobre nóminas, lo cual incrementaría la recaudación tanto de dichos gravámenes como del IVA (mediante la reducción de la evasión) y contribuiría a disminuir los niveles de informalidad. También podría implicar un incremento en el impuesto sobre ventas de bienes suntuarios o la reimplantación de un modesto gravamen a las importaciones, aplicado en el mostrador para fines de ingreso más que de protección, e instaurar otros tributos progresivos como el impuesto predial (que implicaría invertir en administración fiscal municipal), el impuesto al ingreso por
bienes en el extranjero y un impuesto al activo bruto, el cual podría tratarse como un impuesto mínimo a las empresas (deducible del impuesto sobre la renta), como en México. El ingreso resultante sería estabilizador, al aumentar en épocas de bonanza y reducirse en las de recesión.
La mayoría de los economistas avalan la visión de que los sistemas fiscales no deben llevar la carga de la redistribución del ingreso, la cual debe manejarse del lado del gasto. Pero de hecho Estados Unidos y la mayoría de sociedades en Europa se apoyan en los impuestos para crear cierta progresividad, y con mayores ingresos fiscales pueden gastar más en salud, educación y otros medios de contribuir al ingreso real de los no ricos. En América Latina los ingresos fiscales en la mayoría de los países promedian sólo alrededor de 18%, lo cual limita ese gasto (Brasil es una excepción; allí los ingresos tributarios representan 33% del PIB). Así, un objetivo clave en la región debe ser incrementar la
recaudación colectiva global y al mismo tiempo evitar empeorar la regresividad.
Del lado del gasto, la mayoría de países de la región administran una distribución del gasto, sobre todo en inversiones sociales, que es más progresiva que la distribución del ingreso. Pero en algunos países, sectores importantes del gasto, como las pensiones civiles o militares, son tanto ineficientes como injustos. En México, a finales de la década de 1990, las obligaciones futuras del sistema de pensiones civiles se estimaban como la tercera parte del sistema reformado. En Brasil, el déficit del sistema de servicio civil, que sólo cubre a 10% de los pensionados, constituye alrededor de 3.5% del PIB. Como indicó Anne Kruger, del FMI, en un discurso reciente: en un país que lucha por sostener una meta de superávit fiscal primario de 4.25% del PIB, ésa es una enorme carga fiscal, la cual además, si no hay una reforma, crecerá a medida que la población envejezca. Si bien las reformas impulsadas en
2003 son un paso en la dirección correcta, ahorran sólo alrededor de 0.2% del PIB. Algunas de estas obligaciones serán cubiertas al final por contribuyentes futuros. Eso significa que trabajadores más pobres tendrán probablemente que subsidiar a otros más privilegiados.
Por último, un contrato social requiere acceso a los mercados de los países ricos. Un contrato social basado en el empleo y en el crecimiento en una economía abierta requiere la apertura, no sólo de las economías de la región entre sí, sino también de los mercados externos. Por lo menos parte de la inestabilidad que ha sido tan costosa para hogares de mediano ingreso y para los pobres se reduciría en la región si tuviera mejor acceso a los mercados estadounidense y europeo. Por ejemplo, el mayor crecimiento de las exportaciones de Brasil en tiempos recientes ha contribuido a reducir sus necesidades de endeudamiento externo, lo cual a su vez disminuye su vulnerabilidad al riesgo de una súbita detención de los
créditos de prestamistas externos. La liberalización del comercio ha sido en demasiadas ocasiones una calle de un solo sentido, pues los subsidios, las cuotas y las leyes sobre el dumping, así como los requerimientos técnicos (fitosanitarios, ambientales y demás), han dificultado a los exportadores latinoamericanos alcanzar los mercados estadounidense, europeo y japonés.
Además, los empleos creados en sectores como la agricultura, el calzado y los textiles incrementarían la demanda de mano de obra menos calificada. Los beneficios de integrarse a la economía global se verían así incrementados para la vasta mayoría de hogares en los que los adultos cuentan aún con relativamente escasos estudios. Si bien no existen indicios sólidos de que la liberalización comercial en la región haya lesionado a los pobres, existen pocos de que los haya favorecido, en parte porque los mercados de las economías avanzadas están menos abiertos a la agricultura y el vestido.
El contrato
social que vislumbramos se vería impulsado por un régimen comercial global más liberalizado. Éste es el argumento "social" en respaldo del cual deben unirse las naciones latinoamericanas en el contexto de la negociación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y en la Ronda Doha sobre comercio multilateral.
CONCLUSIÓN
América Latina ha emprendido un conjunto de cambios en la dirección de economías de mercado más abiertas y competitivas. Los beneficios del crecimiento de ese paso importante necesitan complementarse y reforzarse ahora con un segundo paso: un contrato social adaptado a las oportunidades y vulnerabilidades de las economías abiertas y con un fuerte enfoque en el empleo y el crecimiento. Esto implica, primero y sobre todo, poner énfasis en el mercado de trabajo que estimule la movilidad laboral en vez de proteger empleos; una administración fiscal radical, con reformas en ingresos y egresos, y presión
sobre Estados Unidos y las otras economías avanzadas para abrir sus mercados. Junto con las políticas tradicionales en favor de los pobres, sobre todo el aumento de las oportunidades de educación, un contrato social más amplio contribuiría a atender el profundo sentimiento de injusticia que ha causado la alta desigualdad en la región, y reavivar la esperanza de que los mercados abiertos y las instituciones democráticas puedan reforzarse entre sí.
( * )
NANCY BIRDSALL es presidenta del Center for Global Development; RACHEL MENEZES es especialista en temas sociales y económicos en Diálogo Interamericano.
NOTA
1 Si bien la seguridad en el empleo está menos protegida en Uruguay (por ejemplo, las transferencias obligatorias a trabajadores son bajas, etc.), los costos totales de las regulaciones laborales son aún relativamente altos (bien arriba de los de Chile y de la mayoría de países desarrollados), sobre todo por los altos gravámenes sobre nómina (aportaciones al seguro social).
Gentileza de Marie Christine Lacoste (Fr).
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La competitividad de la soya boliviana ¿Ilusión o realidad?
Bishelly Elías Argandoña
(Cipca).- Las noticias recientes de que Venezuela ha decidido otorgar preferencias arancelarias a Estados Unidos al igual que las otorgadas a los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para la venta de soya, ha caído como un balde de agua fría a nuestros agroindustriales soyeros, y no es para menos, puesto que Bolivia comercializa el 75% de la producción soyera hacia Venezuela, siendo el principal comprador de tortas, grano, y aceites de soya boliviana.
La soya aporta el 6% del PIB boliviano, ocupa el segundo lugar en las exportaciones, después de los hidrocarburos, representando casi una cuarta parte de las exportaciones, el año pasado ha generado 387 millones de dólares y cada año genera 45.000 empleos directos sin contar el sector de transporte y comercio. Las 973.000 hectáreas cultivadas en la última campaña representan más de un tercio de la superficie cultivable, en su gran mayoría (77%) son pequeños productores, quienes cultivan entre 1 y 50 Has, un 21% son medianos -entre 51 y 1000 Has- y un 2% son grandes productores con superficies mayor a 1000 Has.
Nuestro país es el principal proveedor de soya y derivados dentro de la Comunidad Andina, donde llegamos a exportar el 82% del complejo oleaginoso. Esto se debe a las preferencias arancelarias de la CAN que han mantenido la competitividad de los precios de la soya boliviana respecto a los grandes productores como Estados Unidos, Brasil o Argentina. Esta situación ha permitido la expansión de nuestras exportaciones e incluso el incremento de las importaciones de grano de soya para industrializarlo y re-exportarlo a este mercado preferencial.
Si comparamos nuestros costos de producción con los de los principales países productores -Estados Unidos, Argentina o Brasil- Bolivia tiene los mayores costos de producción, pero no necesariamente por los costos directos, sino por los elevados costos y las condiciones del transporte vecinal, regional y fluvial que encarecen el coste final de la soya y sus derivados. Por ello la apertura de los países de la CAN otorgando un trato en igualdad de condiciones a terceros países, en este caso Estados Unidos, significa una disminución de la demanda de soya boliviana, y la perdida de nuestros ingresos por exportación. No obstante y a pesar de la impugnación a Venezuela ante la CAN, este no es un sueño lejano sino una realidad latente, las negociaciones del TLC Andino y los acercamientos de integración CAN – MERCOSUR previenen que en los próximos años nuestras frágiles ventajas comparativas van a desaparecer.
Si Hugo Chávez, busca un acercamiento económico con Estados Unidos, es un tema en el que tenemos poco poder de intervención, lo que debe alarmarnos es la fragilidad que significa para nuestro principal producto agro-exportador.
Ante esta situación, los exportadores bolivianos están buscando alternativas para incrementar la productividad del grano de soya, una de ellas ha sido la de probar en la última campaña con la siembra de semillas transgénicas R-R, para poder abaratar los costos de producción. En un estudio reciente, FOBOMADE señala que la producción con semilla R-R realizada en Argentina no incrementa la productividad ni ha logrado disminuir sustancialmente los costos excepto para grandes superficies, en nuestro caso aún si esta semilla lograra mejoras en la productividad nuestros costos seguirán siendo mayores que los de nuestros vecinos y no lograremos resolver nuestros problemas más estructurales.
Por el momento la intervención de la CAN ante Venezuela, puede significar la resolución del conflicto soyero en el corto plazo, sin embargo la ilusión de competitividad del grano de soya boliviano tiende a disiparse en los siguientes años, por ello se debe tener una política exterior que genere alternativas de comercio de largo alcance, primero ante el eminente temor de los países de la CAN de que estemos aprovechando nuestra posición de nexo entre MERCOSUR y la CAN para re-exportar productos agrícolas hacia la Comunidad Andina, para ello debemos ir con una postura clara y estratégica de vínculo comercial, energético y caminero; por el otro lado, nos queda la tarea de disminuir los costos de transporte, mejorando los tramos camineros y negociando con nuestros vecinos sobre los fletes fluviales y el proyecto Puerto Bush que todavía nos queda pendiente como corredor exportador. Por último, la política agropecuaria no debe enfocarse solo
en la búsqueda de mercados para la soya sino en mejorar la competitividad de nuestra producción para el mercado, dejando atrás nuestro complejo monoproductor.
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Múltis dividem latino-americanos na "guerra da banana"
Assis Moreira De Genebra
Jornal do Brasil
As multinacionais americanas Chiquita e Del Monte entraram em rota de colisão na "guerra da banana" travada pelo Brasil e outros oito países da América Latina contra a União Européia (UE). Está em jogo uma boa fatia dos US$ 5 bilhões anuais do comércio internacional da fruta mais popular do planeta. A guerra da banana entre os produtores da América Latina e a UE, que tenta reservar seu mercado sobretudo a fornecedores de suas ex-colônias na África, Caribe e Pacífico (ACP), já dura mais de 10 anos.
A briga envolve o futuro regime de importação europeu, depois que a Organização Mundial do Comércio (OMC) condenou em 2004 o atual regime pelo qual Bruxelas impõe tarifa de 75 euros por tonelada na entrada da banana latino-americana dentro de uma cota que necessita de licença de importação. A alíquota vai a 680 euros/toneladas fora da cota. Já o produto das ex-colônias européias é isento da taxa.
