| UNA POLÍTICA EN QUIEBRA |
| por Manuel Yepe |
| Aunque la guerra virtual de Estados Unidos contra la revolución cubana comenzó desde el momento en que ésta llegó al poder en 1959, la modalidad de utilizar "disidentes" como protagonistas de operaciones públicas orientadas a promover tensiones dentro de esa guerra alcanzó su clímax apenas en los primeros años de la década actual, bajo la égida del presidente George W. Bush. Habría que aclarar que la política oficial de los Estados Unidos de América designa como "disidentes" a aquellos ciudadanos cubanos que aceptan y contribuyen a su política de agresiones encaminadas a derrocar al gobierno de su país y liquidar el proyecto revolucionario de independencia nacional y justicia social. En un sistema sociopolítico tan participativo como el cubano, en el que los ciudadanos están sistemáticamente convocados a debatir los problemas, aportar soluciones y elegir representantes, no solo en las organizaciones del Poder Popular sino en las diversas organizaciones políticas, de masas, profesionales y estudiantiles que tributan y transmiten criterios de gobierno, la posibilidad de discrepar no es solo un derecho sino una necesidad. Es por ello evidente que la política estadounidense de "disidentes" marginados del contexto social, en la práctica, presta una contribución -no deseada por sus promotores- a la conciencia de unidad para la supervivencia que anima los sentimientos patrióticos de la inmensa mayoría de los cubanos. Este "sectarismo disidente" -por llamarlo de alguna forma-, es consecuente solo con aquel pronunciado rasgo de la política exterior de los Estados Unidos que conduce a la superpotencia a un creciente aislamiento, no obstante su omnipresencia en todos los ámbitos de la vida de tantas naciones, a causa de su obstinación por ejercer una hegemonía global absoluta, no compartida. Pudiera decirse que fue con la llegada a Cuba el 10 de septiembre de 2002 del señor James Cason como nuevo jefe de la Sección de Intereses de ese país en Cuba que se puso en funcionamiento la política de utilización ostentosa de "disidentes", unida a declaraciones públicas acerca de la urgencia de un cambio de régimen en Cuba y la disposición de esa representación de desempeñar el papel protagónico en ello. Cason hizo públicas las antes encubiertas intenciones de reclutar y financiar agentes. Prometió apoyo a quienes ayudaran a los cambios que Washington promovía en Cuba en un esfuerzo que parecía destinado a provocar la interrupción de las mínimas relaciones existentes entre La Habana y Washington. Sin disimularlo, organizó reuniones, emitió instrucciones y financió a quienes reclutó para cumplir las tareas decididas por su gobierno. Se proclamó enlace entre los grupos terroristas de Miami y los individuos que captaba para la campaña dentro de Cuba, y se irguió en virtual jefe de la oposición política en la isla. Coincidiendo con la invasión contra Irak, arreciaron las indicaciones de que los Estados Unidos creaban condiciones para una agresión militar contra Cuba. La inclusión de Cuba en la lista de países "terroristas" contra los que Estados Unidos se arroga el derecho de lanzar "guerras preventivas" en "cualquier oscuro rincón del mundo" solo requería de una justificación que, según evidenciaban discursos y declaraciones de varios de sus voceros, se fabricaría a partir de una "crisis migratoria" ante cuya eventualidad la superpotencia había anunciado su decisión de responder violentamente. El "éxodo masivo", temido a voces, estaba siendo sin embargo obstinadamente promovido por los Estados Unidos con nuevas medidas para arreciar el bloqueo económico; el incumplimiento de sus compromisos de otorgamiento de visas a ciudadanos cubanos para viajar legalmente a EE.UU.; la muy publicitada acogida de inmigrantes ilegales cubanos cuyos métodos sirvieran a sus fines propagandísticos; la intensificación del reclutamiento de mercenarios mediante el ofrecimiento de privilegios migratorios una vez cumplida la misión contra la patria, y la promoción de actos terroristas, especialmente el secuestro de naves aéreas y marítimas de pasajeros, con propósitos de inmigración ilegal en Estados Unidos. Ante tan compleja y grave situación, las autoridades cubanas llevaron a cabo, entre otras medidas defensivas y preventivas, la detención y puesta a disposición de los tribunales -con todas las garantías procesales y penales que otorga la Ley- de numerosos individuos acusados de delitos de mercenarismo previstos por la legislación cubana vigente. A todos aquellos a quienes les fue probado que servían, con mayor o menor grado de responsabilidad penal, al gobierno de los Estados Unidos de América por intermedio de su oficina de intereses en La Habana y cobraban por tales servicios, les fueron impuestas sentencias diversas de prisión. Por esos días, fue detectado un vasto plan terrorista de secuestros de naves marítimas y aéreas, cuatro de los cuales habían llegado ya a materializar con sus autores recibidos como héroes en Estados Unidos. Como parte de esta ola criminal, un grupo de tres peligrosos criminales armados, de