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Diferencias entre sanción penal y sanción administrativa

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  • Ivan Edwin Rosales Chipani
    La Prensa 23/Nov./2005 Diferencias entre sanción penal y sanción administrativa Walker San Miguel R. El Derecho Administrativo Sancionador puede definirse
    Mensaje 1 de 1 , 23 nov 2005
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      La Prensa 23/Nov./2005
      Diferencias entre sanción penal y sanción administrativa
      Walker San Miguel R.

      El Derecho Administrativo Sancionador puede definirse como una rama
      jurídica que regula el ejercicio de la potestad punitiva realizada
      por los órganos del Poder Público actuando en función administrativa,
      requerida a los fines de hacer ejecutables sus competencias de índole
      administrativa, que le han sido conferidas para garantizar el objeto
      de utilidad general de la actividad pública.
      Desde hace ya varias décadas, importantes doctrinarios del Derecho
      han delimitado los campos de acción del Derecho Penal, rama encargada
      de la tipificación de los delitos y la sanción penal correspondiente,
      y del Derecho Administrativo Sancionador, rama ésta que se ocupa de
      tipificar las infracciones, faltas y contravenciones administrativas
      y de policía y que, al mismo tiempo, establece las sanciones
      administrativas aplicables contra los autores de dichas
      transgresiones.
      El ius puniendi, o facultad sancionadora del Estado, se desprende en
      dos: el que impone penas contra los autores de delitos, y aquel que
      sanciona administrativamente (sin privación de libertad) a los que
      cometen faltas y contravenciones. Las penas en Derecho Penal son
      generalmente privativas de libertad, mientras que las sanciones
      administrativas son, entre otros, la multa, el apercibimiento, el
      decomiso de bienes y la caducidad de una concesión.
      Eduardo García de Enterría sostiene, sin embargo, que el Derecho
      Administrativo no está concebido para fines represivos, sino más bien
      preventivos, y por ello hay que entender, nos dice, la potestad
      sancionadora de la Administración articulada a los principios de
      libertad que deben presidir a las sociedades contemporáneas.
      Gracias a la doctrina, es posible permitir la aplicación de sanciones
      de policía contra hechos contravencionales de ese carácter: riñas y
      peleas, perturbación al orden público, ofensa a la autoridad y otros.
      En esos casos es la autoridad policial la que impone las sanciones.
      En cambio, para imponer penas privativas de libertad —reguladas por
      el Derecho Penal— se requiere necesariamente la sustanciación de un
      juicio en la judicatura ordinaria y, obviamente, una sentencia
      judicial.
      Además conviene destacar que las sanciones administrativas no se
      reducen a las tradicionales sanciones de policía. Hay sanción
      administrativa en los actos de la Administración que imponen
      amonestaciones, suspensiones o destituciones a servidores públicos,
      denominadas también como sanciones disciplinarias. Las hay cuando se
      imponen multas por faltas en materia tributaria o por el
      incumplimiento a obligaciones reglamentarias o contractuales en que
      incurren los concesionarios de servicios públicos.
      Sin embargo de las diferencias entre sanción penal y sanción
      administrativa, el Derecho Penal y el Derecho Administrativo
      Sancionador comparten principios rectores que sustentan ambas
      disciplinas. El principio de inocencia, el del debido proceso, el que
      nadie puede ser sancionado sin previo juicio, el principio de
      tipicidad, el de legalidad, la retroactividad de norma favorable, la
      proporcionalidad de las sanciones y otros, constituyen principios de
      rango constitucional —reconocidos explícita e implícitamente por la
      Constitución de Bolivia— y que no pueden ser violentados.
      El nombrado procedimiento para establecer sanciones administrativas
      está, a su vez, regido por otro conjunto de principios, siendo el
      principal y rector el del debido proceso, el mismo que, siendo
      también de rango constitucional, otorga al administrado y a la propia
      Administración un conjunto de garantías de legalidad, imparcialidad,
      eficacia y celeridad, a fin de permitir la certeza y seguridad
      jurídica en la emisión de los actos administrativos de contenido
      sancionador.
      Al mismo tiempo, se ha consagrado el derecho de los administrados
      afectados por un acto sancionador a impugnarlo por la vía
      administrativa (recursos de revocatoria y jerárquico) y aun por la
      vía judicial (contencioso–administrativo).
      Por otra parte, y en relación al juzgamiento de las faltas y
      contravenciones de policía, modernas corrientes partidarias de la
      autonomía plena del Derecho Administrativo Sancionador sugieren que
      sean juzgados especiales los que atiendan las denuncias por la
      comisión de tales faltas de policía, incluidos los hechos de
      tránsito. En el caso boliviano, durante muchas décadas se reconoció
      la facultad jurisdiccional en materia contravencional a la Policía
      Boliviana y hasta hace poco en nuestro país funcionaron los "juzgados
      policiales", que fueron sustituidos por los Juzgados de
      Contravenciones, creados por la Ley de Organización Judicial, pero
      que, sin embargo, hasta la fecha no han sido constituidos ni
      institucionalizados.
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