Para
atender à OMC, a UE anunciou este ano que adotaria tarifa única de 230 euros/tonelada. Acabariam a cota e as licenças de importação que estimulam um mercado paralelo. Um grupo de nove países latinos, incluindo o Brasil, contestou o valor de 230 euros na OMC e obteve vitória. Agora, a UE propõe baixar a tarifa única para 199 euros a partir de 2006 para a banana da América Latina - valor ainda considerado muito alto para permitir as exportações.
Ao mesmo tempo, Nicarágua, Honduras e Panamá passaram a "ventilar" em Genebra uma negociação alternativa com a UE envolvendo um "regime transitório" para os europeus baixarem gradualmente a tarifa. Segundo alguns negociadores, o projeto é inspirado pela Chiquita, maior exportadora mundial de banana, com forte presença nesses países. O embaixador do Panamá junto à OMC, Norman Harris, limitou-se a dizer: "A negociação é confidencial, mas cada país tem que avaliar seus próprios interesses".
Já o porta-voz mundial da Chiquita,
Michael Mitchell, confirmou a "posição consistente" da empresa que se assemelha ao projeto dos três países: "Para nós, ou a UE aplica tarifa única abaixo de 75 euros , ou então preferimos o 'status quo' até que ela possa realmente reduzir a alíquota".
Ocorre que para a Del Monte o "status quo" só beneficia a Chiquita, que teria 50 milhões de licenças de importação na Europa. Mas só usaria 30 a 40 milhões delas, vendendo o restante no mercado paralelo a US$ 3 por caixa da banana. Já a Del Monte exportou 24 milhões de caixas à Europa, mas precisou comprar outras oito milhões de licenças de importação no mercado paralelo num custo adicional de US$ 24 milhões, segundo fontes da empresa.
A Chiquita nega que negocie licença de importação. "Usamos tudo o que temos", afirmou Mitchel. Afirmando não se "lembrar" do número de licenças, ele disse que a empresa exportou 60 milhões de caixas para a Europa em 2004.
A Del Monte se mobiliza junto a outros governos para que se
mantenham firmes na exigência de tarifa única européia. Única das múltis americanas do setor que investe atualmente no Brasil, a Del Monte voltou a advertir o governo brasileiro que paralisará seus investimentos no Nordeste se a disputa com a UE não resultar em tarifa única. "Esperamos que o governo brasileiro priorize a criação de empregos e renda no Nordeste", disse um executivo da empresa. Fontes do Itamaraty reiteram que a posição é de "firmeza" pela tarifa única. Negociadores em Genebra asseguram que, apesar de diferenças, o grupo dos nove tem conseguido alinhavar posições comuns até agora contra a UE.
Enquanto se enfrentam na "guerra da banana", Chiquita, Del Monte e Dole estão sendo acusadas na Europa e nos EUA de acordos fixando preços altos preços em detrimento dos consumidores.
Gentileza de Marie Christine Lacoste.
Geografía Económica
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La estrategia geoeconómica de un monopolio europeo
Industria siderúrgica Arcelor va por la punta
Desde Brasil –su sede off-shore – la mayor acería de la UE ya se perfila como la número uno a nivel mundial. Apunta a China, Rusia, India, Turquía y EE.UU., la frutilla del postre.
Con sede en Luxemburgo, es el gigante siderúrgico europeo, y no oculta sus ansias de expansión internacional. Según su director general, Guy Dollé, este año casi el 30% de los beneficios procederán de Brasil, donde se invertirán u$s 3.000 millones hasta 2007. Una presencia clave en la estrategia de la compañía, con costo logístico limitado. "Somos líderes en América latina. En Brasil tenemos la intención de terminar antes del verano el reagrupamiento en el seno de un holding de todas nuestras participaciones en siderúrgicas brasileñas", aseguró al diario francés La Tribune. Una verdadera vuelta de timón para revertir su reciente cedido liderazgo mundial a Mittal Steel, la mayor siderúrgica del mundo. Dollé considera que 2005 “será el año de Turquía, porque importa la mitad de sus necesidades de acero, su consumo debería doblarse a
medio plazo y al mismo tiempo ofrece un acceso a Europa del este y a Oriente Medio”, anunció. A la vez, reconoció que buscan una participación mayoritaria en una empresa de China– y agregó: "Además, mantenemos nuestro interés en Ucrania y Rusia. Y a más largo plazo nos interesamos en la India".
DEL DICHO AL HECHO. El Grupo Arcelor nació en febrero de 2002, por fusión de tres grupos siderúrgicos –el francés Usinor, el luxemburgués Arbed y el español Aceralia–, unidos con el claro propósito de crear el líder mundial de la industria del acero. No fue fácil. Originariamente Arcelor soportaba un pasivo financiero neto de 6.510 millones de euros. Y el beneficio neto de 1.937 millones que presenta su balance del primer semestre de 2005 –duplicando lo obtenido en junio de 2004- es producto de una serie de medidas orientadas a la especialización en producciones de alto valor agregado, cierre de instalaciones poco competitivas, venta de actividades no estratégicas, una política financiera de reforzamiento de fondos propios y una fuerte reducción de la deuda. En ese camino, a mediados de 2003, las sinergías obtenidas fueron mayores de lo
previsto; pero el endeudamiento del grupo –por entonces de 6.000 millones de euros-, impedía cualquier adquisición. "Nuestra prioridad es desendeudarnos con un objetivo de menos de 700 millones de euros a final de año para alcanzar una proporción de endeudamiento del 50 por ciento a final de 2004", aseguraba Dollé por esos días. Sin embargo hace un año, como las reglas del mercado europeo le impedían crecer en casa pero no fuera, el titán comenzó su nueva estrategia global con un patrón que utiliza en cada salida al exterior: la alianza con un socio local. Y su primer paso fue llevar el 28,02% de su participación en la brasileña CST, al 61,77%. Un mercado que sigue siéndole por demás atractivo.
Brasil:país clave. Con planes de inversión por u$s 4.000 millones en los próximos cinco años, Arcelor Brasil se convertirá en el mayor fabricante de acero de América latina. "Queremos ser una compañía que crece y Brasil es uno de los mejores lugares para garantizar este crecimiento", puntualizó su presidente ejecutivo. Y anunció en San Pablo la reestructuración de las operaciones brasileñas -Belgo Mineira, Companhia Siderurgica de Tubarao (CST) y Vega Do Sul -- en una sola compañía que cotizará en la Bolsa local. Para ello, Arcelor Brasil instalará su cuartel general en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais. En tanto, el alza del precio del acero y la fuerte contribución de los negocios en Brasil permitieron a Arcelor multiplicar por 2,2 sus beneficios semestrales. Así, redujo su capacidad
de producción en la primera mitad del año para hacer frente al elevado nivel de existencias acumuladas. Pero el incremento de precios hasta niveles "globalmente satisfactorios" -según sus propios términos- y la consolidación en los resultados de las adquisiciones de la brasileña CST y la argentina Acindar contribuyeron para que el resultado bruto operativo (EBITDA) llegara casi a duplicarse con 3.383 millones de euros, frente a 1.779 millones obtenidos entre enero y junio de 2004.
Precisamente, un 30% de ese EBITDA salió de las actividades del grupo en Brasil -CST, Belgo y Vega do Sul- en un nuevo conjunto, con el que esperan sinergias de 70 millones de euros anuales, y del que el gigante siderúrgico controlará entre el 66 y el 75% del capital. En lo concreto, la constitución de Arcelor Brasil debe estar finalizada el 24 de octubre, y supondrá una capitalización bursátil de más de u$s 6.000 millones, 14.500 empleados y una capacidad de producción de 11 millones de toneladas, que subirá a 15 millones en menos de 5 años.
Para Dollé, la fusión de las tres filiales brasileñas "es el símbolo de nuestro compromiso de continuidad en Brasil", país en el que está presente desde hace más de 80 años, con gran potencial de crecimiento y donde la actual crisis política no ha tenido hasta ahora repercusiones negativas en términos económicos o monetarios. Pero las ambiciones de expansión de Arcelor no terminan allí: desde hace meses intenta hacer lo mismo con varias empresas de China -que representa el 30% del mercado mundial del acero y que creció al ritmo del 29% en la primera mitad del año– y espera alcanzar algún acuerdo a lo sumo en seis meses.
Queda claro que, con vista a un futuro inmediato, Arcelor hoy dispone de suficiente resto para financiar sus sueños de acero.
Norma Rossi
Fuente: revista Fortuna, Año II N° 118 / Edición del 05 de Septiembre de 2005.
Más allá de los noventa: el PNUD y un desarrollismo tardío e ingenuo
La "maldición" de los recursos naturales
Andrés Oppenheimer
MIAMI.- Un nuevo estudio de las Naciones Unidas confirma lo que muchos hemos sospechado desde hace tiempo: los recursos naturales de América latina no son una bendición, sino una desgracia para la región.
El Informe del Desarrollo Humano 2005, dado a conocer la semana pasada, llama a este fenómeno "la maldición de las materias primas´´.
El informe señala que los países latinoamericanos se están quedando atrás porque dependen demasiado de las exportaciones de materias primas, en lugar de desarrollar productos más sofisticados que son mucho más lucrativos en la economía del conocimiento del siglo XXI.
"Cuando se trata del desarrollo humano, algunas exportaciones son mejores que otras. La riqueza generada mediante las exportaciones de petróleo y los minerales puede ser mala para el crecimiento, mala para la democracia y mala para el desarrollo´´, dice el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Efectivamente, muchos países petroleros, incluyendo Venezuela y Ecuador, tienen altas tasas de pobreza, mientras que otros, que casi no tienen recursos naturales, como Liechtenstein o Japón, están entre los más ricos del mundo. La mitad de la población conjunta de los 34 mayores exportadores de petróleo del mundo en desarrollo vive en la pobreza absoluta, y dos terceras partes de estos países no son democracias, según señala el informe.
Los países latinoamericanos que venden principalmente productos agrícolas también se están quedando atrás respecto de los países asiáticos, dice el informe. Los asiáticos han hecho mayores esfuerzos por mejorar sus niveles educativos, crear fuerzas de trabajo más calificadas y producir bienes más sofisticados.
"El éxito en el comercio mundial depende cada vez más de la capacidad de vender productos manufacturados de mayor valor agregado´´, dice el PNUD. "Las comparaciones entre el este asiático y América latina demuestran que... en la producción de bienes de valor agregado, América latina ha estado perdiendo cuotas de mercado."
El informe critica severamente a Estados Unidos y a Europa por sus subsidios agrícolas y otras barreras comerciales, que los países latinoamericanos desde hace tiempo han denunciado como factores que limitan su capacidad de exportar, y ponen en duda la sinceridad del compromiso de Washington con el libre comercio. El PNUD es mucho más crítico del sistema comercial mundial que el Banco Mundial, y la mayoría de los organismos financieros internacionales.