amplio expediente delictivo, secuestró una nave de transporte de pasajeros que opera dentro de la bahía de La Habana. Tomaron como rehenes a más de cuarenta personas, varios niños entre ellas, y forzaron a la nave a poner rumbo a Miami, pese a que las características de la barcaza no eran propias para navegar en mar abierto e indefectiblemente se hundiría. Gracias a una hazaña de serenidad y valentía por parte de la policía y el heroísmo de varios de los rehenes se pudo evitar la tragedia. Por la crueldad con que se perpetró esta acción terrorista y la extrema peligrosidad que exhibían los expedientes de los tres delincuentes, el tribunal de justicia actuante les impuso la pena de muerte, que no se aplicaba en Cuba desde hacía varios años, Estos delincuentes comunes sancionados a la pena máxima fueron inmediatamente identificados en la campaña mediática contra Cuba como "disidentes". El mundo entero fue informado que Cuba había fusilado por delitos de conciencia a tres disidentes y apresado a otros 75, sin las garantías judiciales mínimas. De ese modo, las acciones defensivas por parte de Cuba fueron distorsionadas e incorporadas a la colosal campaña mundial de calumnias y difamación contra la revolución cubana que Washington mantiene desde hace más de cuatro décadas, intensificada al extremo en el marco de los preparativos de una agresión militar que pudo evitarse porque se frustró el pretexto de un supuesto éxodo masivo. Continuó por otros caminos, sin embargo, la política del uso de "disidentes" como promotores de enfrentamientos entre Washington y La Habana. A partir de los "planes de transición a la democracia en Cuba" de la Administración de George W. Bush, con recursos multimillonarios aportados por el erario federal estadounidense para sufragar las nuevas acciones, surgieron "las damas de blanco", los premios Sajarov, los proyectos Varela, los periodistas y bibliotecarios independientes, las huelgas de hambre simuladas, las condenas de la SIP y tantos otros engendros publicitarios. Quienes reemplazaron a James Cason al frente de la representación paradiplomática de Estados Unidos en Cuba han dado continuidad a esta política intervencionista que es solo ahora que comienza a mostrar síntomas de quiebra. Ha provocado alarma entre sus sustentadores y quienes se han enriquecido o simplemente viven de ella, una declaración de la persona que antecedió en el cargo a Cason. En una entrevista concedida en Buenos Aires al diario Clarín, la señora Vicky Huddleston - ex jefa de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, ya fuera de la nómina del Departamento de Estado- manifestó que la política de Bush hacia Cuba estaba encaminada a complacer a los cubanos de "línea dura" de Miami porque ellos son los que tienen dinero y votos, que es lo que le interesa a los Republicanos. Dijo que la de Washington es una política equivocada hacia La Habana que debe ser cambiada por una de dialogo con el régimen cubano. Según la señora Huddleston, la política de Estados Unidos hacia Cuba no es política exterior sino política domestica y, evidentemente, ha fracasado. Según ella, si Estados Unidos no cambia su política hacia Cuba, la alternativa será que ni Washington ni los cubanos de Miami jugarán papel alguno en el futuro de la isla. Pocas esperanzas puede brindar a sus agentes un gobierno cuyo jefe sobrepasa los niveles de impopularidad y rechazo de todos sus antecesores en la historia de Estados Unidos, abrumado por continuos escándalos de corrupción, injusticia y violencia; empantanado en una guerra cuyo único fruto ha sido el enriquecimiento descomunal de unos cuantos personeros del petróleo y la industria bélica a costa de centenares de miles de víctimas propias y de los países agredidos; desprestigiado por su "guerra contra el terrorismo" que cada día se muestra, desde su origen hasta sus objetivos, más manipulada y falaz, cuando, para colmo, no tiene ya el control del Congreso de que disfrutó durante su primer mandato y la mitad del segundo. La política de los "disidentes", que enraíza más en Miami y Washington que en La Habana, está en crisis, además y sobre todo, porque forma parte de una estrategia agresiva contra la revolución cubana que está al borde de la quiebra. La protección brindada al terrorista Luis Posada Carriles no obstante su abultado expediente criminal en varias naciones, incluyendo a los propios Estados Unidos; el empecinamiento con que se ha conducido el caso de los cinco cubanos que sufren prisión política hace casi 9 años en diversas cárceles de Estados Unidos por su meritoria actuación anti-terrorista; la multiplicación de los casos de corrupción en el manejo de fondos fiscales en las campañas paramilitares, encubiertas y propagandísticas contra Cuba en la Florida, constituyen -como la política de los "disidentes"-, sucias cargas que lastran el buque de un Presidente Bush que se hunde. Manuel E. Yepe Menéndez es abogado, economista y politólogo. Se desempeña como Profesor en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana. |
| Fuente: Cubarte |
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