DEROGACIÓN DE UNA LEY DE MÁS DE 100 AÑOS
Nicaragua: ilegalizan el aborto
Sergio de Castro Sánchez , Managua (Nicaragua)

El pasado 26 de octubre la Asamblea Nacional nicaragüense declaraba ilegal el
aborto terapéutico en una decisión claramente marcada por las cercanas
elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
POPULISMO. El peso político de la Iglesia católica en América Central acaba de
quedar claro con su intervención en el debate electoral y legal nicaragüense./
Heike GleserNi las organizaciones de mujeres, ni las médicas, ni las de derechos
humanos fueron escuchadas por una cámara que, según muchos analistas, ha sido
víctima de una Iglesia que utilizó el contexto electoral para derogar una ley
que llevaba en vigor más de 100 años.
Todo comenzó el 10 de agosto cuando Edmundo Jarquín, candidato a la
presidencia por la Alianza Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) tras la
muerte de Herty Lewites el 16 de julio, declaraba ante una pregunta de la prensa
durante la celebración de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán que estaba a
favor del aborto terapéutico. El día de antes, la Conferencia Episcopal había
anunciado una marcha en contra del aborto terapéutico: “Solamente las personas
que no amen la vida deben sentirse excluidas”, explicaba monseñor Miguel
Mántica, vicario episcopal de Pastoral. Tras las declaraciones de Jarquín, el
secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo de Juigalpa,
monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, llamaba a Jarquín “abortista” y “asesino
partidario de la cultura de la muerte”. A pesar de que las cúpulas del MRS
trataron de pasar página, sabedoras de que era un tema que podía restarle muchos
votos, los intereses electoralistas lo convertirían en un tema
central durante toda la campaña. La propia Asamblea Nacional decidió en un
principio dejar para después de las elecciones la reforma del Código Penal, pero
la batalla electoral y mediática precipitó un debate que llevaría a una decisión
que supone “un retroceso a la edad medieval de los derechos femeninos”, según
Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y coordinadora de la
campaña por la despenalización del aborto terapéutico.
La estrategia electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
basada en la “reconciliación y la unidad nacional” le ha llevado a acercarse no
sólo a miembros de la Contra sino también a la Iglesia Católica y a su histórico
enemigo, el cardenal Obando. Estas nuevas relaciones llevaron a declarar a
Rosario Murillo, jefa de campaña y esposa de Daniel Ortega, candidato a la
presidencia por el FSLN: “Nos unimos al clamor de la Iglesia, recogemos el
clamor de las mayorías nicaragüenses que están contra el aborto. ¡No al aborto,
sí a la vida!”. Declaraciones que causaron cierta sorpresa a buena parte de los
diputados y diputadas del FSLN. La inicial cautela por parte de la Alianza
Liberal Nicaragüense (ALN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) cambió
rápidamente cuando se comenzó a percibir el caudal de votantes que había en
juego. Eduardo Montealegre, candidato por la ALN y el más adinerado de los
presidenciales, ponía su propia experiencia como ejemplo.
Su hija y su esposa pudieron superar los problemas que surgieron durante el
embarazo gracias a la atención médica. Sus diversos viajes a clínicas privadas
de los EE UU hicieron que actualmente ella pueda disfrutar de una vida sana y
plena. En Nicaragua, de sus 5,4 millones de habitantes, más del 75% vive en la
pobreza.
El 6 de octubre se celebraba en Managua una manifestación “en favor de la
vida” sobre la que días antes declaraba la Conferencia Episcopal Nicaragüense
(CEN) que no debía ser “politizada” frente a las intenciones de partidos como el
FSLN de desfilar con su propia carroza. Más de 290.000 firmas eran entregadas en
la Asamblea Nacional que recibía a miembros de la CEN y de las iglesias
evangélicas al finalizar la manifestación.
Diferente suerte corrían las organizaciones como el MAM o la Red de Mujeres
contra la Violencia, a los que, a pesar de participar en una vigilia a las
puertas de la Asamblea Nacional el día antes de la votación que daría carta
verde a la penalización del aborto terapéutico, no se les permitía siquiera
ingresar al edificio.
Georgina Muñoz, enlace de la Coordinadora Civil, institución que engloba a más
de 300 organizaciones, declaraba: “Hay casos donde se tienen que salvar vidas y
ahí tiene que prevalecer el criterio científico de los médicos. Además, con esto
se está violentando el derecho humano universal a decidir, así como las
resoluciones de las cumbres internacionales sobre la no discriminación contra la
mujer”. Por su parte, la activista Juana Jiménez afirmaba: “Cambiaron 200.000
posibles votos [en referencia a las firmas presentadas en la Asamblea] por la
vida de más de tres millones de mujeres nicaragüenses”. El Código Penal permitía
la interrupción asistida del embarazo cuando la madre corría riesgos de salud, o
sufría daños psicológicos por haber quedado embarazada al ser violada,
certificados por al menos tres médicos. De acuerdo con el MAM, cada año se
practican entre 800 y mil abortos terapéuticos.
Finalmente, 52 de los 91 diputados (nueve se abstuvieron, el resto no acudió a
la sesión) votaban a favor de la derogación del artículo 165 del Código Penal de
1883, y aprobaban penas de entre cuatro y ocho años de prisión para quienes
realicen abortos terapéuticos, bastante menores de las de 20 y 30 que había
solicitado el actual presidente, el conservador Enrique Bolaños.
El “caso de Rosita”
Los ataques de la derecha y la Iglesia contra una legislación centenaria se
acrecentaron con el caso de Rosita, una niña nicaragüense de nueve años cuya
familia emigró a principios de los años ‘90 a Costa Rica. Tras ser violada en
una finca cafetalera cercana a la ciudad costarricense de Turrialba, a finales
de 2003, quedó embarazada. En Nicaragua, diferentes organizaciones y la alta
jerarquía católica se manifestaron en contra de que la niña abortara, mientras
la Red de Mujeres contra la Violencia y otras organizaciones cobijaron a Rosita
y a sus padres para que pudiera abortar, como finalmente ocurrió, de acuerdo con
la legislación.












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