Sin embargo, el informe sugiere que incluso si Estados Unidos y Europa eliminaran sus subsidios agrícolas, América latina no ganaría su batalla contra la pobreza, porque el valor de los productos agrícolas ha venido cayendo en las últimas décadas. Hoy en día, el comercio agrícola representa apenas un 10 por ciento del comercio mundial.
"Más de 50 países en desarrollo [en todo el mundo] dependen de la agricultura para por lo menos un cuarto de sus exportaciones. Estos países están en una escalera mecánica descendente´´, dice el informe.
Fíjense dónde está América latina en este sentido: los productos primarios representan el 72% de las exportaciones totales de la Argentina, el 83% de las de Bolivia, el 82% de las de Chile, el 90% de las de Cuba, el 64% de las de Colombia, el 88% de las de Ecuador, el 87% de las de Venezuela, el 78% de las de Perú, y el 66% de las de Uruguay.
Comparativamente, los productos primarios representan apenas el 9 por ciento de las exportaciones totales de China, y el 22 por ciento de las de India.
Algunos cambios
Es cierto que algunos países latinoamericanos han logrado cambiar para bien la estructura de sus exportaciones: México, que hace décadas era principalmente un exportador petrolero, hoy vende mayormente productos manufacturados. Las manufacturas representan el 81 por ciento de las exportaciones mexicanas, el 52 por ciento de las brasileñas, y el 66 por ciento de las costarricenses.
Sin embargo, México no está creciendo tan rápidamente como China o como la India porque gran parte de su desarrollo exportador se basa en productos ensamblados con partes importadas en sus plantas maquiladoras. Esto equivale a un gran aumento de las exportaciones, pero de poco valor agregado, dice el informe.
El reporte hace una proyección sombría: si los países latinoamericanos siguen como están, exportando materia prima o manufacturas de poco valor agregado, la región tardará hasta el ano 2177 en alcanzar el nivel de desarrollo que países como Estados Unidos tienen hoy.
Mi conclusión: los países latinoamericanos tienen toda la razón en exigir que Washington y la UE reduzcan sus obscenos subsidio agrícolas y otras barreras comerciales que impiden a muchos países pobres exportar sus productos. Pero la región no ganará su batalla contra la pobreza concentrando sus energías en aumentar su tajada del pastel cada vez más pequeño del comercio mundial agrícola. El progreso para por la producción de productos cada vez más sofisticados.
Fuente: diario La Nación, de Buenos Aires, Argentina; 13 de septiembre de 2005.
Geografía Económica
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Após o término do acordo com o FMI, os banqueiros mundiais estão tirando mais ou menos dinheiro do Brasil? A resposta é: muito mais.
Com gordas verbas e esquecimento de dívidas, o governo federal alimenta fábricas de ilusões, i.e, emissoras de televisão e demais meios de comunicação que tentam criar uma "realidade virtual", como se empregos e produção pudessem ser substituídos por propaganda.
O marketing oficial caracterizou a não-renovação do acordo com o FMI como um ato de independência. Passando ao terreno da realidade, o cenário é tipicamente colonial. O fato de o Tesouro Nacional não contrair novos empréstimos junto ao FMI em nada modifica a total subordinação da política econômica às diretivas predatórias do sistema financeiro mundial. Vejamos se não é assim.
1. A quem serve que o Brasil pague, nos títulos da dívida pública federal, as taxas de juros reais mais altas do Mundo, havendo nele cerca de 200 países? Com o aumento
da SELIC [1] , em 20 de abril, para 19,5% aa. nominais, a taxa real de juros sobre a dívida pública do Brasil é o dobro da da Turquia, segunda colocada, e quase três vezes a da África do Sul, terceira.
2. Depois dos colossais lucros dos bancos em 2003 e 2004, com crescimento real de 14% por ano, alguém imaginou que esses ganhos seriam reduzidos? Enganou-se: no 1º trimestre de 2005, os lucros de quatro grandes (Bradesco, Itaú, Unibanco e Banespa) cresceram 50%. A soma dos quatro foi R$ 3 mil milhões, em apenas um trimestre, com a rentabilidade subindo de 21,8% para 27% em comparação com o 1º trimestre de 2004.
3. A política econômica é, cada vez mais, servil à oligarquia financeira mundial, superando na vil submissão as mais desqualificadas republiquetas do planeta. Não fosse assim, não seria o país privado de investimentos produtivos e da
possibilidade de desenvolver tecnologias. De fato, a produção e os mercados são controlados pelas transnacionais, e a política econômica é determinada por bancos estrangeiros e por entidades teleguiadas, como a Febraban.
4. As transferências ao exterior dos ganhos no mercado interno e no comércio exterior, combinadas com os juros altos e com os impostos extorsivos, tornam mirrada a demanda interna. Isso, por sua vez, leva as transnacionais e as empresas nacionais sobreviventes a se voltarem para as exportações, aproveitando-se da pletora de recursos naturais do País, transferidos para o exterior, por meio do agronegócio e da extração de minérios.
5. Nos últimos tempos, a demanda externa tem crescido, em função de: a) crescimento apreciável em alguns países de porte, como a China e outros da Ásia, Argentina, etc.; b) a emissão irresponsável de dólares por parte dos Estados Unidos, que permite a esse país importar à vontade, sem qualquer ônus, enquanto o dólar for
moeda mundial de reserva. Resultam expressivos saldos positivos no comércio exterior brasileiro.
6. As taxas de juros propiciadas pela deletéria (para o Brasil) política do Banco Central (BACEN) atraem especuladores mundiais para os títulos da dívida interna, o que, juntamente com os superávits nas transações (conta corrente) com o exterior, provoca extraordinária apreciação do real. Esta, por sua vez, faz com que os especuladores se locupletem, fruindo, ao mesmo tempo, a maior taxa de juros do mundo e a valorização do real.
7. De 10 de agosto de 2004 a 10 de maio de 2005, (nove meses) essa apreciação foi 23%, ou seja, 2,3% ao mês, ou 31,8% (taxa anualizada). Quem adquiriu títulos em agosto de 2004 e os liquida agora, lucra, portanto, 50% aa. , já que à apreciação cambial se soma a taxa SELIC (mais de 18%). Nada mau: no exterior, com muita sorte, obter-se-ia 3% aa. aplicando em títulos públicos. 8. Não admira que afluam "investimentos" estrangeiros ao BACEN e que as
reservas tenham aumentado, a ponto de serem dispensados novos créditos do FMI. Em outras palavras, o Tesouro Nacional trocou esses créditos, inúteis e prejudiciais ao país, por capital especulativo estrangeiro, ainda mais nocivo, com a diferença de que este nos custa 50% aa., e nos empréstimos do FMI os juros eram 6% a 7% aa.
9. Alguém observará que estes acarretam a imposição de condições políticas. A isso cabe responder: "a política econômica colonial cumpre todas essas condições, com ou sem acordo com o FMI."
SUPERÁVIT PRIMÁRIO E JUROS PAGOS PELA UNIÃO
O FMI quer que o Tesouro Nacional brasileiro despenda cada vez mais em juros e cada vez menos em qualquer coisa que possa melhorar o bem-estar ou a capacidade produtiva do País. Isso é cumprido à risca, com ou sem acordo formal, com o Banco Central à frente, falando em nome do Império. A ideologia oficial reza que as decisões são do mercado, mas este só funciona a favor
dos interesses plutocráticos.
Em 2002, ainda sob o príncipe dos entreguistas [2] , a conta oficial dos juros foi R$ 114 mil milhões [1 euro=2,87 reais], embora a despesa efetiva tenha sido muito maior, por causa dos títulos públicos indexados ao dólar, pois houve grande desvalorização cambial. Em 2003, já sob a administração petucana [3] , a conta oficial chegou a R$ 145,6 mil milhões. Em 2004, essas despesas, camufladas na contabilidade oficial, caíram para R$ 128,3 mil milhões. Mas o BACEN já cuidou de assegurar que, em 2005, os juros cheguem, no mínimo, a R$ 200 mil milhões.
Uma exigência tradicional do FMI é o superávit primário, um conceito fraudulento. Em 2002 o FMI queria 3,75% do PIB, e o resultado foi 3,9%. Para 2003 e 2004,
já com o acordo "negociado" sob o atual governo, a meta, aumentada para 4,25%, foi ultrapassada: 4,4% e 4,6% do PIB. Já os investimentos do governo federal, em 2003, caíram de ridículos 0,8% do PIB, para ainda mais vergonhosos 0,5% do PIB em 2003/2004.
Tal é a subordinação, que, por mais de ano, na vigência do acordo com o FMI, Meirelles, Palocci e Lula (nessa ordem, em termos de poder, como diz Sebastião Nery) ficaram pedindo autorização ao FMI para o Brasil gastar US$ 2,8 mil milhões em obras de infraestrutura (saneamento, estradas, portos). Anunciaram como 'grande vitória negociada com o FMI', que 'afinal consentiu'.[...] Com isso, o Orçamento de 2005 foi aprovado com R$ 21 mil milhões para investimentos. Relatou Nery, em fevereiro: " O jornalista Kennedy Alencar, da Folha, acabou com a mentira: 'O presidente Lula deverá ceder aos argumentos do ministro Palocci e promover um corte grande, e sem maquiagem, no Orçamento da União. Valor: cerca de R$ 15 mil milhões
(para investimentos e área social só vão sobrar R$ 6 mil milhões)'."
O GOVERNO OPERA OS INSTRUMENTOS DA COLONIZAÇÃO
O estatuto colonial não está somente no torniquete orçamentário, que comprime toda e qualquer despesa produtiva ou favorável à economia do País, nem só nos juros absurdos, nem só no furor tributário. Continuam em franca operação todos os mecanismos instituídos pelos interesses contrários aos do País de 1995 a 2002. Continuam em vigor:
1. a famigerada Lei de Responsabilidade Fiscal, que pune, até criminalmente, agentes públicos que ousem aumentar gastos que não se destinem a juros ou a amortizações de dívida; 2. a isenção da CPMF [4] em favor das transações financeiras, inclusive as de natureza especulativa, como as de derivativos, e as mais propícias à
lavagem de dinheiros de tráficos ilícitos; 3. os contratos dos serviços públicos privatizados, com cláusulas absurdas, entre as quais o reajuste de preços pelo IGP-DI [5] , enquanto os salários, exceto o mínimo, não são reajustados nem pelo INPC [6] , nem há emprego para mais de 20 milhões de brasileiros; 4. a desvinculação das receitas da União, que permite desviar os recursos das contribuições (COFINS, CPMF, CIDE, etc.) para o serviço da dívida; 5. a alienação do grosso das ações da Petrobrás, que agora paga mais de 2/3 de seus dividendos a acionistas privados, na maioria estrangeiros; 6. as licitações das jazidas de petróleo em áreas prospectadas pela Petrobrás,
as quais são adquiridas a preços ridículos nos leilões da Agência Nacional do Petróleo, ficando as transnacionais com a propriedade do petróleo e sem a obrigação de pagar qualquer royallty, taxa ou imposto pela extração; pior: o governo obteve do STF [7] a legitimação dos despautérios da inconstitucional Lei nº 9.478 de 1997, pondo o Brasil em situação inferior à de países desprovidos de tecnologia de exploração de petróleo, os quais, cobram royalties significativos em compensação pelo esgotamento de seus recursos naturais; 7. a criação de parques nacionais e de reservas indígenas em extensas áreas da Amazônia e de outras regiões, nos quais brasileiros são impedidos não só utilizar terras, mas até mesmo de transitar por elas; 8. a presença dominante das ONGs, financiadas do exterior, no Ministério do Meio
Ambiente, na SEMA [8] , na FUNAI [9] e outras entidades; 9. a presença imperante nos ministérios da área econômica e no BACEN, de teleguiados do Banco Mundial, do FMI e de outros organismos ditos internacionais.
NOVOS ATOS DE SUBMISSÃO
Além de executar todos os itens do programa de colonização acima resumidos, o governo adiciona novas medidas na mesma direção.
1. Obteve a aprovação de mais uma reforma da previdência na qual, entre outras façanhas: a) abriu espaço para que a previdência privada obtenha lucros com as economias dos segurados, sem lhes dar garantia alguma quanto ao valor da aposentadoria; b) estabeleceu a bitributação sobre os aposentados, os
quais ficam pagando, além do Imposto de Renda de pessoa física, uma absurda "contribuição previdenciária" sem contrapartida, na realidade, um confisco — também inconstitucional — a título de reduzir um suposto déficit da previdência proveniente do desvio das contribuições sociais para o pagamento de juros da dívida pública.
2. Além de preservar os efeitos das viciadas privatizações feitas por FHC-I e FHC-II, fez o Congresso aprovar a Lei das PPPs — parcerias público-privadas —, determinada pelo FMI: mais um modo de arranjar lucros sem risco para empresas favorecidas pelo Estado, o qual entra com o capital, arrancado dos contribuintes, e o põe nas mãos dos "parceiros" privados.
3. Fez aprovar a Lei de Falências, tal como o FMI, de há muito, desejava, i.e., fazendo os bancos ter preferência nos créditos devidos pela empresa falida ou concordatária, preterindo o Estado e os trabalhadores, cuja preferência fica reduzida a um teto que a torna irrisória.
4. Fez
aprovar a Lei dos transgênicos, danosa à agricultura, à economia e à saúde dos brasileiros, mas proveitosa para a Monsanto e para outras transnacionais que estendem seu controle totalitário sobre os produtores e os consumidores.
5. Acaba de propor ao Congresso projeto de lei, que permite à União alienar terras, em concessões por 60 anos, nas áreas de florestas, o qual, se aprovado, concluirá a entrega da Amazônia e de outras regiões à sanha extrativa de transnacionais estrangeiras.
6. Determinou a demarcação, como terra indígena, de enorme região contínua no Estado de Roraima (Raposa do Sol), constituindo assim mais um enclave escassamente povoado, para ser controlado por ONGs e entidades estrangeiras, inviabilizando a economia daquele Estado, onde restam muito poucas áreas em que não se veda a ocupação pelos brasileiros.
PROFISSÕES DE FÉ INFRACOLONIAIS
O presidente da República, em falação recente, deitada na
Volkswagen do Brasil (ele sempre gostou de empresas multinacionais), não contente em defender as "reformas" já feitas e as que estão em andamento, prometeu derrubar a legislação trabalhista e sindical, qualificada por ele como cópia fiel da Carta del Lavoro, do regime de Mussolini. Ou seja, se for para prejudicar os assalariados, vale condenar o fascismo em discurso. Na prática, entretanto, imitar o fascismo, ou até superá-lo, faz-se como? Favorecendo a concentração e executando a política dos banqueiros. De quebra, eliminando os últimos resquícios das políticas de bem-estar social.
Para completar, o ministro da Fazenda declara que o Brasil precisa de mais 10 anos de políticas de aperto monetário e fiscal. Como, afora episódios anteriores, como em 1964-66, estamos sob arrocho desde 1980, ou seja, há 25 anos, o Sr. Palocci, quer assegurar que o subdesenvolvimento se torne irreversível. Nessa marcha, as pretensões do ministro se ombreiam com os 1.000 anos sonhados por
Hitler para o Terceiro Reich.
Notas [1] Serviço de licitações que define a taxa de juros. [2] O autor refere-se ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. [3] Neologismo formado com a união de "PT" e "tucanos" (como são chamados os adeptos do PSDB, o partido de F.H. Cardoso). [4] Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira [5] Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna [6] Índice Nacional de Preços no Consumidor
[7] Supremo Tribunal Federal [8] Secretaria de Estado do Meio Ambiente [9] Fundação Nacional do Índio
[*]Doutorado em Economia pela Universidade de Hamburgo. Autor deGlobalização versus Desenvolvimento. benayon@... .
Según el economista, los cambios en el comercio mundial ayudan a la Argentina
Quizá porque puede mirar hacia atrás en perspectiva, el economista Pablo Gerchunoff se anima a hacer pronósticos sobre uno de los fenómenos más volátiles del país: su economía. Y su visión es optimista.
Para Gerchunoff, la historia económica argentina se caracteriza por una sucesión de marchas y contramarchas, de períodos de crecimiento a los que siguen períodos de declinación y crisis. Ahora, afirma, hay una oportunidad para que la actual fase ascendente no derive, fatalmente, en una nueva crisis.
“La Argentina empieza a vislumbrar la posibilidad de un patrón productivo nuevo, a partir de un cambio en el comercio mundial”, sostuvo.
Especializado en la historia de las políticas económicas de los siglos XIX y XX, Gerchunoff es profesor e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella, miembro del Conicet y director de investigaciones de la Fundación Pent. Ha planteado sus ideas en los libros “Entre la equidad y el crecimiento. Ascenso y caída de la economía argentina, 1880-2002” y “El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas”, en colaboración con Lucas Llach.
Dos veces fue funcionario público: como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía durante el gobierno de Raúl Alfonsín y en el primer año del de Fernando de la Rúa.
Didáctico, Gerchunoff va y viene de la historia al presente y matiza su optimismo con reservas. Cree que el gobierno de Néstor Kirchner todavía no tiene políticas públicas de desarrollo que aprovechen esta coyuntura favorable, que los sectores productivos están reaccionando más rápidamente que el Estado, de modo casi intuitivo, y que es imperioso construir un nuevo Estado de Bienestar que cambie las actuales políticas sociales.
Gerchunoff -que se define ideológicamente como "un antiguo social demócrata permeado por ideas provenientes del liberalismo clásico"- muestra los datos, esgrime los números, hace comparaciones y se apoya en su filosofía: "El escepticismo es la haraganería de los intelectuales en la Argentina. Es más fácil pensar que la realidad va a ser como fue y no pensar que de aquí en adelante puede ser distinta".
-¿Por qué cree que se puede estar inaugurando un ciclo largo de crecimiento?
-Lo que determinaba las marchas y contramarchas en la economía del país era la pérdida de inserción de la Argentina en el comercio mundial. Aquella Argentina de 1880 a 1930 tenía un engarce feliz entre su estructura productiva y lo que demandaba la primera potencia del mundo. Eso le daba una dinámica de crecimiento que cada tanto se detenía, pero con una tendencia expansiva. Eso se interrumpió en 1930. La Argentina optó entonces, casi sin alternativas, por la sustitución de importaciones, por el desarrollo de una economía cerrada. Cuando, más tarde, el comercio revivió, lo hizo con un sesgo muy intraindustrial y muy adverso, por lo tanto, a los productores de materias primas. El otro gran momento duro fue 1975. Después de los shocks petroleros, la caída de los términos del intercambio fue muy dramática, con una tasa de interés especialmente alta. La Argentina sufrió las siete plagas de Egipto en ese período casi infernal que va de 1975 a 2002. Lo que ahora
planteo es que hay que tener cuidado con caer en el escepticismo, que es la haraganería de los intelectuales en la Argentina. Es más fácil pensar que la realidad va a ser como fue y no pensar que puede haber una ruptura y que la realidad de aquí en adelante puede ser distinta. Creo que es posible que el mundo nos esté ofreciendo una nueva oportunidad. Me parece que, mirando los datos y la dinámica de la realidad, esa oportunidad está apareciendo con una fisonomía propia.
-¿En qué lo ve?
-Un factor es la recuperación de la demanda de las materias primas, de los recursos naturales que la Argentina sabe producir y de la demanda de los productos transformados a partir de esos recursos naturales. Eso genera un hecho novedoso, que es un aumento persistente de los precios de las materias primas, por lo cual aquello que produce la Argentina rinde más hoy que en el pasado. La pregunta que surge es ésta: ¿acaso hay alguien que esté ocupando el lugar que ocupaba Inglaterra entre 1880 y 1930? Mi respuesta es que puede ser que sí, que puede ser que los países asiáticos, y en particular China, sean las nuevas potencias industriales emergentes y que estén a la caza de materias primas, alimentarias y no alimentarias. Si es así, se trata del segmento del capitalismo mundial más dinámico de la Tierra, y quiere decir que hay un nuevo engarce posible.
-¿Tiene mayor potencialidad que aquella Inglaterra?
-Lo que dicen los datos es que China e India están creciendo al 8% anual, que son el 40% de la población mundial y que están a la búsqueda de alimentos, de materias primas, de petróleo. ¿Se ve un aumento de los precios de las materias primas argentinas? Sí, se ve. ¿Eso tiene que ver con el aumento de la demanda asiática? Sí, así es. ¿Ese aumento está acompañado por algún movimiento de los precios de lo que importa la Argentina? Sí, en efecto. Estos países asiáticos producen bienes industriales hechos con mano de obra muy barata, que tiran abajo los precios de lo que importamos. Por un lado, aumenta el precio de lo que nosotros vendemos y, por el otro, cae el precio de lo que nosotros compramos. Quiere decir que el poder de compra de lo que vendemos está creciendo, algo que no nos pasaba desde 1927. La Argentina empieza a vislumbrar la posibilidad de un patrón productivo nuevo a partir de un cambio en el comercio mundial y en la dinámica relativa de los
distintos países en ese comercio mundial.
-Este es un escenario coyuntural favorable. ¿Cree que hay una decisión política del Gobierno para aprovecharlo?
-¿Por qué hablamos sólo del Gobierno? Me preguntaría por la sociedad argentina, no solamente por el Gobierno o el nivel estatal. ¿Hay un empresariado argentino? ¿Hay actores sociales que estén, al menos, intuyendo esta oportunidad y preparándose para ella?
-¿Los hay?
-Yo creo que los hay. La reacción modernizante del agro argentino en los últimos años, la expansión de su producción, la incorporación de tecnologías nuevas no son independientes de esto. También se ve en el surgimiento de un abanico de sectores industriales, como la siderurgia y el aluminio, que nacieron al amparo de la protección, volcados al mercado interno y que de pronto se revierten hacia el mercado mundial. Otro aspecto es la explosión del turismo, que está aprovechando los recursos naturales. La otra ventaja argentina es la calificación no desdeñable de su mano de obra. La biotecnología, la minería... son cosas que están ocurriendo ya.
-¿Y qué hace el Gobierno?
-Le contestaría con una afirmación débil: el Gobierno no está obstaculizando este nuevo patrón productivo. El hecho de que tengamos un presidente de raigambre peronista en favor del tipo de cambio real alto es una novedad extraordinaria. El peronismo siempre fue salarios altos y tipo de cambio bajo. Sin darse cuenta, sin saberlo, entre Menem y Kirchner (y los dos repudiarían la continuidad que estoy estableciendo) están terminando no con el estilo político del peronismo, pero sí con la sociedad peronista y con el patrón productivo con el que el peronismo nació.
-¿Menem y Kirchner son lo mismo?
-No lo diría así . Digo que Menem y Kirchner forman parte de un mismo proceso, si hablamos de las tendencias estructurales de la economía. Hay otras miradas posibles y, desde ellas, los separa un abismo. Pero ¿acaso se ha vuelto atrás de las privatizaciones, o de la apertura al mundo, o de la reforma previsional, o de las "relaciones especiales" con el gobierno de los Estados Unidos? Muchas de esas cosas se han hecho mal y son objeto de dura crítica por parte del propio gobierno, pero ahí están, en su terca persistencia. Lo que ha terminado es la convertibilidad. Su derrumbe fue estruendoso porque se había convertido en una especie de constitución económica intocable, imposible de sostener.
-Vuelvo con mi pregunta: ¿el Gobierno está promoviendo esta coyuntura económica favorable?
-Tiene la frugalidad fiscal que un proyecto como éste necesita; tiene esa persistencia en el tipo de cambio real alto, que podría ser criticable, pero que es funcional para un proyecto como éste. Sólo esas decisiones ya significan una promoción, aunque son todavía de naturaleza macroeconómica y no se han convertido aún en políticas públicas. Una causa es que el Gobierno se enfrentó primero a una demanda por resolver la emergencia económica y su primera tarea fue el proceso de normalización: depreciación, devaluación, contener la inflación, reestructurar la deuda. Sólo ahora se está empezando a explicitar claramente, desde el Ministerio de Economía, algo respecto al patrón productivo de la Argentina. Me parece que todavía el Gobierno deja la sensación de que el tipo de cambio real es el único instrumento que importa, que no hay políticas de desarrollo. Pero tiene que haberlas; algunas pueden surgir espontáneamente, pero otras necesitan de alguna cooperación
entre lo público y lo privado para que un proyecto productivo avance.
-¿Qué le criticaría al gobierno de Kirchner?
-Una de sus fallas fuertes es, sin duda, su vacío de una política de infraestructura, que es completamente fundamental. Dentro de pocos años nos vamos a quedar sin petróleo y eso va a ser un error imputable en buena medida a decisiones o falta de decisiones de hoy.
-¿Qué opina del modo como se están manejando las negociaciones con las empresas privatizadas?
-No sé si la cuestión central es la relación con las empresas privatizadas. La cuestión central es la ausencia de una política de infraestructura y de una política energética. En cuanto a la cuestión de los contratos con las empresas privatizadas, es bien difícil de resolver, porque el colapso de esos contratos no fue un capricho gubernamental. Contratos dolarizados después de la inevitable devaluación eran insostenibles y reformularlos no es cuestión de un día. La historia nos provee un ejemplo. Después de la crisis de 1890, Pellegrini terminó estatizando la empresa de aguas y sólo en 1896, seis años después de la crisis, se puso fin al litigio con los ferrocarriles de capitales extranjeros. En el caso actual las cosas se agravan porque algunos de los contratos de la época de Menem, no todos, eran francamente malos. El de Aguas era muy malo. De todas maneras no tengo dudas de que Kirchner, no importa cuál sea su retórica, quiere mantener un esquema de
participación privada en los servicios públicos.
-No parece haber cambios en las desigualdades en la distribución.
-No hay patrón productivo en el sistema capitalista si no hay un Estado de Bienestar acorde, consistente. El Estado de Bienestar que acompañó a la economía mundial entre 1945 y los shocks petroleros, fundado en el seguro social, es irrecuperable. Lo que no puede ser es que no tengamos otro. China y el Asia nueva están definiendo con su gran ejército industrial de reserva el nivel de los salarios de los trabajadores no calificados en el mundo. Una vez que se asienten los polvos de la destrucción de la crisis 1998-2002, nos vamos a encontrar con que los salarios reales del trabajo no calificado van a ser persistentemente bajos. Hay que construir un nuevo Estado de Bienestar que tenga como eje central la educación, porque es lo que puede levantar el nivel de calificación de la mano de obra para sacarla de ese nivel de competencia con los trabajadores no calificados que entran en el mercado mundial.
-Pero hasta que la educación causa efectos pasa mucho tiempo. ¿Qué política social se puede aplicar en el corto plazo?
-En el corto plazo, las políticas sociales no pueden ser éstas, completamente miopes. Tienen que acortar los plazos de la educación a través de los oficios. Hacer planes intensivos en mano de obra, aunque la mejor tecnología no sea intensiva en mano de obra. Sacrifiquemos productividad en este caso, para ser una nación socialmente integrada. Yo veo al Gobierno en un vacío tremendo en todo esto.
-¿Qué influencia tiene la idea argentina de que se vive de crisis en crisis, de estar esperando el próximo colapso económico?
-Nosotros somos muy volátiles en lo que creemos de nosotros mismos. Quiero recordar, para vergüenza de todos nosotros, que como sociedad creíamos que íbamos al Primer Mundo en 1993. Cuidado con proyectar hacia atrás el pesimismo 1998-2002, porque lo que caracteriza a la Argentina es, en realidad, la ciclotimia, la euforia y la depresión, lo mismo que a su economía. No es que haya habido una Argentina dorada y después una depresión continuada. Hubo momentos buenos y otros malos. Es una ciclotimia que está en la dinámica de la economía y la sociedad.
-¿Se puede tener una democracia de calidad en un país económicamente inestable?
-La mala calidad de la economía pone a prueba a la democracia. Es bastante notable, sin embargo, la fidelidad a la democracia y la crítica a los políticos que hoy existe. Que la Argentina de 1983 a 2002 haya mantenido su rutina democrática en medio de algo que se parece tan poco a una rutina, en un tiempo tan violentamente cíclico, significa que hemos recuperado cierta credibilidad en las instituciones de la República.
-En muchas encuestas aparece la idea argentina de que la situación personal no está atada a la del país, de que a mí me puede ir bien aunque al país no tanto. ¿Por qué tendemos a separar nuestra vida privada y el ámbito público?
-Ese es un clásico mundial.
-¿No somos originales?
-En general, somos bastante poco originales, aunque la Argentina tiene algunas especificidades notables. El hecho de que durante tantos años el país haya exportado el alimento de sus clases populares es infrecuente. No conozco otro caso en el mundo. Fíjese los resultados que da: si sube el precio de la carne porque salimos del circuito de la aftosa, para el país es una buena noticia, pero para las clases populares que consumen la carne es una mala noticia. Lo que es bueno para el país es instantáneamente malo para el salario real, para la mesa de los pobres. Apertura y tipo de cambio real alto son una apuesta muy dura. A mí me cuesta creer que no haya una fuerza de acción y de pensamiento para afrontar esa cuestión. Lo que me interesa destacar es que en ese patrón productivo dinámico en que nos puede ir bien hay un núcleo de gente a la que le va a ir mal, a diferencia de otros ciclos largos de crecimiento, y es allí donde yo pido que haya un debate sobre el
nuevo Estado de Bienestar de la Argentina. No nos olvidemos de eso, porque puede poner en peligro el propio proyecto de crecimiento.
-¿Por qué en esta campaña electoral no se habla de economía?
-Porque va bien. Cuando las cosas van bien no se habla de ellas. Los actores políticos de la campaña tienen poco que objetarle a la política económica. Empezamos a parecernos a esos países en los que la economía no tiene volatilidad. Lo que hay para discutir de lo que sale del Palacio de Hacienda es muy poco. Debate sustantivo sobre el régimen macroeconómico y el patrón productivo no hay.
-¿No sería interesante o saludable que lo hubiera?
-En general, los países que encuentran su tendencia de largo plazo no debaten eso. Parece razonable: yo no me imagino a un noruego discutiendo si está mal que el principal producto de exportación sea el petróleo del Mar del Norte.
Raquel San Martín
Fuente: diario La Nación, de Buenos Aires, Argentina; 24 de septiembre de 2005.
Geografía Económica
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Hace poco, me enteré de una cosa interesante: los economistas norteamericanos especializados en finanzas internacionales y los orientados concentrados en la macroeconomía interna tienen opiniones muy distintas (en verdad, opuestas) respecto de las probables consecuencias del enorme déficit en las cuentas corrientes de Estados Unidos. Los primeros ven una posible crisis financiera nacional, seguida de una recesión dolorosa y, quizá, prolongada. Los segundos, una próxima caída del dólar que, a su juicio, no constituirá una crisis, sino una oportunidad de acelerar el crecimiento.
Para estos últimos, la situación se presenta aproximadamente así: en algún momento, los bancos centrales extranjeros se mostrarán menos dispuestos a seguir comprando cantidades masivas de títulos en dólares para apuntalar la moneda norteamericana. Cuando dejen de comprar dólares en gran escala y en forma programada, su valor caerá. Y mucho.
No obstante, a medida que el dólar decline, las exportaciones norteamericanas resultarán más atractivas para los extranjeros y, al reubicarse los trabajadores en el revitalizado sector exportador, aumentará la ocupación en Estados Unidos. Ocurrirá algo parecido a lo que pasó en Gran Bretaña cuando ésta abandonó su tipo de cambio ajustable y dejó que la libra se desvalorizara respecto del marco alemán. O a lo que sucedió en Estados Unidos a fines de los años ochenta, cuando el dólar perdió valor frente a la libra, el marco alemán y -lo más importante- el yen.
Los economistas expertos en finanzas internacionales ven un futuro más sombrío. El fin de las compras de dólares por los bancos centrales, en forma cuantiosa y programada, no sólo llevará a una declinación del dólar: también estimulará un alza de las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos. A su vez, ésta reducirá de inmediato los gastos en consumos y, un poco más adelante, estrangulará las inversiones.
Ciertamente, estos economistas comparten la opinión de que la declinación del dólar beneficiará a las exportaciones norteamericanas, pero la demanda se retrasará a tal extremo que las exportaciones sólo repuntarán uno o dos años después de la caída del consumo y las inversiones. Entre ocho y diez millones de trabajadores de la construcción y de servicios tendrán que pasarse al sector exportador y al de productos que compitan con los importados, lo cual acarreará un aumento de la desocupación estructural.
A esto podría sumarse un pánico financiero. A las grandes entidades financieras con pasivos a corto plazo y activos a largo plazo les resultará difícil capear el gran incremento de las tasas de interés a largo plazo en dólares. Tal desajuste puede causar tensión financiera y quiebras con la misma facilidad con que los activos bancarios en moneda local y los pasivos en dólares las provocaron en México y Asia Oriental, en los años noventa, y en la Argentina, en la década actual.
Cuando los economistas financieros bosquejan esta situación hipotética, los macroeconomistas, por así llamarlos, responden que parece un caso de política monetaria incompetente. La Reserva Federal ¿por qué habría de permitir un alza de las tasas de interés a largo plazo por el solo hecho de que otros bancos centrales hayan puesto fin a sus compras programadas de dólares? ¿No debería intervenir y reemplazarlas por sus propias compras de bonos del Tesoro de Estados Unidos? Así, mantendría las tasas de interés a largo plazo en un nivel que conduciría a la ocupación plena.
La Reserva Federal, replican los economistas, no está facultada para hacer eso. Según ellos, cuando se vea obligada a elegir entre la ocupación plena y la estabilidad de precios, optará por la segunda, porque el recuerdo de la inflación desenfrenada de los años setenta todavía permanece profundamente grabado en su memoria institucional. La caída del dólar encarecerá las importaciones y, por ende, causará un impacto negativo en la economía ofertista. Por consiguiente, la Reserva Federal no tendrá que bajar las tasas de interés y comprar bonos, sino todo lo contrario.
En este debate, algunos economistas serios, a quienes respeto enormemente, se encuentran firmemente plantados en bandos opuestos. No me considero lo bastante experto como para decir quiénes tienen razón, pero sí sé, por cierto, quiénes espero que estén equivocados.
(Traducción de Zoraida J. Valcárcel)
El autor fue secretario adjunto del Tesoro de los Estados Unidos; actualmente es profesor de Economía de la Universidad de California, en Berkeley.
Fuente: diario La Nación, de Buenos Aires, Argentina; 27 de septiembre de 2005.
Geografía Económica
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EN UN ESCENARIO DE "juegos de guerra" practicado en el salón de un hotel de Washington, el ejercicio Onda de choque petrolera dio por resultado que EU se encuentre "impotente para proteger la economía frente a una interrupción catastrófica de los mercados petroleros", según reporta John Mintz de The Washington Post (24/6/05).
PARTICIPARON EN EL "JUEGO" los anteriores directores de la CIA, Robert Gates y James Woolsey, así como el general P. X. Kelley, anterior comandante de los marines, y Richard Haass, principal consejero político del general Colin Powell (anterior secretario de Estado), quienes llegaron a la conclusión de que el "gobierno de EU tenía pocas opciones a corto plazo para prevenir un desplome económico en el país y en el mundo" y colocaron en forma omnisciente a 58 dólares el precio del barril de petróleo para finales de 2005, con probabilidad de alcanzar un precio paroxístico de 150 dólares.
EL EJERCICIO INCLUYO varios eventos desestabilizadores: turbulencias étnicas en Nigeria, ataques de Al Qaeda en Arabia Saudita y en las instalaciones petroleras de Alaska. También fue motivo de alarma el "voraz apetito de petróleo por China". El escenario partió de la premisa nodal de que las "tolerancias son tan apretadas entre la oferta y la demanda que aún pequeñas interrupciones en la entrega de petróleo y gas natural pueden ocasionar cascadas de desarrollos molestos".
EL SENADOR DEMOCRATA Byron Dorgan, al presentar un proyecto de enmienda ante la Cámara de Representantes el pasado 7 de septiembre, fustigó que las grandes trasnacionales petroleras anglosajonas (The Big Oil) ganan más de 7 mil millones de dólares adicionales al mes "sobre las espaldas de los consumidores", de lo que estaban ganando hace 18 meses, cuando el petróleo se disparó de 40 dólares a 70 el barril, sin haber tenido aumento en el costo de producción. Existen reclamos como los del senador demócrata Carl Levin, quien pregona una "congelación de 40 dólares el barril".
EL "CHOQUE PETROLERO" ha obligado a dos aerolíneas de EU, Delta Airlines y Northwest, a declararse en quiebra en el de por sí desvalido sector aeronáutico, primero en experimentar la perniciosa desregulación de los años 70, por lo que no es gratuito encontrarse en las páginas del Financial Times (14/9/05), portavoz de la desregulada globalización financiera feudal, con la encomienda de Phillip Ellis, consejero del Grupo Consultor de Boston, para que los "gobiernos se hagan responsables de la seguridad energética". Ellis sentenció que el "papel pasivo que los gobiernos han jugado en la seguridad energética desde la revolución Thatcher-Reagan (léase: neoliberalismo global) es un lujo que no nos podemos permitir".
LAS TRASNACIONALES PETROLERAS anglosajonas (The Big Oil) advirtieron 25 días antes de Katrina sobre una "inminente sequía energética", que se debe en gran medida a la "creciente población, la inestabilidad del régimen de Arabia Saudita y a la dificultad en encontrar nuevo petróleo" (Financial Times, 4/8/05). En su perspectiva de energía para 2030, la petrolera texana Exxon-Mobil, que escaló el primer lugar de los negocios mundiales este año, vaticina que la producción fuera de la OPEP alcanzará su "pico" en los próximos cinco años. Chevron llega a una conclusión similar: "acabó la era del petróleo fácil".
PETER SCHWARTZ, DIRECTOR de Global Business Network, aborda "la incertidumbre y lo inexorable de los 'altos precios del petróleo' ". A su juicio, el mundo atravesó un periodo de 20 años en el que los "precios fueron relativamente bajos a consecuencia de los altos precios previos, el clásico ciclo estándar de las materias primas". Schwartz revela (como si no se supiera) que había sido el jefe del equipo que preparaba escenarios de planeación en los ochentas para la petrolera anglo holandesa Royal Dutch/Shell y comenta que "falta un buen periodo antes de que lleguen amplios volúmenes de nuevo petróleo al mercado". No descarta la posibilidad de que los precios disminuyan, no al nivel de 20 dólares el barril, sino entre 35 y 40 dólares, "quizá de cuatro a cinco años a partir de ahora" por lo que "es muy probable que en los próximos años tengamos precios relativamente altos, o quizá en un periodo más extenso".
Concluye que la "implicación será la abundancia de recursos financieros asequibles en los países productores de petróleo" ("El futuro del Medio Oriente"; Global Business Network, 30/4/05).
DANIEL YERGIN, FANATICO de la desregulada globalización financiera feudal, no quita el dedo del renglón y vuelve a la carga con su tesis añeja de 1998, publicada en Foreign Affairs (marzo/abril) sobre el "fin del petróleo caro (sic)", con la que ha hecho el ridículo, a la par de todos sus epígonos neoliberales, como el guanajuatense de quien fue tutor "académico", Fausto Alzati Araiza, malhadado anterior zar de energía del decadente foxismo prematuramente defenestrado.
GALARDONADO CON EL CODICIADO Pulitzer por su libro imprescindible El precio: la búsqueda épica del petróleo, dinero y poder, Yergin ha sido rebasado por la realidad temporal al haberse quedado paralizado con su insustentable tesis de la superabundancia petrolera y su precio "barato", que vuelve a promover en The Washington Post (31/7/05): "No es el fin de la era del petróleo", que parece más bien un artefacto desinformativo.
EXISTE UNA COINCIDENCIA poco original de los economistas neoliberales globalistas, entre los cuales la estirpe mexicana ha sido la más grotesca, y cuya cabeza más visible es Yergin, director de la Asociación de Investigación de Energía de Cambridge (CERA, por sus siglas en inglés), vinculada a las trasnacionales petroleras anglosajonas. Yergin cesó de ser analista para convertirse en el prominente propagandista de las trasnacionales petroleras anglosajonas. Basado en la "ley de largos tiempos líderes" (abastecimiento de "reservas probadas de petróleo" por 30 años) y en un controvertido "análisis campo por campo" (desmontado por el banquero texano de inversiones energéticas Matthew Simmons, en su entrevista a Foreign Policy de septiembre pasado), Yergin asevera que en los próximos cinco años, gracias a los prodigiosos avances tecnológicos "se acumulará un abastecimiento de petróleo sin
precedente"-un incremento de 20 por ciento:16 millones de barriles diarios- en países que no son miembros de la OPEP (Canadá, Kazajstán, Azerbaiyán, Brasil, Angola y Rusia) y en el seno de la OPEP (Arabia Saudita, Nigeria, Argelia y Libia). Llama la atención que desprecie las reservas de México, Venezuela, Irán e Indonesia (al menos que intuya sus respectivas balcanizaciones), pero lo peor es que confunde todo y coloca en el mismo saco al petróleo y al gas, no diferencia las variedades de petróleo (ligero, pesado y bituminoso) ni sus localizaciones (en la superficie o en las profundidades oceánicas), que inciden en los costos extractivos y ubican el precio a un mínimo basal de oferta, sin considerar siquiera cualquier tipo de contingencia que abulte las cotizaciones, para acabar por extraviarse en la muy sui generis clasificación de las "reservas" con el fin de llevar agua a su molino numérico. Yergin se encuentra totalmente desambientado, por no decir desbrujulado, por los
vigentes entornos geopolítico, geoeconómico y geofinanciero, no se diga por las guerras que libra EU en Eurasia, que han hecho del petróleo un producto de primer orden geoestratégico.
EL ECONOMISTA CANADIENSE Marshall Auerback ("Petróleo: geólogos vs. economistas"; Prudent Bear, 13/9/05) pone de relieve la "reciente clasificación para propósitos financieros, impuesta por la reguladora bursátil de EU" (SEC, por sus siglas en inglés), entre reservas probadas en producción (estimación de producción futura en los pozos en funcionamiento) y reservas probadas subdesarrolladas (lo que puede ser producido al infiltrar los yacimientos aún no perforados). Un petróleo que no pudo ser clasificado como "probado" a 22 dólares el barril puede ser reclasificado como tal en un entorno de 60 dólares. Auerback asienta que esta alquimia taxonómica "no cambia la cantidad agregada de crudo en el suelo, lo que sugiere que las reservas son más bien una función del precio y no de la oferta", pero no cita que la definición de "reservas" no es la misma a los dos lados del Atlántico
entre el duopolio bursátil que controla las cotizaciones. Así, la petrolera británica BP puede abultar o disminuir a conveniencia sus "reservas" dependiendo de la concreción de sus contratos en la bolsa neoyorquina (el NYMEX) o en la bolsa londinense (IPE).
DESPUES DE COLOCAR en la picota la formulación de Daniel Yergin y su grupo CERA sobre la abundancia planetaria de petróleo, Marshall Auerback se coloca del lado de los geólogos, quienes adoptaron la tesis del "pico del petróleo" e ilustra en forma persuasiva que "existe una dinámica más compleja que las meras preocupaciones sobre oferta y demanda de los economistas". El "reporte de las reservas fuera de EU se ha politizado" y cita el caso de Venezuela, que "duplicó sus reservas con la inclusión de amplias cantidades de 'petróleo pesado'". A un economista de la talla de Marshall Auerback no se le podía escapar el abordaje imperativo de la geopolítica que afecta el precio del petróleo, por lo que formula una pregunta mordaz: "si la oferta futura de petróleo fuera tan abundante, ¿cómo se puede explicar la creciente politización del petróleo y el uso recurrente de la fuerza militar para controlar su
abastecimiento?". A su juicio, "EU y China han sentenciado que el petróleo es una materia prima estratégica (...) Si el crudo continúa su alza inexorable (...), un precio mayor seguramente tendrá algún impacto en la ecuación de la oferta y la demanda".
ALGUIEN SE VA a equivocar entre los economistas de corte neoliberal, encabezados por Yergin, y los geólogos, quienes pregonan la tesis del "pico del petróleo", lo cual orientará el precio del barril hacia el abismo o las cumbres.
Fuente: diario La jornada, de México D.F., México; 25 de septiembre de 2005.
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A economia mundial está sob impacto de uma nova crise de energia, largamente explicitada pelos preços do barril do petróleo – além de US$ 50 desde setembro de 2004. Menos espetacular do que as anteriores, a atual crise, mais silenciosa e duradoura, parece atingir as próprias bases do modelo energético do Ocidente.
Francisco Carlos Teixeira
26/09/2005
Em setembro de 2004, em face dos evidentes sinais do descontrole dos preços do petróleo no mercado mundial, as mais importantes autoridades econômicas e financeiras do mundo ( nos referimos aos Estados Unidos, Japão e União Européia – doravante UE) apressaram-se a expor, em público, sua confiança na ordem econômica e nas perspectivas de crescimento mundial. Coube a Claude Mandil, diretor da Agência Internacional de Energia, declarar que o “mercado internacional de petróleo encontra-se suficientemente abastecido”, podendo, portanto, resistir ao impacto dos preços do barril do “cru”.
Enquanto isso o ministro do petróleo da Arábia Saudita, Ali al Naimi, anunciava que seu país estava disposto a elevar a produção em 30%... em dois anos, chegando a 14 milhões de barris/dia. Por sua vez Ahmad Fahd al Ahmad, ministro do Kwait, prognosticava – sem nenhuma evidência histórica, como veremos a seguir – que os preços cairíam, em
especial após as eleições americanas de 2 de novembro (de 2004). Várias autoridades mundiais, entretanto, apresentavam-se bem menos otimistas, particularmente quando, em 12 de outubro de 2004 o barril do cru tipo Brent, negociado em Londres, ultrapassa a “barreira psicológica”dos U$50,00. Os setores dependentes do petróleo (e derivados) mais ligados à produção, como a pesca, os transportes de mercadoria e a aviação civil apresentavam sinais evidentes de nervosismo. No interior da União Européia os setores sensíveis, em particular os transportes, apresentavam-se, conforme assinala o comissariado europeu, com um caráter crítico. Mesmo figuras marcadas pela discrição e muito pouco dadas a críticas públicas, como o primeiro presidente do Banco Central da UE advertem para a iminência de uma crise.
Em meio a uma imensa onda de rumores, o presidente da OPEP, Purmono Yusgiantoro (da Indonésia) declara – contrariando seu colega saudita - que não estavam programados novos aumentos da produção de petróleo, visando controlar os preços, visto que o descontrole atual derivaria de razões estranhas à própria economia do petróleo. Aqui reside um ponto fundamental e bastante controverso: a alto dos preços (mais de 70% em relação ao mesmo período de 2003) seria decorrente de fatores externos à economia do petróleo – como o conflito no Iraque (e depois aos efeitos do Katrina) ou estariam inscritas suas causas na própria estrutura de exploração e industrialização do combustível fóssil ?
A vulnerabilidade da União Européia
No interior da UE – absolutamente carente de combustível - o aumento (para a gasolina de 95 octanas), acumulando um aumento em igual período de 16.1%, enquanto o óleo chegava a acumular 20.2%. Deve-se notar que o impacto, até o presente, não foi maior em razão da relativa valorização do euro em face do dólar, criando uma boa capacidade de absorção de altas – uma espécie de colchão pneumático capaz de amortecer o primeiro impacto - embora, é claro, por um tempo determinado. Nos Estados Unidos, por sua vez, o aumento do preço se reflete diretamente na produção local e reflui com rapidez para os postos de abastecimento, conforme já aparece nos grandes estados turísticos como a Flórida e a Califórnia, além do saldo extremamente negativo da temporada de furacões no Golfo do México.
Perante tais sinais, ainda bastante contraditórios, a questão que se coloca para os experts no assunto é: estamos perante um novo choque do petróleo? E, se a resposta for positiva, como este quinto choque atingirá a ordem econômica mundial? Mais ainda: sendo um choque, é este já um choque decorrente da raridade do combustível fóssil, uma fonte não-renovável de energia?
Os choques do petróleo: visitando a história
Se quisermos ser exatos podemos marcar, até este último trimestre de 2004, ao menos quatro grandes impactos – os chamados “choques” - sobre a economia mundial decorrente de aumentos bruscos e continuados do preço do petróleo. Este bem – o petróleo -, dada suas especificidades econômicas e estratégicas (uso universal; larga dependência dos grandes centros consumidores; grande concentração da produção em áreas instáveis do planeta, etc...) permite-se a uma série de fortes manipulações, decorrendo daí os chamados “choques”. Praticamente nenhum outro artigo do comércio mundial possui características similares – talvez no futuro a água – para efeito de comparação com o petróleo e o gás natural.
Da mesma forma, foi preciso chegar-se a duas condições necessárias para que as manipulações em torno do petróleo pudessem se converter em “arma política”. De um lado, a mínima organização dos produtores – o que se consegue a partir de 1960 com
o lançamento das bases da OPEP e, de outro lado, um acúmulo de riquezas por parte dos países produtores de forma a não leva-los à ruína – em caso de um boicote contra o Ocidente - em virtude da paralisia do comércio mundial de petróleo – mesmo que por um tempo limitado. Tais condições estavam maduras em torno do início dos anos ’70. Especialmente o surgimento de uma organização “sombra” em meio dos países produtores, a OPAEP/Organização dos Países Árabes Produtores de Petróleo, com ampla coordenação política e que é quem, em verdade, coordena o boicote ao Ocidente no momento da Guerra do Yom Kippur, em 1973. Esta decorrente, por sua vez, da paralisia das negociações de paz com Israel e o fracasso da guerra de fustigamento do Egito sobre o Canal de Suez, implicou pela primeira vez no uso de uma cartada capaz de obrigar o Ocidente a pressionar Israel em direção às negociações.
O primeiro choque , 1973: após a Guerra do Yom Kipur, em outubro de 1973, os países árabes decretam completo bloqueio do fornecimento de petróleo aos aliados de Israel, atingindo principalmente Estados Unidos, Holanda e Portugal. O barril de petróleo, de tipo Brent, salta de U$ 8,00 (deflacionados) para U$ 11,5 e, então, em 1974, com a continuidade do bloqueio (até março), pula U$ 38,0 o barril. Manteve-se por bom tempo, mesmo após o fim do bloqueio, num patamar de U$ 36,0 o barril.
O segundo choque, 1979/80: surge inicialmente em decorrência da Revolução Islâmica no Irã, quando o aiatolá Khomeini obriga a uma ampla renegociação dos contratos de exploração das companhias estrangeiras – em especial a BP – residentes no país. No ano seguinte eclode a Guerra Irã-Iraque, desencadeada em 1980 (durará até 1988) por Saddam Hussein contra o novo regime xiita do Irã (com o apoio dos Estados Unidos, que armam o Iraque, inclusive com armas de destruição em massa). O preço do barril se eleva ao correspondente a U$ 78/79,0 entre 1979 e 1980 – na verdade em preços nominais fica em torno de U$ 32,0 (são os preços mais elevados desde a Guerra de Secessão Americana, 1860-64).
O terceiro choque, 1990/91: dá-se a partir da invasão do Kwait por Saddan Hussein em 1990, o que retira de imediato a produção deste país do mercado. Com o bloqueio ocidental contra o Iraque as condições se deterioram, culminando no início de 1991 na Operação Tempestade no Deserto, quando os Estados Unidos liderando uma coligação proclamada pela ONU invade o Iraque e restaura a soberania do Kwait. Saddan responde queimando os poços de petróleo, o que retira do mercado de imediato algo em torno de 4.6 milhões de barris, enquanto o preço nominal ultrapassa os U$40,0.
O quarto choque do petróleo, 2001: a partir dos ataques terroristas contra Nova York e Washington cria-se uma forte área de instabilidade no Oriente Médio, com aumento das pressões sobre os países produtores. Ao mesmo tempo um dos maiores produtores mundiais, a Venezuela, começa a passar por forte crise institucional, paralisando várias vezes a produção, e que culminará em um golpe de estado em 2002 e uma longa greve da companhia estatal Petróleos de Venezuela SA, entre 2003 e 2004, levando o país a importar gasolina. Por fim, novos produtores – tais como a Nigéria, a Bolívia e o Equador entram em graves crises sociais e políticas, com retiradas ocasionais do mercado. Se bem que o conjunto de eventos de 2001/2003 não possuem a dramaticidade dos choques anteriores, a sucessão de aumentos contínuos acaba por reforçar a tendência depressiva da economia mundial, promovendo grande perdas sobre os índices mundiais
de crescimento, acentuadas pelos efeitos da Crise Asiática e da sucessão de ataques especulativos ocorridos anteriormente ( Rússia, Turquia, México, Brasil e Argentina ).
O quinto choque do petróleo, 2004-2005? Tal como o choque anterior, talvez bem mais uma eletrificação do ambiente econômico mundial em torno dos preços do petróleo, a atual elevação dos preços por acima da chamada “barreira psicológica” dos U$50,0 por barril Brent não ocorre sob a forma de um impacto inesperado e direto. Na verdade, desde 2003 vinha-se desenhando as condições suficientes para a crise do mercado mundial do petróleo: a instabilidade venezuelana; a Guerra no Iraque; a derrubada da petroleira russa Yukos, além das agitações sociais e políticas na Nigéria e mesmo na civilizada Noruega, com conflitos trabalhistas entre a federação operária e a patronal.
Devemos aqui fazer uma clara advertência: a maioria dos analistas e a mídia estavam alinhando uma série de “causas” de caráter fundamentalmente conjuntural para a atual elevação dos preços do petróleo. Só após a verificação da consistência da crise, sua profundidade e possível durabilidade, vários experts começaram a levantar os fatores “estruturais” da atual crise, vinculados principalmente a uma oferta insuficiente em face de uma demanda cada vez maior. Na verdade, as autoridades americanas, e dos grandes organismos mundiais, acreditaram poder “resolver” rapidamente o problema venezuelano – de preferência através do golpe de Estado e a tomada do poder por uma elite ultra-liberal em termos econômicos - e, em seguida, inundar o mercado com petróleo barato de um Iraque ocupado e pró-ocidental. Na verdade, a ultrapassagem dos U$ 50,0 por barril, a partir de 12 de outubro de 2004, decorre do fracasso das políticas
americanas em todas estas frentes, além da incapacidade de voltar-se rapidamente para fontes alternativas de energia, em especial em face da chegada do Inverno 2004/05 e a temporada de furacões no Golfo do México.
Em 2004: as novas condições para a crise da Ordem Econômica Mundial?
Desde 2003, o preço médio comparativo do barril tipo Brent estava – em grande parte devido à Crise Asiática, e a estagnação das economias européias e japonesa, além do passo lento dos Estados Unidos - em U$ 28,0, refluindo de uma tendência de alta da década anterior. Contudo, a incorporação de novos e poderosos gigantes consumidores, como a China e a Índia, cujo crescimento contínuo afeta todo o mercado mundial de gás e petróleo, começará a incidir fortemente sobre os preços internacionais. Já em 2004, somam-se aos dados anteriores o recrudescimento da Guerra no Iraque (cuja a primeira fase, de 19/03 até 01/05 de 2003 anunciava uma ampla estabilização dos mercados e grandes negócios para as firmas de re-estruturação e modernização da indústria do petróleo), além dos distúrbios políticos na Nigéria, os ataques terroristas na Arábia Saudita e a crise político-legal da gigante russa Yukos com o governo Putin. Em suma,
se os fatores conjunturais eram bastante evidentes, existiam também, desde o início dos anos ’90, dados novos, de caráter permanente – logo, estruturais – que aparentemente não foram considerados, em especial a entrada maciça da China Popular e da Índia no mercado.
Ao mesmo tempo, em vários outros pontos do planeta, “mini-crises” tiravam, mesmo antes de 2004, do mercado produtores potenciais, tornando o mercado ainda mais instável. Este foi o caso da Argentina, paralisada desde 2001; da Colômbia, que malgrado suas reservas apreciáveis foi ao mercado como compradora; a Bolívia, que rompe com um modelo energético neo-colonial após uma vitoriosa revolução popular e mesmo do México e do Brasil, que em virtude do arrocho fiscal e do combate ao déficit público não investem durante anos de forma estratégica no setor (no caso brasileiro soma-se uma série de desastres com plataformas e dutos que diminuem sensivelmente a capacidade produtiva e os recursos disponíveis para investimentos, culminando numa grande crise energética capaz de atingir duramente o PIB do país).
No caso boliviano, dá-se uma ampla radicalização da opinião pública após a queda do presidente ultra-liberal, e pro-americano, Sanchez de Lozada, em 2003. Assim, campesinos e cocaleros, em grande medida liderados pelo MAS/Movimiento al Socialismo, de Evo Morales e pelo líder campesino Román Loyola, mantém um verdadeiro cerco ao parlamento – ainda herdado do governo decaído e expressando uma relação de forças superada pela dinâmica social – insistindo na completa nacionalização das reservas de gás e petróleo do país. Após um áspero debate, a situação se polariza em torno do valor dos impostos a serem retidos na Bolívia em função da exploração dos seus recursos. Enquanto a oposição popular propõe a anulação de todos os contratos de exploração existentes, com a subseqüente imposição de um imposto de até 50%, o governo propõe manter os contratos vigentes mediante um imposto de 32%. As companhias estabelecidas no
local mantém-se em atenta expectativa, ao mesmo tempo em que os investimentos estão – exceto pela Petrobrás – paralisados.
Todos estes acontecimentos vieram contrariar uma tendência bastante otimista em relação a oferta mundial de petróleo. Entre 1991 e 2001 o petróleo passou por uma ampla estabilização no mercado mundial – mesmo que num patamar de preços elevados, é verdade -, com a abertura e colocação em exploração de vastos jazimentos, como no Mar do Norte, na África Ocidental (o “Triângulo de Ouro”: Nigéria, Guiné e Cabinda/Angola), a expansão da exploração de novas áreas na Bolívia e Equador – com as privatizações -, a extensão da exploração off shore no Brasil, além da colocação em prática do Programa da ONU Food for Oil, que praticamente representava o retorno do Iraque ao mercado mundial. Claro, os sinais evidentes de insuficiência estavam postos: os países “novos” não investiram o suficiente (México, Brasil, Bolívia, Equador), enquanto outros mantinham-se em permanente situação de crise social e política (Venezuela,
Nigéria).
Petróleo: a chave da sucessão Clinton/Bush
Em vista de uma análise estratégica de longo prazo, a Administração Clinton/Al Gore avançou, como nenhuma outra presidência americana, em direção aos estudos de substituição de fontes de energia, investindo largamente na ampliação das fontes alternativas aos combustíveis fósseis. Dando um passo arriscado e pleno de significado no futuro próximo, Clinton apoiou a constituição do Parque Nacional de Preservação do Ártico Americano, transformando boa parte do Alaska em zona de preservação natural. Ocorre que os maiores jazimentos americanos ainda não explorados encontravam-se, exatamente, aí no Alaska. O movimento ecologista americano temia pela colocação em exploração de tais recursos, inclusive os imensos riscos dos oleodutos cruzando os santuários naturais do Pacífico, das Montanhas Rochosas e dos estados de Oregon e de Washington. Ora, no momento do debate – entre 1993 e 95 – as maiores empresas petrolíferas americanas não
possuíam reservas próprias que ultrapassassem os doze anos de exploração (quando em verdade o setor conta com uma estimativa estratégica de planejamento de vinte e cinco anos em virtude do valor dos investimentos em plantas industriais).
Assim, não só a Administração Clinton pensava impor de forma definitiva a premência das pesquisas sobre formas alternativas de energia, procurando investir o saldo orçamentário – entre outros temas – na pesquisa em energia alternativa. Tal política alcançou, contudo, uma objetivo inesperado e negativo: conseguiu unificar todo o lobby do petróleo contra si mesmo, seu possível sucessor Al Gore e abrir um amplo debate – já consolidado em 1998 – em direção de uma invasão e “reconfiguração” de um novo Iraque, enquanto uma saída estratégica para os setores da indústria do petróleo americana.
Deve-se somar a isso uma visão quase paradisíaca oferecida aos mercados pelas grandes companhias petrolíferas mundiais em razão da abertura das reservas do Mar Cáspio, então calculadas erroneamente como superiores às reservas do Oriente Médio. Área interior soviética até 1991, a chamada região caspiana era considerada reserva estratégica pelas únicas potências locais com acesso direto ao Mar Cáspio: URSS e Irã. O fim da URSS em 1991, entretanto, cria novos estados com acesso direto aos recursos: Azerbaidjão, Casaquistão e Turquemenistão, além de abrir grandes possibilidades para a Geórgia e uma possível Tchechênia independente.
O petróleo e gás natural passam a ser, a partir de então, um recurso fundamental para a sobrevivência de tais países oriundos da dissolução da União Soviética. Tanto russos quanto iranianos sentem-se tremendamente ameaçados pela insistência de tais países em iniciar a exploração do petróleo na região. Em especial a íntima associação dos americanos com a Geórgia, no Cáucaso, e dos britânicos no Azerbaidjão, de um lado, e as negociações de homens do petróleo do Texas – contra a vontade do FBI e com apoio da CIA – com o regime talibã no Afeganistão. Tais negociações visavam abrir caminho para os oleodutos que trariam o petróleo para o Ocidente (via Geórgia, Turquia, Bósnia e Kossovo até a Europa e, em outro percurso, através do Afeganistão até Kandahar e daí para Karachi (Paquistão), no Mar Arábico, acesso direto para o abastecimento, via superpetroleiros, do Japão e das economias emergentes do Extremo Oriente
).
Para Irã e Rússia, possuidores de imensas reservas e de instalações petrolíferas em pleno funcionamento em outras regiões, a exploração de novos jazimentos só poderia representar uma pressão de baixa sobre os preços, com a perda de soberania sobre imensas reservas que estavam estrategicamente alocadas para exploração para além de 25 anos e, ao mesmo tempo, perda de inversões estrangeiras na construção de oleodutos visando melhorar o seu próprio escoamento – a principal deficiência dos dois países atualmente. Estes países viam as iniciativas anglo-americanas na região como uma forma de isolar da exploração e da comercialização do petróleo caspiano os grandes atores locais e globais: de um lado os mega-produtores, a Rússia e Irã; de outro lado, um mega-comprador, a China Popular. Os dois trajetos de oleodutos previstos contornariam a Rússia e colocariam os royalties nas mãos de novos Estados (pós-soviéticos) altamente
ciosos em reafirmar sua nova soberania, para o que somavam à exploração do petróleo uma sólida “amizade” com os americanos. Da mesma forma, o trajeto “afegão” até o Mar da Arábia, via Paquistão, isolava a China e apontava primordialmente para o abastecimento do Japão e demais economias do Pacífico, abrindo uma brecha na estratégia de crescimento acelerado e elevado das autoridades de Beijing.
A crise da “solução Caspiana”
Grande parte desta visão estratégica dos anglo-americanos (controlar a produção da Venezuela e do Iraque; colocar em exploração as reservas do Mar Cáspio) – bastante ampla, ambiciosa e dependente, por demais, de fatores aleatórios – centrava-se na percepção de que o Oriente Médio se constituíra num barril de pólvora incontrolável. Havia regimes inimigos dos Estados Unidos na Líbia, no Iraque e no Irã; uma notável instabilidade na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, contando apenas com Israel enquanto um aliado fiel e valoroso, entretanto, sem petróleo. Assim, a busca de uma alternativa ao Oriente Médio, de uma nova área de exploração sem os inconvenientes políticos pré-existentes, seria uma solução durável, de talvez quarenta anos de perspectiva. Desta forma toda a região do Cáucaso/Mar Cáspio, com suas saídas estratégicas através da Turquia, de um lado, e do Afeganistão/Paquistão, de outro, constituíam-se em um objetivo básico para a
recuperação de um novo élan das grandes empresas anglo-americanas, e sem dúvida, uma nova configuração geo-estratégica mundial.
Os trágicos acontecimentos de 11/9 embora embaralhem um pouco as cartas – fim das negociações com os talibães – abre, contudo, outras possibilidades, como o acesso direto dos americanos às fontes dos jazimentos, na própria área da caspiana, através do estabelecimento de bases permanentes em países pós-soviéticos da região, como o Uzbesquistão. Antes dos dramáticos acontecimentos de Nova York e Washington, a Federação Russa estava fortemente decidida a não permitir um estabelecimento americano na região. Com os atentados tudo muda. Não só os russos passam a colaborar mais estreitamente (bem como os chineses), como ainda abrem espaço para o deslocamento americano na região enquanto parte da Guerra no Afeganistão contra os talibãs (antigos inimigos russos).
Contudo, aos poucos, a Guerra do Afeganistão ( a partir de outubro de 2001 ) mostrar-se-ia muito mais dura e a segurança local por demais precária para incentivar mega-investimentos na região. A partir daí as grandes esperanças – ou ilusões? – americanas começaram a dar sinais evidentes de eram irrealizáveis. Mesmo restando ainda a cartada do Iraque, já estava claro em 2002 que a ocupação e pacificação do Afeganistão não eram tarefas imediatas. Talvez o contato com esta dura realidade tenha mesmo acelerado o passo seguinte: a invasão do Iraque. Para viabilizar a pacificação de toda a Ásia Central, importava uma manifestação musculosa de força, nos termos da nova doutrina de defesa formulada por Donald Rumsfeld. A vitória anunciada por Bush em Primeiro de Maio de 2003 foi, entretanto, não só prematura, como ainda o maior fiasco que um comandante já cometeu em relação à realidade da guerra que deveria conduzir.
* Francisco Carlos Teixeira é professor titular de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Fuente: Agencia Carta Maior.
Geografía Económica
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